Del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020 al 2021: La memoria ciudadana frente a la impunidad de las balas policiales

Del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020 al 2021: La memoria ciudadana frente a la impunidad de las balas policiales

En el marco de la conmemoración de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos acompañado algunos de los escenarios de memoria convocados por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares y víctimas. En este ejercicio es fundamental comprender el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas expresiones democráticas para identificar si existen avances judiciales en las investigaciones penales y disciplinarias y si realmente se han generado transformaciones en la Policía Nacional como ente gubernamental.

Para ello, podríamos preguntarnos: ¿Qué ha pasado con los casos de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020? Con esta pregunta nos remontamos a dolorosos hechos de violencia y brutalidad policial[1] que padecieron personas privadas de la libertad y comunidades de barrios populares, quienes salieron a rechazar mediante múltiples protestas sociales el abuso de poder policial y en particular la tortura y homicidio del estudiante de derecho y conductor de taxi Javier Ordoñez[2]. La respuesta policial fue represión, violencia desmedida y desproporcionada que produjo detenciones masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, lesiones físicas y los homicidios de personas humildes y trabajadoras: Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias. Además, en el marco de esas jornadas se conoció el escabroso y tenebroso hecho de la masacre por incineramiento de jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, Cundinamarca.

Podemos afirmar que en todos los casos referidos existe continúa la impunidad institucional y judicial tanto en el ámbito disciplinario interno de la Policía y del control preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación, así como en el ámbito penal de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria colombiana.

Frente a los hechos del 4 de septiembre del 2020 acaecidos en Soacha, Cundinamarca[3], podemos recordar que se generó un encubrimiento de graves circunstancias en las que murieron incinerados 8 jóvenes detenidos por la Policía dentro de un CAI en este municipio. Aunque en los vídeos que se dieron a conocer a través de la Revista Semana se identifican a varios uniformados de la Policía, se informó a la opinión pública que tan solo dos policías[4] serían presuntos responsables del incendio.

Frente a los hechos del 9[5] y 10 de septiembre del 2020 la Veeduría Distrital emitió un informe preliminar[6] en el cual se citan cifras de la Secretaría Distrital de Salud que frente al 9 de septiembre donde señalaron: 7 casos de asesinatos de personas en Bogotá y 3 en Soacha, 305 personas heridas en el marco de las protestas, de las cuales 75 fueron heridas por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 por otro tipo de armas. Asimismo, se identifican como las localidades más afectadas a Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Se señaló que se documentaron 119 denuncias por parte de la Alcaldía de Bogotá por presuntos abusos policiales, la Veeduría Distrital informó que tan solo contaba con 3 expedientes abiertos frente al abuso de autoridad, que la Procuraduría General de la Nación adelanta 73 procesos contra integrantes de la Policía Nacional (19 activos, 38 en etapa probatoria, 8 en indagación, 3 en evaluación de investigación disciplinaria, 3 en fallo de primera de instancia y 2 en proceso de registrar sanción). Citando al Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes se resaltó que 3 de cada 10 ciudadanas considera que la Policía no les protege.

Por nuestra parte, emitimos boletines informativos[7] que dieron cuenta de la gravedad de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de los cuales resaltamos el uso de armas de fuego contra manifestantes, las agresiones a defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, asesinatos de personas manifestantes pacíficas, detenciones arbitrarias masivas incluyendo personas menores de 18 años, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, secuestros y casos de presuntas desapariciones. Todos los registros que hicimos en el Sistema de Agresiones a la Protesta Social SIAP, encuentran que algunos patrones de agresiones que se repiten respecto de lo ocurrido en el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y en los meses del Paro Nacional de 2021.

Un año después de estos hechos de violencia policial, no existe información completa y veraz que dé cuenta de sanciones ejemplarizantes contra los integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de los crímenes cometidos en Bogotá. Tampoco se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas de construcción de paz y transformación estructural de la Policía que permitan la implementación de medidas contra la impunidad y de garantías de no repetición de la violencia policial. Con políticas públicas efectivas, no habríamos asistido a la profundización de esa violencia que sufrimos en el Paro Nacional de este 2021. Pese a que la Alcaldesa de Bogotá Claudia López mantenga un discurso de pedir disculpas por el abuso de la policía[8], sus actuaciones en el año 2021 frente a las jornadas del Paro Nacional y frente a su deber de contribuir con los avances judiciales de investigaciones y tomar las riendas de la Policía Metropolitana de Bogotá, siguen estando en deuda y concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso con el propio Decreto Distrital 563 de 2018.

Lo anterior es parte fundamental de los factores que explican los detonantes que mantienen viva la convulsión social que sienten las familiares de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales, lo que conlleva a que realicen actos conmemorativos y a la vez denuncias nacionales e internacionales sobre la ausencia de justicia, verdad y garantías de no repetición en los hechos de los que fueron víctimas por culpa exclusiva de la Policía Nacional y del Estado colombiano. Por ejemplo, la jornada de conmemoración en el barrio Verbenal en Bogotá D.C. que se llevó a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 da cuenta del dolor que se mantiene vivo en las familiares de las víctimas de este barrio y de la ciudad en general y pese a que la jornada mantuvo viva la esperanza y los anhelos de justicia, se empañó por algunas acciones violentas registradas en otros puntos de la ciudad y por la ausencia de avances investigativos significativos que sean un aliciente para las personas que rodean a las víctimas del 4S, 9S y 10S.

La deuda histórica frente a la reforma policial estructural sigue vigente

La Policía Nacional de Colombia actualmente cuenta como una entidad con un bajo nivel de legitimidad, con un amplio reconocimiento social como institución vulneradora de los derechos humanos en escenarios de manifestantes pacíficas y que gozan de una impunidad garantizada por el fuero penal militar y por la ausencia del trabajo que deben realizar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. A propósito de las nuevas jornadas de movilización social del 9 y 10 de septiembre del 2021 y las discusiones que se proyectan en el senado de la república, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas queremos retomar[9] algunos elementos centrales de la discusión vigente sobre la reforma policial, que en sus aspectos estructurales y de fondo no encuentran ningún avance en lo planteado por el gobierno nacional.

  • Es imprescindible diseñar, construir e implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana y construcción de paz que orienten la reestructuración de la Policía Nacional, haciendo uso de diferentes mecanismos de participación ciudadana que doten de legitimidad democrática y popular estos ejercicios.
  • La insistencia en la reubicación sectorial de la Policía, del sector Defensa al sector del Interior o de Justicia, tiene que ver con el alcance que puede tener el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones y en el propósito de mediano plazo de desmilitarizar la doctrina de la entidad.
  • La desmilitarización de la Policía Nacional pasa por separar los cuerpos policiales contrainsurgentes, que luchan contra el narcotráfico, EMCAR, Comandos Jungla y Comandos Especiales para que definitivamente sean parte de las FFMM.
  • Se necesita una investigación interna rigurosa que permita identificar las faltas disciplinarias y delitos que se enmarcan en violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía en las jornadas de protesta social pacífica. Es urgente el esclarecimiento total de estos casos, pues la impunidad no es tolerable en ninguna medida.
  • Es urgente que los diferentes funcionarios públicos que conforman la Policía Nacional, reciban formación integral en derechos humanos, por parte de entidades independientes del Sector Defensa y del gobierno nacional. Este proceso debe tener un carácter permanente y debe ser impartido por actor imparcial y capacitado. Se requiere profundizar conocimientos en enfoques diferenciales para el tratamiento de asuntos de seguridad ciudadana.
  • Se necesita la reforma del proceso de convocatoria y selección de integrantes de la Policía Nacional, incorporando estándares de derechos humanos.
  • La transformación de la doctrina operacional de la Policía debe ser radical y completa. La Policía Nacional colombiana no puede funcionar bajo doctrinas militares que perpetúan la visión de la búsqueda del enemigo interno.
  • Creación de una cultura de rendición de cuentas transparente, oportuna y masiva, de parte de la Policía Nacional hacia las ciudadanías, en las que se expliquen los detalles de los operativos de acompañamiento a protestas sociales.
  • Dentro de la Policía solo deben existir cuerpos que acompañen los asuntos exclusivos de seguridad ciudadana.
  • Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes.
  • Es necesario clarificar que la Policía Nacional jerárquicamente responde a su superior que son las Alcaldías y no las fuerzas militares. Esto es ratificar el carácter civil que tiene la Policía.
  • Se necesita revisar el régimen de carrera que tiene la Policía. Son demasiados rangos: 15. Las oportunidades de profesionalización de integrantes de la fuerza pública son mínimas.
  • Se necesita limitar el derroche financiero de supuestas reformas, que invierten millonarias cifras en compra de equipamientos, vehículos y uniformes nuevos, que no solucionan los problemas estructurales de la Policía.
  • Se deben generar regulaciones y prohibiciones de tácticas y procedimientos policiales abusivos, violentos y agresivos. Así como generar una restricción y limitación al abuso de la figura de traslado por protección para desincentivar la protesta social.
  • Se propone la creación de la Auditoría Policial, adscrita a la Defensoría del Pueblo, en la cual la ciudadanía haga denuncias oportunas que puedan ser atendidas por mecanismos de participación ciudadana.
  • Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes. Se requieren investigaciones judiciales independientes y eficientes en casos de violaciones DDHH en contra de manifestantes.

La comprensión de las problemáticas estructurales de la sociedad colombiana implica un abordaje integral, incluyendo una revisión particular sobre las difíciles condiciones socio económicas en este contexto ampliamente agudizadas por la pandemia, que brindan elementos para explicar la conflictividad en escenarios de protestas. La policía como institución debe transformarse para garantizar el cumplimiento de su fin misional y trascienda a la comprensión y aplicación efectiva de los Derechos Humanos, es necesario que las instituciones estatales puedan promover una reforma policial, pero que a la par realice acciones efectivas de esclarecimiento de la verdad y garantía de justicia para todas las víctimas de crímenes de Estado.

Sé parte de nuestro próximo evento y ayudanos a completar las 75 000 firmas en: https://bit.ly/38Vw1mA


Notas al final

[1] Colombia: La masacre del 9 y 10 de septiembre: brutalidad policial como ejercicio de gobierno. Somos Abya Yala. 21 de noviembre de 2020. Disponible en: http://somosunaamerica.org/2020/11/21/la-masacre-encolombia/

[2] El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía, afirman sus familiares, Contagio Radio, 9 de septiembre de 2020.  Disponible en: https://www.contagioradio.com/el-abogado-javier-ordonez-fue-asesinado-por-la-policia-afirman-sus-familiares/; Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”, El Espectador, 08 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/medicina-legal-senala-que-la-muerte-de-javier-ordonez-violenta-homicidio/

[3] Alcanzó a decir: ‘mamá, no llore’’. Madre de quemado en incendio”, El Tiempo, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-madre-de-uno-de-los-jovenes-muertos-en-incendio-en-cai-de-policia-noticias-hoy-548378; Los detalles de lo que pasó en estación de Policía de Soacha. El Tiempo, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/incendio-en-soacha-detalles-de-lo-que-paso-el-4-de-septiembre-548670; Atención: estos son los escalofriantes videos del incendio en el CAI de Soacha donde murieron ocho jóvenes. Semana, 2 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-estos-son-los-escalofriantes-videos-del-incendio-en-el-cai-de-soacha-en-el-que-murieron-ocho-jovenes/202100/

[4] Exclusivo: dos policías serían responsables del incendio en el CAI de Soacha donde murieron 8 jóvenes. Semana, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-dos-policias-estarian-involucrados-en-el-incendio-de-la-estacion-de-soacha-donde-murieron-ocho-jovenes/202157/

[5] La noche del 9S: voces de una masacre. Primera entrega. Cuestión Pública, 13 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/la-noche-del-9s-voces-de-una-masacre-primera-entrega/

[6] Veeduría Distrital, Informe “El 09 y el 10 de septiembre en Bogotá. Las cifras y datos detrás de los hechos de vandalismo y abuso policial que afectaron el derecho a la protesta social”, septiembre de 2020. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.pdf

[7] Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. Disponibles en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-1-9s/; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-2-10s/ y; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-3-10s/

[8] Claudia López rindió homenaje a las víctimas del ‘9S’ y pidió reformar a la Policía: “para las familias no ha habido verdad ni justicia”. Infobae, 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/09/claudia-lopez-rindio-homenaje-a-las-victimas-del-9s-y-pidio-reformar-a-la-policia-para-las-familias-no-ha-habido-verdad-ni-justicia/

[9] Se retoman elementos de las propuestas del profesor Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable. Periodico UNAL, 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-policial-urgente-y-estructural-pero-poco-probable/; asimismo se retoman elementos de las propuestas de proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por parte de Congresistas de la Bancada de Oposición.

¡Exigimos justicia! Violaron y torturaron a jóvenes en el CAI de Soledad 2000

¡Exigimos justicia! Violaron y torturaron a jóvenes en el CAI de Soledad 2000

Ayer, 6 de septiembre de 2021, a las 2:30 p.m. de manera virtual, se dio inicio a la Audiencia de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso penal que se sigue por los hechos de tortura y violencia sexual de los que fueron víctimas tres personas, entre los que se encuentra un joven LGBT, mientras estuvieron capturados por ejercer su derecho a la protesta social en Barranquilla, el pasado mes de mayo.

Este suceso tuvo lugar en el CAI de Soledad 2000 (Atlántico) a cargo de la policía metropolitana de Barranquilla, mientras los detenidos estaban al cuidado y vigilancia de agentes de la Policía Nacional. Durante su detención, las víctimas sufrieron agresiones físicas y amenazas por parte de los guardias de policía y los reclusos que ahí se encontraban.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación, imputó cargos de violencia sexual a los presuntos autores materiales del hecho, dejando de lado la imputación que debió realizar a los oficiales de policía que propiciaron e incentivaron el abuso sexual al igual que la tortura, al decirles a los reclusos, que había “llegado carne fresca”.
Por lo anterior, la Campaña Defender La Libertad Es Un Asunto de Todas y la Corporación Caribe Afirmativo hacemos un llamado público, a la Fiscalía General de la Nación, para que:

1. Se vincule a la Policía Nacional de manera directa en el proceso penal que está en curso, teniendo en cuenta la posición de garante en la protección y vigilancia de los derechos humanos de los detenidos, los cuales se encontraban en un estado de indefensión por su condición de privación de la libertad.
2. Que se tome en consideración para la imputación, el delito de tortura, dado los tratos crueles e inhumanos ocurridos al interior del CAI durante la detención y privación de la libertad de estos jóvenes.
3. Reiteramos que la violencia sexual y los actos de tortura que se ejercieron en contra de la víctima LGBT se dieron por móviles prejuiciosos en contra de su expresión de género diversa y la orientación sexual de la víctima.
4. Que se tenga en cuenta que el castigo físico y psicológico constitutivo de tortura, en este caso, guarda relación con su participación en las jornadas de movilización social.

¡Exigimos justicia!

Exigimos que el Gobierno Nacional acate recomendaciones de la CIDH

Exigimos que el Gobierno Nacional acate recomendaciones de la CIDH

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.

Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).

Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.

La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.

Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.

Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego  de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .

Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.

Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.

Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar  que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.

Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.

Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

Conoce aquí el informe completo.

[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/

[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/

El Estado Colombiano es responsable de agresiones a defensoras de derechos humanos durante el paro nacional del 2021

El Estado Colombiano es responsable de agresiones a defensoras de derechos humanos durante el paro nacional del 2021

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT, presenta el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles, el cual da cuenta de agresiones a personas defensoras de derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril en Colombia.

El trabajo realizado mediante las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil –CVI, por medio de la interlocución con las autoridades y recolección de información acerca de la violencia y el abuso policial, detenciones arbitrarias, lesiones personales y otras agresiones en el contexto de la protesta social, han permitido registrar casos, realizar denuncias públicas, atención jurídica y acciones de litigio estratégico e incidencia con el objetivo de exigir la garantía del ejercicio satisfactorio de la protesta social y de los demás derechos humanos en el marco de la protesta social.

En ese sentido, las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, desde una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Debido a esto, tanto la CDLAT, como las personas defensoras de derechos humanos que pertenecen a ella o a diferentes CVI, se han posicionado como un referente a nivel nacional y territorial para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en dicho marco.

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles” expone , en primer lugar, un contexto general de las agresiones que han sufrido las personas defensoras a nivel nacional, en conjunto con un análisis concreto de lo que ocurre en algunas regiones y ámbitos locales, resaltando algunas cifras que evidencian dicha actuación dirigida y que por ende, revelan los riesgos que tienen las personas defensoras en los escenarios de protesta social.

En segundo lugar, se exponen de manera preliminar y sucinta las principales violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició del 28 de abril de 2021, tales como:

  • Homicidios.
  • Lesiones personales.
  • Violencias Basadas en Género (VBG).
  • Estigmatización.
  • Judicializaciones y detenciones arbitrarias.

Para ello se reseñan algunos casos representativos de las agresiones anteriormente enunciadas en distintos territorios de Colombia como Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander y Villavicencio – Meta. Señalando la responsabilidad de distintos actores en las agresiones registradas, la cual en todas las categorías registradas la encabeza el Estado colombiano.

En tercer y último lugar, se realizan unas breves conclusiones relacionadas con los diferentes apartados de este informe, así como una serie de peticiones y exigencias dirigidas a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para que puedan desarrollar su labor e instar al Estado colombiano -una vez más- a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Este informe tiene una versión pública y una privada que fue remitida a la Relatoría Especial para las Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; dentro de la información reservada se encuentran sendos anexos que detallas la gravedad de las agresiones que hemos sufrido las defensoras de derechos humanos en este Paro Nacional 2021.

Conoce aquí el informe completo.

Misión Internacional por garantías para la protesta social y contra la impunidad visita Colombia

Misión Internacional por garantías para la protesta social y contra la impunidad visita Colombia

Entre el 3 y el 12 de julio de 2021, una misión internacional conformada por alrededor de 40 personas provenientes de 12 países: Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania y Bélgica, integrado por destacados dirigentes políticos y sociales de estos países recibirá testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en once regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales.

Esta Misión, busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas. Así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional.

Esta visita ha sido impulsada por organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia ante las graves violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública, luego de la estigmatización contra manifestantes y de la decisión del gobierno de reprimir violentamente la protesta social.

La Misión también es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y el tratamiento de guerra que se la ha dado por parte del gobierno nacional, a través de la expedición de normas como el Decreto 575 de 2021, a través del cual decreta la asistencia militar y adopta otras medidas para la conservación y restablecimiento del orden público, pero también de discursos gubernamentales estigmatizantes y negacionistas y del anuncio de reformas que limitan aún más el derecho a la protesta, esto se ve reflejado en la búsqueda de modificar el Decreto 003 de 2021,para que se penalice la obstrucción de vías públicas.

Las organizaciones impulsoras señalan que “Las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos.”

La Misión visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. También dialogará con autoridades del orden nacional para conocer la respuesta institucional y presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia, que incluyen la creación de un mecanismo de seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas.

De igual forma, el informe servirá como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países integrantes de la Misión y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

Suscriben:
Plataformas de DDHH:
– Alianza de organizaciones Sociales y Afines
– Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU
– Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Forjando Futuros
Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Boletín informativo 20: #ParoNacional

Boletín informativo 20: #ParoNacional

A DOS MESES DE PARO. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de sesenta y dos (62) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 30 de junio (11:50 am) en el territorio nacional:

  • 84 homicidios[1] de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
  • 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 84 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que dentro del universo de personas heridas: 654 son hombres, 136 son mujeres y de 990 no se reporta su género; pues muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
  • 298 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos un registro, lesiones personales con 117 casos, estigmatización con 122 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 18 casos.
  • 808 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 516 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 136 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 91 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
  • 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 61 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 18 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 22 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 18 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 3.274 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1.540 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 75 personas siguen desaparecidas según datos de la Personería de Bogotá[4].

Vemos con gran preocupación que a pesar de que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional han disminuído, las actividades de movilización social pacífica continúan y así, las vulneraciones a los derechos humanos en el país no cesan, principalmente dirigidas hacia las jóvenes en su mayoría de sectores socioeconómicos populares. Las personas menores de edad también han sido afectadas por la policía y civiles armados, de acuerdo con Humanidad Vigente Corporación Jurídica, 35 han sido víctimas de desapariciones forzadas, 134 víctimas de detenciones arbitrarias, 22 víctimas de agresiones físicas y 2 víctimas de violencia sexual[5] éstas últimas se aumentan a 3, luego del caso de abuso sexual presuntamente ejercido por un agente del ESMAD a una menor en Medellín, Antioquia.

En Bogotá, es preocupante la situación en Portal Resistencia (antes Portal Américas), la localidad de Usme y Portal Suba. En dichos puntos, las vulneraciones a los derechos humanos se presentan prácticamente a diario. El 23 de junio, un joven fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno, y el 25 de junio otra persona fallece en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas, esto se suma al asesinato del 21 de junio en Usme, la cual según versiones preliminares, se debe al impacto de un gas lacrimógeno[6], situación por esclarecer.

Rechazamos los señalamientos realizados en contra de la Primera Línea del Portal Resistencia relacionándoles como responsables de la muerte del motociclista en la noche del 25 de junio[7]; y los señalamientos realizados a la Primera Línea de Suba realizados por la alcaldesa Claudia López[8] en los que manifiesta que dicho grupo atentaría contra las estaciones de Transmilenio en la localidad, posicionando con ello la estigmatización de estos procesos populares en la opinión pública y abriendo la puerta a posibles detenciones, hostigamientos y judicializaciones.

La gravedad de estos hechos no resta importancia a las vulneraciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública en ciudades como Barranquilla, Atlántico, donde se han presentado detenciones masivas; en Paipa y Duitama en Boyacá, donde se han presentado intervenciones excesivas y múltiples agresiones a manifestantes y daños en las instalaciones de las sedes de la UPTC por lanzamientos de gases y granadas aturdidoras; y en Facatativá, Cundinamarca, donde se han presentado retenciones arbitrarias[9] y hostigamientos en torno a la toma pacífica del antiguo y abandonado centro de salud, hoy en día transformado por los y las jóvenes y habitantes del sector en un centro cultural.

Resaltamos las agresiones presentadas hacia las defensoras de derechos humanos en su labor de observación, verificación e intervención en terreno en el marco de las protestas, que se ha hecho más recurrente en la ciudad de Bogotá durante las últimas semanas y se comete de forma sistemática, ocasionando lesiones personales, estigmatizaciones por su labor y detenciones arbitrarias (o amenazas de detenciones).

Insistimos en manifestarles a las víctimas de violencias policiales que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:

LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas.
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
  • A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.

 

[1]Desde nuestro último boletín hemos registrado 2 personas asesinadas en Bogotá, los jóvenes Cristian David Castillo y Cristhian Camilo Vélez. Por otro lado, uno de los casos de los que recibimos reporte en el mes de mayo, luego de una corroboración de la información, este  no ocurrió en el marco de la protesta social.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10144/23-reportes-de-violencia-sexual-ha-conocido-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-marco-de-la-protesta-social-violencia-sexual-protesta-social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1253 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 379 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 64 en Tolima, 381 en Atlántico, 117 en Santander, 5 en Cartagena, 244 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 37 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 27 en Antioquia, 5 en Cesar, 11 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133

[5] https://humanidadvigente.net/menores-de-18-anos-victimas-en-el-marco-del-paro-nacional-28-de-abril-28-de-junio/

[6] https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1407117102499221507

[7] https://noticias.caracoltv.com/bogota/video-muestra-como-por-cuerda-puesta-por-vandalos-motociclista-pierde-la-vida-en-portal-americas

[8] https://www.elespectador.com/bogota/claudia-lopez-denuncio-amenazas-contra-transmilenio-y-sus-pasajeros/

[9] https://twitter.com/yeisoncajamarca/status/1400888060875882499?s=24