Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que a corte de las 4:20 P.M. del día 28 de abril de 2021 se reportan 14 allanamientos y 7 agresiones a defensoras de derechos humanos en Bogotá; adicionalmente, 20 personas heridas en las ciudades de Bogotá, Cali y La Calera; 24 personas detenidas en Bogotá y Cali; y 49 denuncias de violencia policial en Bogotá, Medellín, Cali y La Calera. Asimismo, lamentamos informar el presunto fallecimiento de un joven en la ciudad de Neiva, en los disturbios presentados en dicha ciudad.

Dentro de las detenciones se registraron procedimientos irregulares que no atienden a las causales que la norma establece para adelantar dicha medida, por lo cual se consideran detenciones arbitrarias. Al respecto, les recordamos a las autoridades de policía (i) que la simple presunción de la comisión de un delito no justifica una detención, (ii) que el adelantamiento de procedimientos por el porte de elementos que no suponen una violación a la norma, profundiza la estigmatización de quien hace uso del derecho a la protesta, (iii) que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.

Es más grave, evidenciar la desconexión que existe entre los Puestos de Mando Unificado (PMU) y las actuaciones de los agentes de policía en las calles. Es preocupante que las autoridades locales no ejerzan el control de los distintos integrantes de la fuerza pública que han intervenido en reiteradas ocasiones vulnerando para el caso de Bogotá el Decreto 563 de 2015 y a nivel nacional la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, así como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la protesta. Esta situación ha propiciado el uso excesivo y desproporcional de la fuerza en las distintas marchas, situación que se refleja las cifras reportadas en el presente boletín. Instamos a la autoridades locales a ejercer sus funciones constitucionales y legales, controlando a la las actuaciones de la policía, con el fin de detener los distintos abusos que se vienen reportando.

Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos de allanamiento en contra de integrantes de organizaciones sociales y sus familiares, toda vez que se advierte la instrumentalización de las vías judiciales para hostigar y perseguir al movimiento social por constituirse de manera generalizada como una medida de judicialización contra quien disiente o piensa diferente al gobierno. Presumimos vicios de legalidad en su desarrollo y exigimos se respeten todas las garantías procesales para las víctimas de dichos procedimientos. No podemos permitir que se abuse del poder policial y judicial amedrentando defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y manifestantes. #ReformaPolicialYa