Mediante una acción de tutela distintas personas, miembros de organizaciones sociales, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, solicitamos al Tribunal Superior de Bogotá que proteja derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidas a desaparición forzada. Entre las y los accionantes se encuentran víctimas de abuso policial, periodistas y personas que han visto vulnerado o amenazado su derecho a la protesta, acompañadas por varias organizaciones de defensa de derechos humanos y por la campaña Defender la Libertad. Con la acción se busca que se dicten órdenes al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, a la Ministra del Interior, al Alcalde Mayor de Bogotá, al Director General de la Policía Nacional y al Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá para que corrijan la forma de actuar de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y estos garanticen el ejercicio del derecho a la protesta con la adopción de políticas y prácticas afines con un Estado social y democrático de derecho.
La forma como la Fuerza Pública, específicamente la Policía Nacional, acompaña e interviene en protestas y movilizaciones pacíficas en Colombia arrastra un historial preocupante de repertorios de violencia que violan derechos fundamentales. La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización indebida de armas potencialmente letales, el uso innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestaciones y la utilización improcedente de mecanismos policiales para detener a manifestantes generan un ambiente de temor y zozobra que amenaza el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y otros asociados. Si a eso se suman las prácticas de estigmatización y militarización de la movilización, lo que aparece es un sistema de represión que desincentiva la participación ciudadana a través de la protesta, que se entiende desde un enfoque de afectación al orden público y no como el ejercicio de un derecho fundamental.
Algunos de los hechos que demuestran la existencia de prácticas sistemáticas de vulneración al derecho a la protesta y otros asociados son:
La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas sin que medie ningún hecho que perturbe la convivencia, como sucedió en la ciudad de Bogotá los días 22 y 22 de noviembre de 2019.
Las heridas causadas por armas potencialmente letales usadas por el ESMAD contra las y los manifestantes y la fuerza disponible de la Policía Nacional para dispersar multitudes, algunas de las cuales han causado afectaciones graves a la integridad personal o la muerte, como en el caso del joven Dylan Mauricio Cruz Medina.
El uso de gases lacrimógenos o agentes químicos irritantes para impedir que los y las manifestantes concurran masivamente a lugares emblemáticos de la vida política nacional, como la Plaza de Bolívar.
El uso indiscriminado del traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y el traslado para procedimiento policivo (artículo 157 del Código Nacional de Policía) con el fin de intimidar y evitar la movilización, entre otros, dentro de los cuales se han identificado prácticas que pueden dar lugar a desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, y violencias con impactos diferenciados de género sobre poblaciones sujetas a especial protección constitucional.
Para evitar que esto siga ocurriendo se han intentado diversas acciones de interlocución con las autoridades, se han desarrollado ejercicios de veeduría en terreno y se ha solicitado la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por los hechos más graves. Hasta la fecha la respuesta no ha sido otra que mantener el modus operandi y, en algunos casos, escalarlo. Por eso las y los accionantes acuden a la justicia a través de una acción de tutela y solicitan que se tomen medidas para:
Garantizar la no repetición de estos hechos a través de una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del ESMAD y de la Fuerza Pública en general. De esa mesa debería salir un informe sobre las actuaciones de este cuerpo de policía y un conjunto de recomendaciones que deberían ser aplicadas por el Gobierno Nacional; allí deberán tener asiento la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de distintos sectores de la sociedad que hacen uso del derecho a la protesta, las plataformas de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
Reafirmar la prohibición de disolución de protestas pacíficas y el deber de usar la fuerza de forma gradual, proporcional y con respeto al principio de precaución.
y sólo cuando sea estrictamente necesaria.
Eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención en protestas en donde ocurren hechos violentos. Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona.
Garantizar la correcta identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas.
Paliar los efectos lesivos de las intervenciones de la Fuerza Pública en la integridad personal de quienes se manifiestan a través de atención psicosocial, física y jurídica.
El déficit de protección al derecho a la protesta y la amenaza constante a quienes quieren ejercerlo como resultado de las prácticas sistemáticas de la Fuerza Pública requiere de una intervención inmediata y decisiva de la justicia.
Balance de situación de agresiones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional
Foto: El Nuevo Siglo
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, abuso policial y criminalización de la protesta social en Colombia. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, ha realizado acompañamiento in situ a la movilización social que se ha presentado en el país, documentado casos y sistematizando la información.
A continuación, se presenta un balance general de la situación que hasta el momento se ha evidenciado en el país. Para ello, es preciso tener en cuenta que el Paro Nacional convocado desde el pasado 21 de noviembre de 2019 ha sufrido una antesala de agresiones, estigmatizaciones y señalamientos que ha afectado el goce efectivo del derecho de reunión y asociación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
Antecedentes del Paro Nacional: Allanamientos y militarización
El 15 de noviembre, seis días antes de que iniciara la jornada de Paro, el Gobierno Nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército Nacional en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Nueve contingentes de la Brigada XIII fueron desplegados en Bogotá. Más de 350 soldados[1] intervinieron en monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en la ciudad. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la participación de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información conocida a través de las autoridades.
Es importante recordar que las Fuerzas Militares no deberían intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo casos excepcionales.
De otra parte, el día 19 de noviembre desde las 6:00am, se llevaron a cabo –de acuerdo a la confirmación de las autoridades- 37 allanamientos[2]a casas y sedes de trabajo de medios de comunicación en todo el país. De estos, hasta la fecha, 21 se han declarado ilegales en el posterior control judicial que se hace de los mismos, debido a que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que legitimara esta acción.
La información suministrada por las autoridades, señalaba que estos allanamientos se hacían contra personas que posiblemente podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes al movimiento social. Algunos de los elementos incautados fueron afiches, pinceles y pinturas.
Decreto y directrices frente al Orden Público
El 19 de noviembre de 2019, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087 de 2019, por medio del cual se orientaron medidas para el mantenimiento del orden público. En el artículo 3 se estableció: “Se hace un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”.
Este llamado propició las condiciones para que por lo menos ocho ciudades (Bogotá, Cali, Facatativá, Chía, Candelaria -Valle del Cauca-, Jamundí, Buenaventura y Popayán) decretaran toques de queda que afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación, a la protesta social entre otros, sin que existieran razones suficientes para que estas restricciones se impusieran al conjunto de la ciudadanía; puesto que, los hechos de alteración al orden público eran focalizados en pocos puntos.
Detenciones y judicializaciones arbitrarias
Durante los primeros diez días de Paro Nacional, se han presentado en el país 914 detenciones, de estas 835 han sido en Bogotá, 26 en Popayán y 25 en Barranquilla. De estas 914 personas, 47 personas (5,6%)[3] han sido judicializados, y las demás (94,3%) han sido trasladas por protección o por procedimiento policivo. En el primer caso, las personas que fueron capturadas en supuesta flagrancia, fueron por los delitos de violencia contra servidor público. Sin embargo, en un alto porcentaje fue decretado ilegal el procedimiento de captura, tanto por no existir los elementos que la justificaran, como por las agresiones físicas que recibieron durante su desarrollo.
En el segundo caso, las personas fueron conducidas bajo la figura de traslado por protección y traslado por procedimiento policivo (artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016). Ésta establece que la persona solo podrá ser conducida cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, al funcionar como una detención administrativa, se ha hecho un uso abusivo de esta facultad, y se ha utilizado como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, configurándose en la mayoría de los casos, como detención arbitraria.
En algunos de estos casos se han presentado tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en CAIs o estaciones de Policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a partir de dispositivos de control eléctrico y finalmente, a algunas personas se les fractura sus manos producto de golpes dados con la tonfa o con patadas.
Adicionalmente, en Bogotá, más de 418 personas que fueron trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, el cual se impone por alteración a la convivencia, en muchos casos, argumentando obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que supera los $196.720, se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.
Uso indiscriminado y desproporcional de la fuerza
Otro de los aspectos que han afectado el desarrollo de la protesta social es el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Actualmente, se registran más de 300 heridos, entre ellos algunos jóvenes heridos con arma de fuego por parte de la Policía, como lo es el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala que recibió en su espalda. Adicionalmente, otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del Esmad, y otras 2 personas tienen su pierna en riesgo por el impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.
De otra parte, se encuentra el asesinato de Dylan Cruz, un joven que participaba de una movilización pacífica y que fue intervenida por el ESMAD sin justificación alguna el pasado 23 de noviembre. La munición disparada por el ESMAD, si bien se encuentra dentro de las armas permitidas, su uso indebido ocasionó la muerte del joven, dado que, según normas internacionales, este tipo de armas solo pueden lanzarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo a las extremidades inferiores, y no al rostro, como ocurrió, pues su riesgo letal está establecido en normas internacionales. Llama la atención que un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD decirle a otro: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.
La intervención del ESMAD se ha dado, en la mayoría de los casos, sin que exista una razón aparente para ello. El 22 de noviembre intervinieron la Plaza de Bolívar con más de 5.000 personas, pese a que era una concentración totalmente pacífica. Es de recordar que la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”.
Estigmatización y daño al buen nombre
Las organizaciones de defensores de derechos humanos denunciamos el uso arbitrario de los llamados “carteles de vándalos” en varias ciudades del país, en los cuales se publica sin ningún tipo de verificación e individualización, fotografías de jóvenes que han participado en la protesta social. El uso de estos carteles vulnera los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, así como a la intimidad y a la integridad. Es de recordar que la nación ya ha sido condenada por el uso de este tipo de carteles en protestas anteriores.
Violación a la intimidad y el abuso de autoridades frente a información personal
Hemos recibido de denuncias sobre el accionar de algunos funcionarios de la Policía, los cuales han retenido a jóvenes y les han exigido tener acceso a su celular, para verificar la información relativa a redes sociales y mensajes personales, en aras de establecer una relación de ellos con la movilización, y así justificar una supuesta vinculación con acciones delictivas. Esto constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad. Recordamos a la ciudadanía que este acceso solo se puede dar si existe una orden judicial que lo ampare.
Agresiones a defensores/as de derechos humanos
Los y las defensoras han sido atacadas de distintas formas durante su accionar legítimo como Comisiones de Verificación, reconocidas en la Resolución 1190. En primer lugar, la policía ha amenazado con imponer comparendo policial por una supuesta obstrucción del procedimiento policial en las labores de verificación de situación de detenidos, lo cual ha constituido un amedrentamiento en aras de disminuir las acciones que las Comisiones realizan.
En segundo lugar, han sido atacados de manera física y verbal por parte de distintos agentes de policía uniformados o particulares. El 23 de noviembre, luego de los hechos acontecidos con Dilan Cruz, el ESMAD llegó a la zona de concentración y lanzó balas de goma. Una de ellas impactó en el labio de un defensor de derechos humanos.
[1] Batallón Colombia, Batallón de Facatativá, Batallón de Fusagasugá, PM 15, PM 13, Batallón de Guardia Presidencial, Batallón Energético Cubará, Batallón de Artillería y Batallón de Alta Montaña No. 1 Sumapaz.
[2] De estas, 27 en Bogotá y Soacha, 6 en Cali y 4 en Medellín.
[3] Estas judicializaciones han sido en Bogotá (19 casos), Medellín (3) y Popayán (25).
Asunto: Activación de Alerta Temprana Preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos como judicialización, agresiones a integridad física y psicológica de estudiantes y ciudadanía de Bogotá D.C.
Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las autoridades competentes, sobre situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos manifestantes, estudiantes y transeúntes de la ciudad de Bogotá D.C., que en el occidente de la ciudad capital, a la altura de la calle 26 con carrera 68 (Salitre el Greco), se están manifestando públicamente y/o se encuentran en medio de las jornadas de protestas en el marco del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019.
En particular ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS y circunstancias que se han reportado desde las diferentes Comisiones de Verificación de las que dispusimos para acompañar las jornadas de movilización convocadas para el día de hoy.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Desde la 1:24 Policías motorizados de la fuerza disponible y Agentes del ESMAD empezaron a intervenir la movilización que salía desde la Universidad Nacional. Dicha intervención se dio a la altura de la calle 26 con carrera 68, en donde la Policía intervino con gases lacrimógenos, aturdidoras y marcadoras, esto para evitar que la movilización siguiera su curso hacía el Aeropuerto el Dorado.
A las 2:42 pm a la altura de la calle 26, se identificaron policías que, de manera excesiva y desproporcionada, están utilizando la fuerza para realizar detenciones, sin motivo aparente, a estudiantes que participan de la jornada de movilización en Bogotá.
Se identifica que frente al protocolo de evacuación que debe realizar la policía y el ESMAD, se presentaron irregularidades en su desarrollo, toda vez que se ejerció un abuso de la fuerza tanto frente a ciudadanas manifestantes, como inclusive, frente a integrantes de la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS.
Alertamos que la dispersión que se ha generado a manifestantes y ciudadanas, no cumple, ni respeta los protocolos de respeto de derechos humanos, pues se ha abusado de la fuerza desproporcionalmente.
Se alerta sobre hechos de potenciales agresiones y violaciones de derechos humanos en el punto del Gran Estación y Salitre el Greco.
Se reportan aproximadamente 20 detenciones, al parecer de manera arbitraria, y 3 manifestantes heridos
Hasta el momento de esta publicación se reportan 73 detenidos a Nivel Nacional, en la mayoría de las capturas no se informa la razón de la detención.
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.
Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- INFORMAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, que siendo las 12:00 del día, en la ciudad de Bogotá se presentan 21 casos de detenciones a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la movilización del Paro Nacional del día 21 de noviembre de 2019. Adicionalmente, en la ciudad de Popayán, se reportan 2casos más de detención a ciudadanos que se disponían a ejercer su derecho a la movilización social. En la ciudad de Medellín se registran 3 detenciones, en Soacha 4 y 4 en Norte de Santander. Esto, para un total de 34 detenciones a nivel Nacional, en el marco de la jornada de protestas del día de hoy.
Junto con lo anterior, se reporta un herido en la ciudad de Bogotá, a la altura de la primera de mayo con calle 10. El joven fue impactado en el cuello por una bala de goma que disparó un agente del ESMAD.
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.
Así le fue a la protesta social durante el primer año del Gobierno de Iván Duque
El Presidente Iván Duque cumplió un año de mandato el pasado 7 de agosto de 2019. Durante los primeros 365 días de su gobierno se evidenció una tendencia al alza en la movilización social. Estudiantes, indígenas, campesinos, transportadores, entre otros sectores, se han movilizado a través de paros y movilizaciones para exigir garantía de sus derechos.
El presente informe elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, presenta las principales agresiones a la protesta social durante el primer año del mandato del Presidente Iván Duque, periodo que coincide con el primer año en funcionamiento del Protocolo de Protesta Social (Resolución 1190).
El ejercicio al derecho de reunión y asociación durante este año se ha visto afectado por un incremento de una narrativa estigmatizante de la protesta social por parte del Gobierno Nacional. Durante este año de mandato, altos funcionarios del gabinete, como lo es el señor Guillermo Botero, actual Ministro de Defensa, ha realizado declaraciones estigmatizantes y descalificadoras hacia el ejercicio de la movilización y las personas que participan en ella. Con frases como: “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías” ha propiciado un ambiente hostil hacia el ejercicio de la protesta como derecho.
Estas declaraciones han tenido un impacto en la actitud de los agentes de policía destinados a la protección de la protesta, manifestada en mayor violencia institucional y un uso arbitrario de sus facultades.
El Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social ha reportado que durante el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2019 se presentaron 126 agresiones por parte de la fuerza pública a la protesta social. Estas agresiones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), la Fuerza Disponible de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Las principales modalidades de agresión fueron la dispersión de la movilización (32%), utilización indebida del armamento (28%), detenciones arbitrarias (10%), uso de armamento no convencional (6%), uso de armas de fuego (5%), tortura (2%) y otros (4%).
El lanzamiento de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la población manifestante, y la utilización indebida del armamento para el control de multitudes, como bombas aturdidoras, disparo de gases al rostro, entre otras, ha ocasionado que se produzcan en los últimos 365 días de mandato, 246 personas heridas, de las cuales 5 sufrieron graves lesiones en su rostro, ocasionándoles la perdida de uno de sus ojos.
Para garantizar que esta situación de vulneraciones y agresiones a la protesta social no continúen en un Estado que se dice democrático, es primordial que el Gobierno Nacional implemente la Resolución 1190 de 2018 por medio de la cual se adopta el «Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica».
Este Protocolo crea la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella, un espacio de dialogo entre la institucionalidad y la sociedad civil, el cual puede permitir avanzar en la creación de mecanismos idóneos para garantizar los derechos de quienes deciden salir a las calles a manifestarse. La Mesa de Seguimiento aún no ha sido instalada por el Gobierno Nacional. Cada día que pasa sin la implementación del Protocolo Nacional de Protesta Social se incrementa la agresividad hacia la protesta social y afecta la construcción de una paz estable y duradera.
En la Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas, tenemos nueva página Web. Conoce quiénes somos y encuentra las noticias más recientes, así como también las denuncias y pronunciamientos sobre detenciones arbitrarias, persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.
