Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de organizaciones y defensoras de derechos humanos en la ciudad de Pereira, Risaralda se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional. 

  1. HECHOS
  • El día 7 de mayo de 2021, defensoras de derechos humanos se encontraban realizando desde su vehículo, una denuncia de los hechos ocurridos en Pereira en el Senado de la República. Allí se dejó la alerta de SOS Emergencia en esta ciudad.
  • Inmediatamente después, cerca de las 11:29am del día 7 de mayo del 2021, un sujeto no identificado en una moto color naranja, empezó a realizar grabaciones con una go-pro a las defensoras de derechos humanos ubicadas en el viaducto César Gaviria en el sentido Pereira-Dosquebradas. Uno de los defensores inició a grabarlo,  y el sujeto emprendió la huida, por lo cual no fue posible tomar las placas.
  • En el mismo punto, un carro blanco de placas IVQ 564 de Cali, sacó un arma y empezó a gritarle a las defensoras: “se tienen que armar hijueputas, eso no es así tomando vías, se tienen que armar, cuando quieran…” sacó un arma y se las mostró.
  1. EXIGENCIAS
  • El respeto y garantías de los derechos a la vida, la integridad personal y a defender los derechos, acompañando a quienes ejercen el derecho a la protesta social pacífica en la ciudad de Pereira, Risaralda.
  • El acompañamiento urgente del Ministerio Público, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como de la Personería de Pereira, ejerciendo sus roles de protección a las defensoras de derechos humanos en la ciudad.
  • Realizar una misión de verificación de carácter humanitario para acompañar a las víctimas de violencia policial, incluyendo los casos de defensoras de derechos humanos, que han sido objeto de hostigamientos.
  • Que en adelante la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales del uso de armamentos letales y no letales.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social, así como de los derechos de quienes acompañamos a las manifestantes.