por Campaña | Oct 7, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
Foto: Daniela Gómez
La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, quienes visitaron 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio de 2021, entrega su informe final. La Misión SOS Colombia sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En este informe se abordan las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en el marco de la visita cómo fueron: homicidios selectivos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género – VBG, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes -TTCID, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones, y, la obstrucción a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, medios alternativos, fotógrafos y brigadas médicas y/o de salud.
La Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos en las regiones visitadas en el país. Concluyendo de manera preliminar que en las movilizaciones la Fuerza Pública utilizó técnicas de combate y guerra.
De igual forma, el informe identifica la presencia y funcionamiento de grupos paramilitares y analiza el papel de la Fuerza Pública, los gremios, empresas, y medios masivos de comunicación en relación con el tratamiento a la protesta social. Así mismo, se aborda la impunidad en los crímenes de Estado, el papel de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional; y los efectos de la represión frente a la salud, alimentación, renta básica y vivienda, los impactos psicosociales y los afrontamientos.
Ante la situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos que ha constatado la Misión SOS Colombia, se plantean seis recomendaciones principales y cincuenta acciones inmediatas o medidas a corto plazo dirigidas al Gobierno y Estado colombiano, a las Instancias Multilaterales Internacionales, a las empresas y a la Comunidad Internacional.
Integrantes de la Misión SOS Colombia, entregarán detalles de los hallazgos, solicitudes y recomendaciones en rueda de prensa el próximo 7 de octubre a las nueve de la mañana hora en Colombia. Este espacio podrá verse a través de las páginas de Facebook de las organizaciones convocantes como Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros, el CINEP, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre otras.
El informe entregado será difundido a nivel internacional por las organizaciones y personas que participaron de dicha Misión, así como medios de comunicación internacionales, que han centrado su mirada en lo ocurrido en Colombia, cuestionando el accionar de la Fuerza Pública y las graves faltas a los derechos humanos y las garantías a los manifestantes por parte del Estado colombiano.
por Campaña | Sep 15, 2021 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
En el marco de la conmemoración de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos acompañado algunos de los escenarios de memoria convocados por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares y víctimas. En este ejercicio es fundamental comprender el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas expresiones democráticas para identificar si existen avances judiciales en las investigaciones penales y disciplinarias y si realmente se han generado transformaciones en la Policía Nacional como ente gubernamental.
Para ello, podríamos preguntarnos: ¿Qué ha pasado con los casos de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020? Con esta pregunta nos remontamos a dolorosos hechos de violencia y brutalidad policial[1] que padecieron personas privadas de la libertad y comunidades de barrios populares, quienes salieron a rechazar mediante múltiples protestas sociales el abuso de poder policial y en particular la tortura y homicidio del estudiante de derecho y conductor de taxi Javier Ordoñez[2]. La respuesta policial fue represión, violencia desmedida y desproporcionada que produjo detenciones masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, lesiones físicas y los homicidios de personas humildes y trabajadoras: Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias. Además, en el marco de esas jornadas se conoció el escabroso y tenebroso hecho de la masacre por incineramiento de jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, Cundinamarca.
Podemos afirmar que en todos los casos referidos existe continúa la impunidad institucional y judicial tanto en el ámbito disciplinario interno de la Policía y del control preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación, así como en el ámbito penal de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria colombiana.
Frente a los hechos del 4 de septiembre del 2020 acaecidos en Soacha, Cundinamarca[3], podemos recordar que se generó un encubrimiento de graves circunstancias en las que murieron incinerados 8 jóvenes detenidos por la Policía dentro de un CAI en este municipio. Aunque en los vídeos que se dieron a conocer a través de la Revista Semana se identifican a varios uniformados de la Policía, se informó a la opinión pública que tan solo dos policías[4] serían presuntos responsables del incendio.
Frente a los hechos del 9[5] y 10 de septiembre del 2020 la Veeduría Distrital emitió un informe preliminar[6] en el cual se citan cifras de la Secretaría Distrital de Salud que frente al 9 de septiembre donde señalaron: 7 casos de asesinatos de personas en Bogotá y 3 en Soacha, 305 personas heridas en el marco de las protestas, de las cuales 75 fueron heridas por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 por otro tipo de armas. Asimismo, se identifican como las localidades más afectadas a Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Se señaló que se documentaron 119 denuncias por parte de la Alcaldía de Bogotá por presuntos abusos policiales, la Veeduría Distrital informó que tan solo contaba con 3 expedientes abiertos frente al abuso de autoridad, que la Procuraduría General de la Nación adelanta 73 procesos contra integrantes de la Policía Nacional (19 activos, 38 en etapa probatoria, 8 en indagación, 3 en evaluación de investigación disciplinaria, 3 en fallo de primera de instancia y 2 en proceso de registrar sanción). Citando al Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes se resaltó que 3 de cada 10 ciudadanas considera que la Policía no les protege.
Por nuestra parte, emitimos boletines informativos[7] que dieron cuenta de la gravedad de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de los cuales resaltamos el uso de armas de fuego contra manifestantes, las agresiones a defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, asesinatos de personas manifestantes pacíficas, detenciones arbitrarias masivas incluyendo personas menores de 18 años, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, secuestros y casos de presuntas desapariciones. Todos los registros que hicimos en el Sistema de Agresiones a la Protesta Social SIAP, encuentran que algunos patrones de agresiones que se repiten respecto de lo ocurrido en el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y en los meses del Paro Nacional de 2021.
Un año después de estos hechos de violencia policial, no existe información completa y veraz que dé cuenta de sanciones ejemplarizantes contra los integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de los crímenes cometidos en Bogotá. Tampoco se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas de construcción de paz y transformación estructural de la Policía que permitan la implementación de medidas contra la impunidad y de garantías de no repetición de la violencia policial. Con políticas públicas efectivas, no habríamos asistido a la profundización de esa violencia que sufrimos en el Paro Nacional de este 2021. Pese a que la Alcaldesa de Bogotá Claudia López mantenga un discurso de pedir disculpas por el abuso de la policía[8], sus actuaciones en el año 2021 frente a las jornadas del Paro Nacional y frente a su deber de contribuir con los avances judiciales de investigaciones y tomar las riendas de la Policía Metropolitana de Bogotá, siguen estando en deuda y concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso con el propio Decreto Distrital 563 de 2018.
Lo anterior es parte fundamental de los factores que explican los detonantes que mantienen viva la convulsión social que sienten las familiares de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales, lo que conlleva a que realicen actos conmemorativos y a la vez denuncias nacionales e internacionales sobre la ausencia de justicia, verdad y garantías de no repetición en los hechos de los que fueron víctimas por culpa exclusiva de la Policía Nacional y del Estado colombiano. Por ejemplo, la jornada de conmemoración en el barrio Verbenal en Bogotá D.C. que se llevó a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 da cuenta del dolor que se mantiene vivo en las familiares de las víctimas de este barrio y de la ciudad en general y pese a que la jornada mantuvo viva la esperanza y los anhelos de justicia, se empañó por algunas acciones violentas registradas en otros puntos de la ciudad y por la ausencia de avances investigativos significativos que sean un aliciente para las personas que rodean a las víctimas del 4S, 9S y 10S.
La deuda histórica frente a la reforma policial estructural sigue vigente
La Policía Nacional de Colombia actualmente cuenta como una entidad con un bajo nivel de legitimidad, con un amplio reconocimiento social como institución vulneradora de los derechos humanos en escenarios de manifestantes pacíficas y que gozan de una impunidad garantizada por el fuero penal militar y por la ausencia del trabajo que deben realizar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. A propósito de las nuevas jornadas de movilización social del 9 y 10 de septiembre del 2021 y las discusiones que se proyectan en el senado de la república, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas queremos retomar[9] algunos elementos centrales de la discusión vigente sobre la reforma policial, que en sus aspectos estructurales y de fondo no encuentran ningún avance en lo planteado por el gobierno nacional.
- Es imprescindible diseñar, construir e implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana y construcción de paz que orienten la reestructuración de la Policía Nacional, haciendo uso de diferentes mecanismos de participación ciudadana que doten de legitimidad democrática y popular estos ejercicios.
- La insistencia en la reubicación sectorial de la Policía, del sector Defensa al sector del Interior o de Justicia, tiene que ver con el alcance que puede tener el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones y en el propósito de mediano plazo de desmilitarizar la doctrina de la entidad.
- La desmilitarización de la Policía Nacional pasa por separar los cuerpos policiales contrainsurgentes, que luchan contra el narcotráfico, EMCAR, Comandos Jungla y Comandos Especiales para que definitivamente sean parte de las FFMM.
- Se necesita una investigación interna rigurosa que permita identificar las faltas disciplinarias y delitos que se enmarcan en violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía en las jornadas de protesta social pacífica. Es urgente el esclarecimiento total de estos casos, pues la impunidad no es tolerable en ninguna medida.
- Es urgente que los diferentes funcionarios públicos que conforman la Policía Nacional, reciban formación integral en derechos humanos, por parte de entidades independientes del Sector Defensa y del gobierno nacional. Este proceso debe tener un carácter permanente y debe ser impartido por actor imparcial y capacitado. Se requiere profundizar conocimientos en enfoques diferenciales para el tratamiento de asuntos de seguridad ciudadana.
- Se necesita la reforma del proceso de convocatoria y selección de integrantes de la Policía Nacional, incorporando estándares de derechos humanos.
- La transformación de la doctrina operacional de la Policía debe ser radical y completa. La Policía Nacional colombiana no puede funcionar bajo doctrinas militares que perpetúan la visión de la búsqueda del enemigo interno.
- Creación de una cultura de rendición de cuentas transparente, oportuna y masiva, de parte de la Policía Nacional hacia las ciudadanías, en las que se expliquen los detalles de los operativos de acompañamiento a protestas sociales.
- Dentro de la Policía solo deben existir cuerpos que acompañen los asuntos exclusivos de seguridad ciudadana.
- Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes.
- Es necesario clarificar que la Policía Nacional jerárquicamente responde a su superior que son las Alcaldías y no las fuerzas militares. Esto es ratificar el carácter civil que tiene la Policía.
- Se necesita revisar el régimen de carrera que tiene la Policía. Son demasiados rangos: 15. Las oportunidades de profesionalización de integrantes de la fuerza pública son mínimas.
- Se necesita limitar el derroche financiero de supuestas reformas, que invierten millonarias cifras en compra de equipamientos, vehículos y uniformes nuevos, que no solucionan los problemas estructurales de la Policía.
- Se deben generar regulaciones y prohibiciones de tácticas y procedimientos policiales abusivos, violentos y agresivos. Así como generar una restricción y limitación al abuso de la figura de traslado por protección para desincentivar la protesta social.
- Se propone la creación de la Auditoría Policial, adscrita a la Defensoría del Pueblo, en la cual la ciudadanía haga denuncias oportunas que puedan ser atendidas por mecanismos de participación ciudadana.
- Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes. Se requieren investigaciones judiciales independientes y eficientes en casos de violaciones DDHH en contra de manifestantes.
La comprensión de las problemáticas estructurales de la sociedad colombiana implica un abordaje integral, incluyendo una revisión particular sobre las difíciles condiciones socio económicas en este contexto ampliamente agudizadas por la pandemia, que brindan elementos para explicar la conflictividad en escenarios de protestas. La policía como institución debe transformarse para garantizar el cumplimiento de su fin misional y trascienda a la comprensión y aplicación efectiva de los Derechos Humanos, es necesario que las instituciones estatales puedan promover una reforma policial, pero que a la par realice acciones efectivas de esclarecimiento de la verdad y garantía de justicia para todas las víctimas de crímenes de Estado.
Sé parte de nuestro próximo evento y ayudanos a completar las 75 000 firmas en: https://bit.ly/38Vw1mA
Notas al final
[1] Colombia: La masacre del 9 y 10 de septiembre: brutalidad policial como ejercicio de gobierno. Somos Abya Yala. 21 de noviembre de 2020. Disponible en: http://somosunaamerica.org/2020/11/21/la-masacre-encolombia/
[2] El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía, afirman sus familiares, Contagio Radio, 9 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.contagioradio.com/el-abogado-javier-ordonez-fue-asesinado-por-la-policia-afirman-sus-familiares/; Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”, El Espectador, 08 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/medicina-legal-senala-que-la-muerte-de-javier-ordonez-violenta-homicidio/
[3] Alcanzó a decir: ‘mamá, no llore’’. Madre de quemado en incendio”, El Tiempo, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-madre-de-uno-de-los-jovenes-muertos-en-incendio-en-cai-de-policia-noticias-hoy-548378; Los detalles de lo que pasó en estación de Policía de Soacha. El Tiempo, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/incendio-en-soacha-detalles-de-lo-que-paso-el-4-de-septiembre-548670; Atención: estos son los escalofriantes videos del incendio en el CAI de Soacha donde murieron ocho jóvenes. Semana, 2 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-estos-son-los-escalofriantes-videos-del-incendio-en-el-cai-de-soacha-en-el-que-murieron-ocho-jovenes/202100/
[4] Exclusivo: dos policías serían responsables del incendio en el CAI de Soacha donde murieron 8 jóvenes. Semana, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-dos-policias-estarian-involucrados-en-el-incendio-de-la-estacion-de-soacha-donde-murieron-ocho-jovenes/202157/
[5] La noche del 9S: voces de una masacre. Primera entrega. Cuestión Pública, 13 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/la-noche-del-9s-voces-de-una-masacre-primera-entrega/
[6] Veeduría Distrital, Informe “El 09 y el 10 de septiembre en Bogotá. Las cifras y datos detrás de los hechos de vandalismo y abuso policial que afectaron el derecho a la protesta social”, septiembre de 2020. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.pdf
[7] Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. Disponibles en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-1-9s/; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-2-10s/ y; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-3-10s/
[8] Claudia López rindió homenaje a las víctimas del ‘9S’ y pidió reformar a la Policía: “para las familias no ha habido verdad ni justicia”. Infobae, 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/09/claudia-lopez-rindio-homenaje-a-las-victimas-del-9s-y-pidio-reformar-a-la-policia-para-las-familias-no-ha-habido-verdad-ni-justicia/
[9] Se retoman elementos de las propuestas del profesor Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable. Periodico UNAL, 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-policial-urgente-y-estructural-pero-poco-probable/; asimismo se retoman elementos de las propuestas de proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por parte de Congresistas de la Bancada de Oposición.
por Campaña | Jul 27, 2021 | Movilización Social, Noticias, Uncategorized
BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ #PARONACIONAL
27 de julio de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:
- 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
- 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
- 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
- 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].
Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.
El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.
Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.
En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.
Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].
El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.
Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello, 3 agresiones reportadas sin identificar.
En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.
Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
- A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño
[2] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133
[3] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/
[4] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921
[5] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx
[6] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
[7] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08
por Campaña | Jul 22, 2021 | Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, luego de realizar un acompañamiento a las múltiples jornadas de protestas del 20 de julio de 2021, a través de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil CVI y de equipos de trabajo de sistematizaciones desde nuestro Puesto de Mando Unificado Popular de las organizaciones de derechos humanos documentamos el trato violento y hostil que el gobierno nacional y gobiernos locales, junto con la fuerza pública, le dieron a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta social; pese a que se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de escenarios, fue agredida por la intervención violenta del Estado. Encontramos las siguientes cifras:
- 50 personas fueron detenidas en su mayoría de manera arbitraria.
- Más de 60 personas resultaron heridas, 3 de ellas con lesiones oculares.
- Se registraron 31 denuncias por abusos de poder y autoridad.
- Se recepcionaron 17 denuncias por violencias hacia defensoras de derechos humanos, entre las cuales fue reportada una violencia basada en género.
Las protestas del 20 de julio fueron precedidas por un constante clima de estigmatización y discursos de odio por parte del gobierno nacional, particularmente de Diego Molano Ministro de Defensa y mandatarios locales, quienes en días previos a las protestas se encargaron de difundir mensajes de infiltración de grupos armados, ofrecimiento de recompensas y señalaron como grupos ilegales o terroristas a las expresiones de organizaciones sociales de protección como las primeras líneas. Se realizaron múltiples capturas e incautaciones de cascos, escudos y máscaras de gas, bajo criterios ilegales y arbitrarios que supuestamente fundamentaban órdenes de capturas y allanamientos, en los cuales pudimos advertir que se violaron las garantías procesales de las ciudadanas, incluso exagerando los tipos penales para lograr la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad.
El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle, tomaron varias acciones para impedir los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, libertad de locomoción y participación de parte del pueblo colombiano en la Asamblea Nacional Popular desarrollada en la ciudad de Cali, con el cierre de fronteras en Valle del Cauca, múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá, Tolima, Santander y Bogotá. El sábado 17 de julio la policía detuvo una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá, dejándolos por más de 7 horas retenidos en las carreteras de Colombia sin justificación alguna. Agentes de la policía manifestaban que no los dejarían continuar porque “sabían a donde se dirigían”. Durante la Asamblea, se identificó y entregó a dos policías que hacían labores de inteligencia en medio del evento, esto agrava y corrobora las ideas divulgadas por medios de comunicación donde según informes de inteligencia del Estado estas Asambleas eran parte del plan terrorista del ELN para el 20 de julio.
El clima de estigmatización generó una repercusión negativa en las garantías al derecho a la protesta, lo que se evidenció en las acciones de la fuerza pública, pues las múltiples declaraciones fueron interpretadas por los agentes como órdenes de no permitir la ocupación del espacio público y por lo tanto usar la fuerza. Según la Policía, el ESMAD y autoridades de gobierno “no están permitidos los corte de ruta o bloqueos”, cuestión que claramente va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares interamericanos e internacionales en la materia.
De igual manera, resultan preocupantes los constantes ataques de agentes de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos que realizamos cubrimiento de las protestas a través de las CVI. Varias defensoras fueron agredidas físicamente, hostigadas, empadronadas, perfiladas y se evidenciaron múltiples acciones para entorpecer las labores de las CVI bajo el discurso gubernamental que señala a las organizaciones de derechos humanos de maquillar cifras y no ser imparciales, e incluso, de manera falsa y sin sustento, señalan que son los defensores y defensoras quienes les agredimos; estos casos, son una muestra de la violencia dirigida, intencionada e individualizada, que pone en mayor riesgo a quienes desempeñamos esta labor en medio de la protesta social.
Además, reiteramos nuestra preocupación por el uso del arma de lanzamiento múltiple de gases “Venom” en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país, la cual disparó indiscriminadamente a la ciudadanía, generando múltiples daños inciertos debido a su uso masivo. Advertimos nuestra preocupación sobre la falta de información en los protocolos de uso de esta arma, ya que la fuerza pública la viene utilizado desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza, poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad de las manifestantes y habitantes de sectores aledaños a los puntos de concentración.
Por otro lado, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, se permite informar las cifras de violaciones de derechos humanos que hemos registrado en el territorio nacional desde el 28 de abril hasta el 21 de julio (16:20 pm).
- 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares sin identificar, y en 46 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
- 1.905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 88 casos de lesiones oculares y 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que de las personas heridas: 670 son hombres, 141 son mujeres y de 1084 no se reporta su género; pues muchas personas se niegan a iniciar la denuncia penal o compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos 1 caso, lesiones personales con 129 casos, estigmatización con 139 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 19 casos.
- 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 525 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 141 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 68 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 16 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 26 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 23 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 52 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 44 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1.603 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- En el mes de julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en extrañas circunstancias.
Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:
LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho a la protesta social.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres, diversidades sexuales y en general de la población que participa -aplicando los correspondientes enfoques diferenciales del caso-, se encuentren o no en el marco de la protesta social.
- Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales que brinden acceso a información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, para que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
- A la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas y que aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad, celeridad y garantía de participación de las víctimas.
- Al Gobierno Nacional que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra.
- Finalmente, exigimos al gobierno colombiano adoptar íntegramente las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe sobre Colombia.
por Campaña | Jul 17, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
17 de julio 2021, 11:00AM
La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la violación al derecho fundamental al derecho de reunión que tienen todos/as los ciudadanos, por parte del Gobierno Nacional en Cabeza de Iván Duque Márquez la Gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la Policía Nacional a cargo del General Jorge Luis Vargas Valencia.
Desde el viernes 16 de julio varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias han sido objeto de hostigamiento constante por parte de la fuerza pública en las carreteras de Colombia por dirigirse a la Asamblea Nacional Popular, espacio amplio y diverso de encuentro y deliberación política del movimiento social. En este contexto se han recibido múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Tolima.
El sábado 17 de julio la policía ha detenido una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá en la zona de La Herradura, La Tebaida, Quindío y La Paila siendo estos municipios limítrofes con el Valle del Cauca, a los conductores se les ha amenazado con confiscarle los buses e imponerles comparendos. En este momento las delegaciones llevan más de 7 horas detenidos sin poder desplazarse a la Asamblea Nacional Popular, generando un desgaste físico y mental debido la imposibilidad de poder obtener y consumir alimentos. Lo anterior se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público”.
Exigimos a la Policía Nacional que permita y garantice el ingreso seguro sin hostigamientos e intimidaciones a las delegaciones que se concentran en la Universidad del Valle. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que articulen acciones en favor de la garantía de los Derechos civiles y políticos de los ciudadanos que participarán en este encuentro ciudadano y en las movilizaciones convocadas de manera pacifica para los próximos días.
Un Estado que impide el Derecho de Reunión no puede llamarse democrático.
por Campaña | Jul 7, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Conoce aquí el informe completo.
[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/
[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/
