Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, el COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO y el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas y ciudadanos manifestantes, que en el municipio de Guasca, Cundinamarca se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.
HECHOS
El 6 de mayo de 2021 en horas de la mañana un joven que se encontraba en uno de los puntos de cierre vial intermitente en el municipio de Guasca, Cundinamarca, fue amenazado con arma de fuego para que se retirara de ese lugar, indicándole que si no accedía iban a actuar por la fuerza.
El mismo día, en horas de la noche, un sujeto amenazó a las y los ciudadanos que se encontraban en ejercicio de sus derechos, estableciendo que si no lo dejaban pasar sacaría un arma de fuego y atentaría contra todas las personas que se encontraban allí.
Existen señalamientos sobre la consolidación de acciones por parte de civiles, que tienen como objetivo reprimir de manera violenta el ejercicio legítimo al derecho a la protesta de las y los manifestantes.
EXIGIMOS
El respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que han ejercido las y los ciudadanos en el municipio de Guasca.
El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y su presencia en terreno.
Garantías para que las misión de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos
Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley . Naciones Unidas. 1990
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social. Se recuerda que el derecho a la protesta está relacionado con el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación política. “El derecho a la protesta es el fundamento mismo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas y ciudadanos manifestantes, que en el municipio de Tenjo, Cundinamarca que se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.
ANTECEDENTES:
1. El día cuatro (4) de mayo de 2021 a las 9:30 pm en el sector de cuatro caminos, Tenjo, Cundinamarca veinte jóvenes desarrollaban una jornada de protesta pacífica en el marco del paro nacional. En dos oportunidades personas armadas con revólveres y en camionetas blindadas disparan tiros al aire y amenazan a los jóvenes que detenían la vía Tenjo-Bogotá DC.
2. Minutos después de este hecho, el ex concejal y ex candidato por el centro democrático a la alcaldía municipal Daniel Gutiérrez emite un comunicado por su página oficial de Facebook que dice literalmente “La protesta social no puede afectar los derechos y tampoco impedir las actividades esenciales de los demás. Se debe atender y mantener el orden público en toda nuestra jurisdicción”.
HECHOS
1. A las 3:10 pm, del cinco de mayo de 2021 pm en el sector de cuatro caminos , Tenjo, Cundinamarca, aproximadamente cincuenta jóvenes del municipio desarrollaban una jornada de protesta pacífica en el marco del paro nacional. Cuando más de veinte personas de civil y armados con palos se acercan a la manifestación para intimidar a los jóvenes. Instantáneamente dos camionetas de vidrios polarizados y blindadas que presuntamente tienen armas de fuego llegan al lugar a intimidar junto a las personas a pie.
2. Los manifestantes se comunican con el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el secretario de Gobierno, quien rápidamente llega al lugar de los hechos en compañía de seis agentes del Ejército Nacional quienes ayudan a solucionar la tensión entre manifestantes y las personas de civil.
Por todo lo anterior exigimos a las autoridades civiles nacionales, en cabeza del Presidente Iván Duque y departamentales, en cabeza del gobernador de Cundinamarca Nicolás García, a la Alcaldía Tenjo en cabeza de la alcaldesa Sonia González, a la personera municipal, a la Defensoría Del Pueblo, a la Policía Nacional tomar las medidas urgentes y necesarias para proteger la integridad, la vida y la libertad de los manifestantes. Así mismo adelantar todas las acciones necesarias para garantizar el legítimo derecho a la protesta.
Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance de la jornada de movilización del 1 de mayo de 2021 donde se continuaron presentando agresiones por la fuerza pública en el marco de la jornada contra la reforma tributaria. De acuerdo con el registro, se contabilizaron 374 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
La decisión del gobierno nacional de militarizar las principales ciudades es una estrategia político- militar para evitar que la protesta social siga creciendo en el país y que la gente exija sus derechos, actuaciones propias de la DICTADURAS, en donde se crean los estados de sitio a fin de restringir la democracia.
Tipo de hechos
Cantidad
Contra los manifestantes
Privaciones de la libertad
264
Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
36
Empadronamientos
1
Hurtos
1
Comparendos
2
Amenazas
2
Contra la protesta social
Militarización de la protesta social
4
Hostigamientos
3
Disparos armas de fuego
3
Agresiones indiscriminadas
2
Uso inadecuado de armas de menor letalidad
1
Presencia paramilitar
1
Porte armas de fuego
1
Hurtos
1
Personas presuntamente desaparecidas
Desaparecido
22
Apareció
23
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Obstrucción a la labor
2
Obstrucción a la labor de prensa
2
Amenazas
1
Contra personal médico
Obstrucción labor APH
2
Total agresiones
374
Durante el 1 de mayo el Puesto de Mando Unificado Popular, recibió numerosas denuncias y llamadas. De acuerdo a las cifras, destacamos que:
La fuerza pública, ha hecho no solo uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, sino que ha actuado con toda la intención de causar daño contra la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
Continuidad de la presencia de estructuras paramilitares, quienes siguieron agrediendo a los manifestantes. Se conoció por redes sociales un video grabado en la ciudad de Envigado donde se ve a un hombre en un vehículo portando un arma de fuego y expresando que “tiene la orden del patrón de dar de baja a vándalos- delincuentes”, lo cual pone en grave peligro la integridad de la ciudadanía y en especial a quienes se manifiestan.
Preocupa que nuevamente se haya obstaculizado la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes continuaron siendo víctimas de amenazas, hurtos y represión. Denunciamos que varias defensoras y defensores fueron amenazados con arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
En el caso de los datos de personas reportadas como desaparecidas, se informa que a la fecha no hemos tenido reportes de que haya aparecido. No obstante, la exposición de la cantidad nos permite alertar sobre una eventual política de agresión en contra de la libertad de quienes participan de las protestas sociales.
El 1 de mayo se conoció mediante un video el asesinato de un ciudadano a manos de un policía. Según información allegada la víctima POSIBLEMENTE estaba en las protestas espontáneas que se desarrollaron en el barrio 12 de octubre de Medellín. Exigimos a las autoridades competentes aclarar este hecho.
Durante la manifestación del 1 de mayo se reportaron agresiones contra funcionarios públicos de la Personería de Medellín por parte de policiales.
Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social. Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.
Desde la FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD DE MARCHA PATRIÓTICA BOGOTÁ Y LACAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS,ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA a las entidades territoriales competentes en Bogotá D.C., sobre la situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas manifestantes, estudiantes y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, las cuales hacen presencia en diferentes puntos de concentración y movilización en la ciudad.
ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS que se han reportado desde diferentes Comisiones de Verificación e Intervención – CVI – en terreno, quienes informan que se presentan disparos de armas de fuego, incendios y diferentes focos de violencia no identificada, así como la presencia de Fuerzas Militares y de personas civiles vestidas de negro con cascos tomándole fotos a las manifestantes que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta en estos momentos en la ciudad de Bogotá D.C.
EXIGIMOS todaslas garantías necesarias para que todas las manifestantes y CVI de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos puedan regresar a sus hogares en tranquilidad y encontrando salvaguardadas sus libertades e integridad personal.
RESPONSABILIZAMOS a las autoridades gubernamentales de Bogotá D.C. de las violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir, toda vez que tienen el deber de garantes de los derechos de las personas manifestantes y defensoras de DD.HH. y deben disponer de los equipos en terreno de las Secretarías de Gobierno y Seguridad; asimismo a la Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, en su deber de acompañar a las manifestantes en terreno, frente a los riesgos que se han puesto de presente en esta alerta.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas. Por lo cual rechazamos vehementemente la permanencia de los patrones de criminalidad de la Policía Nacional, del ESMAD que han abusado de su autoridad y de la fuerza en la ciudad capital.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com y/o también al número celular por la red social whats app: 313 392 19 16.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y las organizaciones que en ella se agrupan, rechazamos rotundamente la continuidad de la práctica de abuso de poder del Estado a través de montajes judiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza. En esta oportunidad, se presenta una persecución a la labor de defensa de los derechos humanos que ha adelantado la compañera Erika Isabel Prieto Jaime, quien hace parte del Congreso de los Pueblos, organización articulada a la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.
Erika Isabel Prieto Jaime, es una reconocida mujer joven luchadora y lideresa de diferentes procesos organizativos territoriales y por asumir diferentes roles en el marco del ejercicio de acompañamiento de las jornadas de movilización ciudadana y de la protesta social, esto es, en la defensa de los derechos humanos en los territorios, junto a las comunidades, en los Puestos de Mando Unificado Populares, en las jornadas de trabajo de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y en las dinámicas del movimiento social colombiano. Destacamos sus capacidades como defensora y el valor de su trabajo en relación con las exigencias de justicia social, justicia ambiental y justicia para los pueblos de toda Abya Yala.
Tal como lo señala el Congreso de los Pueblos en su comunicado del 19 de marzo de 2020, hemos denunciado que el gobierno de Iván Duque ha profundizado y perpetrado una política de exterminio a personas y organizaciones opositoras de sus políticas de muerte. Se han identificado el uso de diversas prácticas sociales genocidas, -que como señala el profesor e investigador Daniel Feirstein-, no se tratan únicamente de la eliminación física de determinadas personas, si no también de su anulación a través de diferentes tipos de ataque que reduzcan, limiten o bloqueen toda posibilidad del ejercicio político y defensa de los derechos humanos de liderazgos sociales en el país. En el caso de la organización social y política Congreso de los Pueblos, se ha podido identificar que existe una sistematicidad en los ataques que han recibido en los últimos años y que buscan desarticular y desaparecer el ejercicio que vienen desarrollando desde su nacimiento. En los últimos años estos actos se han focalizado en contra de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle, organizaciones regionales del sur de Bolívar, Centro Oriente y Suroccidente.
Rechazamos las políticas del terrorismo de Estado que se han profundizado en contra de todas las personas y organizaciones que han denunciado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia, y en particular, rechazamos las amenazas de un posible montaje judicial en contra de Erika Isabel Prieto Jaime. Manifestamos nuestra total solidaridad con ella y con su organización, nuestra profunda convicción sobre su inocencia, así como todo nuestro apoyo a las acciones que reivindiquen su derecho al debido proceso, al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la dignidad humana, el respeto a su buen nombre, integridad física, psicológica y moral, así como a la tranquilidad personal, familiar y organizativa.
Exigimos que se brinden todas las garantías necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho a defender los derechos y en vista de la falta del cumplimiento de estos deberes legales y constitucionales por parte del Estado colombiano, nos vemos avocados en seguir poniendo en conocimiento de estas situaciones a organismos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos – SIDH.
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 6:58PM del día 13 de septiembre de 2020 se nos remite un reporte de 43 personas detenidas y 2 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.
Alertamos sobre la gravísima situación de derechos humanos que se ha presentado en el centro de Bogotá, donde el ESMAD ha arremetido contra los manifestantes que se encontraban rechazando los actos violentos de los últimos días, afectando tanto a las personas que se encontraban protestando, como a los transeúntes y a las personas que trabajan en el sector como vendedores ambulantes o en otros oficios.
El ESMAD intervino las manifestaciones sin hacer ningún tipo de advertencia o disuasión previa y haciendo un uso desmedido y arbitrario de la fuerza, con lo cual puso en riesgo la vida e integridad personal de los manifestantes. Adicionalmente, durante estas intervenciones, en varias oportunidades el ESMAD ha encerrado a los manifestantes sin establecer rutas de evacuación claras al momento de intervenir y sin darles la posibilidad de retirarse.
En estas intervenciones se vieron fuertemente afectados niños y niñas que se encontraban en la zona, personas con afecciones respiratorias y una persona epiléptica, que necesito recibir atención médica. Los hechos narrados anteriormente son una agresión contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.
Adicionalmente, agentes del ESMAD impidieron a los defensores de derechos humanos que integran las Comisiones de Verificación de la sociedad civil de la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS acercarse a al lugar de los hechos a verificar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos establecidos para el actuar de la institución. También se presentaron casos en los que los uniformados agredieron a los defensores y los intimidaron, obstaculizando su labor y poniéndolos en riesgo. Estas situaciones resultan preocupantes, puesto que a través de estas labores de verificación se busca la protección de los derechos humanos.
También denunciamos que, a aproximadamente las 5:00PM, el agente identificado como MEBOG-0002 portaba un morral que contiene gasolina, vidrios y otros objetos, el cual buscó atribuir a alguno de los manifestantes detenidos, a pesar de que todos ellos portaban sus respectivos morrales, amenazando con judicializarlos. Con lo cual se advirtió un riesgo de vulneración de su derecho al debido proceso y una forma de criminalización y judicialización de la protesta social.
Por otro lado, informamos que, en el municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca, en una manifestación que se llevaba a cabo en el parque principal, la cantidad de Fuerza Pública que hacía presencia en el sector era desproporcionada en relación con los manifestantes que se encontraban en la concentración. Además, alertamos sobre la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), grupo especializado en delitos de alto impacto, el cual no tiene competencia para cubrir protestas sociales. Su presencia y porte de armas largas intimido a las personas que se encontraban manifestándose.
Reiteramos la necesidad de una reforma al interior de la Fuerza Pública, cómo única prueba de voluntad de cambio y arrepentimiento frente a los últimos casos registrados de abuso policial. Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa para que garantice el respeto por la vida y los derechos humanos de quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta social.
Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com
