• En una tercera comunicación, el senador Iván Cepeda junto con organizaciones sociales y civiles, informaron a la Corte Penal Internacional de 1088 víctimas desde el 7 de junio hasta la fecha. En total, se ha informado a la CPI de la ocurrencia de 630 hechos que han dejado 3.954 víctimas de crímenes de lesa humanidad. • Indican que no existe disposición por parte de las autoridades judiciales de Colombia en investigar los crímenes cometidos en el marco de las jornadas de protesta social en Colombia, particularmente a los máximos responsables.
Bogotá, 28 de septiembre de 2021.– El senador Iván Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG y la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entregaron este martes un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril.
El informe da cuenta de al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre. Informa sobre nuevos 136 hechos violentos, respecto de la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hacen referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros.
Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPI, en el marco de la invitación que hizo la Fiscalía de este organismo para recibir observaciones y comentarios sobre puntos de referencia de la situación de Colombia en el marco del examen preliminar que se adelanta sobre el país. En esta ocasión, los autores de la comunicación señalan que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los casos. En el informe detallan como en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos.
Frente a los homicidios, los denunciantes advierten que la Justicia Penal Militar está conociendo y tramitando cerca de 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas. Además, señalan que en la Fiscalía General de la Nación hay una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, pues pese a que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales, lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los superiores jerárquicos.
De igual forma critican que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a la abrumadora evidencia que muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y en particular las personas detenidas, como fue el caso del músico Álvaro Herrera Melo. Por el contrario, critican los autores de la comunicación, que únicamente se investigue por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.
Agregan con preocupación la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018 tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.
El informe a la CPI concluye pidiendo al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables. De igual forma, le solicitan que de cara a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación formal en la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia, incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la protesta social.
En el marco de la conmemoración de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos acompañado algunos de los escenarios de memoria convocados por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares y víctimas. En este ejercicio es fundamental comprender el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas expresiones democráticas para identificar si existen avances judiciales en las investigaciones penales y disciplinarias y si realmente se han generado transformaciones en la Policía Nacional como ente gubernamental.
Para ello, podríamos preguntarnos: ¿Qué ha pasado con los casos de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020? Con esta pregunta nos remontamos a dolorosos hechos de violencia y brutalidad policial[1] que padecieron personas privadas de la libertad y comunidades de barrios populares, quienes salieron a rechazar mediante múltiples protestas sociales el abuso de poder policial y en particular la tortura y homicidio del estudiante de derecho y conductor de taxi Javier Ordoñez[2]. La respuesta policial fue represión, violencia desmedida y desproporcionada que produjo detenciones masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, lesiones físicas y los homicidios de personas humildes y trabajadoras: Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias. Además, en el marco de esas jornadas se conoció el escabroso y tenebroso hecho de la masacre por incineramiento de jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, Cundinamarca.
Podemos afirmar que en todos los casos referidos existe continúa la impunidad institucional y judicial tanto en el ámbito disciplinario interno de la Policía y del control preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación, así como en el ámbito penal de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria colombiana.
Frente a los hechos del 4 de septiembre del 2020 acaecidos en Soacha, Cundinamarca[3], podemos recordar que se generó un encubrimiento de graves circunstancias en las que murieron incinerados 8 jóvenes detenidos por la Policía dentro de un CAI en este municipio. Aunque en los vídeos que se dieron a conocer a través de la Revista Semana se identifican a varios uniformados de la Policía, se informó a la opinión pública que tan solo dos policías[4] serían presuntos responsables del incendio.
Frente a los hechos del 9[5] y 10 de septiembre del 2020 la Veeduría Distrital emitió un informe preliminar[6] en el cual se citan cifras de la Secretaría Distrital de Salud que frente al 9 de septiembre donde señalaron: 7 casos de asesinatos de personas en Bogotá y 3 en Soacha, 305 personas heridas en el marco de las protestas, de las cuales 75 fueron heridas por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 por otro tipo de armas. Asimismo, se identifican como las localidades más afectadas a Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Se señaló que se documentaron 119 denuncias por parte de la Alcaldía de Bogotá por presuntos abusos policiales, la Veeduría Distrital informó que tan solo contaba con 3 expedientes abiertos frente al abuso de autoridad, que la Procuraduría General de la Nación adelanta 73 procesos contra integrantes de la Policía Nacional (19 activos, 38 en etapa probatoria, 8 en indagación, 3 en evaluación de investigación disciplinaria, 3 en fallo de primera de instancia y 2 en proceso de registrar sanción). Citando al Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes se resaltó que 3 de cada 10 ciudadanas considera que la Policía no les protege.
Por nuestra parte, emitimos boletines informativos[7] que dieron cuenta de la gravedad de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de los cuales resaltamos el uso de armas de fuego contra manifestantes, las agresiones a defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, asesinatos de personas manifestantes pacíficas, detenciones arbitrarias masivas incluyendo personas menores de 18 años, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, secuestros y casos de presuntas desapariciones. Todos los registros que hicimos en el Sistema de Agresiones a la Protesta Social SIAP, encuentran que algunos patrones de agresiones que se repiten respecto de lo ocurrido en el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y en los meses del Paro Nacional de 2021.
Un año después de estos hechos de violencia policial, no existe información completa y veraz que dé cuenta de sanciones ejemplarizantes contra los integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de los crímenes cometidos en Bogotá. Tampoco se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas de construcción de paz y transformación estructural de la Policía que permitan la implementación de medidas contra la impunidad y de garantías de no repetición de la violencia policial. Con políticas públicas efectivas, no habríamos asistido a la profundización de esa violencia que sufrimos en el Paro Nacional de este 2021. Pese a que la Alcaldesa de Bogotá Claudia López mantenga un discurso de pedir disculpas por el abuso de la policía[8], sus actuaciones en el año 2021 frente a las jornadas del Paro Nacional y frente a su deber de contribuir con los avances judiciales de investigaciones y tomar las riendas de la Policía Metropolitana de Bogotá, siguen estando en deuda y concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso con el propio Decreto Distrital 563 de 2018.
Lo anterior es parte fundamental de los factores que explican los detonantes que mantienen viva la convulsión social que sienten las familiares de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales, lo que conlleva a que realicen actos conmemorativos y a la vez denuncias nacionales e internacionales sobre la ausencia de justicia, verdad y garantías de no repetición en los hechos de los que fueron víctimas por culpa exclusiva de la Policía Nacional y del Estado colombiano. Por ejemplo, la jornada de conmemoración en el barrio Verbenal en Bogotá D.C. que se llevó a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 da cuenta del dolor que se mantiene vivo en las familiares de las víctimas de este barrio y de la ciudad en general y pese a que la jornada mantuvo viva la esperanza y los anhelos de justicia, se empañó por algunas acciones violentas registradas en otros puntos de la ciudad y por la ausencia de avances investigativos significativos que sean un aliciente para las personas que rodean a las víctimas del 4S, 9S y 10S.
La deuda histórica frente a la reforma policial estructural sigue vigente
La Policía Nacional de Colombia actualmente cuenta como una entidad con un bajo nivel de legitimidad, con un amplio reconocimiento social como institución vulneradora de los derechos humanos en escenarios de manifestantes pacíficas y que gozan de una impunidad garantizada por el fuero penal militar y por la ausencia del trabajo que deben realizar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. A propósito de las nuevas jornadas de movilización social del 9 y 10 de septiembre del 2021 y las discusiones que se proyectan en el senado de la república, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas queremos retomar[9] algunos elementos centrales de la discusión vigente sobre la reforma policial, que en sus aspectos estructurales y de fondo no encuentran ningún avance en lo planteado por el gobierno nacional.
Es imprescindible diseñar, construir e implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana y construcción de paz que orienten la reestructuración de la Policía Nacional, haciendo uso de diferentes mecanismos de participación ciudadana que doten de legitimidad democrática y popular estos ejercicios.
La insistencia en la reubicación sectorial de la Policía, del sector Defensa al sector del Interior o de Justicia, tiene que ver con el alcance que puede tener el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones y en el propósito de mediano plazo de desmilitarizar la doctrina de la entidad.
La desmilitarización de la Policía Nacional pasa por separar los cuerpos policiales contrainsurgentes, que luchan contra el narcotráfico, EMCAR, Comandos Jungla y Comandos Especiales para que definitivamente sean parte de las FFMM.
Se necesita una investigación interna rigurosa que permita identificar las faltas disciplinarias y delitos que se enmarcan en violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía en las jornadas de protesta social pacífica. Es urgente el esclarecimiento total de estos casos, pues la impunidad no es tolerable en ninguna medida.
Es urgente que los diferentes funcionarios públicos que conforman la Policía Nacional, reciban formación integral en derechos humanos, por parte de entidades independientes del Sector Defensa y del gobierno nacional. Este proceso debe tener un carácter permanente y debe ser impartido por actor imparcial y capacitado. Se requiere profundizar conocimientos en enfoques diferenciales para el tratamiento de asuntos de seguridad ciudadana.
Se necesita la reforma del proceso de convocatoria y selección de integrantes de la Policía Nacional, incorporando estándares de derechos humanos.
La transformación de la doctrina operacional de la Policía debe ser radical y completa. La Policía Nacional colombiana no puede funcionar bajo doctrinas militares que perpetúan la visión de la búsqueda del enemigo interno.
Creación de una cultura de rendición de cuentas transparente, oportuna y masiva, de parte de la Policía Nacional hacia las ciudadanías, en las que se expliquen los detalles de los operativos de acompañamiento a protestas sociales.
Dentro de la Policía solo deben existir cuerpos que acompañen los asuntos exclusivos de seguridad ciudadana.
Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes.
Es necesario clarificar que la Policía Nacional jerárquicamente responde a su superior que son las Alcaldías y no las fuerzas militares. Esto es ratificar el carácter civil que tiene la Policía.
Se necesita revisar el régimen de carrera que tiene la Policía. Son demasiados rangos: 15. Las oportunidades de profesionalización de integrantes de la fuerza pública son mínimas.
Se necesita limitar el derroche financiero de supuestas reformas, que invierten millonarias cifras en compra de equipamientos, vehículos y uniformes nuevos, que no solucionan los problemas estructurales de la Policía.
Se deben generar regulaciones y prohibiciones de tácticas y procedimientos policiales abusivos, violentos y agresivos. Así como generar una restricción y limitación al abuso de la figura de traslado por protección para desincentivar la protesta social.
Se propone la creación de la Auditoría Policial, adscrita a la Defensoría del Pueblo, en la cual la ciudadanía haga denuncias oportunas que puedan ser atendidas por mecanismos de participación ciudadana.
Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes. Se requieren investigaciones judiciales independientes y eficientes en casos de violaciones DDHH en contra de manifestantes.
La comprensión de las problemáticas estructurales de la sociedad colombiana implica un abordaje integral, incluyendo una revisión particular sobre las difíciles condiciones socio económicas en este contexto ampliamente agudizadas por la pandemia, que brindan elementos para explicar la conflictividad en escenarios de protestas. La policía como institución debe transformarse para garantizar el cumplimiento de su fin misional y trascienda a la comprensión y aplicación efectiva de los Derechos Humanos, es necesario que las instituciones estatales puedan promover una reforma policial, pero que a la par realice acciones efectivas de esclarecimiento de la verdad y garantía de justicia para todas las víctimas de crímenes de Estado.
Sé parte de nuestro próximo evento y ayudanos a completar las 75 000 firmas en: https://bit.ly/38Vw1mA
[9] Se retoman elementos de las propuestas del profesor Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable. Periodico UNAL, 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-policial-urgente-y-estructural-pero-poco-probable/; asimismo se retoman elementos de las propuestas de proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por parte de Congresistas de la Bancada de Oposición.
La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la violación al derecho fundamental al derecho de reunión que tienen todos/as los ciudadanos, por parte del Gobierno Nacional en Cabeza de Iván Duque Márquez la Gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la Policía Nacional a cargo del General Jorge Luis Vargas Valencia.
Desde el viernes 16 de julio varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias han sido objeto de hostigamiento constante por parte de la fuerza pública en las carreteras de Colombia por dirigirse a la Asamblea Nacional Popular, espacio amplio y diverso de encuentro y deliberación política del movimiento social. En este contexto se han recibido múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Tolima.
El sábado 17 de julio la policía ha detenido una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá en la zona de La Herradura, La Tebaida, Quindío y La Paila siendo estos municipios limítrofes con el Valle del Cauca, a los conductores se les ha amenazado con confiscarle los buses e imponerles comparendos. En este momento las delegaciones llevan más de 7 horas detenidos sin poder desplazarse a la Asamblea Nacional Popular, generando un desgaste físico y mental debido la imposibilidad de poder obtener y consumir alimentos. Lo anterior se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público”.
Exigimos a la Policía Nacional que permita y garantice el ingreso seguro sin hostigamientos e intimidaciones a las delegaciones que se concentran en la Universidad del Valle. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que articulen acciones en favor de la garantía de los Derechos civiles y políticos de los ciudadanos que participarán en este encuentro ciudadano y en las movilizaciones convocadas de manera pacifica para los próximos días.
Un Estado que impide el Derecho de Reunión no puede llamarse democrático.
La CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, la RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS y el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre la situación de la DESAPARICIÓN FÍSICA DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DARIEL FAJARDO y sobre los riesgos inminentes y latentes que de ella se derivan en contra su vida, integridad física, psicológica y libertad civiles y políticas, en su condición de ciudadano y defensor de derechos humanos.
HECHOS
Cerca de las 10:00 a 11:00pm el día lunes 12 de julio de 2021, el defensor de derechos humanos DARIEL FAJARDO se encontraba en el barrio San Marcos de la Localidad de Engativá acompañando a su novia.
Él está vestido con un jean, camisa, chaqueta negra, gorro vinotinto de lana.
A sus familiares les parece extraño que DARIEL FAJARDO haya dejado su celular y algunas pertenencias de uso común en su casa.
Desde que salió de la casa de su novia, no se tienen noticias sobre su paradero, ni por parte de sus familiares, ni amistades.
EXIGENCIAS
La activación del MECANISMO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS de manera urgente, para actuar con prontitud en su búsqueda y ubicación con todos los elementos y tecnologías que tiene disponibles las entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
El respeto y garantías de sus derechos a la vida, la integridad personal, así como libertades de los que goza como persona, ciudadano y defensor de derechos humanos.
El acompañamiento urgente del Ministerio Público, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como de la Personería de Bogotá, ejerciendo sus roles de asistencia a la familia del defensor de derechos humanos.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantías reforzadas de las PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.
El día 11 de julio del presente año, siendo las 7:24PM el líder comunitario y comunicador social Daniel Guillermo Pedraza Arias integrante activo de la Asamblea Popular de Engativá (APE) recibió junto con su familia una amenaza por medio del teléfono celular de su mamá en el cual se manifestaba lo siguiente:
“Señores Pedraza Arias saquen a su hijo de lo que anda porque ya está pintando él cree que por estar grabando y gritando y fumando con sus amig@s marihuaneros va a arreglar el país. Sabemos que hace, sabemos donde vive y con quien vive que hace el hermano la cuñada y hasta donde trabaja a que horas sale y hasta con quien sale del trabajo lo sabemos todo, donde se la pasa y que a hecho todos estos meses después del trabajo. Por el bien de el y de todos ustedes haga que se retire de las asambleas y de todo eso!!!”
Posteriormente el 12 de julio sobre las 8.00PM, Daniel se dirigió a una tienda cercana a su lugar de vivienda y se percató del seguimiento continuo de una moto con dos sujetos, allí se le manifestó que hombres no identificados o reconocidos en la comunidad habían indagado por él.
Estos hechos se enmarcan en un contexto desbordado de exacerbación de la violencia a nivel nacional y de la continuada persecución a los liderazgos comunitarios que han participado activamente de las diversas actividades de carácter público en el marco del paro nacional del 2021. Así mismo, tal como se ha señalado por la Alerta Temprana No. 010 del 31 de mayo de 2021 en Bogotá se han establecido escenarios de riesgo continuados expandiendo sus dinámicas hacia nuevos territorios, entre ellos diversos barrios de la localidad de Engativá.
Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie en contra de las amenazas y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, comunitarios que ponen en riesgo la vida e integridad de jóvenes, entre ellos Daniel Pedraza y su núcleo familiar. A la Fiscalía General de la Nación, le exigimos una investigación eficaz sobre las amenazas en contra del líder y periodista Daniel Guillermo PedrazaArias. A la Defensoría Regional del Pueblo de Bogotá que ponga en marcha de carácter urgente planes de acción en materia de prevención y atención de posibles vulneraciones a los derechos humanos hacia Daniel Pedraza y su familia.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
