Las organizaciones de derechos humanos y sociales llevan trabajando en torno a la violencia policial y la protesta social por lo menos una década en el departamento del Valle del Cauca, en el año 2019 conformaron el Comité de DDHH del Valle donde trabajan de manera conjunta hasta la actualidad.
Un escenario relevante conformado posterior al Paro de 2021, fue el Tribunal Popular de Siloé, el cual, ha sido un escenario necesario y central para las víctimas del Estallido, se ha podido tener mayor visibilidad y alcance en la exigibilidad de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Como Campaña se documentaron 35 hechos violentos en 2022 y 2023 que incluyeron: 10 detenciones y 10 judicializaciones, 13 personas resultaron heridas y 10 denuncias por abuso de autoridad. Estos son subregistros de lo que sucede en realidad.
Ha habido un incremento en protestas desarrolladas por gremios y sectores con reivindicaciones locales, aunque la afluencia de personas es menor en comparación con el año 2021, la protesta social resulta una dinámica recurrente en la región.
En 2023 se evidenció la continuidad del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte de la nueva UNDMO pese al carácter pacifico de las manifestaciones en el departamento, y pese a los escenarios regionales coordinados por ONU, que han impulsado la transformación doctrinal de la institución.
Las organizaciones de DDHH del Tolima han identificado un aumento en la persecución y hostigamientos hacia personas LGBT por parte de la Policía, situación sobre la cual se documentó un caso de violencia policial en lo corrido de 2023.
Sobre la reforma policial, el impulso de escenarios de discusión, debate con sociedad civil y apuestas claras de aplicación de la reforma policial en la región aún es una incógnita…
Las agresiones no se han limitado a los momentos donde las personas son detenidas en espacios públicos, en varios casos se han presentado en recintos cerrados.
Entre 2022 y 2023 la Campaña documentó 46 hechos victimizantes contra las protestas: 26 detenciones, 12 judicializaciones, 3 heridos (1 lesión ocular) 1 VBG y 2 agresiones a DDHH.
En 2022 y 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 18 hechos victimizantes que incluyeron intervenciones indiscriminadas de la UNDMO y agresiones de particulares ante la inacción de la Policía.
Es notable que las movilizaciones han disminuido su capacidad de convocatoria debido al temor en torno a los procesos judiciales a los cuales se enfrentan algunas personas que participaron del Paro de 2021.
Se ha observado el aumento de pequeñas manifestaciones dispersas, con menor participación, y con objetivos específicos, por lo cual el acompañamiento en estas convocatorias barriales y en municipios se ha dificultado.
La protesta social ha pasado a ser un ejercicio altamente estigmatizado por el gobierno nacional, la prensa y los sectores de oposición, lo que ha repercutido en un tratamiento menos hostil de la protesta por parte de la Policía, no obstante, son notorias las falencias en las respuestas estatales a las exigencias y peticiones de la población.
En 2022 y lo corrido del 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 62 hechos victimizantes, entre los cuales se presentaron 42 detenciones arbitrarias, 7 personas judicializadas, 12 personas heridas (una lesión ocular), y 1 agresión contra DDHH.
La impunidad en los casos de violencia policial en el departamento es alta, lo que permite la reproducción de las violencias ya que las vulneraciones a los derechos humanos no tienen consecuencias reales.
El día 1 de junio de 2022, en la sede tecnológica de la Universidad Distrital, los estudiantes realizaron un plantón a la 1:00 pm, con el fin de exponer la situación actual del país, la desfinanciación y los problemas de infraestructura de la universidad. Aproximadamente a las 2:00 pm llegaron cuatro escuadrones del ESMAD agrediendo a los manifestantes de manera desproporcionada. Luego, a las 2:30 pm aprox, se reporta una persona herida con trauma ocular, quien fue trasladada a la Clínica Barraquer, aún se está a la espera del dictamen médico para conocer la gravedad de la lesión.
Siendo las 3:20 pm, una segunda persona fue impactada en su rostro, se desconoce el origen del proyectil que generó una grave lesión ocular; luego de una larga espera la ambulancia llegó solo hasta las 5:00 pm, pero las autoridades dificultaron su ingreso. Cuando lograron entrar, las personas que iban en la ambulancia se mostraron reacias a atender al joven argumentando que él no tenía seguro médico. Luego de unos momentos fue trasladado al Hospital Tunal, allí informaron que sufrió un trauma craneoencefálico severo[1] y la pérdida del órgano. También, se presentó un tercer herido leve, quien también tuvo dificultades para su atención médica debido al impedimento de acceso a las ambulancias.
Adicionalmente la Policía Nacional hizo circular un video en el cual se observa lo que señalan como un “explosivo” que impacta una pared o reja, elemento al cual le atribuyen las heridas de algunos de los estudiantes. Sin embargo en el mismo video se observa la presencia de gases lacrimógenos a los estudiantes y puede resultar confuso o engañoso la atribución de responsabilidad, sin investigaciones serias, imparciales y basadas en evidencia técnica.
Estos hechos se suman a 3 lesiones oculares ocurridas durante 2022: la primera, cometida contra el estudiante de la Universidad Distrital Ariel Ávila, quien fue impactado en uno de sus ojos con una granada aturdidora lanzada por el ESMAD durante la protesta del 20 de mayo en la misma universidad, la cual tenía como fin denunciar la falta de servicios públicos en la institución educativa. Esta lesión le generó a Ariel el estallido total de su ojo y la pérdida de la visión[2]. La segunda, ocurrida el 28 de abril en la ciudad de Medellín, Antioquia, contra un joven menor de edad; y la tercera, ocurrida el 28 de enero en Bucaramanga, Santander en medio de una marcha pacífica estudiantil[3].
Desde la Campaña DLAT rechazamos contundentemente los actos de violencia ejercidos indiscriminada y desproporcionadamente por agentes del ESMAD. Estas agresiones evidencian que el uso indebido de las armas potencialmente letales, los excesos de la fuerza en escenarios de protesta social, y la existencia de acciones premeditadas con el fin de infringir daño; éstas continúan siendo una de las formas en las que la Policía Nacional y el ESMAD castigan y aleccionan a la población por manifestarse. Además, son de enorme gravedad las fallas constantes en la atención médica integral, ya que termina siendo una manera de revictimización y muestra el poco interés de las instituciones del Estado en prevenir, atender y acompañar a las víctimas del accionar violento de la fuerza pública.
El daño ocasionado a las víctimas, sus familias y la sociedad en aspectos médicos, psicosociales y políticos es incalculable, por lo cual, como CDLAT, solicitamos al Gobierno Nacional, acatar las recomendaciones de la CIDH y así cumplir los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad; así mismo, el cese inmediato de las vulneraciones a los derechos humanos y las garantías para la la vida y la integridad de quienes ejercen su derecho a protestar. Es imprescindible que las víctimas cuenten con garantías en la atención médica y psicosocial, y se dé inicio a las investigaciones penales y disciplinarias sobre las agresiones denunciadas con diligencia y celeridad. Por último, hacemos un llamado a la Universidad Distrital a atender las exigencias de la comunidad académica y garantizar la atención médica oportuna para sus estudiantes.
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en el Valle del Cauca (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/02/CSPP-Informe-ApartadoValle-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en Tolima (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/02/CSPP-Informe-ApartadoTolima-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en Santander (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/01/CSPP-Informe-ApartadoSantander-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en Atlántico (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/01/CSPP-Informe-ApartadoAtlantico-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en Antioquia (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/01/CSPP-Informe-ApartadoAntioquia-PortadaWe.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
