por Campaña | May 10, 2021 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS y el el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS denunciamos ante la opinión pública y las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas y ciudadanos manifestantes, que en la provincia de Ubaté, Cundinamarca se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.
HECHOS
- Desde el 29 de abril de 2021, defensores y defensoras de derechos humanos en conjunto con manifestantes han ejercido su derecho a la protesta de manera pacífica en la provincia de Ubaté. En este marco, las personas defensoras han realizado acciones de verificación y veeduría al actuar de la Fuerza Pública. Cabe notar al respecto que el Ejército y la Policía Nacional han agredido y empujado a los y las lideresas y defensoras en este marco.
- En específico, el día 08 de mayo de 2021, personas vestidas de negro si dirigieron a un grupo de defensores amenazando a algunos de ellos exigiéndoles que “cerraran la boca y no se metieran o los matarían”. De manera particular, les manifestaron que ELÍAS HELO, defensor de derechos humanos del municipio, debía tener cuidado porque lo iban a matar.
EXIGIMOS
- El respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que han ejercido las y los ciudadanos en la provincia de Ubaté.
- El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y su presencia en terreno.
- Garantías para que las comisiones de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos
- Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social. Se recuerda que el derecho a la protesta está relacionado con el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación política.
Recordamos igualmente el nivel de riesgo al que se encuentran sometidas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y que nos hace contar hasta el día de hoy 60 líderes y lideresas sociales asesinadas, lo que hace imperativo a las entidades territoriales y nacionales el despliegue de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como parte esencial de la democracia. La respuesta estatal no puede continuar siendo la militarización de los territorios y la estigmatización y criminalización de la defensa de los derechos humanos, sino la adopción de garantías integrales que amplíen la participación de la sociedad civil.
por Campaña | May 10, 2021 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Empadronamientos, Movilización Social, Noticias
El día de ayer domingo 09 de mayo de 2021, en el municipio de La Calera Cundinamarca, denunciamos hechos de seguimiento, hostigamiento y violación a la privacidad por parte de personas no identificadas, contra Lina Maria del Mar Preciado Cristancho, Luisa Fernanda Preciado Cristancho y Herminia Cristancho Cristancho.
Hechos:
- Desde el inicio del paro nacional el 28 de abril del presente año, las denunciantes han participado activamente de algunas de las actividades convocadas en el municipio de La Calera, en el ejercicio del derecho legítimo a la protesta.
- El día de hoy se convocó una movilización y caravana en el municipio de La Calera en apoyo al paro nacional, actividad que se realizó a las 9:00 A.M y luego a las 3:00 PM.
- Hacia las 3:15 P.M salieron de su casa y se dieron cuenta de la presencia de un dron que sobrevolaba exactamente sobre las bodegas del predio, apuntando directamente hacia la vivienda; el dron continuó el recorrido rodeando todo el predio. Decidieron continuar con su camino a pie y percibieron que el dron empezó a seguirlas por la vía principal. En ese momento, una de ellas tuvo que volver a la casa por el tapabocas y el dron se devolvió detrás de ella.
- Luego de presenciar la caravana de movilización realizada en el municipio, hacia las 5:00 P.M, una de ellas volvió a la casa y el dron continuaba grabando a unos 2 mts de distancia del suelo y grabó directamente la cara de ella. Los inquilinos informaron que el dron se mantuvo durante más de dos horas grabando a través de las ventanas de la casa, rodeando toda la vivienda y violando el derecho a la privacidad.
- En ese momento, se comunicaron con la Estación de Policía de La Calera y una mujer atendió la llamada, se le informó del hostigamiento y violación a la privacidad que estaba realizando por mas de dos horas el dron, a lo que ella respondió con dos versiones: 1) Según la primera versión, respondió que efectivamente se estaban grabando algunas casas cerca de la estación de policía, por permiso que había otorgado la policía y la Alcaldía municipal. 2) La segunda versión fue que se estaba grabando cerca a Fedepapa y las casas cercanas.
- Cuando las otras dos denunciantes llegaron a la casa, encontraron que frente a la vivienda estaba parqueada una moto de la policía con placas Nº IOQ-71F y Nº de identificación de la policía 19-3159, junto con dos policías; quienes se encontraban mirando directamente hacia la casa. Luego de grabar la moto y los hechos, se les indagó si sabían quién estaba manipulando el dron, y en actitud agresiva respondieron que: “si no saben ustedes, nosotros tampoco”, así como que no tenían conocimiento al respecto y que no podían hacer nada. Inmediatamente se subieron a la moto y se fueron.
- A las 5:19 P.M, a LINA le llegó un mensaje por medio de WhatsApp de un número desconocido, en el que le informaban de la presencia de carros del ESMAD en la perimetral y que estaban vestidos de civil, además de la presencia de una camioneta (indicando placas), la cual presuntamente llevaba policías de civil en el casco urbano. Al rastrear el número de celular de origen de los mensajes, por medio de Facebook, se trata de un hombre que viste prendas de uso privativo del ejército nacional.
Consideraciones:
- Se desconoce la procedencia del dron y se alerta de que puede ser presuntamente manipulado por la policía nacional o por personas no identificadas. Ambos hechos reprochables e intimidatorios, teniendo en cuenta el contexto nacional de seguridad.
- Durante varios días hubo presencia de la policía nacional y el ejército frente a la casa de las denunciantes, debido a que el paro camionero se llevó a cabo en este lugar de la avenida principal. Por este motivo, se alerta en esta denuncia de los posibles seguimientos y perfilamientos que pudieron darse a lugar durante estos días de protesta en los que la policía y el ejército pudo registrar quiénes, cuándo y a qué hora se ingresaba y salía de la vivienda.
- En el municipio de La Calera se ha venido protestando en contra de la nueva estratificación que perjudica a los ciudadanos, la cual se dice que desconoce el contexto de pandemia, entre otras críticas. Por este motivo, el día de hoy lunes 10 de mayo de 2021, se citó a Herminia Cristancho a sesión del Concejo Municipal por haber sido integrante del Comité de Estratificación durante la administración anterior. Luego de que el Alcalde municipal haya hecho señalamientos contra Herminia.
- No es la primera vez que se dan señalamientos, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos contra las denunciantes y contra los demás participantes de la movilización social en La Calera.
SOLICITAMOS A
CARLOS CENÉN ESCOBAR, Alcalde de La Calera y RICARDO ANDRÉS TORO, Comandante de la Estación de Policía de La Calera, que rechacen estos hechos vulneratorios de los derechos de las denunciantes y permitan establecer escenarios para la garantía y el respeto a la participación ciudadana en la conducción de asuntos públicos.
A NICOLÁS GARCÍA BUSTOS, Gobernador de Cundinamarca que brinde garantías políticas para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. Asi mismo que imparta directrices donde se investiguen estos hechos que permitan esclarecer estos hechos.
MINISTERIO PÚBLICO que investiguen estos hechos anteriormente denunciados que den lugar a individualizar responsables, así mismo, proteger de forma particular al núcleo familiar afectado por estos hostigamientos.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza de
IVAN DUQUE MÁRQUEZ, por cualquier vulneración a los derechos humanos contra las denunciantes y demás participantes de la movilización social en el municipio de La Calera.
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por Campaña | May 9, 2021 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas rechaza los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre las manifestantes y las protestas sociales que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril del 2021.
Funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno; han realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanas, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.
El primero en promover estos discursos de odio fue el señor Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno, quien publicó el 30 de abril en su red social Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Esta red social dispuso que Álvaro Uribe Vélez debía borrar esta publicación por considerar, de acuerdo con sus políticas, que se trata de una “glorificación de la violencia”.
Posteriormente, el 1 de mayo, el Ministro de Defensa patrulló las estaciones de policía de Cali y le dijo a los uniformados: “merecen el reconocimiento y la admiración de todos los ciudadanos”[1], luego de que se denunciara la muerte de 16 personas en esa ciudad, varias de ellas por posibles impactos de armas de fuego accionadas por agentes de la Policía Nacional, desde que inició el Paro Nacional.
Un día después, el 2 de mayo, el alcalde de Pereira convocó a civiles a hacer un “frente común” con las fuerzas del orden para “recuperar el orden” de la ciudad. Tres días después, vehículos se dirigieron al Viaducto de Pereira y dispararon 8 veces en contra de la vida de Lucas Villa. Otras dos personas resultaron heridas.
Anoche el país tuvo otras dos víctimas mortales a causa de los disparos de particulares. Uno de ellos es Héctor Fabio Morales, de 24 años, quien se encontraba en el Parque Olaya de Pereira, en uno de los puntos de concentración del Paro Nacional y recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en el cráneo. Paralelamente, en la ciudad de Cali, habitantes denunciaron que varias camionetas particulares dispararon en tres ocasiones contra los manifestantes y una brigada médica y de derechos humanos dentro de la que se encontraba la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el sector de La Luna. Tres personas resultaron heridas, una de ellas falleció.
Es innegable que los discursos promovidos por funcionarios públicos del mayor nivel y líderes del partido de Gobierno han incentivado una práctica criminal y violenta por parte de personas que, con la connivencia y/o tolerancia de agentes de la fuerza pública, han emprendido un ataque sicarial en contra de las manifestantes.
Esta preocupación que tenemos como organizaciones de derechos humanos también ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quienes señalaron en un comunicado el 7 de mayo de 2020, “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como «terroristas», «enemigos» o «delincuentes»”[2].
Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que, atendiendo lo dispuesto en la Directiva 002 de 2017, adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes en contra de todos los servidores públicos que hayan realizado conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de la protesta social, entendida esta como un derecho fundamental. De igual manera, le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones penales en contra de todas las personas que, a través de sus discursos, han instigado crímenes en contra de los manifestantes.
Recordamos que los discursos de odio y discriminatorios que inciten a causar daño a otras personas o grupos de personas no están amparados por la garantía constitucional con que cuenta la libertad de expresión. Derecho que está consignado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y en el artículo 20 de la Constitución Política. En estos instrumentos está claramente establecido que la libertad de expresión tiene límites, toda vez que “(…) entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” (art. 19, PIDCP).
Por su parte, el Pacto de San José señala de manera expresa: “(…) Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” (art. 13, CADH). Asimismo, la sentencia C-442 de 2011 de la Corte Constitucional refiere que dentro de los contenidos prohibidos para los discursos se encuentra la apología del odio. Finalmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe de 2015 señala que: “en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos.”
Por ello, exhortamos a los organismos internacionales a estar alertas frente a las situaciones advertidas en esta comunicación.
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS – CSPP
RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – RED CAA
RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS – RUD
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR
COLECTIVO JURÍDICO POPULAR DE ENGATIVÁ
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP
CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE
COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS – CPDH
CIUDAD EN MOVIMIENTO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICA Y PAZ – CIJP
[1] Ver más en: https://twitter.com/mindefensa/status/1388363856225914880
[2] CIDH. La CIDH y su RELE expresan preocupación ante la gravedad y elevado número de denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales en Colombia. Publicado el 7 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp
por Campaña | May 8, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de nueve días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 m) en el territorio nacional:
- 451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 32 sufrieron lesiones oculares. 32 fueron heridas por arma de fuego. 67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 1.291 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- 32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía.
- 216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471.[2]
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social. Estas medidas responden a un escenario de miedo y confrontación que ha sido promovidas por el gobierno de Iván Duque y personalidades políticas como Álvaro Uribe Vélez a través de prácticas de terrorismo de estado para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social.
Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la violación de derechos civiles y políticos.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
- Al Gobierno Nacional, que se abstenga de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- A la Fiscalía general de la Nación cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.
[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 560 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 153 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 11 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 47 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 24 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 63 detenciones reportadas sin ubicación.
[2]https://coeuropa.org.co/471-personas-desaparecidas-en-las-movilizaciones-que-iniciaron-el-28-de-abril-mesa-de-trabajo-sobre-desaparicion-forzada/
por Campaña | May 8, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de siete días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 pm) en la ciudad de Bogotá:
- 133 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 14 sufrieron lesiones oculares. 8 fueron heridas por arma de fuego. 33 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 6 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 560 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 383 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- 1 persona falleció presuntamente por el accionar de la fuerza pública o por civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por esclarecer su relación con las protestas).
- 28 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social.
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género, tortura, tratos crueles e inhumanos y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.
Llamamos la atención sobre la falta de coordinación de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Bogotá y los entes de control en suministrar datos oportunos y certeros de carácter oficial sobre el número de personas heridas y detenidas en la ciudad y el lugar de su traslado; con esta falta de información, se han propiciado condiciones que generan un riesgo permanente de la ocurrencia de hechos de desaparición forzada en el marco de las conducciones y detenciones arbitrarias durante las jornadas del Paro Nacional en la ciudad. Además, los traslados por protección no se están desarrollando de manera inmediata a los lugares destinados para ello, en su lugar las personas están siendo llevadas a estaciones de Policía y CAI, lo que no permite la localización y comunicación con las familiares y abogadas, y así mismo, brindar las garantías de derechos de las detenidas.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Distrital, que brinde las garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad.
- A la Alcaldía Distrital, la NO MILITARIZACIÓN de la ciudad.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] El registro de detenidas en Bogotá por día es el siguiente: 81 detenidas el 28 de abril, 61 el 29 de abril, 85 el 30 de abril, 75 el 01 de mayo, 58 el 02 de mayo, 38 el 03 de mayo, 62 el 04 de mayo, 71 el 05 de mayo y 29 el 06 de mayo.
por Campaña | May 7, 2021 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de organizaciones y defensoras de derechos humanos en la ciudad de Pereira, Risaralda se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.
- HECHOS
- El día 7 de mayo de 2021, defensoras de derechos humanos se encontraban realizando desde su vehículo, una denuncia de los hechos ocurridos en Pereira en el Senado de la República. Allí se dejó la alerta de SOS Emergencia en esta ciudad.
- Inmediatamente después, cerca de las 11:29am del día 7 de mayo del 2021, un sujeto no identificado en una moto color naranja, empezó a realizar grabaciones con una go-pro a las defensoras de derechos humanos ubicadas en el viaducto César Gaviria en el sentido Pereira-Dosquebradas. Uno de los defensores inició a grabarlo, y el sujeto emprendió la huida, por lo cual no fue posible tomar las placas.
- En el mismo punto, un carro blanco de placas IVQ 564 de Cali, sacó un arma y empezó a gritarle a las defensoras: “se tienen que armar hijueputas, eso no es así tomando vías, se tienen que armar, cuando quieran…” sacó un arma y se las mostró.
- EXIGENCIAS
- El respeto y garantías de los derechos a la vida, la integridad personal y a defender los derechos, acompañando a quienes ejercen el derecho a la protesta social pacífica en la ciudad de Pereira, Risaralda.
- El acompañamiento urgente del Ministerio Público, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como de la Personería de Pereira, ejerciendo sus roles de protección a las defensoras de derechos humanos en la ciudad.
- Realizar una misión de verificación de carácter humanitario para acompañar a las víctimas de violencia policial, incluyendo los casos de defensoras de derechos humanos, que han sido objeto de hostigamientos.
- Que en adelante la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales del uso de armamentos letales y no letales.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social, así como de los derechos de quienes acompañamos a las manifestantes.
