La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de nueve días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 m) en el territorio nacional:
- 451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 32 sufrieron lesiones oculares. 32 fueron heridas por arma de fuego. 67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 1.291 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- 32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía.
- 216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471.[2]
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social. Estas medidas responden a un escenario de miedo y confrontación que ha sido promovidas por el gobierno de Iván Duque y personalidades políticas como Álvaro Uribe Vélez a través de prácticas de terrorismo de estado para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social.
Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la violación de derechos civiles y políticos.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
- Al Gobierno Nacional, que se abstenga de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- A la Fiscalía general de la Nación cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.
[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 560 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 153 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 11 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 47 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 24 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 63 detenciones reportadas sin ubicación.
[2]https://coeuropa.org.co/471-personas-desaparecidas-en-las-movilizaciones-que-iniciaron-el-28-de-abril-mesa-de-trabajo-sobre-desaparicion-forzada/