13 de mayo de 2021. La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de dieciséis (16) días de jornadas de protesta social pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo (18:00 pm) en el territorio nacional:

  • 50 personas registradas como fallecidas[1] presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar y se está verificando su relación con las protestas. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
  • 524 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 35 sufrieron lesiones oculares. 51 fueron heridas por arma de fuego. 74 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 21 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1.430 personas han sido detenidas[2], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa el traslado por protección , siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 753 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[3] personas desaparecidas en medio del paro, pero para el 10 de mayo la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada manifestó que en su registro habían 379[4] personas desaparecidas. Esta cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización.

Manifestamos nuestra preocupación debido a las actuaciones arbitrarias de la fuerza pública en Buga, Valle del Cauca hoy ante la manifestación pacífica de la población, y en Barranquilla ante las movilizaciones realizadas en el marco de las jornadas del Paro Nacional y los señalamientos estigmatizantes hacia la misión médica que atendía a personas heridas en la vía pública. Así como hacia las defensoras de derechos humanos, acusándolas de porte y uso de armas de fuego, lo cual, aclaramos es falso y hace parte de intentos de tergiversación de nuestra labor en el contexto actual del país ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y fundamentales de la población.

Rechazamos la utilización de artefactos como las armas VENOM, que han sido catalogadas como municiones “no letales” para la dispersión de masas por parte del ESMAD, sin embargo, se ha reportado que el uso indiscriminado de esta puede ser peligrosa para los manifestantes. Anoche en Popayán, el ESMAD usó el lanzador de proyectiles múltiples VENOM desde el suelo y de forma horizontal[5], esta es un arma indiscriminada y es peligrosa, ya que pone en riesgo la vida de las manifestantes con el uso de esta manera.  Asimismo, en las jornadas de protesta se han encontrado latas de gases lacrimógenos vencidos, los cuales no deben ser utilizados.

Manifestamos la preocupación por el aumento de violaciones a los derechos fundamentales al momento de las detenciones, como que se limite el contacto con defensoras de derechos humanos, sus defensores de confianza, familiares y otros, o demoras injustificadas de los traslados a centros de protección, así como la utilización de estaciones de policía  como Centros de Traslado por protección improvisados, como ocurre en Bogotá, CAI’s u otros sitios no autorizados,  y la falta de presencia del Ministerio Público en las manifestaciones. Todo ello ha puesto en riesgo de desaparición forzada y de la ocurrencia de agresiones por parte de la fuerza pública a la ciudadanía; por lo cual es imprescindible que las instancias pertinentes del Estado activen los Mecanismos de Búsqueda y se inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en dichos casos en los que la fuerza pública se ha negado a dar información de los detenidos y ha intentado ocultar su paradero.

Manifestamos nuestra preocupación por la deficiente respuesta estatal en la condena y persecución judicial de civiles armados que atacan a manifestantes de manera coordinada y sistemática con armas de fuego. La cual obedece a los intereses de grupos armados ilegales y paraestatales de ejercer temor y control territorial para evitar el ejercicio del derecho a la protesta. Lo anterior, ha sido alentado por los mensajes racistas y criminalizantes de funcionarios del gobierno nacional y el partido Centro Democrático quienes asocian indebidamente la protesta con organizaciones armadas ilegales.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡Toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica. Estas medidas responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de odio que han sido generados por el gobierno de Iván Duque Márquez y personalidades políticas del partido de gobierno como Álvaro Uribe Vélez, a través de prácticas de terrorismo de Estado, así como un trato militar y paramilitar de la protesta social pacífica

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.

[1] Se confirmó el estado de una persona que se había registrado como fallecida, la cual se encuentra hospitalizada y en estado de gravedad, y otra que no falleció en el marco de la protesta social.

[2] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 665 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 155 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 66 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 66 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[3] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[4] Ver: https://twitter.com/coeuropa/status/1391890887031001100

[5] https://twitter.com/jmvivancohrw/status/1392957373111808007?s=21