Boletín sobre las agresiones perpetradas por la fuerza pública En Medellín el 1 de mayo de 2021

Boletín sobre las agresiones perpetradas por la fuerza pública En Medellín el 1 de mayo de 2021

Foto: Jennifer Rueda

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance de la jornada de movilización del 1 de mayo de 2021 donde se continuaron presentando agresiones por la fuerza pública en el marco de la jornada contra la reforma tributaria. De acuerdo con el registro, se contabilizaron 374 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
La decisión del gobierno nacional de militarizar las principales ciudades es una estrategia político- militar para evitar que la protesta social siga creciendo en el país y que la gente exija sus derechos, actuaciones propias de la DICTADURAS, en donde se crean los estados de sitio a fin de restringir la democracia.

Tipo de hechos Cantidad
Contra los manifestantes
Privaciones de la libertad 264
Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes 36
Empadronamientos 1
Hurtos 1
Comparendos 2
Amenazas 2
Contra la protesta social
Militarización de la protesta social 4
Hostigamientos 3
Disparos armas de fuego 3
Agresiones indiscriminadas 2
Uso inadecuado de armas de menor letalidad 1
Presencia paramilitar 1
Porte armas de fuego 1
Hurtos 1
Personas presuntamente desaparecidas
Desaparecido 22
Apareció 23
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Obstrucción a la labor 2
Obstrucción a la labor de prensa 2
Amenazas 1
Contra personal médico
Obstrucción labor APH 2
Total agresiones 374

Durante el 1 de mayo el Puesto de Mando Unificado Popular, recibió numerosas denuncias y llamadas. De acuerdo a las cifras, destacamos que:

  • La fuerza pública, ha hecho no solo uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, sino que ha actuado con toda la intención de causar daño contra la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
  • Continuidad de la presencia de estructuras paramilitares, quienes siguieron agrediendo a los manifestantes. Se conoció por redes sociales un video grabado en la ciudad de Envigado donde se ve a un hombre en un vehículo portando un arma de fuego y expresando que “tiene la orden del patrón de dar de baja a vándalos- delincuentes”, lo cual pone en grave peligro la integridad de la ciudadanía y en especial a quienes se manifiestan.
  • Preocupa que nuevamente se haya obstaculizado la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes continuaron siendo víctimas de amenazas, hurtos y represión. Denunciamos que varias defensoras y defensores fueron amenazados con arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
  • En el caso de los datos de personas reportadas como desaparecidas, se informa que a la fecha no hemos tenido reportes de que haya aparecido. No obstante, la exposición de la cantidad nos permite alertar sobre una eventual política de agresión en contra de la libertad de quienes participan de las protestas sociales.
  • El 1 de mayo se conoció mediante un video el asesinato de un ciudadano a manos de un policía. Según información allegada la víctima POSIBLEMENTE estaba en las protestas espontáneas que se desarrollaron en el barrio 12 de octubre de Medellín. Exigimos a las autoridades competentes aclarar este hecho.
  • Durante la manifestación del 1 de mayo se reportaron agresiones contra funcionarios públicos de la Personería de Medellín por parte de policiales.

Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social. Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.

Exigimos garantías para que personas manifestantes vuelvan a sus hogares: #ParoNacional01M

Exigimos garantías para que personas manifestantes vuelvan a sus hogares: #ParoNacional01M

Desde la FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD DE MARCHA PATRIÓTICA BOGOTÁ Y LA CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA a las entidades territoriales competentes en Bogotá D.C., sobre la situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas manifestantes, estudiantes y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, las cuales hacen presencia en diferentes puntos de concentración y movilización en la ciudad.

ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS que se han reportado desde diferentes Comisiones de Verificación e Intervención – CVI – en terreno, quienes informan que se presentan disparos de armas de fuego, incendios y diferentes focos de violencia no identificada, así como la presencia de Fuerzas Militares y de personas civiles vestidas de negro con cascos tomándole fotos a las manifestantes que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta en estos momentos en la ciudad de Bogotá D.C.

 

EXIGIMOS todas las garantías necesarias para que todas las manifestantes y CVI de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos puedan regresar a sus hogares en tranquilidad y encontrando salvaguardadas sus libertades e integridad personal.

RESPONSABILIZAMOS a las autoridades gubernamentales de Bogotá D.C. de las violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir, toda vez que tienen el deber de garantes de los derechos de las personas manifestantes y defensoras de DD.HH. y deben disponer de los equipos en terreno de las Secretarías de Gobierno y Seguridad; asimismo a la Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, en su deber de acompañar a las manifestantes en terreno, frente a los riesgos que se han puesto de presente en esta alerta.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas. Por lo cual rechazamos vehementemente la permanencia de los patrones de criminalidad de la Policía Nacional, del ESMAD que han abusado de su autoridad y de la fuerza en la ciudad capital.

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com y/o también al número celular por la red social whats app: 313 392 19 16.

ALERTA TEMPRANA Y URGENTE SOBRE RIESGOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE MANIFESTANTES EN YOPAL, CASANARE

ALERTA TEMPRANA Y URGENTE SOBRE RIESGOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE MANIFESTANTES EN YOPAL, CASANARE

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, alertamos de manera temprana y urgente sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de organización y movilización, la libertad de expresión y dignidad humana de personas detenidas arbitrariamente por la Policía Nacional en Yopal, Casanare.

Tenemos el reporte de que varias personas detenidas están siendo sometidas a tratos crueles e inhumanos y que han sido encerradas en cuartos oscuros en la terminal de transportes, negándoles el derecho a la comunicación con sus apoderados, familiares y defensoras de derechos humanos.

Solicitamos al Ministerio Público intervenir inmediatamente, con el fin de garantizar derechos y libertades de las personas que protestan en el marco de la jornada Nacional 28A.

Estamos en alerta máxima en el número de celular 313 3921916 y al correo libertadasuntodetodxs@gmail.com.

  • Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC
  • Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas
  • Comité Solidaridad con los Presos Políticos
Conozca como apelar comparendo policial

Conozca como apelar comparendo policial

En el marco de las protestas sociales, por medio de movilizaciones, desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, hemos observado, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, el cual se utiliza de manera constante por parte de la Fuerza Pública, para penalizar a los y las manifestantes.

Teniendo en cuenta que las arbitrariedades de Policía no pueden seguir permitiéndose, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas pone a disposición de todas las personas el siguiente Formato de apelación de Comparendos para que, atendiendo a los hechos particulares, puedan buscar su apelación, específicamente en tiempos de cuarentena por la pandemia mundial debido al virus COVID – 19.

Tenga en cuenta que el Código De Policía contempla que un ciudadano puede apelar al artículo 222 parágrafo 1 cuando considere que la multa es injusta. «En contra de la orden de policía o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación… y se remitirá al inspector de Policía dentro de 24 horas» La norma establece que la apelación se resolverá en 3 días hábiles y el ciudadano debe ser notificado.

La apelación debe hacerse en los siguientes tres días hábiles. Durante el periodo que este en estudio (suele durar más de 3 días) la multa se suspende, y si el fallo llega a ser desfavorable, los tiempos para hacer el trabajo pedagógico se reanudan.

Descarga aquí el Formato de apelación

Sube aquí el formato completo.

Violencia policial en el marco de la pandemia

Violencia policial en el marco de la pandemia

Por: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.

En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.

De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.

Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.

Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.

Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.

[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio

[2] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 6 de julio de 2020. Grave violación a los derechos humanos por agentes de la Policía en Brisas del Volador (Ciudad Bolívar). Véase en: https://defenderlalibertad.com/grave-violacion-a-los-derechos-humanos-por-agentes-de-la-policia-en-brisas-del-volador-ciudad-bolivar/

[3] CANAL 1. 2 de julio de 2020. Procedimiento de tránsito terminó en disparos y con un civil herido en Tocancipá. Véase en: https://noticias.canal1.com.co/nacional/pelea-policia-ciudadanos-termina-con-disparos-tocancipa/

[4] El Espectador. 3 de julio de 2020. Joven murió tras disparo de un policía, en el suroccidente de Bogotá. Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/joven-murio-tras-disparo-de-un-policia-en-medio-de-un-operativo-en-el-sur-de-bogota/

[5] Contagio Radio. 27 de marzo de 2020. Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCT. Véase en: https://www.contagioradio.com/alejando-carvajal-joven-de-20-anos-asesinado-por-el-ejercito-en-catatumbo-ascamcat/

[6] El Espectador. 22 de abril de 2020. Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/

[7] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020. Ejército habría asesinado a Emerito Digno Buendía: Ascamcat. Véase en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/

[8] El Espectador. 30 de junio de 2020. Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/habitantes-de-catatumbo-insisten-en-responsabilidad-del-ejercito-en-la-muerte-de-salvador-jaime/

[9] Prensa Rural. 4 de julio de 2020. Policía antinarcóticos habría asesinado campesino, asegura comunidad. Véase en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25612

[10] Contagio Radio. 21 de julio de 2020. Asesinan a José Oliver Maya, niño indígena Awá en operativos de erradicación forzada Véase en: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-jose-oliver-maya-nino-indigena-awa-en-operativos-de-erradicacion-forzada/

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Balance general

En el marco de la llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo de 2020 por parte del gobierno, y que se ha extendido hasta el día de hoy, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social y violaciones de derechos humanos. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas[1], por medio Sistema de Agresión a la Protesta Social (SIAP) reporta, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar y amedrentar a manifestantes, haciendo uso indebido e indiscriminado del armamento para el control de multitudes, uso de armas de fuego y/o por medio de detenciones arbitrarias. La intervención de la Fuerza Pública ha dejado al menos 162 personas heridas, 1 persona con una lesión ocular y 32 personas muertas.

Además, se han registrado 189[2] detenciones arbitrarias y masivas en escenarios de protesta social, las cuales se concentraron principalmente en las ciudades de Bogotá (42,8%) y Medellín (29%), tras las jornadas de movilización del pasado 15 de junio de estudiantes y otros sectores para exigir “matricula cero” para el próximo semestre académico y para rechazar, entre otras cosas, la violencia policial, las muertes por discriminación racial, la violencias basadas en género, los desalojos forzados. En la Guajira se registra un importante número de detenciones arbitrarias (10 en Riohacha y 28 en Maicao) en protestas para exigir atención humanitaria.

En términos generales, los sectores sociales que más han protestado en este período son: 1) los pobladores urbanos (42,8%) que han sido afectados por desalojos forzados o por la insuficiente atención humanitaria para vivir una cuarentena sin hambre y en condiciones de dignidad. 2) la población privada de la libertad (19%) que ha adelantado distintas jornadas de protestas, en cerca de 24 cárceles colombianas, por las insuficientes medidas del gobierno para atender la situación humanitaria y evitar el contagio en el marco de las problemáticas estructurales de las cárceles, como el hacinamiento, conocidas como el Estado de Cosas Inconstitucional por sentencias de la Corte Constitucional (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015); 3) Finalmente, las comunidades campesinas han participado en distintas protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (16,6%) que no han cesado durante la cuarentena nacional.

Conoce aquí el Boletín Completo 

[1] Esta base de datos se alimenta de prensa (masiva y alternativa) e información reportada por diferentes organizaciones sociales que hacen acompañamiento in situ a la protesta social desde las Comisiones de Verificación e Intervención. No obstante, es necesario alertar sobre subregistro en los datos del SIAP teniendo en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen menor capacidad de registro en situaciones de confrontación social y menor presencia territorial que las instituciones públicas.

[2] Otros casos de detenciones se registraron en Cartagena, Bolívar (3 casos), Plato, Magdalena (7 casos) y María La Baja, Bolívar (7 casos).