El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.
Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.
En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.
La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:
Violencia sexual
Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones
Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.
Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:
Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de veintiún (21) días de jornadas de protesta social en su mayoría pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo (13:40 pm) en el territorio nacional:
51 homicidios[1] cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica. 8 de esas personas fallecidas están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas. Adicionalmente una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública.
611 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 37 sufrieron lesiones oculares. 64 fueron heridas por arma de fuego.
89 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2].
1502 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
900 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.
Manifestamos nuestra preocupación ante el accionar violento, desproporcionado y arbitrario de la Policía Nacional y el ESMAD en los municipios de Buga y Yumbo, Valle del Cauca durante los últimos días, en los cuales agredieron a la población lanzando gases en zonas residenciales, incluso al interior de las viviendas, golpeando a las personas, incluyendo a las que no estaban en las protestas, usando de armas de fuego contra población civil indefensa. Estas actuaciones van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica, las cuales provocaron el día de ayer, lunes 17 de mayo, el homicidio de tres personas por impacto de arma de fuego y al menos personas 24 heridas en Yumbo.
Consideramos alarmante la situación de vulneraciones a los derechos humanos en Cartago, Valle del Cauca, donde el ESMAD y la fuerza pública han utilizado ácido contra las manifestantes[5] provocándoles graves quemaduras en sus cuerpos, lo cual va en contra de las normas y protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de armas químicas.
Rechazamos las agresiones ejercidas por la fuerza pública en el municipio de Caldas, Antioquia, donde se han registrado tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas, el corte subrepticio del servicio eléctrico y el bloqueo de la señal de internet, mientras intervienen en las protestas sociales pacíficas, así como el disparo de armas de “baja letalidad” directamente a la humanidad de las manifestantes[6].
Las declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque Márquez, en las que ordena el despliegue de las máximas capacidades de la fuerza pública para desbloquear vías, insistiendo en el discurso que promueve la estigmatización de la población protestante, a la que se ha referido como “criminales”[7], son alarmantes, incongruentes con la realidad actual del país, violentas y desconcertantes, puesto que vulneran y amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, libertad de reunión y a la protesta pacífica, libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de asuntos públicos. Aclaramos que NO es un delito la obstaculización de vías públicas por medios lícitos, y que dicha práctica hace parte del repertorio de acción en la protesta social.
Rechazamos la violencia contra el movimiento de mujeres y defensoras de derechos humanos que se encontraban manifestándose pacíficamente en la Plaza de Bolívar en Tunja, Boyacá durante el fin de semana, por parte de la Policía y ESMAD. Algunas fueron golpeadas, hostigadas y detenidas injustificadamente, incluyendo a defensoras de derechos humanos debidamente identificadas. También se llevaron a cabo violencias basadas en género con comentarios obscenos y amenazas aludiendo a agresiones sexuales que realizarían en contra de su humanidad.
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
[1] Desde el último boletín se suman los asesinatos de tres personas por impacto de bala, presuntamente a manos de la fuerza pública en Yumbo, Valle. Se corrobora que uno de los registros de personas no identificadas del 5 de mayo, corresponde a una agresión del 28 de abril.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 689 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 186 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 71 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 23 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 68 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de nueve días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 m) en el territorio nacional:
451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 32 sufrieron lesiones oculares. 32 fueron heridas por arma de fuego. 67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
1.291 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía.
216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471.[2]
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social. Estas medidas responden a un escenario de miedo y confrontación que ha sido promovidas por el gobierno de Iván Duque y personalidades políticas como Álvaro Uribe Vélez a través de prácticas de terrorismo de estado para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social.
Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la violación de derechos civiles y políticos.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
Al Gobierno Nacional, que se abstenga de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
A la Fiscalía general de la Nación cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.
[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 560 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 153 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 11 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 47 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 24 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 63 detenciones reportadas sin ubicación.
Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance de la jornada de movilización del 1 de mayo de 2021 donde se continuaron presentando agresiones por la fuerza pública en el marco de la jornada contra la reforma tributaria. De acuerdo con el registro, se contabilizaron 374 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
La decisión del gobierno nacional de militarizar las principales ciudades es una estrategia político- militar para evitar que la protesta social siga creciendo en el país y que la gente exija sus derechos, actuaciones propias de la DICTADURAS, en donde se crean los estados de sitio a fin de restringir la democracia.
Tipo de hechos
Cantidad
Contra los manifestantes
Privaciones de la libertad
264
Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
36
Empadronamientos
1
Hurtos
1
Comparendos
2
Amenazas
2
Contra la protesta social
Militarización de la protesta social
4
Hostigamientos
3
Disparos armas de fuego
3
Agresiones indiscriminadas
2
Uso inadecuado de armas de menor letalidad
1
Presencia paramilitar
1
Porte armas de fuego
1
Hurtos
1
Personas presuntamente desaparecidas
Desaparecido
22
Apareció
23
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Obstrucción a la labor
2
Obstrucción a la labor de prensa
2
Amenazas
1
Contra personal médico
Obstrucción labor APH
2
Total agresiones
374
Durante el 1 de mayo el Puesto de Mando Unificado Popular, recibió numerosas denuncias y llamadas. De acuerdo a las cifras, destacamos que:
La fuerza pública, ha hecho no solo uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, sino que ha actuado con toda la intención de causar daño contra la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
Continuidad de la presencia de estructuras paramilitares, quienes siguieron agrediendo a los manifestantes. Se conoció por redes sociales un video grabado en la ciudad de Envigado donde se ve a un hombre en un vehículo portando un arma de fuego y expresando que “tiene la orden del patrón de dar de baja a vándalos- delincuentes”, lo cual pone en grave peligro la integridad de la ciudadanía y en especial a quienes se manifiestan.
Preocupa que nuevamente se haya obstaculizado la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes continuaron siendo víctimas de amenazas, hurtos y represión. Denunciamos que varias defensoras y defensores fueron amenazados con arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
En el caso de los datos de personas reportadas como desaparecidas, se informa que a la fecha no hemos tenido reportes de que haya aparecido. No obstante, la exposición de la cantidad nos permite alertar sobre una eventual política de agresión en contra de la libertad de quienes participan de las protestas sociales.
El 1 de mayo se conoció mediante un video el asesinato de un ciudadano a manos de un policía. Según información allegada la víctima POSIBLEMENTE estaba en las protestas espontáneas que se desarrollaron en el barrio 12 de octubre de Medellín. Exigimos a las autoridades competentes aclarar este hecho.
Durante la manifestación del 1 de mayo se reportaron agresiones contra funcionarios públicos de la Personería de Medellín por parte de policiales.
Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social. Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.
Desde la FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD DE MARCHA PATRIÓTICA BOGOTÁ Y LACAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS,ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA a las entidades territoriales competentes en Bogotá D.C., sobre la situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas manifestantes, estudiantes y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, las cuales hacen presencia en diferentes puntos de concentración y movilización en la ciudad.
ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS que se han reportado desde diferentes Comisiones de Verificación e Intervención – CVI – en terreno, quienes informan que se presentan disparos de armas de fuego, incendios y diferentes focos de violencia no identificada, así como la presencia de Fuerzas Militares y de personas civiles vestidas de negro con cascos tomándole fotos a las manifestantes que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta en estos momentos en la ciudad de Bogotá D.C.
EXIGIMOS todaslas garantías necesarias para que todas las manifestantes y CVI de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos puedan regresar a sus hogares en tranquilidad y encontrando salvaguardadas sus libertades e integridad personal.
RESPONSABILIZAMOS a las autoridades gubernamentales de Bogotá D.C. de las violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir, toda vez que tienen el deber de garantes de los derechos de las personas manifestantes y defensoras de DD.HH. y deben disponer de los equipos en terreno de las Secretarías de Gobierno y Seguridad; asimismo a la Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, en su deber de acompañar a las manifestantes en terreno, frente a los riesgos que se han puesto de presente en esta alerta.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas. Por lo cual rechazamos vehementemente la permanencia de los patrones de criminalidad de la Policía Nacional, del ESMAD que han abusado de su autoridad y de la fuerza en la ciudad capital.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com y/o también al número celular por la red social whats app: 313 392 19 16.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, alertamos de manera temprana y urgente sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de organización y movilización, la libertad de expresión y dignidad humana de personas detenidas arbitrariamente por la Policía Nacional en Yopal, Casanare.
Tenemos el reporte de que varias personas detenidas están siendo sometidas a tratos crueles e inhumanos y que han sido encerradas en cuartos oscuros en la terminal de transportes, negándoles el derecho a la comunicación con sus apoderados, familiares y defensoras de derechos humanos.
Solicitamos al Ministerio Público intervenir inmediatamente, con el fin de garantizar derechos y libertades de las personas que protestan en el marco de la jornada Nacional 28A.
Estamos en alerta máxima en el número de celular 313 3921916 y al correo libertadasuntodetodxs@gmail.com.
Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC
