DEMANDA DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEMANDA DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Bogotá, 15 de febrero de 2022

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Jurídica Libertad, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio ATCC, las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca, los congresistas Iván Cepeda Castro, Wilson Arias, Pablo Torres Víctoria, y el abogado defensor de derechos humanos Alirio Uribe, interpusimos acción de inconstitucionalidad contra 13 artículos de la Ley 2197 de 2022, por la cual “se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, por las siguientes razones:

La Ley de «seguridad ciudadana» del gobierno nacional va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo, agregando un nuevo riesgo para la seguridad de la gente: el de un Estado autoritario y que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso.

El gobierno y Congreso de la República dieron forma a una ley que en lugar de cumplir su rol limitante de las actuaciones del Estado, se convierte en un medio permisivo, a través de la configuración de delitos como la obstrucción a la función pública y el avasallamiento de bienes inmuebles, uno y otro, que contienen verbos amplísimos y redactados de forma tan ambigua que, abren la posibilidad de que fiscales, jueces y policías actúen de manera arbitraria, estos últimos denunciados recientemente en el Paro Nacional 2021 por al menos 1.636 denuncias por abusos de poder y violencia policial, según la Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas. 

Dentro de los aspectos más relevantes de la acción sobresale nuestro cuestionamiento al empleo de fuerza letal (art. 3); al aumento de la pena privativa de la libertad a 60 años (art. 5); a la creación de nuevos delitos, como los contenidos en los arts. 13 y 20 que criminalizan la protesta y obstaculizan la defensa de los Derechos Humanos, así como la veeduría y el control sobre la función pública a la incorporación de múltiples medidas de agravación punitiva; la promoción del paramilitarismo; al uso de armas de «menor letalidad» (arts. 25, 28, 30 y 31); al traslado por protección (art. 40); y, al manejo de datos de vigilancia (art. 48).

En el análisis de cada cargo:

Demandamos el artículo 3, por introducir la expresión “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, pues con ella se viola el principio de proporcionalidad constitucional.

El artículo 5 de la Ley de Seguridad aumenta el máximo de pena a 60 años (excepto en los casos de concurso), lo cual resulta contrario a la dignidad humana y abre la posibilidad de que en la realidad se impongan cadenas perpetuas veladas, configurándose como penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, es una medida de política criminal que desconoce lo relativo a la declaración del  Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema penitenciario. Esta Ley no tiene fundamentos científicos ni empíricos que justifiquen la idoneidad del aumento en el máximo de penas para prevenir el delito. Y por el contrario, agravaría la tasa de encarcelamiento, hacinamiento y de la duración de las personas privadas de la libertad en cárceles, las cuales tienen problemas estructurales.

De igual forma, hacemos un llamado de alerta sobre el artículo 12 de la mencionada ley, por cuanto observamos desproporcionado el tratamiento penal dado a la “invasión de tierras”, en vista de que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con herramientas en el derecho agrario, civil y policivo para solucionar temas relacionados con bienes privados y públicos. A su vez, cuestionamos la estigmatización de comunidades rurales sin tierra, quienes históricamente han optado por la ocupación de bienes baldíos para satisfacer sus necesidades básicas, a las que se les daría el tratamiento de delincuentes, y la acción penal limitaría su vocación de adjudicatarios.

Por su parte, el artículo 20, crea un nuevo delito: la obstrucción a la función pública, el cual impone una pena de prisión de 3 a 5 años para quienes aparentemente impidan la realización de cualquier función pública. La pena aumenta a la mitad o dos terceras partes cuando se obstruyen procedimientos militares o de policía. Identificamos que el texto de esta norma está redactado de manera tan confusa que puede ser utilizado de forma arbitraria por los agentes de la Policía Nacional, en perjuicio de los y las defensoras de derechos humanos. Este artículo afecta gravemente los derechos a la libertad de expresión y la protesta social, pues obstaculiza, discrimina y criminaliza el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos, el escrutinio, la veeduría, denuncia y control a los funcionarios públicos, particularmente cuando se interviene ante posibles detenciones arbitrarias, masivas y generalizadas.

Así mismo, se demandaron los artículos 21 y 24 que incluyen nuevos criterios para la imposición de medida de aseguramiento. El contenido de los artículos vulnera la presunción de inocencia y no se corresponde con los límites de configuración legislativa, vulnerando a su vez el  principio de proporcionalidad. Realizamos un llamado a la Corte para que declare inconstitucional el porte de armas para personas naturales y jurídicas como garantía de no repetición del paramilitarismo.

También consideramos que el artículo 48, es inconstitucional en tanto abre una posibilidad desproporcionada para que la Policía Nacional acceda a circuitos cerrados de televisión sin distinción entre espacios privados o públicos y el tipo de información que allí reposa, que puede ser personal, reservada o pública. Esto desconoce el artículo 237 de la misma ley, cuando habla de integración de sistemas de vigilancia, e impone unas reglas relacionadas con la posibilidad de enlazarlos con las redes de la Policía en casos donde graben determinadas zonas consideradas públicas.

El artículo 25, determina las normas sobre regulación de armas menos letales a particulares, exceptuando a la Fuerza Pública e indicando que personas naturales podrán adquirir, importar, exportar y comercializar armas menos letales como sus accesorios, partes y municiones. Lo anterior, es vulneratorio de la exclusividad del Estado en el comercio y fabricación de armas en el país, y la estricta excepcionalidad del permiso a particulares sobre su uso y tenencia, mas no sobre la propiedad que es el derecho que posibilita comprar y vender bienes.

Por otra parte, la Ley de Seguridad en el artículo 28, define el término ‘arma menos letal’ y las clasifica, contraría la Constitución Política respecto a la excepcionalidad del permiso a particulares. La definición y clasificación es abierta dado que contempla dispositivos no regulados que puedan tener gran capacidad para afectar grupos de personas, como aquellas que usa la Policía en el ejercicio de sus funciones de orden público y convivencia ciudadana.

Una legislación poco excepcional frente al permiso de uso de armas menos letales a particulares que lo amplía a la comercialización y lo autoriza desproporcionadamente frente a armas con un alcance similar al del uso privativo de la Policía Nacional; desconoce la obligación constitucional de no promover, ni favorecer la proliferación de grupos armados civiles ilegales de todo tipo, así como de sus prácticas, establecidas como una garantía de no repetición de las graves vulneraciones a derechos humanos de toda índole que se generaron a lo largo del conflicto armado con la proliferación de grupos paramilitares y paraestatales, que surgieron con ocasión de medidas gubernamentales y prácticas militares complacientes con el uso indiscriminado de armas en cabeza de particulares para combatir la criminalidad.

Algo similar ocurre con el traslado por protección, figura que han usado agentes de la Policía Nacional para privar de su libertad a personas socialmente marginalizadas, así como a quienes participan de la protesta social. Con la reforma que hizo el artículo 40 de la ley demandada, aunque se acogen algunos llamados que hizo la Corte Constitucional, se implementan otras reformas que reducen las garantías de la ciudadanía: Aludir la «apariencia» de estar bajo el efecto del alcohol y las drogas; borrar la prohibición de usar el traslado para quienes simplemente están consumiendo; limitar la posibilidad de no ser trasladado a la existencia, presencia o comunicación con un familiar, entre otras, son medidas con las que la reforma legal continuó haciendo del traslado, una medida presta para el autoritarismo de los funcionarios policiales.

Los anteriores 13 artículos de la Ley de Seguridad, vulneran múltiples principios constitucionales y desconoce las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, entre ellas, que los Estados deben suprimir o reformar aquellas normas que criminalizan directamente las actividades de promoción y protección de los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, asegurando que las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos no se encuentren previstas como delitos.

DETENCIONES MASIVAS A LIDERAZGOS  SOCIALES Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACÁ

DETENCIONES MASIVAS A LIDERAZGOS SOCIALES Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACÁ

Capturan a líderes y lideresas juveniles participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá durante el #ParoNacional2021

Colombia, 22 de noviembre de 2021. En horas de la mañana se realizaron múltiples allanamientos y ejecución de órdenes de captura para varios/as jóvenes líderes/as y participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá, entre ellos/as se encuentran: Sergio Forero, candidato al concejo de juventud de Paipa; Iván Ayala, líder juvenil; Julián Barón, integrante de la Colombia Humana, líder ambientalista y candidato al concejo de juventud de Paipa; y la defensora de Derechos Humanos Juliana Andrea Higuera Quintero, quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI durante el Paro Nacional del año 2021. 

Juliana a su vez es integrante del Comité de Derechos Humanos de la UPTC e integrante de la Red de Derechos Humanos de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, quienes trabajan activamente en el acompañamiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Boyacá y Guaviare. Asimismo, participó activamente del primer Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial “Construyendo Memoria y Dignidad” realizado el 19 y 20 de noviembre en Bogotá.

En el marco de su ejercicio de defensa de Derechos Humanos, Juliana Higuera denunció públicamente y ante las instancias judiciales oficiales, hechos de persecución y criminalización social por parte de la policía en el municipio de Paipa, Boyacá, así como, actos de acoso y violencia ejercidos por parte de servidores públicos en su contra. 

Los/as líderes/as detenidos/as son señalados/as de pertenecer al “Grupo Radical Organizado los Escuderos”; sin embargo, es la primera mención conocida sobre este grupo, lo que permite alertar sobre argumentaciones irregulares en los allanamientos y detenciones. 

SOLICITAMOS

 

Al Gobierno Nacional cesar la criminalización de quienes participan activamente en escenarios de protesta social y proteja el ejercicio de la oposición política y la garantía para la defensa de los Derechos Humanos. 

A la Fiscalía General de la Nación respetar todos los derechos procesales de las personas detenidas, así como la garantía para la asistencia y asesoría jurídica técnica. 

Al Ministerio Público verificar las condiciones físicas, emocionales y humanitarias en favor de la intervención por la protección de todos los derechos humanos de las personas detenidas. 

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que brinden seguimiento y acompañamiento a , las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales detenidas, con especial atención en la defensora de Derechos Humanos Juliana Higuera. 

SUSCRIBE

 

CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN – COSPACC

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – CSPP. 

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS – CDLAT

RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – REDCAA

COMITÉ CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE CAPÍTULO BOGOTÁ

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP

CORPORACIÓN COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS TIERRA DE TODOS

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH

HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ – CIJYP

COLECTIVO JAIME GARZÓN UNISALLE

FUNDACIÓN BAKIA DE DEFENSORES DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS 

REBELDÍA ESTUDIANTIL ORGANIZADA – REO

COLECTIVA RENACIENTES EN LLAMAS-REL 

ORQUÍDEAS VERDES – RED FEMINISTA ABORTERA

DERECHOS HUMANOS CENTRAL UNIDA DE TRABAJADORES CUT NACIONAL

PRE ICFES POPULAR LA CASA TOMADA, EL CODITO

OBSERVATORIO DE DDHH KLAUS ZAPATA 

CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

CAMPAÑA OBJETIVO LIBERTAD

JUVENTUD REBELDE COLOMBIA

FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – ACEU

CLUB DE LECTURA SOGAMOSO

COLECTIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL SANA

COLECTIVO ESTUDIANTIL JAU GATA

COLECTIVA DE GÉNERO FRANCIA MÁRQUEZ – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA UNAL 

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL ÁNGEL BARBOSA
COMITÉ ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

GRUPO DE ESTUDIOS 2.96 PEREIRA

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES – PST

COLECTIVA FEMINISTA ÁSHIRA

COLECTIVA DESBORDADAS UPN

ASOCIACIÓN RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – dhColombia

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

COLECTIVO FEMINISTA CHINAS BERRIONDAS

COMITÉ DE GÉNERO DE LA UPTC

MONTAÑERAS ENRUANADAS

URDIMBRE VIOLETA

ESQUEMA FEMINISTA DE DHHH – Bogotá 

JUVENTUD REBELDE BOLÍVAR

FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ATRÉUS 

COLECTIVO JUVENIL SOÑAR NO ES DELITO

COLECTIVO SERARTE

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS

COLECTIVO FUTBOLERO FEMENINO ESCARLATA

COLECTIVO SCOUT VAGABUNDAS VIOLETA

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ALFREDO CORREA DE ANDREIS

HIJOS E HIJAS DEL SOL – BOYACÁ

COLECTIVA DISIDENTE FEMINISTA CREDIPULA FORNICATA

COLECTIVO DE RESISTENCIA A25 – CRA25

PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD SAMANIEGO

COLECTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA LA CRECIENTE

CIUDAD EN MOVIMIENTO

RED NACIONAL DEL AGUA DE COLOMBIA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTER-ACCIÓN SOCIAL DEL SUR COLOMBIANO – CEIINSO

RED JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA – RJDHH

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL – COMISIONES MODEP

CORRIENTE SINDICAL IGNACIO TORRES GIRALDO

RED GUANEÑAS FEMINISTAS EN RESISTENCIA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES – FECODE – CE MARTHA ROCIO ALFONSO

PROCESO CAMPESINO Y POPULAR DE LA VEGA

ASOCIACIÓN ECOLECTIVA

COLECTIVA AGRARIA ABYA YALA

EQUIPO JURÍDICO DERECHOS HUMANOS DEL MACIZO

SUBCOMITÉ JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS – PASTO, NARIÑO

COORDINACIÓN NACIONAL DEL POLO JOVEN

COLECTIVO ALMA POPULAR

CORPORACIÓN COLECTIVO SOCIOJURÍDICO ORLANDO FALS BORDA-COLECTIVO OFB

COLECTIVO FEMINISTA ROSA VIOLETA

MOVIMIENTO JUVENIL 15 DE AGOSTO

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MAMBRU

COLECTIVO BARRIO ADENTRO – ATLÁNTICO

JUVENTUD DEMOCRÁTICA POPULAR – JUDEP

COLECTIVO LAZOS DE RESISTENCIA – UNIVERSIDAD DEL VALLE

CAMPAÑA VIDA

LISTA INDEPENDIENTE AHORA SOMOS MÁS BOYACÁ

FUNDACIÓN TEJIDO CUHUBA

PLATAFORMA DE JUVENTUDES DE DUITAMA

CENTRAL. UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT

FUNDACIÓN CASA DE LA MEMORIA SANTA MARTA (Homenaje a Maritza Quiroz)

COORDINADORA POPULAR DE EXPRESIONES SOCIALES DE BARRANQUILLA

EQUIPO ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR LA VERDAD

MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL DE MUJERES DEL ATLÁNTICO (MASM)

REBELHADAS ESCUELA DE ACTIVISMO

COLECTIVO CULTURAL TRONCO E TRUEQUE, BARRANQUILLA. 

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD – CJL

MOVIMIENTO EN RESISTENCIA CONTRA LAS AGRESIONES OCULARES DEL ESMAD – MOCAO

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA 

TIERRA BONITA PROYECTO SOCIAL Y ECOPEDAGOGICO

COMITÉ REGIONAL ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (CREDHUV)

CORPORACIÓN OCHO DE MARZO

RED JURIDICA FEMINISTA 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EXTERNADO

COLECTIVO ESTUDIANTIL EXTERNADISTAS POR LA PAZ 

COLECTIVO MALVINAS JOVEN.

A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen  que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

Bogotá DC, 18 de noviembre de 2021 

Con la intención de promover el debate de una Fuerza Pública para la Paz y construir rutas de exigibilidad integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas de violencia policial, víctimas y diversos procesos organizativos realizan este 19 y 20 de noviembre el Encuentro Nacional contra la Violencia Policial: construyendo memoria y dignidad.

Las plataformas y organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos documentado durante décadas el trato violento y hostil que la Policía Nacional ha dado a las personas en el ejercicio de sus funciones de control y gestión del espacio público,  vigilancia y labores de seguridad, así como la intervención sistemáticamente violenta contra aquellas que ejercen su derecho constitucional a la protesta social pacífica.

La arbitrariedad de la Policía Nacional se ha visto incrementada desde 2016 con la entrada en vigencia del Código de Policía, el cual le entregó amplios poderes para regular, intervenir y sancionar gran parte de las libertades ciudadanas.  Así, sólo entre 2017 y 2019 fueron capturados 1.733 Policías por la comisión de diferentes delitos. Estas dinámicas violentas contra la ciudadanía se incrementaron en la pandemia, ya que el Gobierno nacional y gobiernos locales le entregaron la gestión del espacio público a los funcionarios de policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, lo que trajo graves violaciones de derechos humanos, tal como lo evidenció el caso de Javier Ordoñez. Solo en 2020 durante la pandemia se registraron 86 homicidios atribuidos a la Policía Nacional.  Esta actuación violenta de la policía también se vive en zonas rurales, entre marzo y junio de 2020 fueron asesinados 6 campesinos y heridos otros 13 en operativos de erradicación forzada. 

Este accionar violento ha dejado múltiples víctimas en sectores sociales que han sido históricamente excluidos como lo son las grandes capas de colombianos y colombianas empobrecidos, las y los jóvenes, los pueblos  indígenas en movilización, comunidades campesinas, afrocolombianas, vendedores y vendedoras informales, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, entre muchas otras.  Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021).    

Durante las jornadas de movilización y protesta, ha sido característica la estigmatización de funcionarios y funcionarias públicos, que antecede a la represión policial violenta por cuanto es interpretada como una orden de limitar la movilización social por medio de un uso excesivo  y desproporcionado de la fuerza.  Movimientos sociales y procesos organizativos también han sido víctimas de hostigamientos, allanamientos y detenciones bajo criterios ilegales y arbitrarios, en donde muchas veces se violan las garantías procesales de las y los ciudadanos. 

Solo en el marco del estallido social desde abril hasta julio del 2021 desde la Campaña “Defender la libertad asunto de todas”, se registraron 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron en aumento, 833 mujeres fueron víctimas de violencias policiales y 3.365 personas fueron detenidas, en su mayoría por procedimientos arbitrarios. 

En Colombia cotidianamente la Policía Nacional lleva a cabo una sistemática persecución y abuso en el espacio público contra personas trabajadoras sexuales, vendedoras y vendedores ambulantes, población juvenil principalmente de los barrios empobrecidos, población consumidora de sustancias psicoactivas, personas habitantes de y en calle y población migrante, entre muchas más. Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021); y una permanente agresión contra los venteros informales que están en las principales calles de Colombia, buscando obtener ingresos.

Frente a estas realidades, organizaciones y víctimas convocantes exigimos que se dé cumplimiento a las recomendaciones de órganos internacionales para dotar de garantías a la protesta y se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y judiciales que permitan establecer las responsabilidades hasta el más alto nivel de esta violencia sistemática y generalizada ejercida por los cuerpos policiales y se adopten las sanciones pertinentes. Frente al abuso policial necesitamos saber quién dio la orden. 

Insistiremos en la importancia de una reforma integral a la Policía Nacional como garantía de no repetición. Para ello, buscaremos impulsar de manera conjunta el diseño de políticas públicas y reformas legales sobre seguridad ciudadana y construcción de paz y garantías para los derechos humanos.  

Construyamos memoria y dignidad a favor de las víctimas de violencia policial.

Informe Final Misión SOS Colombia

Informe Final Misión SOS Colombia

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (en adelante la “Misión”), se dio cita entre el 3 y 12 de julio de 2021, con 41 comisionados y comisionadas de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz1. La Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.

La Misión atendió el llamado urgente realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), la Fundación Forjando Futuros (FFF), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijyp), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y las plataformas de derechos humanos: Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), debido al contexto de riesgo y agresiones que se presenta desde el 28 de abril del 2021.

Durante los ocho días de la visita, la Misión:

  1. Sostuvo reuniones con las organizaciones convocantes, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica;
  2. Llevó a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Misión de Verificación;
  3. Visitó once regiones del país: Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca, donde se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, con víctimas de la Fuerza Pública así como con grupos de civiles y paramilitares; y 4) se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional (en algunos territorios).

En su visita a los territorios, la Misión recibió información sobre la situación de Derechos Humanos de más 70 organizaciones locales y regionales (comités de paro, grupos estudiantiles, colectivas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros), y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión, manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes de puntos de resistencia que estaban desaparecidos. La Misión tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de las víctimas, siendo testigos directos de sus procesos de búsqueda.

Preocupa el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal había establecido hacía varios días antes su identidad. Además, mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.

Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales.

Conoce el informe completo aquí.

La Misión SOS Colombia entrega informe final

La Misión SOS Colombia entrega informe final

Foto: Daniela Gómez

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, quienes visitaron 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio de 2021, entrega su informe final. La Misión SOS Colombia sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este informe se abordan las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en el marco de la visita cómo fueron: homicidios selectivos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género – VBG, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes -TTCID, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones, y, la obstrucción a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, medios alternativos, fotógrafos y brigadas médicas y/o de salud.

La Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos en las regiones visitadas en el país. Concluyendo de manera preliminar que en las movilizaciones la Fuerza Pública utilizó técnicas de combate y guerra.

De igual forma, el informe identifica la presencia y funcionamiento de grupos paramilitares y analiza el papel de la Fuerza Pública, los gremios, empresas, y medios masivos de comunicación en relación con el tratamiento a la protesta social.  Así mismo, se aborda la impunidad en los crímenes de Estado, el papel de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional; y los efectos de la represión frente a la salud, alimentación, renta básica y vivienda, los impactos psicosociales y los afrontamientos.

Ante la situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos que ha constatado la Misión SOS Colombia, se plantean seis recomendaciones principales y cincuenta acciones inmediatas o medidas a corto plazo dirigidas al Gobierno y Estado colombiano, a las Instancias Multilaterales Internacionales, a las empresas y a la Comunidad Internacional.

Integrantes de la Misión SOS Colombia, entregarán detalles de los hallazgos, solicitudes y recomendaciones en rueda de prensa el próximo 7 de octubre a las nueve de la mañana hora en Colombia. Este espacio podrá verse a través de las páginas de Facebook de las organizaciones convocantes como Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros, el CINEP, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre otras.

El informe entregado será difundido a nivel internacional por las organizaciones y personas que participaron de dicha Misión, así como medios de comunicación internacionales, que han centrado su mirada en lo ocurrido en Colombia, cuestionando el accionar de la Fuerza Pública y las graves faltas a los derechos humanos y las garantías a los manifestantes por parte del Estado colombiano.

Senador Iván Cepeda y Orgs de DDHH entregan tercer informe a la CPI sobre protestas en Colombia. Señalan impunidad e intimidación a víctimas y testigos como estrategia de ocultamiento

Senador Iván Cepeda y Orgs de DDHH entregan tercer informe a la CPI sobre protestas en Colombia. Señalan impunidad e intimidación a víctimas y testigos como estrategia de ocultamiento

• En una tercera comunicación, el senador Iván Cepeda junto con organizaciones sociales y civiles, informaron a la Corte Penal Internacional de 1088 víctimas desde el 7 de junio hasta la fecha. En total, se ha informado a la CPI de la ocurrencia de 630 hechos que han dejado 3.954 víctimas de crímenes de lesa humanidad.
• Indican que no existe disposición por parte de las autoridades judiciales de Colombia en investigar los crímenes cometidos en el marco de las jornadas de protesta social en Colombia, particularmente a los máximos responsables.

Bogotá, 28 de septiembre de 2021.– El senador Iván Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG y la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entregaron este martes un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril.

El informe da cuenta de al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre. Informa sobre nuevos 136 hechos violentos, respecto de la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hacen referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros.

Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPI, en el marco de la invitación que hizo la Fiscalía de este organismo para recibir observaciones y comentarios sobre puntos de referencia de la situación de Colombia en el marco del examen preliminar que se adelanta sobre el país. En esta ocasión, los autores de la comunicación señalan que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los casos. En el informe detallan como en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos.

Frente a los homicidios, los denunciantes advierten que la Justicia Penal Militar está conociendo y tramitando cerca de 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas. Además, señalan que en la Fiscalía General de la Nación hay una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, pues pese a que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales, lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los superiores jerárquicos.

De igual forma critican que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a la abrumadora evidencia que muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y en particular las personas detenidas, como fue el caso del músico Álvaro Herrera Melo. Por el contrario, critican los autores de la comunicación, que únicamente se investigue por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.

Agregan con preocupación la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018 tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.

El informe a la CPI concluye pidiendo al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables. De igual forma, le solicitan que de cara a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación formal en la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia, incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la protesta social.