El pasado mes de enero del año en curso fue firmado, por parte suya, el Decreto 0223 por medio del cual se aprobó el Protocolo de Garantías para la Movilización Ciudadana y la Protesta Social en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Dicho protocolo es el resultado de un proceso de construcción colectiva entre varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la ciudad, sindicatos, estudiantes, mototaxistas, entre otros sectores sociales, y fue posteriormente revisado con funcionarios de la Alcaldía, específicamente de la Secretaría de Gobierno, en cabeza del Sr. Clemente Fajardo.
Pero a pesar de todo el esfuerzo hecho para la construcción y aprobación del protocolo, existe preocupación porque, hasta la fecha, no hay una asignación presupuestal para su puesta en marcha ni se ha hecho efectivo un proceso pedagógico de socialización. A raíz de esto hemos evidenciado que este no se ha implementado en ninguna de las movilizaciones que se han convocado en la ciudad.
Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes le solicitamos a usted que se convoque a una reunión de carácter urgente entre las autoridades del distrito que tienen competencia en los parámetros que estable el Protocolo, así como del Ministerio Público y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del distrito.
Atentamente,
Campaña Defender la Libertad: Un Asunto de Todas, Comité de Derechos Humanos – UNEES – Uniatlántico, Fundación Lazos de Dignidad, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Comité de Derechos Humanos Alfredo Correa de Andréis, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Corporación para la Educación y la Autogestión Ciudadana (CEAC), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Seccional Atlántico, Fundación Foro Costa Atlántica, Juventud Comunista Colombiana (JUCO), Movimiento Amplio y Social de Mujeres del Atlántico, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES Atlántico), Federación de Estudiantes Universitarios, Fundación Matronas, Colectiva La Agenda – Ciudad + Género, Colectivo Feminista Rosa Violeta, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Desde la Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas, informamos que el día 15 de junio de 2020, se llevó a cabo, a nivel nacional, una jornada de movilización convocada desde diferentes sectores sociales, quienes se manifestaron en contra de las diferentes situaciones que se vienen presentando en Colombia y la falta de garantías para pasar una cuarentena digna.
Sin embargo, la jornada de movilización pacífica se vio afectada por la desmedida e injustificada intervención de la Policía Nacional, situación que dejó como resultado más de 100 personas retenidas a nivel nacional y 3 personas con graves heridas.
En la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, se registran al menos 45 personas retenidas, entre las cuales se encuentra manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Junto con esto, 2 jóvenes fueron golpeados, de manera indiscriminada por parte de la Fuerza Pública; Duván Jaramillo, quien es defensor de derechos humanos y hace parte del partido FARC, fue golpeado brutalmente, lo que le ocasionó una fractura en su brazo. Por otro lado, Nicolás Brito Zapata, quien fue retenido por grabar la movilización, fue golpeado durante el procedimiento, lo cual le causo una fractura en la mandíbula.
En la ciudad de Bogotá, se registran 73 personas retenidas, 8 con fines de judicialización, en un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD.
En la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca, la Policía Nacional y la Policía Militar, hostigaron la jornada de movilización, quienes sancionaron a los manifestantes con comparendos. Ciudadanos y ciudadanas denuncias la presencia de militares con armas de largo alcance en el lugar en donde se adelantaba el plantón.
En la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, 5 personas fueron retenidas en el marco de las movilizaciones.
Desde las Comisiones de Verificación e Intervención, pudimos observar que algunos agentes de la Policía Nacional no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios, en un momento en que la población mundial atraviesa por una pandemia productor del virus Covid – 19. Recordamos que, tanto manifestantes como agentes de la Fuerza Pública, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, más aún en situaciones que pudiesen propiciar algún tipo de aglomeración, como lo fueron las retenciones masivas del día de ayer.
Además, seguimos observando, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, lo cual contraría la ley y convierte estos casos en detenciones arbitrarias. Recordamos que, según la Corte Constitucional, el traslado por protección tiene como única finalidad permisible la protección de derechos (Sentencia C-281); sin embargo, se han presentado traslados injustificados que no sólo han violado el derecho a la libertad, sino la integridad física de las personas.
Finalmente, Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.
Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com
El día de hoy en la ciudad de Medellín se realizaba una movilización social convocada nacionalmente, como acción de muestra de la indignación nacional por diversas situaciones que se vienen presentando en nuestro país. La marcha contó con amplía difusión por parte de los sectores sociales e incluso se hizo una twitteraton el pasado 14 de junio. Por ello debió contar con todas las medidas para su respeto y garantía. La jornada se desarrollaba de manera tranquila hasta que se presentaron medidas represivas por parte de la policía, quien desde el primer momento se negó a interlocutar con las personas defensoras de derechos humanos.
Vemos con preocupación y denunciamos la reiteración en el uso arbitrario de la figura del Traslado por Protección por parte de la Policía Nacional, medio policivo que se ha instrumentalizado como herramienta para la represión, estigmatización y sanción de la movilización social y la protesta constitucionalmente protegida. A esta reiterada práctica, se agrega el desconocimiento de la libertad de prensa, toda vez que en medio de las detenciones masivas fueron capturados y capturadas periodistas y fotógrafos, quienes incluso portaban su identificación y advirtieron esta condición a las autoridades.
También se presentaron detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a parte de los manifestantes, incluso se sabe de una persona que sufrió una fractura en una de sus extremidades por el accionar abusivo de la Policía; para un total de al menos 40 personas detenidas y agredidas.
Alertamos que estás acciones ilegales son alentadas y exigidas por la Alcaldía de Medellín, pues se corresponden con las decisiones de restricción a la protesta social, que es contraria a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia, lo cual va acompañado de la vulneración del principio de legalidad que debe cumplir toda actuación estatal, al no llevarse a cabo la publicidad de las medidas arbitrarias, como ocurrió con el “protocolo” a las Universidades Públicas y que se repite con la supuesta “Resolución” que pretende “prohibir la movilización en vía pública”.
Frente a este contexto arbitrario, irregular, ilegal y reiterado exigimos al ministerio público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, adelantar todas las investigaciones que sean precisas y compulsar copia a la Fiscalía en los casos que ello amerite, ya que la impunidad es un mensaje de complicidad con las autoridades y uniformados que desconocen los derechos civiles y políticos, quienes se encuentran en una posición ventajosa en su lugar como funcionarios públicos y ejercen abusivamente sus funciones.
Alertamos que la arbitrariedad de la privación de la libertad no solo se corresponde con la práctica ilegal de los funcionarios, que actúan sin invocar normas y procedimientos preexistentes en la ley, sino también cuando las normas invocadas son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en ese sentido cuando afirmó que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”[1].
Por último, le recordamos a todas las autoridades que nos encontramos en el contexto de un estado de emergencia, no estamos en un país sin Constitución y sin leyes, por lo cual sigue siendo su deber el respeto de la legalidad y la garantía de los derechos, tal como explícitamente lo consagra la Carta Política colombiana en su artículo 93, donde explícitamente se dicta la prevalencia de “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción”.
Daniel Quintero y las demás autoridades de policía tienen que entender que su funcionamiento es en favor y para la ciudadanía, aun en las ocasiones en que el ejercicio de sus derechos le resulte incomoda.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday v. Suriname, sentencia del 21 de enero de 1994, serie C, n.º 16, párr. 47.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas y el Comité de DD.HH. de la Universidad de Cundinamarca, Soacha, denuncian ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control y los medios de comunicación, el uso arbitrario, desmedido e irregular de la fuerza por parte de la Policía Nacional en la Universidad de Cundinamarca, sede Soacha, ocurridos el día de hoy.
HECHOS
Sobre las 9AM estudiantes encapuchados de la Universidad de Cundinamarca hicieron un acto de protesta al interior del campus, en rechazo del procedimiento adelantado para elegir al nuevo Rector de dicha institución, debido a que el actual se ha visto involucrado en hechos de corrupción y pretende hacerse reelegir.
Producto de esta situación, aproximadamente a las 10AM ingresó al campus personal de la Fuerza Disponible y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. En su ingreso, los agentes de policía rompieron vidrios de los salones de clase, golpearon estudiantes y lanzaron gases lacrimógenos al interior del campus.
Integrantes de la comunidad universitaria denunciaron el uso de armas de fuego en la intervención de la Policía, lo que generó que un estudiante resultara herido de gravedad en su pierna izquierda. Pese a ver la situación, la Policía no prestó primeros auxilios y no viabilizó una atención urgente en salud. Producto de lo anterior, la comunidad decidió trasladas al estudiante a un Hospital por sus propios medios.
Durante el procedimiento más de trece (13) estudiantes fueron retenidos por la Policía y subidos a un camión, supuestamente para ser traslados por protección, no obstante, dadas las gestiones de la comunidad y la denuncia ante las posibles arbitrariedades, fueron puestas en libertad por parte de las autoridades, lo cual demuestra que dichas detenciones no tenían legitimidad legal y eran arbitrarias. Varias de las personas detenidas fueron golpeadas al interior de los camiones.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los recientes hechos y establezca la responsabilidad de los agentes de policía que cometieron detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, lesiones personales, entre otros delitos.
A la Policía Nacional, que aparte del cargo a los agentes de policía involucrados en este operativo durante el desarrollo de las investigaciones, y adopte las medidas necesarias para evitar que esto se repita.
A la Defensoría del Pueblo, que acompañe a la comunidad estudiantil en su proceso de reclamo y exigibilidad de derechos.
A la Procuraduría General de la Nación, que asuma de manera preferente y oportuna toda investigación que se inicie por estos hechos y actúe con diligencia para evitar que funcionarios públicos comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos continúen en su cargo.
Comunidades campesinas en Minga Social en el Municipio de El Cairo alertan los hostigamientos en horas de la noche de hombres vestidos de negro y el sonido de artefactos explosivos que los pone en grave riesgo por inminente trato militar a la protesta social
Departamento del Cauca, Municipio de Cajibio
La Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Teniendo en cuenta que:
Desde el día 10 de marzo de 2019, comunidades campesinas iniciaron el proceso de movilización pacífica y se congregaron en Municipio de Cajibio en la Vereda El Cairo.
Desde el día 16 de marzo se encuentran concentrados en la Vereda La Pajosa a más de 4 kilómetros de la vía panamericana.
Durante los días 19 y 20 de marzo de 2019, hemos realizado acciones pedagógicas de forma pacífica sobre la vía panamericana en la Vereda El Cairo. Las cuales han sido verificadas entre otros por delegados de la Misión de paz de la ONU, MAPP OEA, OACNUDH, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Secretaria de Gobierno (los cuatro últimos solo el día 19 de marzo)
El día de hoy 20 de marzo de 2019, • Cerca de las 10:30 de la mañana, en un puesto de control policial varios integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD proceden a requisar a un grupo de campesinos. Un integrante del ESMAD les grita que eran unos flojos y que los iban a golpear a todos. Por lo cual ISAIAS CAMAYO le dice que se iban a defender e inmediatamente un integrante del ESMAD procedió a golpearlo en el abdomen y en el costado dorsal. • Desde las 6:30 de la tarde, las comisiones de seguridad y de garantías y derechos humanos del sitio de concentración constataron que en tres oportunidades individuos vestidos de negro se acercaron a escasos metros de la concentración y tan pronto advirtieron que se acercaba una comisión de campesinos los desconocidos emprendieron la huida y en uno de los casos uno de los individuos lanzo un artefacto explosivo. • Siendo las 9:40 y 9:42 de la noche en inmediaciones del sitio de concentración se han escuchado el sonido de artefactos explosivos. • En repetidas ocasiones los agentes del ESMAD han abordado a defensores y defensoras de Derechos Humanos y han cuestionado su labor y han exigido identificación.
Que han sido constantes los informes los hostigamientos y la presencia de más de centenares de integrantes del Ejército Nacional y del Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD de la Policía Nacional en inmediaciones del sitio de concentración.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional por las violaciones a los derechos constitucionales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que puedan cometer los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia en contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas movilizadas en el Cairo Cajibio.
El dialogo es la ruta.
20 de marzo de 2019
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Chxab Wala Kiwe Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
