por Campaña | May 19, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Empadronamientos, Movilización Social, Noticias
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, respecto de situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de los pueblos indígenas de la Asociación de Cabildos indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo – ACIMVIP, el Pueblo Nasa, otros Pueblos Indígenas y Sectores Sociales quienes se movilizan en el marco del paro nacional en el departamento de Putumayo.
HECHOS
PRIMERO: Aproximadamente a las 8:00 am la fuerza pública (Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional) arremetió contra los indígenas y campesinos que se encontraban en la Vía Villagarzón – Mocoa, Putumayo ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica. Este grupo ha realizado hostigamientos en contra de integrantes del Pueblo, con el propósito de dispersarlos, desconociendo la Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, movilización y protesta social pacífica.
SEGUNDO: Los integrantes de la fuerza pública que hacen presencia en esta zona pertenecen al Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional bajo la directriz del coronel Ariza, por lo cual es evidente que las actividades que realizan en contra de la población extralimitan las funciones que tiene por mandato el Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional.
TERCERO: Los uniformados que hacen presencia en la zona, están implementando armas de largo alcance para intimidar a la población y restringir su derecho a la protesta pacífica social, lo cual está plenamente prohibido por la normatividad del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable.
EXIGIMOS
PRIMERO: El respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que han ejercido las comunidades indígenas y campesinos en la vía Villagarzón – Mocoa, Putumayo.
SEGUNDO: Activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, autonomía, identidad y libre movilización de los pueblos indígenas y sectores Sociales del departamento de Putumayo.
TERCERO: Se disponga la verificación por parte de la Defensoría del Pueblo en la vía Villagarzón – Mocoa, Putumayo.
CUARTO: Requerimos que a través de su despacho sean alertadas las siguientes autoridades civiles, policivas y militares sobre esta situación: Procuraduría General de la Nación; Programa Presidencial de Derechos Humanos y de la Vicepresidencia de la República; Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior; Gobernación de Putumayo; alcaldías municipales respectivas; y demás autoridades civiles y militares con jurisdicción en el Departamento con competencia en la zona señalada.
CUARTO: Exigimos al Estado colombiano prestar con la diligencia requerida a esta alerta temprana para garantizar la vida e integridad física y cultural de los Pueblos Indígenas agrupados en las citadas organizaciones.
QUINTO: Exigimos al Estado colombiano activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la integridad de los compañeros indígenas y Sectores sociales durante el proceso del Paro Nacional.
por Campaña | May 10, 2021 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Empadronamientos, Movilización Social, Noticias
El día de ayer domingo 09 de mayo de 2021, en el municipio de La Calera Cundinamarca, denunciamos hechos de seguimiento, hostigamiento y violación a la privacidad por parte de personas no identificadas, contra Lina Maria del Mar Preciado Cristancho, Luisa Fernanda Preciado Cristancho y Herminia Cristancho Cristancho.
Hechos:
- Desde el inicio del paro nacional el 28 de abril del presente año, las denunciantes han participado activamente de algunas de las actividades convocadas en el municipio de La Calera, en el ejercicio del derecho legítimo a la protesta.
- El día de hoy se convocó una movilización y caravana en el municipio de La Calera en apoyo al paro nacional, actividad que se realizó a las 9:00 A.M y luego a las 3:00 PM.
- Hacia las 3:15 P.M salieron de su casa y se dieron cuenta de la presencia de un dron que sobrevolaba exactamente sobre las bodegas del predio, apuntando directamente hacia la vivienda; el dron continuó el recorrido rodeando todo el predio. Decidieron continuar con su camino a pie y percibieron que el dron empezó a seguirlas por la vía principal. En ese momento, una de ellas tuvo que volver a la casa por el tapabocas y el dron se devolvió detrás de ella.
- Luego de presenciar la caravana de movilización realizada en el municipio, hacia las 5:00 P.M, una de ellas volvió a la casa y el dron continuaba grabando a unos 2 mts de distancia del suelo y grabó directamente la cara de ella. Los inquilinos informaron que el dron se mantuvo durante más de dos horas grabando a través de las ventanas de la casa, rodeando toda la vivienda y violando el derecho a la privacidad.
- En ese momento, se comunicaron con la Estación de Policía de La Calera y una mujer atendió la llamada, se le informó del hostigamiento y violación a la privacidad que estaba realizando por mas de dos horas el dron, a lo que ella respondió con dos versiones: 1) Según la primera versión, respondió que efectivamente se estaban grabando algunas casas cerca de la estación de policía, por permiso que había otorgado la policía y la Alcaldía municipal. 2) La segunda versión fue que se estaba grabando cerca a Fedepapa y las casas cercanas.
- Cuando las otras dos denunciantes llegaron a la casa, encontraron que frente a la vivienda estaba parqueada una moto de la policía con placas Nº IOQ-71F y Nº de identificación de la policía 19-3159, junto con dos policías; quienes se encontraban mirando directamente hacia la casa. Luego de grabar la moto y los hechos, se les indagó si sabían quién estaba manipulando el dron, y en actitud agresiva respondieron que: “si no saben ustedes, nosotros tampoco”, así como que no tenían conocimiento al respecto y que no podían hacer nada. Inmediatamente se subieron a la moto y se fueron.
- A las 5:19 P.M, a LINA le llegó un mensaje por medio de WhatsApp de un número desconocido, en el que le informaban de la presencia de carros del ESMAD en la perimetral y que estaban vestidos de civil, además de la presencia de una camioneta (indicando placas), la cual presuntamente llevaba policías de civil en el casco urbano. Al rastrear el número de celular de origen de los mensajes, por medio de Facebook, se trata de un hombre que viste prendas de uso privativo del ejército nacional.
Consideraciones:
- Se desconoce la procedencia del dron y se alerta de que puede ser presuntamente manipulado por la policía nacional o por personas no identificadas. Ambos hechos reprochables e intimidatorios, teniendo en cuenta el contexto nacional de seguridad.
- Durante varios días hubo presencia de la policía nacional y el ejército frente a la casa de las denunciantes, debido a que el paro camionero se llevó a cabo en este lugar de la avenida principal. Por este motivo, se alerta en esta denuncia de los posibles seguimientos y perfilamientos que pudieron darse a lugar durante estos días de protesta en los que la policía y el ejército pudo registrar quiénes, cuándo y a qué hora se ingresaba y salía de la vivienda.
- En el municipio de La Calera se ha venido protestando en contra de la nueva estratificación que perjudica a los ciudadanos, la cual se dice que desconoce el contexto de pandemia, entre otras críticas. Por este motivo, el día de hoy lunes 10 de mayo de 2021, se citó a Herminia Cristancho a sesión del Concejo Municipal por haber sido integrante del Comité de Estratificación durante la administración anterior. Luego de que el Alcalde municipal haya hecho señalamientos contra Herminia.
- No es la primera vez que se dan señalamientos, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos contra las denunciantes y contra los demás participantes de la movilización social en La Calera.
SOLICITAMOS A
CARLOS CENÉN ESCOBAR, Alcalde de La Calera y RICARDO ANDRÉS TORO, Comandante de la Estación de Policía de La Calera, que rechacen estos hechos vulneratorios de los derechos de las denunciantes y permitan establecer escenarios para la garantía y el respeto a la participación ciudadana en la conducción de asuntos públicos.
A NICOLÁS GARCÍA BUSTOS, Gobernador de Cundinamarca que brinde garantías políticas para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. Asi mismo que imparta directrices donde se investiguen estos hechos que permitan esclarecer estos hechos.
MINISTERIO PÚBLICO que investiguen estos hechos anteriormente denunciados que den lugar a individualizar responsables, así mismo, proteger de forma particular al núcleo familiar afectado por estos hostigamientos.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza de
IVAN DUQUE MÁRQUEZ, por cualquier vulneración a los derechos humanos contra las denunciantes y demás participantes de la movilización social en el municipio de La Calera.
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por Campaña | Abr 28, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Empadronamientos, Movilización Social, Noticias
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que a corte de las 4:20 P.M. del día 28 de abril de 2021 se reportan 14 allanamientos y 7 agresiones a defensoras de derechos humanos en Bogotá; adicionalmente, 20 personas heridas en las ciudades de Bogotá, Cali y La Calera; 24 personas detenidas en Bogotá y Cali; y 49 denuncias de violencia policial en Bogotá, Medellín, Cali y La Calera. Asimismo, lamentamos informar el presunto fallecimiento de un joven en la ciudad de Neiva, en los disturbios presentados en dicha ciudad.
Dentro de las detenciones se registraron procedimientos irregulares que no atienden a las causales que la norma establece para adelantar dicha medida, por lo cual se consideran detenciones arbitrarias. Al respecto, les recordamos a las autoridades de policía (i) que la simple presunción de la comisión de un delito no justifica una detención, (ii) que el adelantamiento de procedimientos por el porte de elementos que no suponen una violación a la norma, profundiza la estigmatización de quien hace uso del derecho a la protesta, (iii) que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.
Es más grave, evidenciar la desconexión que existe entre los Puestos de Mando Unificado (PMU) y las actuaciones de los agentes de policía en las calles. Es preocupante que las autoridades locales no ejerzan el control de los distintos integrantes de la fuerza pública que han intervenido en reiteradas ocasiones vulnerando para el caso de Bogotá el Decreto 563 de 2015 y a nivel nacional la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, así como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la protesta. Esta situación ha propiciado el uso excesivo y desproporcional de la fuerza en las distintas marchas, situación que se refleja las cifras reportadas en el presente boletín. Instamos a la autoridades locales a ejercer sus funciones constitucionales y legales, controlando a la las actuaciones de la policía, con el fin de detener los distintos abusos que se vienen reportando.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos de allanamiento en contra de integrantes de organizaciones sociales y sus familiares, toda vez que se advierte la instrumentalización de las vías judiciales para hostigar y perseguir al movimiento social por constituirse de manera generalizada como una medida de judicialización contra quien disiente o piensa diferente al gobierno. Presumimos vicios de legalidad en su desarrollo y exigimos se respeten todas las garantías procesales para las víctimas de dichos procedimientos. No podemos permitir que se abuse del poder policial y judicial amedrentando defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y manifestantes. #ReformaPolicialYa
por Campaña | Jul 23, 2020 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Empadronamientos, Informes, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
Por: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.
En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.
De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.
Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.
Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.
[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio
[2] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 6 de julio de 2020. Grave violación a los derechos humanos por agentes de la Policía en Brisas del Volador (Ciudad Bolívar). Véase en: https://defenderlalibertad.com/grave-violacion-a-los-derechos-humanos-por-agentes-de-la-policia-en-brisas-del-volador-ciudad-bolivar/
[3] CANAL 1. 2 de julio de 2020. Procedimiento de tránsito terminó en disparos y con un civil herido en Tocancipá. Véase en: https://noticias.canal1.com.co/nacional/pelea-policia-ciudadanos-termina-con-disparos-tocancipa/
[4] El Espectador. 3 de julio de 2020. Joven murió tras disparo de un policía, en el suroccidente de Bogotá. Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/joven-murio-tras-disparo-de-un-policia-en-medio-de-un-operativo-en-el-sur-de-bogota/
[5] Contagio Radio. 27 de marzo de 2020. Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCT. Véase en: https://www.contagioradio.com/alejando-carvajal-joven-de-20-anos-asesinado-por-el-ejercito-en-catatumbo-ascamcat/
[6] El Espectador. 22 de abril de 2020. Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/
[7] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020. Ejército habría asesinado a Emerito Digno Buendía: Ascamcat. Véase en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/
[8] El Espectador. 30 de junio de 2020. Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/habitantes-de-catatumbo-insisten-en-responsabilidad-del-ejercito-en-la-muerte-de-salvador-jaime/
[9] Prensa Rural. 4 de julio de 2020. Policía antinarcóticos habría asesinado campesino, asegura comunidad. Véase en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25612
[10] Contagio Radio. 21 de julio de 2020. Asesinan a José Oliver Maya, niño indígena Awá en operativos de erradicación forzada Véase en: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-jose-oliver-maya-nino-indigena-awa-en-operativos-de-erradicacion-forzada/
por Campaña | Jun 8, 2020 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Empadronamientos, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
Las organizaciones articuladas en la “Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas” y en las plataformas de víctimas y derechos humanos manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 las autoridades nacionales y locales están implementando medidas restrictivas de los derechos fundamentales de la ciudadanía tales como la creciente militarización del territorio nacional y el uso de aplicaciones digitales para móviles con acceso a datos privados.
A la fecha han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se instauró la medida principal de aislamiento obligatorio de la ciudadanía con el fin de aplanar la curva de contagio por COVID 19. Desde entonces, sin el debido control político, con justificaciones generales de orden público y abusando de las facultades excepcionales se han priorizado medidas restrictivas de libertades básicas como la movilidad y el derecho a la protesta, derechos fundamentales que solo pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, de forma excepcional y con justificaciones específicas. A la par, son insuficientes las medidas para mitigar el impacto desproporcionado en las condiciones de vida digna que sufren las comunidades más vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas privadas de la libertad, población en vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.
La priorización por parte del Estado de medidas restrictivas -en lugar de otras positivas para garantizar condiciones de vida digna como la renta básica- ha impactado negativamente a la gran mayoría de las economías familiares ya afectadas por el desempleo, lo que ha obligado a las personas a arriesgar su propia salud para buscar en la informalidad fórmulas para su supervivencia. A esta precaria situación, se suma que la creciente militarización -y la amenaza de la misma- de los últimos días adoptada por las autoridades para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento en las zonas más afectadas. Esto no solo ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, sino que parece no tener un efecto en la disminución de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Adicionalmente, el empleo por parte de los gobiernos de aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten captar datos personales de las personas y en algunos casos hasta monitorear sus desplazamientos, es una medida altamente invasiva en la privacidad de las personas y que, por su modo de empleo, también puede asemejarse a medidas de empadronamiento prohibidas constitucionalmente.
Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que las medidas que se continúen adoptando para afrontar la crisis generada por el COVID-19 cuenten con un enfoque de derechos. Al respecto, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la naturaleza jurídica de las limitaciones a los derechos humanos que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados por lo cual es necesario que las medidas adoptadas sean necesarias, idóneas y proporcionales, y cuenten con el debido control en el marco de la división de poderes. La CIDH también hace un llamado para la adopción de medidas positivas de protección adicionales para los grupos más vulnerables.
Cordialmente,
Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
- Colombian corporation of criminal investigation and human rigths CORPOCICHR
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
- Cumbre Popular Urbana
- Entre Redes
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE
- Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP
- Red Popular de Derechos Humanos -REDHUS
por Defender la Libertad | May 5, 2014 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Empadronamientos, Movilización Social, Organizaciones
Centro Oriente de Colombia, 30 de abril de 2014.
Denuncia Pública No: 003
Situación de derechos humanos en el Centro Oriente Colombiano, en el marco de la jornada nacional.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, cada vez son más graves, se continúa con empadronamientos, amenazas, estigmatización y se pone en práctica la Tortura.
Han transcurrido tres días de actividades de movilización pacífica de las comunidades del Centro Oriente de Colombia, en el marco del llamado a Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular mandatado por la gran Cumbre Nacional, y las agresiones contra los manifestantes por parte de la fuerza pública cada vez son más graves.
Denunciamos aquí los últimos hechos ocurridos:
