A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen  que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

Bogotá DC, 18 de noviembre de 2021 

Con la intención de promover el debate de una Fuerza Pública para la Paz y construir rutas de exigibilidad integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas de violencia policial, víctimas y diversos procesos organizativos realizan este 19 y 20 de noviembre el Encuentro Nacional contra la Violencia Policial: construyendo memoria y dignidad.

Las plataformas y organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos documentado durante décadas el trato violento y hostil que la Policía Nacional ha dado a las personas en el ejercicio de sus funciones de control y gestión del espacio público,  vigilancia y labores de seguridad, así como la intervención sistemáticamente violenta contra aquellas que ejercen su derecho constitucional a la protesta social pacífica.

La arbitrariedad de la Policía Nacional se ha visto incrementada desde 2016 con la entrada en vigencia del Código de Policía, el cual le entregó amplios poderes para regular, intervenir y sancionar gran parte de las libertades ciudadanas.  Así, sólo entre 2017 y 2019 fueron capturados 1.733 Policías por la comisión de diferentes delitos. Estas dinámicas violentas contra la ciudadanía se incrementaron en la pandemia, ya que el Gobierno nacional y gobiernos locales le entregaron la gestión del espacio público a los funcionarios de policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, lo que trajo graves violaciones de derechos humanos, tal como lo evidenció el caso de Javier Ordoñez. Solo en 2020 durante la pandemia se registraron 86 homicidios atribuidos a la Policía Nacional.  Esta actuación violenta de la policía también se vive en zonas rurales, entre marzo y junio de 2020 fueron asesinados 6 campesinos y heridos otros 13 en operativos de erradicación forzada. 

Este accionar violento ha dejado múltiples víctimas en sectores sociales que han sido históricamente excluidos como lo son las grandes capas de colombianos y colombianas empobrecidos, las y los jóvenes, los pueblos  indígenas en movilización, comunidades campesinas, afrocolombianas, vendedores y vendedoras informales, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, entre muchas otras.  Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021).    

Durante las jornadas de movilización y protesta, ha sido característica la estigmatización de funcionarios y funcionarias públicos, que antecede a la represión policial violenta por cuanto es interpretada como una orden de limitar la movilización social por medio de un uso excesivo  y desproporcionado de la fuerza.  Movimientos sociales y procesos organizativos también han sido víctimas de hostigamientos, allanamientos y detenciones bajo criterios ilegales y arbitrarios, en donde muchas veces se violan las garantías procesales de las y los ciudadanos. 

Solo en el marco del estallido social desde abril hasta julio del 2021 desde la Campaña “Defender la libertad asunto de todas”, se registraron 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron en aumento, 833 mujeres fueron víctimas de violencias policiales y 3.365 personas fueron detenidas, en su mayoría por procedimientos arbitrarios. 

En Colombia cotidianamente la Policía Nacional lleva a cabo una sistemática persecución y abuso en el espacio público contra personas trabajadoras sexuales, vendedoras y vendedores ambulantes, población juvenil principalmente de los barrios empobrecidos, población consumidora de sustancias psicoactivas, personas habitantes de y en calle y población migrante, entre muchas más. Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021); y una permanente agresión contra los venteros informales que están en las principales calles de Colombia, buscando obtener ingresos.

Frente a estas realidades, organizaciones y víctimas convocantes exigimos que se dé cumplimiento a las recomendaciones de órganos internacionales para dotar de garantías a la protesta y se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y judiciales que permitan establecer las responsabilidades hasta el más alto nivel de esta violencia sistemática y generalizada ejercida por los cuerpos policiales y se adopten las sanciones pertinentes. Frente al abuso policial necesitamos saber quién dio la orden. 

Insistiremos en la importancia de una reforma integral a la Policía Nacional como garantía de no repetición. Para ello, buscaremos impulsar de manera conjunta el diseño de políticas públicas y reformas legales sobre seguridad ciudadana y construcción de paz y garantías para los derechos humanos.  

Construyamos memoria y dignidad a favor de las víctimas de violencia policial.

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia.  Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos. 

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteramos la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

Informe Final Misión SOS Colombia

Informe Final Misión SOS Colombia

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (en adelante la “Misión”), se dio cita entre el 3 y 12 de julio de 2021, con 41 comisionados y comisionadas de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz1. La Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.

La Misión atendió el llamado urgente realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), la Fundación Forjando Futuros (FFF), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijyp), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y las plataformas de derechos humanos: Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), debido al contexto de riesgo y agresiones que se presenta desde el 28 de abril del 2021.

Durante los ocho días de la visita, la Misión:

  1. Sostuvo reuniones con las organizaciones convocantes, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica;
  2. Llevó a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Misión de Verificación;
  3. Visitó once regiones del país: Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca, donde se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, con víctimas de la Fuerza Pública así como con grupos de civiles y paramilitares; y 4) se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional (en algunos territorios).

En su visita a los territorios, la Misión recibió información sobre la situación de Derechos Humanos de más 70 organizaciones locales y regionales (comités de paro, grupos estudiantiles, colectivas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros), y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión, manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes de puntos de resistencia que estaban desaparecidos. La Misión tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de las víctimas, siendo testigos directos de sus procesos de búsqueda.

Preocupa el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal había establecido hacía varios días antes su identidad. Además, mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.

Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales.

Conoce el informe completo aquí.

Grupos estadounidenses hacen un llamado al respeto por la protesta pacífica y solicitan una moratoria a la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia

Grupos estadounidenses hacen un llamado al respeto por la protesta pacífica y solicitan una moratoria a la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia

El 9 de diciembre marco el 18vo día de protestas pacíficas nacionales por parte de sindicatos, estudiantes, activistas de paz, afrocolombianos, indígenas, victimas, mujeres, campesinos afectados por tratados de libre comercio, y una multitud de colombianos. Al comienzo de las demostraciones, organizaciones y activistas estadounidenses apoyaron las protestas pacíficas en un comunicado público. En los días antes de las protestas, la administración Duque implementó medidas de seguridad innecesarias que enviaban el mensaje de que querían aplastar las demostraciones.

El 19 de noviembre, la policía llevo a cabo allanamientos y redadas a 37 casas de activistas, artistas, y medios alternativos. 21 redadas fueron declaradas ilegales por las cortes colombianas. Intentando justificar la represión, el presidente y miembros del Partido Centro Democrático públicamente estigmatizaron la protesta, criminalizando el derecho a protestar e incorrectamente afirmando que existía una influencia extranjera fomentando la protesta con el fin de desestabilizar el gobierno. Después de esta respuesta inicial de parte del estado, nos vimos con la necesidad de pronunciarnos sobre posibles ataques y abusos en contra de los manifestantes.

Dos semanas después, tristemente hemos visto que nuestras preocupaciones estaban justificadas. Aunque la mayoría de los cientos de miles de colombianos protestaron pacíficamente, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antidisturbios de 3300 miembros, respondió con brutal represión. El 22 de noviembre, fue declarado un toque de queda en Bogotá y Cali después de que se esparcieran por medios sociales falsos rumores de que ladrones—algunos de origen venezolano—aprovecharían que la policía estuviera ocupada para atacar las casas de los ciudadanos. Estos rumores causaron pánico y llevaron a la formación de grupos para-policiales patrullando las calles y fomentando la zozobra y el caos. El gobierno nutrió la xenofobia en contra de los venezolanos al deportar 60 venezolanos sin el debido proceso.

Al siguiente día, el sábado 23, el ESMAD trabajo metódica y violentamente para despejar cualquier congregación de manifestantes, aparentemente bajo la orden de “dispersar cualquier demostración que bloquee el tráfico.” Miembros del ESMAD dispararon a Dilan Cruz de 18 años en la parte de atrás de la cabeza con munición ‘no letal” tipo “bean bag,” cuyo propósito, según las Naciones Unidas, es el de “ser usado en fuego directo con el fin de apuntar al abdomen bajo o a las piernas de un individuo violento y solo con el propósito de solucionar un riego de afectación inminente a una fuerza policial o a un miembro del público.” Múltiples manifestantes captaron el incidente en video. Dilan murió por sus heridas el 25 de noviembre. Medicina legal declaro su muerte como un homicidio.

Según la coalición Defendemos la Libertad, compuesta por más de 60 organizaciones trabajando juntas para hacer observación a las protestas sociales, más de 400 casos de abuso por parte del ESMAD y la policía fueron presentados solo entre el 21 y el 27 de noviembre. Incluyendo 16 afectaciones a los ojos causado por munición de gas lacrimógenos y otros proyectiles, los cuales están prohibidos por protocolos de la policía colombiana y la ley internacional de ser disparados a la cara de los manifestantes.

Esta no es la primera vez que las acciones del ESMAD han resultado en muertos y heridos. Desde su creación en 1999, la unidad ha causado la muerte de 34 personas. Su desproporcionado uso de la fuerza y ataques brutales en contra de civiles desarmados en protestas rurales, especialmente las lideradas por comunidades indígenas, han sido denunciadas a las autoridades en numerosas ocasiones.

Por lo que sabemos, fondos públicos de E.E.U.U. no financian al ESMAD directamente. Sin embargo, muchas de las armas usadas por el ESMAD, incluyendo las municiones de gases lacrimógenos y tipo “bean bag,” son compradas con fondos propios del gobierno colombiano por medio de programas de venta de armas de los Estados Unidos. Gran parte de su material proviene de la compañía basada en Pennsylvania, Combined Systems, Inc., que vende la municion de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento a Colombia. Hacemos un llamado al Departamento de Estado y al Congreso de E.E.U.U. de ordenar una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia hasta que el ESMAD haya sido remplazado por una nueva fuerza o haya sido reformado para ser una entidad dramáticamente diferente, con una cultura de respeto a los derechos, una doctrina de des-intensificación, respeto a la protesta pacífica, y el uso mínimo de la fuerza. La embajada de E.E.U.U. y el Departamento de Estado deben apoyar a la sociedad civil en sus demandas por la paz, derechos laborales, seguridad para los defensores de derechos humanos, y protección ambiental. La reiteración del Secretario de estado sobre los rumores de que las propagadas protestas latinoamericanas sean motivadas por intervención de Venezuela y Cuba en vez de frustraciones reales de la ciudadanía de cada país que los han llevado a manifestarse, son nocivas.

Por último, hacemos un llamado al gobierno Duque a que resuelva las protestas pacíficamente por medio de la negociación, incluyendo el amplio liderazgo de los múltiples sectores involucrados en las protestas que lleven a una resolución más profunda de los problemas que motivan este descontento social. Una investigación minuciosa sobre la muerte de Dilan Cruz y otros abusos ocurridos durante las protestas debe ser llevado a cabo por la justicia ordinaria. La Procuraduría General de la Nación y le Defensoría del Pueblos deben ser fomentados y permitidos a llevar acabo su crucial papel en determinar medidas disciplinarias para oficiales públicos y en documentar quejas ciudadanas. Finalmente, el gobierno Duque debe asegurarse de que el protocolo existente para tratar las protestas sociales (Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior) se aplique en todo momento en vez de ser completamente ignorado.

Atentamente,

Washington Office on Latin America (WOLA)
Witness for Peace Solidarity Collective
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
UNIAFRO
The International Institute on Race, Equality, and Human Rights
OXFAM America
MADRE
Latin America Working Group (LAWG)
Latin American Studies Association (LASA) – Colombia Section
Interdisciplinary Colombian Studies at University of New Mexico
Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ
Codhes
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Center for Justice & International Law (CEJIL)
Amazon Watch
AFRODES USA
ACSN

Victoria Sanford, PhD – Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College-NY
Sinclair Thomson – New York University-NY
Sandra Granobles – DC Government Educator
Ofunshi Oba Koso, Minnesota Yoruba Cuba Association- MN
Nicolás Sánchez – Department of Latin American Studies, Duke University
Nancy Appelbaum – Director, Latin American and Caribbean Area Studies Program, Binghamton University-NY
Michael Birenbaum Quintero – Chair, Musicology and Ethnomusicology Department, Boston University
Mary Roldán – Epstein Professor of Latin American History Hunter College, CUNY-NY
Margaret Powrer – Profesor of History, Illinois Institute of Technology
Luz M Betancourt, PhD., CUNY, Graduate Center-NY
Lirio Gutiérrez Rivera – Universidad Nacional de Colombia-Colombia
Lina Britto – Assistant Professor, Northwestern University- IL
Kiran Asher – Professor, University of Massachusetts-MA
Jonathan Fox – Professor, School of International Service, American University-DC
John C. Dugas – Kalamazoo College-MI
Joel Wolfe – Professor of History, University of Massachusetts
Jessica Srikantia, Associate Professor at George Mason University’s Schar School of Policy and Government-VA
James E. Sanders – Utah State University-UT
Gloria Monroy-DC
Gina McDaniel Tarver – Associate Professor of Art History, Texas State University-TX
Gabriel Rudas-Burgos – Professor of Hispanic Languages and Literatures, Stony Brook University
Felipe Gómez G – Professor, Carnegie Mellon University-PA
Fabian Prieto-Ñañez – Postdoctoral Researcher, Virginia Tech-VA
Erin K. McFee, PhD – The University of Chicago-IL
Danesis Arce – Afromedios
Constanza López – Associate Professor, University of North Florida-FL
Barbara Gerlach – Minister, United Church of Christ
Alexander Fattal – Assistant Professor, University of California, San Diego-CA

December 16, 2019

Audiencia Pública Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia

Audiencia Pública Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia

Foto: Alexis Steban Ariza Hernández

El pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública “Garantías del derecho a la protesta social en Colombia”, la cual se realizó en el salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República, en donde organizaciones sociales dieron a conocer el contexto de agresión a la protesta social que se ha presentado desde el inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque.

Allí se buscó poner en evidencia las afectaciones y vulneraciones que se han presentado a la protesta social como derecho durante este Gobierno a través de las prácticas de estigmatización, descalificación, judicialización, represión y desconocimiento de normas que protegen dicho ejercicio democrático, como lo es la Resolución 1190 de 2018, la cual plantea instancias y mecanismos que garantizan la coordinación del Estado con la sociedad civil para el desarrollo y respeto a la movilización social.

De esta manera, el Senador Iván Cepeda dio inicio a la Audiencia Pública dando a conocer algunos retrocesos de “libertades y garantías” a los que diferentes sectores sociales se están viendo expuestos. Argumentó, que además del asesinato de líderes y lideresas sociales, las decisiones de carácter administrativo que anulan la elección de importantes representantes en el congreso, las medidas que van recortando la consulta popular en diferentes aspectos, también se encuentra en gran peligro el derecho a la protesta social: “Estamos ante una ofensiva contra todas las expresiones democráticas y de la oposición social y política”. Junto con esto, advirtió que en el Congreso de la Republica, se tiene una discusión sobre lo que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha denominado como regulación o reglamentación de la protesta social, pero que no es otra cosa que la criminalización de las expresiones legitimas de inconformidad ciudadana. Finalmente, presentó el objetivo de la audiencia como la necesidad de actualizar la información en esta materia, y desarrollar a partir de lo que las organizaciones sociales plantearon a través de la jornada, acciones desde el Congreso de la República que permitan poner freno al intento de emplear cualquier clase de limitaciones y acciones arbitrarias a la protesta social.

Seguido de esto, se contó con la presencia del exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien estuvo al frente de los debates que dieron origen a la resolución 1190 de 2018. Él explicó los componentes del protocolo, aclarando que este nace de la legislación vigente y de la jurisprudencia aplicable, y que la resolución define la protesta como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, de manifestación pública y pacífica, de libertad de asociación, de libre circulación, de libre expresión de libertad de conciencia, del derecho a la oposición y el derecho a la participación. Finalizó su intervención exponiendo que esta iniciativa es un buen punto de partida, puesto que es una compilación de toda la normatividad existente y de toda la jurisprudencia aplicable. Por un lado las autoridades tienen a su mano este instrumento para conocer con exactitud cuáles son sus competencias, por otro lado las organizaciones de la sociedad civil pueden tener este instrumento para que se reclamen los límites que le son propios a las autoridades, y también se le reclame a las autoridades sus obligaciones en materia de ofrecer garantías para la protesta social.

Posteriormente, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de abuso policial en el marco de la protesta social, presentaron sus testimonios en donde dieron a conocer contextos regionales de la situación de la protesta en Colombia, y expusieron sus propuestas con respecto a la necesidad de implementar la normatividad que garantice el respeto de la movilización en el país. Además, se expuso la preocupación que genera el comportamiento y la conducta de la Fuerza Pública al momento de intervenir las movilizaciones, especialmente se hizo referencia al modo de operar del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD, quienes reprimen y/o intervienen de manera violenta, constantemente, las movilizaciones ciudadanas, sin que haya una razón legítima para ello.  Por último, se habló de la necesidad de implementar la resolución 1190 de 2018, puesto que es el resultado de un lardo dialogo, que generó mecanismos, que dan garantías y permite ejercer una veeduría a la protesta social en Colombia.

Lee algunas de las intervenciones en https://defenderlalibertad.com/

Finalmente, la Senadora Aída Avella cerró la audiencia pública sobre Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia, agradeciendo a todas las personas y recalcando la participación de mujeres y hombres jóvenes defendedores de derechos humanos durante el desarrollo de la jornada. Por otro lado, resaltó la labor del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, por el compromiso que tiene con su labor, que le permite incluso llegar a los lugares con más difícil acceso del país. También, hablo de las discusiones que se han adelantado en el Congreso de la Republica, en donde se cuestiona por qué las zonas con más alta presencia del ejército, resultan siendo los lugares con más asesinatos a líderes y lideresas sociales del país; señaló que cada vez que se realiza algún tipo de denuncia, la respuesta por parte de las Fuerzas Armadas es que en los territorios no sucede nada. Para terminar, la senadora habló de los compromisos que los parlamentarios tienen con la sociedad civil, y que por lo tanto es su deber escuchar y dar trámite a sus preocupaciones plasmando soluciones en la legislación. Así pues, expuso que la protesta social será defendida como un derecho constitucional, que fortalece la democracia y permite a los ciudadanos expresar su necesidad de cambio.

Se debe decir, que a lo largo de la jornada, se lamentó la no asistencia del Procurador delegado, quien había confirmado su asistencia, ya que en gran medida lo expresado en la audiencia por parte de las organizaciones sociales y de los entes gubernamentales, requiere una labor de seguimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Mira la trasmisión completa de la audiencia en https://www.facebook.com/fundacioncspp/videos/2404098353146183/