Foto: Jennifer Rueda

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance de la jornada de movilización del 1 de mayo de 2021 donde se continuaron presentando agresiones por la fuerza pública en el marco de la jornada contra la reforma tributaria. De acuerdo con el registro, se contabilizaron 374 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
La decisión del gobierno nacional de militarizar las principales ciudades es una estrategia político- militar para evitar que la protesta social siga creciendo en el país y que la gente exija sus derechos, actuaciones propias de la DICTADURAS, en donde se crean los estados de sitio a fin de restringir la democracia.

Tipo de hechos Cantidad
Contra los manifestantes
Privaciones de la libertad 264
Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes 36
Empadronamientos 1
Hurtos 1
Comparendos 2
Amenazas 2
Contra la protesta social
Militarización de la protesta social 4
Hostigamientos 3
Disparos armas de fuego 3
Agresiones indiscriminadas 2
Uso inadecuado de armas de menor letalidad 1
Presencia paramilitar 1
Porte armas de fuego 1
Hurtos 1
Personas presuntamente desaparecidas
Desaparecido 22
Apareció 23
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Obstrucción a la labor 2
Obstrucción a la labor de prensa 2
Amenazas 1
Contra personal médico
Obstrucción labor APH 2
Total agresiones 374

Durante el 1 de mayo el Puesto de Mando Unificado Popular, recibió numerosas denuncias y llamadas. De acuerdo a las cifras, destacamos que:

  • La fuerza pública, ha hecho no solo uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, sino que ha actuado con toda la intención de causar daño contra la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
  • Continuidad de la presencia de estructuras paramilitares, quienes siguieron agrediendo a los manifestantes. Se conoció por redes sociales un video grabado en la ciudad de Envigado donde se ve a un hombre en un vehículo portando un arma de fuego y expresando que “tiene la orden del patrón de dar de baja a vándalos- delincuentes”, lo cual pone en grave peligro la integridad de la ciudadanía y en especial a quienes se manifiestan.
  • Preocupa que nuevamente se haya obstaculizado la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes continuaron siendo víctimas de amenazas, hurtos y represión. Denunciamos que varias defensoras y defensores fueron amenazados con arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
  • En el caso de los datos de personas reportadas como desaparecidas, se informa que a la fecha no hemos tenido reportes de que haya aparecido. No obstante, la exposición de la cantidad nos permite alertar sobre una eventual política de agresión en contra de la libertad de quienes participan de las protestas sociales.
  • El 1 de mayo se conoció mediante un video el asesinato de un ciudadano a manos de un policía. Según información allegada la víctima POSIBLEMENTE estaba en las protestas espontáneas que se desarrollaron en el barrio 12 de octubre de Medellín. Exigimos a las autoridades competentes aclarar este hecho.
  • Durante la manifestación del 1 de mayo se reportaron agresiones contra funcionarios públicos de la Personería de Medellín por parte de policiales.

Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social. Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.