En el marco de las protestas sociales, por medio de movilizaciones, desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, hemos observado, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, el cual se utiliza de manera constante por parte de la Fuerza Pública, para penalizar a los y las manifestantes.
Teniendo en cuenta que las arbitrariedades de Policía no pueden seguir permitiéndose, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas pone a disposición de todas las personas el siguiente Formato de apelación de Comparendos para que, atendiendo a los hechos particulares, puedan buscar su apelación, específicamente en tiempos de cuarentena por la pandemia mundial debido al virus COVID – 19.
Tenga en cuenta que el Código De Policía contempla que un ciudadano puede apelar al artículo 222 parágrafo 1 cuando considere que la multa es injusta. «En contra de la orden de policía o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación… y se remitirá al inspector de Policía dentro de 24 horas» La norma establece que la apelación se resolverá en 3 días hábiles y el ciudadano debe ser notificado.
La apelación debe hacerse en los siguientes tres días hábiles. Durante el periodo que este en estudio (suele durar más de 3 días) la multa se suspende, y si el fallo llega a ser desfavorable, los tiempos para hacer el trabajo pedagógico se reanudan.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.
En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.
De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.
Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.
Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.
[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio
En el marco de la llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo de 2020 por parte del gobierno, y que se ha extendido hasta el día de hoy, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social y violaciones de derechos humanos. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas[1], por medio Sistema de Agresión a la Protesta Social (SIAP) reporta, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar y amedrentar a manifestantes, haciendo uso indebido e indiscriminado del armamento para el control de multitudes, uso de armas de fuego y/o por medio de detenciones arbitrarias. La intervención de la Fuerza Pública ha dejado al menos 162 personas heridas, 1 persona con una lesión ocular y 32 personas muertas.
Además, se han registrado 189[2] detenciones arbitrarias y masivas en escenarios de protesta social, las cuales se concentraron principalmente en las ciudades de Bogotá (42,8%) y Medellín (29%), tras las jornadas de movilización del pasado 15 de junio de estudiantes y otros sectores para exigir “matricula cero” para el próximo semestre académico y para rechazar, entre otras cosas, la violencia policial, las muertes por discriminación racial, la violencias basadas en género, los desalojos forzados. En la Guajira se registra un importante número de detenciones arbitrarias (10 en Riohacha y 28 en Maicao) en protestas para exigir atención humanitaria.
En términos generales, los sectores sociales que más han protestado en este período son: 1) los pobladores urbanos (42,8%) que han sido afectados por desalojos forzados o por la insuficiente atención humanitaria para vivir una cuarentena sin hambre y en condiciones de dignidad. 2) la población privada de la libertad (19%) que ha adelantado distintas jornadas de protestas, en cerca de 24 cárceles colombianas, por las insuficientes medidas del gobierno para atender la situación humanitaria y evitar el contagio en el marco de las problemáticas estructurales de las cárceles, como el hacinamiento, conocidas como el Estado de Cosas Inconstitucional por sentencias de la Corte Constitucional (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015); 3) Finalmente, las comunidades campesinas han participado en distintas protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (16,6%) que no han cesado durante la cuarentena nacional.
[1] Esta base de datos se alimenta de prensa (masiva y alternativa) e información reportada por diferentes organizaciones sociales que hacen acompañamiento in situ a la protesta social desde las Comisiones de Verificación e Intervención. No obstante, es necesario alertar sobre subregistro en los datos del SIAP teniendo en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen menor capacidad de registro en situaciones de confrontación social y menor presencia territorial que las instituciones públicas.
[2] Otros casos de detenciones se registraron en Cartagena, Bolívar (3 casos), Plato, Magdalena (7 casos) y María La Baja, Bolívar (7 casos).
El día 28 de junio de 2020, se realizó la labor de monitoreo y verificación de la situación de derechos humanos en los desalojos realizados por la fuerza pública y la Alcaldía de Soacha en el barrio la Ciudadela Sucre.
Los desalojos comenzaron el 25 de junio y desde su inicio la utilización de la fuerza por parte del ESMAD fue desproporcionada, resultando en el asesinato del joven de 15 años Duván Mateo Aldana, a causa de un impacto efectuado por el ESMAD, y de la afectación respiratoria en un bebé de 4 meses, otro de 8 meses y una niña de 1 año, hecho reportado por la comunidad.
Alrededor de 1000 personas residían en los asentamientos informales, y cerca de 800 se establecieron desde el 23 de junio debido a que no tenían vivienda. Aunque está vigente la declarada emergencia sanitaria producto del virus del COVID-19 en Colombia, la Alcaldía de Soacha toma la decisión de desalojar de manera forzosa a las personas que tenían su resguardo en la Ciudadela Sucre por medio del ESMAD y la Fuerza Disponible.
Los procedimientos a través de los cuales se realiza el desalojo se caracterizaron por una utilización de la fuerza desproporcionada y un desconocimiento de las problemáticas de base que responden a la situación actual de las mas de 300 familias, de la siguiente manera:
Se reconoce que la situación de asentamiento es en gran parte debido a la agudización de la crisis económica y social, frente a la cual no ha habido soluciones eficaces para la garantía de una vivienda, alimentación y en general vida digna.
Se había concertado con la Alcaldía de Soacha la realización de una mesa de dialogo con la comunidad para escuchar sus exigencias el martes 30 de junio, con el objetivo de dar 2 días para que se adelantara un censo poblacional y una caracterización de las necesidades existentes; sin embargo, el día domingo 28 de junio, el ESMAD comienza los desalojos a las 6:00am, haciendo caso omiso a los acuerdos pactados.
Durante el ejercicio de acompañamiento, las comisiones de verificación e intervención entablaron conversaciones con la comunidad y realizaron un recorrido por los predios. El ESMAD intervino utilizando aturdidoras y gases lacrimógenos de manera injustificada, desconociendo la presencia de niños, niñas, mujeres en estado de gestación y adultos mayores, quienes se vieron obligados a evacuar la zona, abandonando sus pertenencias en el lugar.
Se identificó como característica que las intervenciones del ESMAD estaban en su mayoría dirigidas de manera directa a las agrupaciones de personas en los asentamientos, sin tener en cuenta el uso reglamentado del armamento para su accionar, causando lesiones físicas en extremidades y rostro de las personas, y asfixia en los niños y niñas por la utilización de gases lacrimógenos. Ignorando, además, la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos en el lugar.
Desde el medio día hicieron presencia alrededor de 8 personas de civil, dirigidas por un hombre que portaba una chaqueta con los logos de la Alcaldía de Soacha, quien se negó a decir su nombre. Dichas personas, actuando de manera articulada con el ESMAD, se encargaron de destruir las viviendas que no alcanzaban a desarmar las personas, y de quemar los restos de estas. Adicionalmente, esta persona actuó de manera confrontativa, amenazando a los defensores de derechos humanos que estaban documentando de manera gráfica los procedimientos.
El manejo que las administraciones municipales deben hacer de la crisis social por la que atravesamos no debe ser la utilización de la fuerza policial y militar, por el contrario debe ser la creación de canales de dialogo efectivo entre las comunidades y las alcaldías, de manera que se reconozca la imposibilidad de las personas de tener vivienda digna y medios para obtener su sustento mientras el país atraviesa por la situación de crisis sanitaria.
Como Campaña Defender la Libertad un asunto de todas, exigimos garantía para la integridad y vida digna de las personas en el asentamiento de Ciudadela Sucre en Soacha, quienes han sido constantemente vulneradas por parte de las administraciones y la fuerza pública.
Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- INFORMAMOS que siendo las 5:00 de la tarde del 21 de enero de 2020, a nivel nacional se presentan aproximadamente 90 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la movilización del Paro Nacional, 6 de ellos con fines de judicialización.
La protesta es un ejercicio pacífico y democrático, por tanto, rechazamos los actos de violencia minoritarios que se han presentado durante la jornada de movilización del día de hoy en el marco del paro nacional.
En la ciudad de Bogotá se presentan 87 retenciones, 6 de ellos con fines de judicialización. Siendo la ciudad con más retenidos de Colombia.
En la Ciudad de Medellín se reportan 3 retenidos y varias personas heridas. ESMAD intervino un Plantón Pacífico que se adelantaba en inmediaciones del Hotel Dan Carlton.
Se reportan 12 personas heridas en el marco del Paro Nacional del día de hoy en la ciudad de Bogotá. Todas las personas resultaron heridas tras la intervención en las movilizaciones por parte de la Fuerza Pública.
Alertamos sobre hechos donde se registran potenciales agresiones y violaciones de derechos humanos, puesto que las personas que fueron retenidas bajo la figura de traslado por protección se han demorado más de 6 horas en llegar al Centro de Traslado pese a que el artículo 155 del Código de policía estipula que el traslado a dicho centro debe ser de manera inmediata, y que en ningún caso puede sobrepasar las 12 horas.
El número de detenidos es una tendencia alarmante que pone en riesgo el derecho a la libertad, por lo que urge revisar protocolo anunciado por la Alcaldía y el manejo de la policía a los traslados por protección.
En la Carrera séptima con calle 165, aproximadamente 15 policías de la Fuerza Disponible que acompañan la movilización no se encuentran debidamente identificados.
Alertamos que personal de derechos humanos de la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD, han sido agredidos por parte de la Fuerza Pública. Uno de los casos se dio en la Calle 72 con Caracas, en donde integrante del ESMAD golpearon y arrastraron a uno de nuestros compañeros. Junto con este hecho, se presenta la retención de una integrante Red Popular de Derechos Humanos Bogotá quien se negó a dejar sola a manifestante inconsciente que se encontraba en ambulancia. Recordamos que nuestra labor es la verificación y control al respeto de los Derechos Humanos.
Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com
La Campaña Defender la libertad, un Asunto de todas y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, presentamos la segunda edición de la Guía práctica «Defender el derecho a la Protesta Social en Colombia», la cual pretende ser una herramienta pedagógica para el impulso de procesos de verificación e intervención de la sociedad civil en escenarios de protesta social.
En la Cartilla se presenta información relevante para que las organizaciones sociales puedan realizar procesos de formación interna y así se fortalezca el monitoreo desde la sociedad civil a la actuación institucional en el marco de las movilizaciones sociales.Junto con esto, la cartilla presenta, de manera pedagógica, el Protocolo de Protesta Social: Resolución 1190 de 2018, sus alcances y limitaciones, en aras de fomentar su aplicación a nivel local, regional y nacional. Así mismo, presenta los estándares nacionales e internacionales en materia de protesta social, y su aplicabilidad en la reciente legislación colombiana.
