Por: Proceso Social de Garantías Antioquia

El día de hoy en la ciudad de Medellín se realizaba una movilización social convocada nacionalmente, como acción de muestra de la indignación nacional por diversas situaciones que se vienen presentando en nuestro país. La marcha contó con amplía difusión por parte de los sectores sociales e incluso se hizo una twitteraton el pasado 14 de junio. Por ello debió contar con todas las medidas para su respeto y garantía. La jornada se desarrollaba de manera tranquila hasta que se presentaron medidas represivas por parte de la policía, quien desde el primer momento se negó a interlocutar con las personas defensoras de derechos humanos.

Vemos con preocupación y denunciamos la reiteración en el uso arbitrario de la figura del Traslado por Protección por parte de la Policía Nacional, medio policivo que se ha instrumentalizado como herramienta para la represión, estigmatización y sanción de la movilización social y la protesta constitucionalmente protegida. A esta reiterada práctica, se agrega el desconocimiento de la libertad de prensa, toda vez que en medio de las detenciones masivas fueron capturados y capturadas periodistas y fotógrafos, quienes incluso portaban su identificación y advirtieron esta condición a las autoridades.

También se presentaron detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a parte de los manifestantes, incluso se sabe de una persona que sufrió una fractura en una de sus extremidades por el accionar abusivo de la Policía; para un total de al menos 40 personas detenidas y agredidas.

Alertamos que estás acciones ilegales son alentadas y exigidas por la Alcaldía de Medellín, pues se corresponden con las decisiones de restricción a la protesta social, que es contraria a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia, lo cual va acompañado de la vulneración del principio de legalidad que debe cumplir toda actuación estatal, al no llevarse a cabo la publicidad de las medidas arbitrarias, como ocurrió con el “protocolo” a las Universidades Públicas y que se repite con la supuesta “Resolución” que pretende “prohibir la movilización en vía pública”.

Frente a este contexto arbitrario, irregular, ilegal y reiterado exigimos al ministerio público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, adelantar todas las investigaciones que sean precisas y compulsar copia a la Fiscalía en los casos que ello amerite, ya que la impunidad es un mensaje de complicidad con las autoridades y uniformados que desconocen los derechos civiles y políticos, quienes se encuentran en una posición ventajosa en su lugar como funcionarios públicos  y ejercen abusivamente sus funciones.

Alertamos que la arbitrariedad de la privación de la libertad no solo se corresponde con la práctica ilegal de los funcionarios, que actúan sin invocar normas y procedimientos preexistentes en la ley, sino también cuando las normas invocadas son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en ese sentido cuando afirmó que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”[1].

Por último, le recordamos a todas las autoridades que nos encontramos en el contexto de un estado de emergencia, no estamos en un país sin Constitución y sin leyes, por lo cual sigue siendo su deber el respeto de la legalidad y la garantía de los derechos, tal  como explícitamente lo consagra la Carta Política colombiana en su artículo 93, donde explícitamente se dicta la prevalencia de “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción”.

Daniel Quintero y las demás autoridades de policía tienen que entender que su funcionamiento es en favor y para la ciudadanía, aun en las ocasiones en que el ejercicio de sus derechos le resulte incomoda.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday v. Suriname, sentencia del 21 de enero de 1994, serie C, n.º 16, párr. 47.