Comunicado Público

Comunicado Público

Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona Octubre 7 de 2020

Los Estudiantes y Las organizaciones defensoras de derechos humanos del nororiente colombiano expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de la fiscal 129 DECOC, quién solicitó orden de captura para judicializar a los estudiantes de la Universidad de Pamplona Manuel Barajas, Jesús Eduardo Gelvez y William Farid Contreras Pabón, imputándoles el pasado 2 de octubre los delitos de Concierto para Delinquir con Fines de Terrorismo en concurso con Obstrucción de Vía Pública, y solicitando medida de aseguramiento por ejercer su legítimo derecho fundamental a la libre asociación y a la protesta social.

La Fiscalía General de la Nación ha presentado como hechos jurídicamente relevantes, dentro de su imputación la pertenencia de dichos estudiantes a grupos radicales e izquierdistas lo que denota el sesgo político qué pretende criminalizar legítimos espacios de organización estudiantil y de protesta de los estudiantes de la universidad de Pamplona.

Nos preocupa enormemente como organizaciones defensoras de derechos humanos la concepción que se esconde detrás de este burdo intento por parte de la Fiscalía General de la Nación, de criminalizar el ejercicio de un derecho humano fundamental cómo son los derechos a la libre organización y a la manifestación y que se pretenda asimilar a las organizaciones estudiantiles con bandas criminales y el ejercicio de la protesta social con el terrorismo.

Estas judicializaciones, se dan en el contexto de fuertes expresiones de rechazo por parte de los estudiantes frente a presuntos hechos de corrupción realizados por el rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, los cuales a la fecha no han sido aún investigados ni esclarecidos por parte de las autoridades como la Fiscalía y Procuraduría, desde la fecha de presentación de las denuncias
en el año 2017.

Quienes han protestado en el campus universitario, han sido objeto de la represión por parte de la propia universidad a través de procesos disciplinarios que han violado y desconocido el debido proceso y el derecho de defensa; estigmatización y agresión de grupos de encapuchados armados presuntamente patrocinados por la Universidad de Pamplona quienes los han amenazado en el transcurso de las tomas en defensa de la educación pública a las sedes de la universidad y que pese a las denuncias realizadas nunca han sido investigados ni administrativamente, ni penalmente; y ahora lo que obtienen del proceso de exigencia de los derechos de la comunidad educativa es la instrumentalización del proceso penal a efectos de acallar las voces críticas e incómodas a la administración de esta universidad abusando de la discrecionalidad reglada que debe regir el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía al intentar
subsumir hechos evidentemente nacidos de la protesta social con actos de terrorismo.

Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos de orden nacional e internacional, para que realicen seguimiento a este proceso y los demás que pudieran derivarse, así mismo declaramos que acompañaremos la defensa y reivindicación de estos jóvenes estudiantes universitarios, que han desempeñado un trabajo de denuncia de la corrupción que carcome a la
Universidad de Pamplona y movilizarse y protestar en defensa de ésta y de la universidad pública en general.

Así mismo, rechazamos las afirmaciones estigmatizantes y criminalizantes a la protesta social y al movimiento estudiantil. A su vez, exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho al debido proceso y a la dignidad humana de los compañeros que hasta el día de hoy se encuentran detenidos a esperas de la continuación del proceso en el cual se encuentran.

Fundación Comité de solidaridad con presos políticos.
Campaña Nacional “Defender la Libertad, un asunto de tod@s”
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Corporación Compromiso
CREDHOS
CPDH SANTANDER
CORDESTE
ASODESAMUBA
Andas
Centro de cultura popular, Andas BUCARAMANGA
Corporación CONPÁZES
CORPOCIDC
ANJECO
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Colectivo Tierra de Todos
Red por la Defensa de la Derechos Humanos
ASOJER
UNEES
ACEU

Cumplirle a la protesta pacífica

Cumplirle a la protesta pacífica

Bogotá, 30 de septiembre de 2020. Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, las organizaciones que representamos a los y las accionantes manifestamos:

  1. Todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte. Con el fin de lograr la protección de los derechos violados, los y las accionantes enviamos solicitudes respetuosas de cumplimiento a todas instituciones involucradas.
  2. Saludamos la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resaltamos que la Defensoría nombró una comisión para el seguimiento conformada por funcionarios de alto nivel y que el Procurador General designó a Carlos Medina Ramírez, Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, como coordinador de las acciones para este mismo fin. Estamos dispuestos a contribuir con todas las instituciones con el propósito de materializar estas órdenes judiciales.
  3. Invitamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que garantiza el derecho a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y demás derechos fundamentales conexos a la expresión ciudadana.
  4. Teniendo en cuenta la diversidad de órdenes y de instituciones involucradas, solicitaremos a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento que garantice la mejor información posible y la máxima participación de los y las accionantes, así como de la sociedad civil en general. Este mecanismo deberá contemplar la apertura del incidente de desacato en caso de incumplimiento de alguna de las instituciones o de los funcionarios encargados.
  5. Expresamos nuestra insatisfacción por las declaraciones del Ministro de Defensa en las que reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia policial en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional de noviembre pasado. Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por lo tanto solicitamos al Tribunal que pida explicaciones al Ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia.

Campaña Defender la Libertad, Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, dhColombia, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones.

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019;

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

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Contactos

Dejusticia

Adriana Abramovits. Comunicadora.

+57 3163565681

aabramovits@dejusticia.org

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Angélica Chaparro. Prensa.

+57 321 3819733

prensa@cajar.org

Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP

Comunicaciones FLIP.

+57 3103419744.

comunicaciones@flip.org.co

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Erik Cano. Encargado de comunicaciones.

+57 310 2307374.

prensa@humanidadvigente.net

Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

Paola Sánchez.  Comunicadora.

paolasanchez@coljuristas.org

+57 318 7170001

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Kamila Cruz. Coordinadora de Comunicaciones

comunicaciones@comitedesolidaridad.com

+57 3057251151

Boletín Informativo 2 #21S

Boletín Informativo 2 #21S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 9:50PM del 21 de septiembre de 2020 se reportan 30 personas retenidas y 15 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Reiteramos nuestra preocupación por la violenta represión llevada a cabo por parte del ESMAD a las protestas que se realizaban pacíficamente en el centro de Bogotá el 21 de septiembre de 2020 y denunciamos las distintas agresiones realizadas por los uniformados a manifestantes, periodistas y defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza no puede ser un mecanismo para impedir el ejercicio de derechos fundamentales en una democracia, como el derecho a la protesta social, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos.

Denunciamos que nuevamente durante esta jornada de protesta se obstaculizó el cumplimiento de la labor de las Comisiones de Verificación de la Campaña. Agentes del ESMAD hirieron a dos defensoras de derechos humanos disparando directamente a sus cuerpos mientras estas se encontraban realizando labores de verificación del respeto por los derechos humanos en los procedimientos policiales. Exigimos a la Policía Nacional garantice la aplicación del Protocolo de Protesta Social establecido en la Resolución 1190 de 2018 y permita a las comisiones realizar su labor, sin atentar contra la integridad personal de las defensoras que las integran.

Exigimos al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que no le den un tratamiento militar y represivo a la protesta social y que cumplan con garantizar su ejercicio por parte de la ciudadanía, ya que este es esencial en un sistema democrático. Asimismo, llamamos a la fuerza pública a respetar los protocolos establecidos y regir todas sus actuaciones por el respeto de los derechos humanos.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

Boletín Informativo 1 #21S

Boletín Informativo 1 #21S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 6:10PM del 21 de septiembre de 2020 se reportan, por lo menos, 13 personas detenidas y 11 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial. Presumimos que la cifra puede ser mayor.

Alertamos sobre el uso excesivo y desproporcionado por la fuerza por parte del ESMAD para impedir que los manifestantes se concentraran en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. Enfatizamos en que las intervenciones de la fuerza pública no pueden estar orientadas a limitar o suprimir el legítimo derecho a la protesta en una democracia.

Adicionalmente, informamos que previo a la intervención, la Plaza de Bolívar fue rodeada por fuerza disponible y agentes del ESMAD, lo cual dificultó el establecimiento de rutas claras de evacuación por parte de las personas que se encontraban manifestándose. Llamamos la atención sobre la importancia de establecer las salidas de evacuación de manera temprana y clara, para que en los casos en los que haya intervención de la fuerza pública se pueda garantizar la vida e integridad de las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta social, así como los transeúntes y personas que trabajan en el sector.

Denunciamos que las intervenciones realizadas en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar fueron injustificadas, limitantes y desproporcionadas, al punto de causar heridas en las personas que protestaban, poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

 

Alertamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo por el uso excesivo de la fuerza y exigimos que la Policía Nacional rija su actuar por el respeto a los derechos humanos y por la garantía del legítimo derecho a la protesta social.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

Alerta temprana: #ParoNacional21S

Alerta temprana: #ParoNacional21S

Asunto: Activación de Alerta Temprana Preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos y agresiones a integridad física y psicológica de la ciudadanía de Bogotá D.C.

Desde la –CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS– ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las autoridades competentes, sobre situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanxs manifestantes y transeúntes de la ciudad de Bogotá D.C., que se están manifestando públicamente y/o se encuentran en medio de las jornadas de protestas como rechazo del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional, siendo las 3:50 pm del lunes 21 de septiembre, 2020.

En estos momentos se desarrolla una concentración ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde preocupa que todas las posibles salidas de emergencia están rodeadas con la presencia de fuerza disponible o ESMAD.  Esto pone en peligro la vida e integridad de manifestantes en caso de una posible intervención por parte de la fuerza pública.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.

 

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS

@DefenderLiberta