La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:
6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género,9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].
Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.
El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.
Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.
En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.
Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].
El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.
Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello, 3 agresiones reportadas sin identificar.
En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.
Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.
EXIGIMOS
A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño
Las organizaciones de derechos humanos y sociales abajo firmantes, acudimos con URGENCIA y PREOCUPACIÓN ante los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, a efectos de poner en su conocimiento los graves hechos de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de la Policía de Colombia, a través de los cuales se ha atentado contra los derechos a la vida e integridad personal de ciudadanos(as) colombianos(as), que han participado en manifestaciones públicas, en rechazo del asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de integrantes de la policía nacional.
HECHOS
El día 9 de septiembre de 2020, fecha en la cual se conmemora en Colombia el día nacional de los Derechos Humanos, personal de la Policía Nacional asesinó en el barrio Villaluz de la ciudad de Bogotá, al abogado Javier Ordoñez, a través del uso reiterado contra su cuerpo de descargas de corriente eléctrica durante espacio aproximadamente 5 minutos, ello a pesar de las súplicas de la víctima, sus familiares y amigos.
Con posterioridad a ello, Javier Ordoñez fue subido a una radiopatrulla de la Policía Nacional y llevado a un Centro de Atención Inmediata –CAI, en donde se indica al parecer fue nuevamente golpeado, siendo solo trasladado a un establecimiento clínico ante la exigencia de sus familiares y amigos, lugar en el cual falleció como consecuencia de los actos de tortura ejecutados en su contra.
En horas de la noche, mientras sus familiares realizaban en el lugar de los hechos una velatón pacíficamente, integrantes de la Policía Nacional hicieron presencia en inmediaciones del conjunto residencial, haciendo sonar sus pistolas Táser, con las cuales se le causó la muerte a su familiar Javier Ordoñez, en un claro acto de indolencia e intimidación a sus familiares.
Esta situación ha generado indignación y repudio social, dada la reiteración de actos de abuso y uso desmedido y arbitrario de la fuerza en contra de ciudadanos y manifestantes, siendo especialmente grave lo ocurrido durante la pandemia del COVID19, en donde se reporta el asesinato de 39 personas que han participado en las protestas.
La brutalidad policial durante el día 9 de septiembre ha sido alarmante. Nos permitimos presentar un listado provisional de personas que han sido afectadas en sus derechos a la vida e integridad personal, en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de actos directos de personal de la Policía Nacional:
Siendo aproximadamente las 10:00 pm, en el barrio Verbenal de la ciudad de Bogotá, personal de la Policía Nacional, haciendo uso de armas de fuego, disparó en contra de la humanidad del joven Camilo Hernández, el cual impactó en su cabeza, causándole la muerte de manera instantánea. Camilo se desempeñaba como trabajador domiciliario.
A ello se suma, que posterior a causarle la muerte, omitieron prestarle cualquier socorro, deambulando simplemente alrededor de su cuerpo.
También hemos sido informados que en hechos ocurridos en el barrio Verbenal fue asesinado el joven Jaider Alexander Fonseca Castillo, quien tenía 17 años de edad, era padre de un niño de 7 meses y se trabajaba en un asadero. La víctima tenía 3 heridas un en un brazo y dos en una pierna.
Cristian Hurtado Menecé, de 27 años de edad, fue muerto como resultado de la brutalidad policial en Ciudad Verde (municipio de Soacha). A la familia le entregaron los documentos personales de Cristian
En la Morgue del Hospital Cardiovascular hay varios policías, mientras la familia fue sacada de la instalación hospitalaria.
Germán Smith Puentes, un domiciliario de 25 años, padre de un niño de siete años, fue asesinado en la localidad de Suba, cuando regresaba de su trabajo. Al momento de los hechos se desplazaba en una bicicleta y recibió un disparo en la cabeza, siendo trasladado al Hospital de Suba, donde falleció.
Andrés Rodríguez, fue herido con arma de fuego en el abdomen, siendo trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde fallece.
A su vez, hemos tenido conocimiento que actualmente se encuentran en centros hospitalarios, con lesiones de diferente gravedad las siguientes personas
– Jonathan Urrea, quien presenta una herida en la rodilla, como consecuencia de disparo con arma de fuego.
– Juan Sebastián Banza, quien presenta una herida con arma de fuego en el hombro.
– Luisa Fernanda Tirado Rojas, de 16 años, quien presenta una herida por proyectil con arma de fuego en el cuello. Hechos ocurridos en la localidad de Suba.
– Robert Valencia, de 35 años de edad, herido de bala en el pecho, habiendo sido herido cuando se encontraba en su vivienda, a la cual ingreso el proyectil, hechos ocurridos a las 10:04 pm aproximadamente.
– Michael Duván Sánchez, quien presenta herida en la pierna, arma de fuego.
– Edison Ferney Peralta, de 17 años, le dispararon agentes de la policía en el CAI Verbenal, recibió dos disparos, uno en la pierna y otro en el brazo, hechos ocurridos cerca de las 9:20 pm, siendo objeto de cirugía, ante posible pérdida de un brazo.
– Iván Castellanos, de 27 años, fue herido con proyectil de arma de fuego en el pie derecho, hechos ocurridos en el barrio Verbenal.
– Wilder Andrey Téllez, fue privado de la libertad en el Centro de Atención Inmediata – CAI, del barrio Arborizadora Alta, quien se encuentra gravemente herido y no se ha permitido sea objeto de atención médica.
– Wilfer Lenin Esneider de 36 años de edad aproximadamente, cuando llegaba de trabajar a su vivienda, en el barrio Suba Rincón, le impactó un proyectil en el tobillo, a las 8 y 30 de la noche aproximadamente.
– Luisa Fernanda Beltrán, fue herida en la rodilla presuntamente con un proyectil de bala, el estado de salud es estable, los hechos fueron aproximadamente a las 9:30 pm en el barrio Verbenal, están en la actualidad pendiente de valoración sobre si hay compromiso de tejidos de la rodilla, para decidir necesidad de practicar cirugía.
– Farley Garzón Marín, edad 23 años, sufrió un impacto proyectil en la pierna derecha, hechos en el barrio Verbenal, hasta la mañana del 10 de septiembre, solo había recibido medicamentos para el dolor.
– Manuel Fernández Acevedo, herido por impacto de proyectil de arma por la espalda, quien se encuentra en estado de salud delicado en Unidad de Cuidados Intensivos, por hechos ocurridos aproximadamente a las 8:30 pm. En la mañana del 10 de septiembre hemos sido informados que quedará parapléjico, porque el impacto de bala le llegó a médula espinal.
– Luis Felipe Corredor fue privado de la libertad, introducido en un camión, en el cual fue reiteradamente golpeado y electrocutarlo con el Taser en varias ocasiones, hasta que un patrullero intervino impidiendo la arbitrariedad del procedimiento.
Harold Romero fue herido con arma de fuego en el abdomen y trasladado para atención médica al Hospital Simón Bolívar.
Esteban Toro quien fue herido arma de fuego en el brazo y objeto de atención en el Hospital Simón Bolívar.
Juan Esteban, herido en el codo por arma de fuego, siendo objeto de atención médica en el Hospital Simón Bolívar.
Noe Urea, fue herido con arma de fuego en una pierna y objeto de atención médica en el Hospital Simón Bolívar.
Carlos Solar, fue herido con arma de fuego en un brazo, hechos ocurridos en la localidad de Suba, siendo objeto de atención en el hospital Simón Bolívar.
Andreu Morales, quien presenta una fractura en la cara, herida causada con un objeto contundente.
Iván Ramírez, quien fue herido por arma de fuego y objeto de atención médica en el Hospital Simón Bolívar.
A través de redes sociales, han sido difundidas imágenes de personas vestidas de civil, quienes hacen uso de armas de fuego, ante la mirada tolerante y complaciente de personal de la Policía Nacional. Así mismo, ha podido ser establecido en los videos, el uso de armas de fuego por parte de personal de la Policía Nacional.
Adicionalmente, destacamos que defensores de derechos humanos que han participado de las labores de verificación, han sido objeto de amenazas e intimidación, con arma de fuego, por parte de personal de la Policía Nacional.
Rechazamos que se haya dispuesto que personal de la SIJIN, que hace parte de la Policía Nacional, sea el organismo delegado para realizar las diligencias de inspección y levantamiento del cadáver del joven Jaider Alexander Fonseca Castillo, organismo que ha hecho presencia en la Clínica Cardio Infantil para dicho procedimiento, a través de la unidad móvil 171879. Este comportamiento, impide que pueda ser desarrollada una investigación independiente e imparcial, pues son sus compañeros de armas, a quienes se señala de la participación en este crimen.
Requerir al Estado de Colombia, sean detenidamente investigados los hechos aquí relatados, y debidamente sancionados los responsables de los mismos.
Sean suspendidos inmediatamente todos los integrantes de la policía que participaron del operativo en Verbenal, así como la línea de mando que participo de estos hechos, incluido el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Se adopten las medidas necesarias, que garanticen el derecho de los ciudadanos a ejercer los derechos a la libre expresión y manifestación, recordando los deberes y límites de los servidores en el control de las manifestaciones y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Se informe las razones por las cuales personal de la Policía Nacional fue autorizado para hacer uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, así como las personas que impartieron dichas autorizaciones. Adicionalmente, se informe cuáles fueron las acciones adelantadas para controlar el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, durante las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020.
Se adopten reformas estructurales a la Policía Nacional, entre ellas su separación del Ministerio de Defensa, el desmonte del ESMAD y la debida aplicación de protocolos para el respeto de la protesta social.
Suscriben,
Asociación Red de Defensores y defensoras de Derechos Humanos – dhColombia-
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Nicolas Neira
Fundación Carlos Pedraza
Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo
Campaña “No Más Derechos Vulnerados Por Los Uniformados”
Comité Solidaridad con Presos Políticos
Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos
Marcha Patriótica
Congreso de los Pueblos
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Observatorio de Derechos Humanos
Klaus Zapata
Red contra el abuso de autoridad REDCAA.
CPDH seccional Bogotá
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP
La campaña defender la libertad un asunto de todxs
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.
En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.
De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.
Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.
Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.
[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio
El día 28 de junio de 2020, se realizó la labor de monitoreo y verificación de la situación de derechos humanos en los desalojos realizados por la fuerza pública y la Alcaldía de Soacha en el barrio la Ciudadela Sucre.
Los desalojos comenzaron el 25 de junio y desde su inicio la utilización de la fuerza por parte del ESMAD fue desproporcionada, resultando en el asesinato del joven de 15 años Duván Mateo Aldana, a causa de un impacto efectuado por el ESMAD, y de la afectación respiratoria en un bebé de 4 meses, otro de 8 meses y una niña de 1 año, hecho reportado por la comunidad.
Alrededor de 1000 personas residían en los asentamientos informales, y cerca de 800 se establecieron desde el 23 de junio debido a que no tenían vivienda. Aunque está vigente la declarada emergencia sanitaria producto del virus del COVID-19 en Colombia, la Alcaldía de Soacha toma la decisión de desalojar de manera forzosa a las personas que tenían su resguardo en la Ciudadela Sucre por medio del ESMAD y la Fuerza Disponible.
Los procedimientos a través de los cuales se realiza el desalojo se caracterizaron por una utilización de la fuerza desproporcionada y un desconocimiento de las problemáticas de base que responden a la situación actual de las mas de 300 familias, de la siguiente manera:
Se reconoce que la situación de asentamiento es en gran parte debido a la agudización de la crisis económica y social, frente a la cual no ha habido soluciones eficaces para la garantía de una vivienda, alimentación y en general vida digna.
Se había concertado con la Alcaldía de Soacha la realización de una mesa de dialogo con la comunidad para escuchar sus exigencias el martes 30 de junio, con el objetivo de dar 2 días para que se adelantara un censo poblacional y una caracterización de las necesidades existentes; sin embargo, el día domingo 28 de junio, el ESMAD comienza los desalojos a las 6:00am, haciendo caso omiso a los acuerdos pactados.
Durante el ejercicio de acompañamiento, las comisiones de verificación e intervención entablaron conversaciones con la comunidad y realizaron un recorrido por los predios. El ESMAD intervino utilizando aturdidoras y gases lacrimógenos de manera injustificada, desconociendo la presencia de niños, niñas, mujeres en estado de gestación y adultos mayores, quienes se vieron obligados a evacuar la zona, abandonando sus pertenencias en el lugar.
Se identificó como característica que las intervenciones del ESMAD estaban en su mayoría dirigidas de manera directa a las agrupaciones de personas en los asentamientos, sin tener en cuenta el uso reglamentado del armamento para su accionar, causando lesiones físicas en extremidades y rostro de las personas, y asfixia en los niños y niñas por la utilización de gases lacrimógenos. Ignorando, además, la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos en el lugar.
Desde el medio día hicieron presencia alrededor de 8 personas de civil, dirigidas por un hombre que portaba una chaqueta con los logos de la Alcaldía de Soacha, quien se negó a decir su nombre. Dichas personas, actuando de manera articulada con el ESMAD, se encargaron de destruir las viviendas que no alcanzaban a desarmar las personas, y de quemar los restos de estas. Adicionalmente, esta persona actuó de manera confrontativa, amenazando a los defensores de derechos humanos que estaban documentando de manera gráfica los procedimientos.
El manejo que las administraciones municipales deben hacer de la crisis social por la que atravesamos no debe ser la utilización de la fuerza policial y militar, por el contrario debe ser la creación de canales de dialogo efectivo entre las comunidades y las alcaldías, de manera que se reconozca la imposibilidad de las personas de tener vivienda digna y medios para obtener su sustento mientras el país atraviesa por la situación de crisis sanitaria.
Como Campaña Defender la Libertad un asunto de todas, exigimos garantía para la integridad y vida digna de las personas en el asentamiento de Ciudadela Sucre en Soacha, quienes han sido constantemente vulneradas por parte de las administraciones y la fuerza pública.
Desde la Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas, informamos que el día 15 de junio de 2020, se llevó a cabo, a nivel nacional, una jornada de movilización convocada desde diferentes sectores sociales, quienes se manifestaron en contra de las diferentes situaciones que se vienen presentando en Colombia y la falta de garantías para pasar una cuarentena digna.
Sin embargo, la jornada de movilización pacífica se vio afectada por la desmedida e injustificada intervención de la Policía Nacional, situación que dejó como resultado más de 100 personas retenidas a nivel nacional y 3 personas con graves heridas.
En la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, se registran al menos 45 personas retenidas, entre las cuales se encuentra manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Junto con esto, 2 jóvenes fueron golpeados, de manera indiscriminada por parte de la Fuerza Pública; Duván Jaramillo, quien es defensor de derechos humanos y hace parte del partido FARC, fue golpeado brutalmente, lo que le ocasionó una fractura en su brazo. Por otro lado, Nicolás Brito Zapata, quien fue retenido por grabar la movilización, fue golpeado durante el procedimiento, lo cual le causo una fractura en la mandíbula.
En la ciudad de Bogotá, se registran 73 personas retenidas, 8 con fines de judicialización, en un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD.
En la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca, la Policía Nacional y la Policía Militar, hostigaron la jornada de movilización, quienes sancionaron a los manifestantes con comparendos. Ciudadanos y ciudadanas denuncias la presencia de militares con armas de largo alcance en el lugar en donde se adelantaba el plantón.
En la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, 5 personas fueron retenidas en el marco de las movilizaciones.
Desde las Comisiones de Verificación e Intervención, pudimos observar que algunos agentes de la Policía Nacional no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios, en un momento en que la población mundial atraviesa por una pandemia productor del virus Covid – 19. Recordamos que, tanto manifestantes como agentes de la Fuerza Pública, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, más aún en situaciones que pudiesen propiciar algún tipo de aglomeración, como lo fueron las retenciones masivas del día de ayer.
Además, seguimos observando, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, lo cual contraría la ley y convierte estos casos en detenciones arbitrarias. Recordamos que, según la Corte Constitucional, el traslado por protección tiene como única finalidad permisible la protección de derechos (Sentencia C-281); sin embargo, se han presentado traslados injustificados que no sólo han violado el derecho a la libertad, sino la integridad física de las personas.
Finalmente, Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.
Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com
