En 13 días, 1.271 casos de agresión contra la protesta social en Antioquia

por Campaña | May 12, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias

Desde el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos publico el balance de las jornadas de protesta iniciadas el 28 de abril y se han extendido hasta el día 10 de mayo, concentrándose principalmente en los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, Sabaneta, Envigado, Itagüí, y las subregiones del Oriente y Suroeste, Norte y Bajo Cauca antioqueños.

La intensidad de la movilización ha disminuido desde el jueves 6 de mayo, lo que también se ha reflejado en la disminución cuantitativa de los ataques desde ese día, nueva dinámica que ha permitido la elaboración de este balance, en un ejercicio más pausado de la información que se posee, depurando hechos conocidos, tipificándolos de mejor manera y arrojando un resultado más preciso sobre las agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de policías, militares y paramilitares en contra de quienes han ejercido el derecho a la Protesta Social durante trece días en Antioquia.

No obstante, persiste nuestra preocupación, pues en estos trece días de protestas hemos registrado 1.271 casos de agresión relacionados con el ejercicio de este derecho, según información proveniente de reportes allegados por la ciudadanía a través de distintos medios de comunicación a defensores y defensoras de los Derechos Humanos y sus organizaciones. El resultado es el siguiente:

El panorama expuesto da cuenta de que la decisión gubernamental de reprimir la protesta social se ha cumplido a cabalidad, con el aval aparente de las administraciones locales y

regional, confirmado hasta ahora con el silencio aterrador que han guardado frente la intensidad de las agresiones a la que se ha sometido a las y los manifestantes.
Lo acontecido en Colombia y en Antioquia, es nuevamente evidencia suficiente que en este país urge acabar con la doctrina contrainsurgente -ahora con renombres de pretensión sofisticada- y con ello reformar profundamente a la Policía Nacional, el desmonte del ESMAD, la subordinación policial y militar ante los derechos de los ciudadanos y las autoridades civiles. También urge la independencia de los órganos de control, hoy capturados por el gobierno de Iván Duque, quien con esto asegura la impunidad frente a los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en estas jornadas de lucha social.
El liberticidio y la desaparición de personas

La libertad ha sido el principal blanco de agresión de la Policía Nacional. El Traslado de Policía, el Traslado por Protección y supuestas capturas en flagrancia han sido motivos legales instrumentalizados para ejecutar capturas masivas y arbitrarias, que suman un total de 666, con un promedio de 51 personas privadas de su libertad cada día en el contexto de las protestas sociales llevadas a cabo en Antioquia.

Entre esos mecanismos de privación arbitraria de la libertad, llama la atención y es de suma preocupación el uso arbitrario del Traslado por Protección, que en aprovechamiento de la amplitud de su consagración legal en artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia, ha permitido que los policiales aduzcan su propio parecer para privar indiscriminadamente de la libertad a quienes están en las protestas o sus entornos, informando los supuestos comportamientos agresivos o temerarios de las víctimas o
.cínicamente- su situación de peligro y necesidad de “protección”. De esa manera, las personas resultan privadas de su libertad en los Centros de Traslados por Protección entre 1 y 12 horas, que resultan suficientes para notificar un mensaje intimidatorio que en ocasiones viene acompañado de agresiones físicas y psicológicas.

También existen denuncias sobre el uso de estaciones de policía como centros de detención, llamando la atención la Estación Manila del barrio El Poblado, donde fueron conducidos varias decenas de personas el día 28 de abril, varias de ellas con heridas propinadas por la policía y donde continuaron siendo maltratadas física y psicológicamente. Esas privaciones de la libertad también se han basado en el arbitrio y la agresividad de los policiales, en ocasiones sin ni siquiera dejar registro del ingreso y salida de las personas privadas de su libertad, en otras cobrándoles sumas de dinero para permitirles salir o en otras obligándoles a declarar por escrito que recibieron “buen trato”.

En posible conexión con el arbitrio otorgado a los policiales para privar de la libertad de las personas, se han recibido 190 reportes de personas que participando de las protestas desparecieron de sus entornos, algunas tras capturas privaciones de su libertad en manos de funcionarios públicos u otras de las que simplemente se ha perdido su rastro.

Actualmente, se desconoce la suerte de 103 de las personas que reportadas como desaparecidas, 89 personas recuperaron su libertad y algunas han relatado que fueron retenidos por agentes policiales o militares, sin ser presentados ante autoridad alguna, incomunicándoseles con el exterior de su encierro ilegal y no permitiendo que en ese exterior se conozca de su paradero y la identidad de sus captores, conductas que configuran los elementos de la Desaparición Forzada1.
También de entre las personas desaparecidas que han recobrado su libertad, se conoce sus testimonios sobre la propinación de torturas, tratos crueles y degradantes en su contra o de las personas con las que conjuntamente padecieron el cautiverio.

Es de suma preocupación que la Alcaldía de Medellín, donde se presenta la mayor cantidad de casos de personas que continúan reportadas como desaparecidas, se acuda a eufemismos y rebuscadas formulas legalistas para negar la existencia de los desaparecidos. Que aún no se haya activado la ruta de la Fiscalía para la búsqueda de las personas es una formalidad que no debería ocupar a la administración local, en cambio sí el fortalecer los esfuerzos para que materialmente se compruebe que las personas han retornado a sus entornos en condiciones de seguridad y libertad plenas.

Obstrucción a la labor y agresiones en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, periodistas y personal médico

Las y los defensores al igual que las y los periodistas y personal médico han sido blanco deliberado de las agresiones de la policía nacional y personas de civil, que han pasado por la obstrucción a su labor u hostigamientos en su contra, hacia el hurto o destrucción de bienes con los que se hacen registro de los procedimientos policiales, la estigmatización y la amenaza contra su integridad y su vida, hasta la propinación de golpizas como medio de castigo, escarmiento e intimidación, lo que constituye torturas en su contra.

Así se han perpetrado al menos 63 ataques contra defensores y defensoras, periodistas y personal médico, en promedio cercano a las 5 agresiones por cada jornada de manifestación, cifras insostenible en un Estado Social y Democrático de Derecho en contra de labores protegidas y promovidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en cambio son estigmatizadas y quienes las materializan agredidos selectivamente por policías y personas que se presumen articuladas a grupos paramilitares.

1 La definición de la Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas suscrita por Colombia (Ley 1408 de 2010), define ese tipo de desaparición como: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Comportamiento de la Fuerza pública
La policía ha sido el principal responsable de las agresiones y las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas durante estos trece días. De los hechos en que se conoce su autor, en 590 se ha endilgado la autoría de agentes policiales en las agresiones perpetradas, lo que equivale al 46% del total.
Además, los policiales o personas de civil han disparado armas de fuego en el contexto de las protestas sociales, lo que arroja el resultado de una persona asesinada y otra herida por los disparos en el barrio Robledo Miramar, de la ciudad de Medellín, así como un efecto intimidatorio en contra de quienes participan de las protestas.
El protagonismo de la privación de la libertad tiene su principal autoría en los agentes policiales, siendo los agentes responsables del 75% de los traslados de policía, traslados de protección y capturas en falsa flagrancia, que en solo 6 casos han prosperado hasta la imputación de cargos en contra de las personas puestas a disposición de la Fiscalía por agentes de policía.
También es preocupante la brutalidad policial, manifiesta en el alto número de víctimas de Torturas o de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, peor específicamente en los mecanismos usados por los policiales, siendo protagónicas las golpizas que producen laceraciones, contusiones y hasta fracturas, teniendo varias personas que acudir a hospitales y clínicas por la gravedad de los golpes propinados con el ánimo de castigarlas por participar de las protestas y como mensaje intimidatorio contra quienes ejercen sus derechos democráticos. Algunas personas también han sido o electrocutadas sin necesidad
Así mismo los agentes policiales han usado inadecuadamente sus armas de menor letalidad, disparando gases lacrimógenos o lanzando bombas aturdidoras contra el cuerpo de las personas.
Preocupa la actitud negacionista de mandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en varios escenarios públicos de interlocución o rendición de cuentas, en los que han pretendido ocultar lo ocurrido mediante la alusión a cifras menores que las denunciadas por defensores de los Derechos Humanos -como si no bastara una sola agresión para cuestionar su proceder-, justificando el actuar de los agentes policiales o simplemente negándolo.
Por su parte el Ejército Nacional ha salido a las calles a hostigar con su presencia y a realizar requisas indebidas y privaciones de la libertad. Han obligado a las y los jóvenes a subir a los camiones para posteriormente trasladarlos a CAI y en algunos casos incomunicarlos por varias horas.

Ministerio Público y alcaldías
Desde el 28 se ha evidenciado la insubordinación de la policía ante los poderes civiles y/o la aquiescencia de estos antes los desmanes de los agentes policiales.
Para el caso de Medellín, aunque se reconocen esfuerzos particulares de entidades como la Personería o las Secretarías de No Violencia, Juventud y Derechos Humanos de la alcaldía de esa ciudad, estos han resultado insuficientes ante la agresividad de los policías y el silencio atronador del alcalde Daniel Quintero y su Secretaría de Seguridad, quienes no han tomado distancia de los comportamientos excesivos e ilegales de los uniformados y de esa manera los han refrendado y se han hecho responsables de su ejecución. En otros municipios de Antioquia las administraciones locales también han brillado por su silencio o por sus afirmaciones agresivas y estigmatizante contra quienes en el derecho a protestar.
Recientemente, instancias del poder ejecutivo han anunciado diálogos para resolver las causas de conflictividad social que atizan las protestas, pero no ha sido claro cuáles serán las metodologías para garantizar una participación tan amplia como la diversidad de quienes participan de las protestas y sus agendas reivindicativas, lo que es un requisito indispensable si francamente se espera sustituir la violencia ilimitada con la democracia y el diálogo.
Por su parte, los órganos de control nacionales y sus satélites desconcentrados en Antioquia han guardado un silencio que se parece a la complicidad, en aparente correspondencia con su captura por el poder ejecutivo nacional, lo que además abre un trecho para la impunidad y la ausencia de responsabilidad política ante esta oleada de violencia contra la protesta social, donde son funcionarios estatales los principales responsables.

Presencia y accionar paramilitar

Desde que se iniciaron las jornadas de protesta, ha sido reiterativo recibir denuncias sobre la presencia de las estructuras paramilitares que hostigan y agreden a las y los manifestantes, con el propósito no solo de hacerles daño sino de generar terror.

Así se han conocido panfletos como el suscrito por las Autodefensa Unidas por Medellín, videos intimidantes contra quienes participen de las protestas agresiones materializadas con amenazas, golpes, armas blancas y disparos de armas de fuego, dirigidos masiva o selectivamente contra las personas que han participado o ejercido liderazgo en las manifestaciones; realidad que se acentuada en municipios del Valle de Aburrá, Oriente y el Suroeste antioqueños.

Sin que se confirme la autoría de ese hecho, al parecer en ese marco, el 2 de mayo fue asesinado Juan David García en el municipio de San Luis, quien había ejercido liderazgo en la convocatoria a las movilizaciones sociales en ese municipio Así mismo ha habido señalamientos, amenazas y agresiones físicas de particulares y funcionarios públicos en

contra de personas que han participado o liderado las protestas en Cocorná, La Ceja, La Unión, Santuario, Betulia y Jardín.

Reiteramos muestras solicitudes a la comunidad internacional
Como organizaciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unida para los Derechos Humanos en Colombia, así como a otras organizaciones e iniciativas internacionales para la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, a que activen todos los mecanismos posibles para exigir al Estado colombiano la garantía de la Protesta Social y los demás Derechos Humanos que se le asocian, así como a la vida, integridad y libertad de quienes los ejercen y de quienes los defendemos, quienes hacen periodismo o prestan servicios médicos en su contexto.
De manera particular solicitamos a la CIDH y los relatores de la ONU que de manera Urgente hagan una visita al país, activen un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de Derechos Humanos en Colombia, sosteniendo diálogos con organizaciones sociales, víctimas e instituciones del Estado, que permitan elaborar un informe que de cuenta de la magnitud de la tragedia que acontece y se puedan adelantar investigaciones independientes, en vista de la insuficiencia de algunos esfuerzos institucionales y la aquiescencia y responsabilidad directa y mayoritaria de los funcionarios a cargo del quehacer de la Policía Nacional y el Ejército.
En el panorama descrito, no es avizoran más opciones para buscar contener y dar por terminada la agresión hasta ahora desplegada contra la protesta y garantizar los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación la No Repetición de quienes ya han sido sus víctimas.