Organizaciones de la sociedad civil entregan informe a la CIDH sobre violencias sexuales y violencias basadas en género en el en el contexto del Paro Nacional

Organizaciones de la sociedad civil entregan informe a la CIDH sobre violencias sexuales y violencias basadas en género en el en el contexto del Paro Nacional

El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.

Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.

En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.

La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.

Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:

  1. Violencia sexual
  2. Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
  3. Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones

Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.

Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:

  1. Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
  2. Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
  • Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
  1. Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
  2. Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.

Descarga aquí el informe completo.

Alerta temprana, preventiva y urgente por posibles vulneraciones en el municipio de Facatativá, Cundinamarca

Alerta temprana, preventiva y urgente por posibles vulneraciones en el municipio de Facatativá, Cundinamarca

La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas alerta de manera temprana, preventiva y urgente posibles vulneraciones en el marco del Paro Nacional el día 02 de junio de 2021, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca debido a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 02 de junio, durante horas de la mañana, unidades del Ejército Nacional hicieron presencia en diferentes barrios de Facatativá (Cundinamarca), como lo son Cartagenita, Juan Pablo II y Portal de la María, indagando sobre los nombres de las personas participantes en los bloqueos y distribuyendo tarjetas con la siguiente información:

“Teniente Coronel Harold Sexton Schmidt Gallego Comandante “Batallón Infantería No. 38 Miguel Antonio Caro”
  Cel: 3106781019   3157005471 (escrito en esfero) Cbimac382020@gmail.com

Los uniformados, instaron a la comunidad a comunicarse a los números de teléfono referidos e informar sobre las personas que participan en las movilizaciones, excediendo las funciones propias del servicio y causando intimidación a los ciudadanos.

SEGUNDO: En el transcurso del día, también, se repartió en el casco urbano de Facatativá (Cundinamarca), una tarjeta con el logo del Ejército Nacional de Colombia, con el mensaje:

“Ningún acto de violencia, ni de vandalismo debe ser permitido o justificado.

¡La violencia no es la salida, manifiéstate a través del diálogo!

¡Facatativá somos todos!

TERCERO: Las Unidades del Ejército mencionadas invitaron a la comunidad a una reunión, el día 02 de junio, a las 3:00pm con el propósito de recibir información sobre las personas que han participado en el paro nacional.

EXIGENCIAS

EXIGIMOS al Estado Colombiano, en cabeza de Iván Duque, y a la Fuerza Pública, el respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el respeto por el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que ha ejercido la población del municipio de Facatativá.

SOLICITAMOS al Ministerio Público que realice presencia y pueda verificar en terreno la situación de Derechos Humanos en el municipio de Facatativá, y que promueva la garantía del derecho a la reunión, asociación y el respeto por la vida y la integridad física y mental de las y los manifestantes.

A la Defensoría del Pueblo activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la integridad de las y los manifestantes y organizaciones sociales durante el proceso del Paro Nacional.

Boletín Informativo 16: #ParoNacional

Boletín Informativo 16: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta y seís (36) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 02 de junio (11:40 am) en el territorio nacional:

  • 76 homicidios[1], de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
  • 988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y a ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
  • 151 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas.
  • 491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 337 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 41 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2], 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual). Como Campaña tenemos registro de 29 casos de VBG en el marco de la protesta social que incluyen acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas de violación y hostigamientos; y 5 agresiones sexuales adicionales.
  • 2.395 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales[4]. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89[5] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.

Vemos con preocupación que del universo de agresiones que hemos registrado en nuestras bases de datos, la gran mayoría corresponde a agresiones que han sufrido personas jóvenes[6]; quienes han sido asesinadas, heridas, mutiladas, detenidas, allanadas, victimizadas en razón de su género, sufriendo VBG. Además de ello, el gobierno nacional y medios de comunicación tradicionales, han realizado afirmaciones estigmatizantes en las que las manifestantes y las jóvenes son tildadas como “terroristas”[7] y/o “vándalas”, con generalizaciones absurdas y peligrosas, haciendo alusión a su supuesta pertenencia a grupos  guerrilleros, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, consolidando con ello, su discurso de odio y su política de caracterizar un enemigo interno que les permita criminalizar a toda persona que ejerza la protesta social en el país, excluyendo y atacando de manera más marcada al mencionado sector poblacional.

Hacemos un llamado urgente y contundente a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el departamento de Valle del Cauca. No se han dado explicaciones satisfactorias sobre: las denuncias de 13 personas asesinadas[8] aparentemente en medio de las protestas, las denuncias sobre torturas en un almacén[9], y el incendio en el cual se denuncia la existencia de personas calcinadas[10]. La situación en esos territorios es crítica, ya que hemos recibido múltiples y constantes registros de personas asesinadas, heridas y torturadas, así como denuncias sobre abuso policial; por lo cual, exigimos que estos hechos sean esclarecidos en su totalidad, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.

Es preocupante la situación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas vividas en la ciudad de Bogotá. Particularmente en el Espacio Humanitario ‘Al calor de la olla’ en el Portal de la Resistencia (antes Américas), se han vivido sistemáticas y múltiples intervenciones que producen agresiones desmedidas e injustificadas en contra de manifestantes, brigadas de salud de primeros auxilios de la sociedad civil, conjuntos residenciales, casas y barrios populares que rodean este punto de la ciudad. Asimismo, se ha evidenciado que la actitud y acción violenta, provocadora y agresora por parte de la Policía se ha presentado en otros puntos de la ciudad, como en las localidades de Usme, Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón, las cuales han dejado decenas de manifestantes heridas, golpeadas y mutiladas. La sistematicidad de estas agresiones es evidente en diferentes puntos de Bogotá, lo cual nos preocupa como organizaciones defensoras de derechos humanos, toda vez que representa una violación constante de derechos fundamentales, protocolos y normas nacionales y del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable y vigente en el país, pero irrespetado por la fuerza pública y el gobierno nacional.

Las agresiones por parte de la fuerza pública, también se han presentado hacia defensoras de DDHH y han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales, que se han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas en el marco de intervenciones injustificadas y desproporcionadas por parte del ESMAD. Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en todo el país por parte de organizaciones de la sociedad civil, exigimos justicia, verdad y reparación integral por el homicidio de una persona defensora de derechos humanos, integrante del Pueblo Indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle[11], así como por todas las defensoras violentadas en el marco del Paro Nacional. Reiteramos que ser defensoras de derechos humanos no es un delito, es una labor urgente y necesaria en el contexto actual de Colombia.

Durante el transcurso del Paro Nacional se ha solicitado la presencia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en las movilizaciones, así como en los lugares de detención transitoria y de judicialización de personas en el marco de jornadas de protesta social, sin embargo, es absolutamente cuestionable su papel en el marco de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, toda vez que no hemos evidenciado un papel activo y que permita acompañar a la ciudadanía. Nos preocupa que las cifras de vulneraciones de derechos de personas en el marco de las protestas sociales, que tienen registradas entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, no son uniformes, no concuerdan y presentan diversos balances que son disímiles y confusos, lo cual es grave para la exigencia de búsqueda de justicia, verdad completa, reparación integral de víctimas en casos tan graves; como los de desaparición forzada, los de violencia sexual, los de homicidios o los de lesiones oculares y mutilaciones.

Compartimos las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cuanto a los homicidios presentados en el marco del Paro Nacional[12], y manifestamos nuestra abierta y total disposición de diálogo con dicho organismo, para informar, visibilizar y analizar el contexto, sistematicidad, documentación y patrones de agresiones que hemos evidenciado en estas jornadas de movilización de Colombia.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
  • Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
  • A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.

 

[1] Desde el último boletín se suman 16 personas asesinadas en Valle del Cauca y 1 en Putumayo.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1028 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 375 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 55 en Tolima, 170 en Atlántico, 107 en Santander, 218 en Cundinamarca, 100 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 45 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4] Ver: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[5]   Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[6] Personas de 14 a 28 años.

[7] Ver: https://twitter.com/Diego_Molano/status/1389242329119219717?s=08

[8] Ver: https://twitter.com/CIDH/status/1398997919991222274?s=08

[9] Ver: https://90minutos.co/parqueadero-exito-calipso-inspeccionado-denuncias-redes-21-05-2021/

[10] Ver: https://www.facebook.com/vargasfernandovargas/videos/3941713962576564/?sfnsn=scwspwa

[11] Ver: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-sebastian-jacanamejoy-en-medio-de-las-manifestaciones-en-cali/

[12] https://mailchi.mp/dist/cidh-condena-graves-violaciones-de-ddhh-en-las-protestas-en-colombia-rechaza-violencia-y-reitera-al-estado-honrar-sus-obligaciones-internacionales?e=7f19d5fd29

 

Posibles vulneraciones en municipios de Cundinamarca

Posibles vulneraciones en municipios de Cundinamarca

La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, alerta de manera temprana, preventiva y urgente posibles vulneraciones en el marco del Paro Nacional hoy 28 de mayo de 2021 en municipios de Cundinamarca, principalmente Facatativá y Madrid debido a los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO: Desde el 27 de mayo de 2021 en horas de la noche el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) hace presencia en Madrid (Cundinamarca), hoy, desde tempranas horas continúa en los espacios de movilización y reunión de las y los manifestantes en el municipio de Madrid (Cundinamarca), incumpliendo la distancia prudencial, y causando con su presencia intimidación a los ciudadanos.

SEGUNDO: Alrededor de las 7:45 am el ESMAD a la altura de la Glorieta (Variante Madrid) interviene de forma violenta y desproporcionada contra los manifestantes que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta, tras la intervención, la movilización fue replegada.

TERCERO: Esta intervención avanzó hacía en el barrio El Sosiego, causando afectaciones generalizadas incluyendo a residentes del sector que no se encontraban en las protestas, se reportan afectaciones por gases lacrimógenos en zonas residenciales donde habitan menores de edad y adultos mayores. Así mismo, agresiones y uso desproporcionado por parte de la Fuerza Pública a las personas que se encuentran reunidas, se reporta una persona herida por disparo a corta distancia al cuerpo, y lesiones causadas por gases tras la intervención de la fuerza pública.

EXIGENCIAS

EXIGIMOS al Estado Colombiano en cabeza de Iván Duque, y las autoridades gubernamentales de Cundinamarca el gobernador Nicolás García Bustos y los alcaldes Jorge Andrés Tovar (Madrid) y Guillermo Aldana (Facatativá), a la Fuerza Pública el respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el respeto por el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que ha ejercido la población de los municipios de Facatativá y Madrid.

SOLICITAMOS al Ministerio Público que realice presencia y pueda verificar en terreno la situación de Derechos Humanos en el barrio El Sosiego – Madrid, y que promueva la garantía del derecho a la reunión, asociación y el respeto por la vida y la integridad física y mental de las y los manifestantes.

A la Defensoría del Pueblo activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la integridad de las y los manifestantes y organizaciones sociales durante el proceso del Paro Nacional.

Boletín informativo 15: #ParoNacional

Boletín informativo 15: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta (30) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 28 de mayo (7:00 am) en el territorio nacional:

  • 59 homicidios[1], de los que 32 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas fallecidas, eran mujeres. Nueve (9) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
  • 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a cincuenta (51) las lesiones oculares y sesenta y nueve (70) personas fueron heridas por arma de fuego. 389 hombres fueron heridos, 75 mujeres heridas y 395 personas heridas no identificadas, esto se explica debido a la negativa de muchos heridos de iniciar una ruta institucional de atención debido al temor de verse involucrados en un proceso judicial y ser estigmatizados.
  • 133 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones, bajo diversas modalidades como amenazas, golpes, detenciones y señalamientos. Durante este mes de movilizaciones resultan particularmente graves las detenciones de 5 defensores en Nariño, la tortra y detención de un defensor en Piedecuesta Santander, las múltiples agresiones a la misión de verificación en Cali donde resultaron impactados con armas de fuego los vehículos de defensores de DDHH y las agresiones cometidas por la fuerza pública contra otra misión acompañada por la ONU en la estación Fray damián en Cali. Igualmente preocupan las descalificaciones de la alcaldía de Bogotá de las denuncias realizadas por defensoras de derechos humanos al señalar de “chismes”.
  • 465 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 319 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 75 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 40 defensoras de derechos humanos han sido agredidas, adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2], 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual). Como Campaña tenemos registro de 29 casos de VBG en el marco de la protesta social que incluyen acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas de violación y hostigamientos; y 5 agresiones sexuales adicionales.
  • 2152 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1192 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas, y según las organizaciones sociales y de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas[5]. Esto es crítico ya que demuestra la poca claridad y coordinación de las instituciones para documentar, atender y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a la protesta social.

Destacamos que la gran mayoría de personas asesinadas, heridas, mutiladas, detenidas, allanadas, víctimas de VBG, entre otras violencias en el marco de la protesta social, han sido ejercidas contra jóvenes. Y como si ello no fuera suficiente, el gobierno nacional y medios de comunicación han realizado afirmaciones estigmatizantes en las que las manifestantes y las jóvenes son tildadas como “terroristas”[6] y haciendo alusión a su pertenencia a grupos  guerrilleros.

Las mujeres y las diversidades de género tienen un riesgo diferenciado en la protesta social debido a las condiciones estructurales de violencia arraigadas en nuestra sociedad, estos abusos son cometidos principalmente por la Fuerza Pública. Los hechos más alarmantes presentados en este contexto son abuso y acoso sexual, detenciones arbitrarias y la no separación de acuerdo con la identidad de género, lo que incrementa el riesgo de sufrir tocamientos indebidos, manoseos y violencia sexual. Así mismo amplia la discriminación por identidades de género no binarias debido al desconocimiento y rechazo de estas. Así mismo, se ha denunciado que en escenarios de detención y requisas invasivas se solicita la desnudez parcial o total, así como realizar saltos y movimientos denigrantes.

Resulta preocupante la tardía e inoperativa acción estatal en el esclarecimiento de las agresiones ejercidas por la fuerza pública en Valle del Cauca, Cauca y el suroccidente del país. No se han dado explicaciones satisfactorias a las denuncias de personas asesinadas aparentemente en las protestas y encontradas en el cauce del Río Cauca, tampoco se ha esclarecido el paradero de muchas de las personas reportadas como desaparecidas. Asimismo, la violencia no cesa en municipios como Caucasia, Antioquia, Buga, Cartago, Tuluá y Cali. La situación en esos territorios es crítica, ya que hemos recibido múltiples registros de personas asesinadas, heridas y denuncias sobre abuso policial; por lo cual, exigimos que estos hechos sean esclarecidos, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.

Rechazamos las agresiones y violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas y en el espacio definido como refugio humanitario en el Portal de la Resistencia (antes Américas), y las múltiples intervenciones y agresiones desmedidas e injustificadas en Portal Suba, San Cristóbal y Usme, entre otros, que han dejado decenas de manifestantes heridas, golpeadas y mutiladas. Estos ataques se han presentado de manera sistemática, lo que nos parece preocupante ya que representa una violación constante a los derechos fundamentales, los protocolos y normas internacionales y nacionales.

Dichas agresiones también se han presentado hacia defensoras de DDHH y han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas. Exigimos garantías para la defensa de los derechos humanos en todo el país. En Bogotá se llevó a cabo una reunión con la alcaldesa Claudia López para abordar las violaciones a los derechos humanos en la ciudad, particularmente de las defensoras de derechos humanos, en la cual se plantearon exigencias y se hicieron propuestas para dotar de garantías la labor de las Comisiones de Verificación e Intervención.

El 26 de mayo se presentaron varias irregularidades en el departamento de Nariño. Durante la jornada de protestas convocadas en la ciudad de San Juan Pasto, varias defensoras de DDHH denunciaron que recibieron agresiones por parte de la fuerza pública. La cual obstaculiza la labor de verificación y acompañamiento de DDHH, así como la de las brigadas médicas, impidiendo la identificación de detenidos y la atención de personas heridas.

Dos jóvenes manifestantes denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual por parte de detenidos que se encontraban en una estación de Policía de la Soledad, Atlántico. Todo lo anterior sucedió con complicidad y aprobación de los uniformados, incluso los testimonios indican que los policías alentaron a los detenidos para violentar a los manifestantes[7]. Rechazamos estas actuaciones que, por acción u omisión, la fuerza pública también es responsable de dichos delitos, el machismo, LGBTIQfobia, estigmatización de poblaciones diversas y la patriarcalización en dichos escenarios debe ser abolidos para garantizar la vida y la integridad de las manifestantes, hacemos un llamado a no callar este tipo de violencias, y a las instituciones, a no dejarlas en la impunidad y rechazarlas con vehemencia.

Hemos recibido múltiples denuncias sobre una ola de capturas en el departamento de Arauca[8]. Entre los capturados se encuentran funcionarios públicos, concejales y líderes sociales. El cuerpo de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) capturó a: Fredy Camargo (Secretario de Planeación de Fortul), Ruth Pitta (Concejala), Alexander Botia Amaya (Secretario de Agricultura Departamental), Diana Molina (Representante de las víctimas en Saravena) y Camilo Espinal (concejal de Saravena). Incluso, de manera extraoficial se habla de otros servidores públicos de los municipios de Arauquita y Tame. Preliminarmente se conoció que estarían siendo sindicados del delito de rebelión.

Es preocupante que se haya negado la moción de censura al Ministro de Defensa Diego Molano, ya que sus acciones provocan estigmatización de la protesta social, y son interpretadas como un respaldo a las agresiones de la Policía y el ESMAD. El alto funcionario no ha realizado siquiera un pronunciamiento en consideración a las víctimas de la violencia policial. Respaldamos a las víctimas de crímenes de Estado, que en compañía de organizaciones de derechos humanos, han manifestado su interés por realizar una veeduría pública[9] a la votación de la moción de censura.

Desde el inicio del Paro Nacional se ha solicitado la presencia y acompañamiento por parte de Ministerio Publico en las movilizaciones, sin embargo es cuestionable la operatividad en torno a las oportunas intervenciones en el marco de vulneraciones a los Derechos Humanos, nos preocupa que las cifras de vulneraciones de las diversas entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales, junto con la Fiscalía General de la Nación no son uniformes y presentan diversos balances en torno al seguimiento de casos especialmente graves como los relacionados con violencia sexual y personas dadas por desaparecidas. Desde el inicio de las movilizaciones se ha cuestionado el rol de diversos funcionarios públicos que no han señalado enfáticamente sus rechazos al evidente accionar desproporcionado de la Fuerza Pública, todo lo contrario, sus declaraciones públicas han evidenciado discursos ideológicos parcializados.

Compartimos las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cuanto a los asesinatos en el marco del paro nacional[10], y recalcamos la necesidad alrededor de la visita de dicho organismo al país para constatar todas estas agresiones cometidas por el Estado.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
  • Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
  • A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y víctimas de la policía, entre otros. Lo cual permita la transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la Paz.

 

[1] Desde el último boletín se suman 7 personas asesinadas en Valle del Cauca.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 962 detenciones en Bogotá, 36 en Cauca, 345 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 46 en Tolima, 133 en Atlántico, 94 en Santander, 166 en Cundinamarca, 100 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 42 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 8 en Caldas, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4]   Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[5] Ver: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[6] Ver: https://twitter.com/Diego_Molano/status/1389242329119219717?s=08

[7] Ver: https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/manifestantes-denuncian-abusos-sexuales-en-estacion-de-policia-de-soledad/20210527/nota/4138306.aspx?ssm=whatsapp

[8] Denuncias recibidas por el número de emergencias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.

[9] https://movimientodevictimas.org/victimas-envian-carta-al-congreso-contando-que-haran-veeduria-de-la-votacion-de-mocion-de-censura-del-ministro-de-defensa-diego-molano/

[10] https://mailchi.mp/dist/cidh-condena-graves-violaciones-de-ddhh-en-las-protestas-en-colombia-rechaza-violencia-y-reitera-al-estado-honrar-sus-obligaciones-internacionales?e=7f19d5fd29

Más de 54 mil personas y organizaciones le piden al gobierno colombiano autorizar la visita de la CIDH al país

Más de 54 mil personas y organizaciones le piden al gobierno colombiano autorizar la visita de la CIDH al país

Foto: France 24

A través de formulario digital y de la plataforma de activismo Change.org, más de 54 mil personas y organizaciones se han sumado a la petición al Presidente de Colombia Iván Duque Márquez para que autorice la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA que monitorea la situación en todo el continente.

Estas personas y organizaciones esperan que la CIDH constate en terreno las graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes durante el Paro Nacional. La campaña Defender la libertad: asunto de todas, ha denunciado 52 homicidios, 715 personas heridas, 67 por arma de fuego, 41 las lesiones oculares, 95 personas defensoras, 87 personas víctimas de violencias basadas en género, 1645 detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos, 12 allanamientos, 992 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Hay además 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La CIDH hizo pública su intención de visitar el país el pasado 14 de mayo, después de recibir miles de solicitudes «para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril».

Este lunes la vicepresidente y ministra de relaciones exteriores Martha Lucía Ramírez se reúne con la CIDH en Washington y se espera que en esta reunión el gobierno colombiano brinde la anuencia formal que se necesita para la realización de esta visita.

Anexamos la carta de solicitud de organizaciones de derechos humanos dirigida al gobierno colombiano.