por Campaña | Abr 6, 2022 | Actividades de la Campaña, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias
Bogotá D.C., 6 de abril de 2022. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, red nacional de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, lanzan en la ciudad de Bogotá el informe “Torturar y castigar a quien protesta”, el cual realiza un análisis acerca de cómo el uso arbitrario de la fuerza y la tortura son practicas generalizadas de represión en el marco de la protesta social con el fin de emitir mensajes y castigos aleccionadores a las personas que se movilizan.
El informe abarca los tres periodos de mayor movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021, los cuales componen el estallido social de la protesta y la indignación.
El documento muestra la necesidad de reconocer, describir y sacar de la oscuridad la ocurrencia de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TCID) ante la opinión pública, en instancias judiciales y disciplinarias, de manera que se pueda abordar integralmente. Esto a partir de un análisis jurídico de la tortura según los instrumentos internacionales de DDHH, el análisis de las armas potencialmente letales que pueden generar tortura y las dinámicas sociales que ha tomado el fenómeno en las protestas.
Al no nombrar la tortura como un crimen sistemático y generalizado que ejecuta la Policía Nacional y otras instituciones de la Fuerza Pública, se permite y se estimula su ocurrencia, muchas veces los casos pasan encubiertos como situaciones de “lesiones personales” o en simples “abusos de autoridad” sin que se resalte la gravedad de la tortura, evitando su investigación y una mayor sanción.
Durante la labor de monitoreo y protección como Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) de la sociedad civil pudimos conocer y evidenciar cómo el Estado colombiano pretende a través de la tortura, anular la personalidad de las personas, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano y desestimulando el ejercicio de la protesta: Muestra de ello son las 133 muertes arbitrarias producto del uso arbitrario de la fuerza (muchas de las víctimas fueron sometidas a tortura por uso excesivo de la fuerza que ocasionaron su muerte); 80 casos de tortura durante detenciones administrativas y/o con fines de judicialización; y 2.607 heridos producto del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, 107 de ellos con trauma ocular; para un total de 2.820 posibles víctimas de tortura y TCID durante 215 días de movilización, es decir 13 víctimas de tortura por cada día de protestas.
A su vez, el informe muestra la impunidad estructural que rodea esta violación de derechos humanos pues no hay una debida diligencia para identificar, juzgar y sancionar por parte de las instituciones del Estado colombianos. La Fiscalía general de la Nación solo ha iniciado 3 investigaciones por este tipo de hechos (ninguna víctima es manifestante), la Justicia Penal Militar reporta 390 investigaciones por delitos cometidos por agentes de la Fuerza Pública en el contexto de la protesta social desde 2019 al 10 de junio de 2021, lo cual contrasta con los miles de casos reportados en el informe. Así mismo las investigaciones adelantadas tanto por la Inspección General de la Policía Nacional como por la Procuraduría General de la Nación, no resultan alentadoras y replican la impunidad estructural.
Con el fin de reconocer el fenómeno de tortura en Colombia este informe consta de 5 apartados claves, en los cuales ocupó un lugar central, la participación de las víctimas:
- Marco normativo de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Uso de armas y municiones que derivan en tortura y TCID.
- Dinámicas y relatos de la tortura y los TCID durante el estallido social.
- Impactos psicosociales en víctimas de tortura y TCID durante el estallido social.
- Estado de las investigaciones: impunidad e injusticia.
Conoce el informe completo aquí y sigue nuestras redes para que no te pierdas de sus conclusiones, hallazgos, impactos y más.
por Campaña | Dic 16, 2021 | Informes, Noticias
16 de diciembre de 2021. La Campaña Defender la Libertad, un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, presenta su balance final sobre las vulneraciones y agresiones al derecho a la protesta social ocurridas en el año 2021 en Colombia, especialmente en el #ParoNacional.
A lo largo del año, Colombia vivió fuertes procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos humanos. Las protestas sociales estuvieron motivadas principalmente por una reforma tributaria regresiva impulsada por el Gobierno Nacional, que tenía como antecedente la ineficiencia del sistema de salud y pensional, múltiples injusticias socioecológicas, homicidios y agresiones sistemáticas a defensoras de DDHH y liderazgos sociales, la falta de oportunidades de educación y trabajo para la población juvenil del país y el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz.
En el marco de estas jornadas de movilización, fundamentalmente en el #ParoNacional, se violaron de manera sistemática derechos humanos de manifestantes y de la ciudadanía en general. La crisis de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en 2021 no encuentra precedentes recientes. Luego del ejercicio de denuncia y visibilización que realizaron organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, la Oficina de la Delegada Ante Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea, entre otras, emitieron pronunciamientos e informes con observaciones y recomendaciones al Estado colombiano; pese a los compromisos asumidos, aún no se ha logrado constatar la implementación integral de estas por parte del gobierno nacional.
Como Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas pudimos documentar durante todo el año un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social, entre las que se encuentran:
- Homicidios
- Personas heridas
- Violencias Basadas en Género VBG y Violencias Sexuales
- Agresiones a personas defensoras de derechos humanos
- Detenciones arbitrarias e ilegales
En ausencia de un seguimiento riguroso por parte del Gobierno Nacional sobre las violencias ejercidas por funcionarios estatales y civiles armados no identificados contra manifestantes, como red de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la democracia y el respeto por los derechos humanos en el marco de la protesta social, presentamos este balance; en él es posible conocer de primera mano la arbitrariedad y sistematicidad con la cual fue gravemente reprimido el derecho a la protesta social. Gracias al trabajo riguroso que realizan día a día cada una de las organizaciones que se articulan en la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, hoy reconocemos la importancia de sancionar y transformar las personas y las instituciones que coartan el ejercicio del derecho a la protesta social.
Consulta aquí el boletín completo.
por Campaña | Oct 7, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Noticias, Organizaciones
La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (en adelante la “Misión”), se dio cita entre el 3 y 12 de julio de 2021, con 41 comisionados y comisionadas de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz1. La Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.
La Misión atendió el llamado urgente realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), la Fundación Forjando Futuros (FFF), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijyp), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y las plataformas de derechos humanos: Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), debido al contexto de riesgo y agresiones que se presenta desde el 28 de abril del 2021.
Durante los ocho días de la visita, la Misión:
- Sostuvo reuniones con las organizaciones convocantes, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica;
- Llevó a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Misión de Verificación;
- Visitó once regiones del país: Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca, donde se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, con víctimas de la Fuerza Pública así como con grupos de civiles y paramilitares; y 4) se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional (en algunos territorios).
En su visita a los territorios, la Misión recibió información sobre la situación de Derechos Humanos de más 70 organizaciones locales y regionales (comités de paro, grupos estudiantiles, colectivas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros), y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión, manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes de puntos de resistencia que estaban desaparecidos. La Misión tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de las víctimas, siendo testigos directos de sus procesos de búsqueda.
Preocupa el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal había establecido hacía varios días antes su identidad. Además, mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.
Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales.
Conoce el informe completo aquí.
por Campaña | Ago 6, 2021 | Informes, Noticias
The Campaign Defending Freedom: Everyone’s Business – CDLAT, presents the report «The risk of defending freedom in the streets», which reports on attacks on human rights defenders during the National Strike, which began on April 28th in Colombia.
The work carried out by the Civil Society Verification and Intervention Commissions -CVI, through dialogue with the authorities and the collection of information on police violence and abuse, arbitrary detentions, personal injuries and other aggressions in the context of social protest, has made it possible to register cases, make public complaints, provide legal assistance and strategic litigation and advocacy actions with the aim of demanding the guarantee of the satisfactory exercise of social protest and other human rights in the context of social protest.
In this sense, the CVIs are tools used by civil society for the promotion and protection of human rights in different types of mobilization, involving accompaniment and monitoring of guarantees that the authorities must provide for the exercising of the right to social protest. Both CDLAT and the human rights defenders who are members of the Campaign and/or different CVIs have positioned themselves as a national and territorial reference points for the exercising of the defense of human rights in this framework.
In accordance with the above, and with the objective of observing targeted and intentional violence perpetrated by the security forces against human rights defenders in the context of social protest, the report «The risk of defending freedom in the streets» will initially present a general context of the aggressions suffered by human rights defenders at the national level, followed by a specific analysis of what happens in some regions and areas. The report will share cases of targeted actions by the security forces against certain individuals, highlighting the risks faced by human rights defenders in social protest scenarios.
Second, the main human rights violations against human rights defenders in Colombia in the framework of the National Strike that began on April 28, 2021 will be presented in a preliminary and concise manner. These include:
- Homicides
- Personal injuries
- Gender-based violence (GBV)
- Stigmatization
- Judicialization and arbitrary detentions.
Some representative cases of these aggressions in different territories of Colombia are reviewed in this section. These violations have occurred in cities including Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander and Villavicencio – Meta. The responsibility of different actors in the aggressions recorded is indicated. In all of these categories the primary actor perpetrating these acts is the Colombian State.
Finally, we will share some brief conclusions related to the different sections of this report, as well as a series of requests aimed at facilitating the work of international human rights law bodies and urging the Colombian State – once again – to respect the work of human rights defenders. This report has a public and a private version that was sent to the Special Rapporteur for Women Human Rights Defenders of the United Nations, as well as to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); within the confidential information there are two annexes detailing the seriousness of the aggressions that we, women human rights defenders, have suffered during this National Strike 2021.
Read the full report here.
por Campaña | Jul 7, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Conoce aquí el informe completo.
[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/
[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/
por Campaña | Jul 6, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT, presenta el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”, el cual da cuenta de agresiones a personas defensoras de derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril en Colombia.
El trabajo realizado mediante las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil –CVI, por medio de la interlocución con las autoridades y recolección de información acerca de la violencia y el abuso policial, detenciones arbitrarias, lesiones personales y otras agresiones en el contexto de la protesta social, han permitido registrar casos, realizar denuncias públicas, atención jurídica y acciones de litigio estratégico e incidencia con el objetivo de exigir la garantía del ejercicio satisfactorio de la protesta social y de los demás derechos humanos en el marco de la protesta social.
En ese sentido, las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, desde una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Debido a esto, tanto la CDLAT, como las personas defensoras de derechos humanos que pertenecen a ella o a diferentes CVI, se han posicionado como un referente a nivel nacional y territorial para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en dicho marco.
De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles” expone , en primer lugar, un contexto general de las agresiones que han sufrido las personas defensoras a nivel nacional, en conjunto con un análisis concreto de lo que ocurre en algunas regiones y ámbitos locales, resaltando algunas cifras que evidencian dicha actuación dirigida y que por ende, revelan los riesgos que tienen las personas defensoras en los escenarios de protesta social.
En segundo lugar, se exponen de manera preliminar y sucinta las principales violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició del 28 de abril de 2021, tales como:
- Homicidios.
- Lesiones personales.
- Violencias Basadas en Género (VBG).
- Estigmatización.
- Judicializaciones y detenciones arbitrarias.
Para ello se reseñan algunos casos representativos de las agresiones anteriormente enunciadas en distintos territorios de Colombia como Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander y Villavicencio – Meta. Señalando la responsabilidad de distintos actores en las agresiones registradas, la cual en todas las categorías registradas la encabeza el Estado colombiano.
En tercer y último lugar, se realizan unas breves conclusiones relacionadas con los diferentes apartados de este informe, así como una serie de peticiones y exigencias dirigidas a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para que puedan desarrollar su labor e instar al Estado colombiano -una vez más- a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Este informe tiene una versión pública y una privada que fue remitida a la Relatoría Especial para las Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; dentro de la información reservada se encuentran sendos anexos que detallas la gravedad de las agresiones que hemos sufrido las defensoras de derechos humanos en este Paro Nacional 2021.
Conoce aquí el informe completo.
