HECHOS

  1. El día de hoy, 8 de julio, varias colectivas feministas de Bucaramanga se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social por medio de un plantón en contra del abuso policial y las violencias basadas en género.
  2. Hacia las 5:00 de la tarde, organizaciones sociales reportaron hostigamientos por parte de la Fuerza Pública hacia las personas que protestaban al frente de la V Brigada del Ejército Nacional. Un oficial de apellido Parra ordenó por radio traer los cambines para realizar capturas.
  3. Sobre las 5:10 p.m, el ESMAD arremetió contra las y los marchantes que se dirigían a la Avenida Quebradaseca y Megamall., en un momento en que la manifestación ya se estaba dispersando, haciendo un uso desmedido e injustificado de la fuerza. Se utilizaron aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se movilizaban pacíficamente, en contra de los estándares nacionales e internacionales sobre el tratamiento de la protesta social.
  4. Las organizaciones de derechos humanos que hacían presencia le pidieron a Personería que detuviera la agresión; sin embargo, las funcionarias salieron corriendo.
  5. Hasta el momento se reportan detenciones arbitrarias de al menos 10 personas que fueron trasladadas al CAI de las Américas, al parecer para imponerles comparendos. También se han impuesto comparendos a otros manifestantes.

De acuerdo con la información difundida por la Coordinadora 8M de Bucaramanga y Derechos de los Pueblos se tiene conocimiento que entre las personas detenidas se encuentran: Laura Nataly Barragán y Paula Puello, integrantes de organizaciones LGBTIQ; a su vez Angie Barragán, Angie Safala, Sofia Quiñonez, Yesenia Duarte, Alejandra Peña, Diana Zambrano, Sergio Chía y Camilo Torre, y Diana Isabelle Hernandez que fue capturada en inmediaciones del CAI de las Américas.

Exigimos

  1. La libertad de las y los manifestantes detenidos injustamente, quienes se encontraban en el ejercicio del derecho legítimo a la protesta.
  2. Que cesen la práctica de imponer comparendos como una forma de castigo a quienes protestan.
  3. Que la actuación institucional y de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior.