Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia:  Grave riesgo para los derechos humanos

Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia: Grave riesgo para los derechos humanos

Las organizaciones articuladas en la “Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas” y en las plataformas de víctimas y derechos humanos manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 las autoridades nacionales y locales están implementando medidas restrictivas de los derechos fundamentales de la ciudadanía tales como la creciente militarización del territorio nacional y el uso de aplicaciones digitales para móviles con acceso a datos privados.

A la fecha han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se instauró la medida principal de aislamiento obligatorio de la ciudadanía con el fin de aplanar la curva de contagio por COVID 19. Desde entonces, sin el debido control político, con justificaciones generales de orden público y abusando de las facultades excepcionales se han priorizado medidas restrictivas de libertades básicas como la movilidad y el derecho a la protesta, derechos fundamentales que solo pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, de forma excepcional y con justificaciones específicas. A la par, son insuficientes las medidas para mitigar el impacto desproporcionado en las condiciones de vida digna que sufren las comunidades más vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas privadas de la libertad, población en vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.

La priorización por parte del Estado de medidas restrictivas -en lugar de otras positivas para garantizar condiciones de vida digna como la renta básica- ha impactado negativamente a la gran mayoría de las economías familiares ya afectadas por el desempleo, lo que ha obligado a las personas a arriesgar su propia salud para buscar en la informalidad fórmulas para su supervivencia. A esta precaria situación, se suma que la creciente militarización -y la amenaza de la misma- de los últimos días adoptada por las autoridades para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento en las zonas más afectadas. Esto no solo ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, sino que parece no tener un efecto en la disminución de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

Adicionalmente, el empleo por parte de los gobiernos de aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten captar datos personales de las personas y en algunos casos hasta monitorear sus desplazamientos, es una medida altamente invasiva en la privacidad de las personas y que, por su modo de empleo, también puede asemejarse a medidas de empadronamiento prohibidas constitucionalmente.

Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que las medidas que se continúen adoptando para afrontar la crisis generada por el COVID-19 cuenten con un enfoque de derechos. Al respecto, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la naturaleza jurídica de las limitaciones a los derechos humanos que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados por lo cual es necesario que las medidas adoptadas sean necesarias, idóneas y proporcionales, y cuenten con el debido control en el marco de la división de poderes. La CIDH también hace un llamado para la adopción de medidas positivas de protección adicionales para los grupos más vulnerables.

Cordialmente,

Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:

  1. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
  2. Colombian corporation of criminal investigation and human rigths CORPOCICHR
  3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
  4. Cumbre Popular Urbana
  5. Entre Redes
  6. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
  7. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE
  8. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP
  9. Red Popular de Derechos Humanos -REDHUS

 

Exigimos que cesen hostigamientos

Exigimos que cesen hostigamientos

Desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional,  la grave situación de seguimientos y hostigamientos de las que han sido víctimas familiares del Yeison Franco, en especial Laura Escobar, su compañera sentimental.

Yeison es estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien fue detenido el pasado 21 de enero por agentes de la Policía, luego de que los uniformados realizaran un allanamiento en su residencia, en donde buscaban pruebas contra el joven para poder sindicarlo por el delito de concierto para delinquir.

Este delito se le es imputado por la participación del estudiante en las pasadas movilizaciones ciudadanas y por hacer parte de “ciertos” colectivos. Sin embargo, podríamos estar antes hechos de  estigmatización hacía protesta social, pues las autoridades no cuentan con pruebas de peso que indiquen que Yeison Franco estaba llevando a cabo cualquier tipo de acción ilegal.

Como consecuencia de esto, Laura Escobar, compañera sentimental de Yeison, quien estuvo presente en el momento de la detención, denuncia que está siendo objeto de constantes seguimientos y hostigamientos por parte de la Fuerza Púbica y entes gubernamentales, los cuales no disminuyen, ni siquiera, durante el presente confinamiento por el que atraviesa el país. Laura, como consecuencia de su actividad profesional, debe desplazarse contantemente por la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior, decidió enviar un derecho de petición solicitando que se le indicara si está siendo parte de algún tipo de investigación o indagación preliminar por parte de la Fiscalía Nacional, la respuesta a esta solicitud indica que Escobar  no es objeto de ningún tipo de investigación en calidad de indiciada y/o sindicada.

Expresamos nuestra preocupación por el hostigamiento del que está siendo víctima Laura Escobar y los familiares de Yeison Franco, pues estos, además de ilegales, ponen en riesgo la vida e integridad de estas personas. Instamos a las entidades correspondientes que puedan investigar y aclarar lo sucedido. Además, exigimos que cese, de manera inmediata, cualquier tipo de hostigamientos hacía esta familia.

¿Qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la Protesta Social?

¿Qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la Protesta Social?

Todas las mujeres tenemos derecho a vivir libre de violencias, torturas y cualquier tipo de mal trato por razones de género.

A continuación, compartiremos datos claves para saber qué hacer en caso de violencia de género en el marco de protestas o movilizaciones sociales. Es importante, que cada una de nosotras tengamos claro qué es y de qué manera la violencia de género se hace presente en este tipo escenarios, en donde mujeres, personas trans y no binarias o intersex nos vemos expuestas a manifestaciones de desigualdad, discriminación y relaciones inequitativas de poder.

Durante contextos de protesta social, existe un riego diferenciado, vinculado con el hecho se ser mujer o con la identidad u orientación sexual diversa. Esto, se traduce en múltiples formas de discriminación y mayor exposición a agresiones y violencia por parte de agentes estatales.

Como la policía no nos cuida, rota, comparte y divulga estás imágenes, por nuestro derecho a la protesta, al espacio público y a vivir con dignidad. #MeCuidanMisAmigas

Descarga aquí el PDF 

Vulneración de derechos humanos en contextos de protesta durante el aislamiento obligatorio

Vulneración de derechos humanos en contextos de protesta durante el aislamiento obligatorio

Bogotá, 5 de mayo de 2020

Señora
CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa Mayor de Bogotá

Señor
LUIS ERNESTO GÓMEZ
Secretario de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

General
OSCAR GÓMEZ HEREDIA
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Ref.: Vulneración de derechos humanos en contextos de protesta durante el aislamiento obligatorio

Reciban un cordial saludo de las organizaciones que hacemos parte de la Campaña Defender la libertad: asunto de todas. Somos una red de más de 60 organizaciones a nivel nacional que trabaja de forma articulada en contra del abuso policial, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social en Colombia.

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por los mecanismos de contención de protestas espontaneas que se han implementado durante el periodo de aislamiento obligatorio en Bogotá. Desde que se iniciaron las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en la población, los sectores de mayor vulneración económica y social han padecido las consecuencias del hambre y la desprotección estatal, por lo que han adelantado decenas de plantones, marchas y
concentraciones exigiendo garantías para poder vivir con el mínimo vital durante estas semanas.

Sin embargo, hemos evidenciado que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos de las personas que se manifiestan pacíficamente. Algunos de los hechos más lamentables es el presunto intento de homicidio de DANY DARÍO CARVAJAL y el uso excesivo de la fuerza contra los habitantes de Altos de la Estancia que están siendo desalojadas de sus viviendas.

De otra parte, vemos con preocupación que desde el inició del aislamiento obligatorio el pasado 20 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado en promedio 80 a 100 traslados diarios al Centro de Traslado por Protección (CTP). Esto pone en entredicho la aplicación de los estándares legales establecidos en el artículo 155 de la Ley 1801 (como primera opción la persona debe ser entregada a un allegado/a o ser llevada a su domicilio); así mismo, estos traslados representan un alto riesgo sanitario,
que se incrementa por el alto número de personas concentradas en un solo lugar.

Ante esta situación queremos solicitarles que se puedan adoptar las siguientes acciones:

1. No utilización de armas de fuego por parte del personal de policía que acompaña entrega de donaciones y alimentos: Como se ha visto, la entrega de alimentos puede convertirse de forma inesperada en protestas espontaneas, y el tener personal armado en dichas situaciones, incrementa el riesgo a la vida tanto de los manifestantes como de la población en general. Por ello, solicitamos que el personal de policía que acompañe estas labores no porte armas de fuego y tenga a su disposición otro tipo de elementos para el control de multitudes.

2. Cese del Traslado Por Protección: Según la Corte Constitucional, el traslado por protección tiene como única finalidad permisible la protección de derechos (Sentencia C-281); sin embargo, se han presentado traslados injustificados que no sólo han violado el derecho a la libertad, sino la integridad física y sexual de las personas (como fue el caso de LAURA DÍAZ). Además, el traslado por protección se está utilizando en algunos casos como mecanismo complementario de sanción al comparendo, lo cual contraría la ley y convierte estos casos en detenciones arbitrarias. La concentración de más de 100 personas en un solo establecimiento administrado por la Alcaldía pone en entredicho la aplicación de las medidas sanitarias ordenadas por la misma entidad.

3. Promoción del dialogo social: Es importante fomentar el dialogo social durante las protestas espontaneas, creando rutas y mecanismos de dialogo que permitan escuchar, atender y responder en un plazo razonable a las demandas ciudadanas. Creemos que el uso de la fuerza en protestas en las cuales la ciudadanía reclama alimentos, es no solo desproporcional, sino contrario al principio de necesidad y al derecho de la participación ciudadana. Por tanto, solicitamos que se creen comisiones mixtas de Gestores de Convivencia y miembros de la Secretaria de Integración Social para responder de forma integral las demandas sociales de los habitantes de Bogotá.

Esperamos que estas solicitudes puedan ser atendidas en aras de evitar la vulneración a los derechos humanos durante las jornadas de protestas que se lleven a cabo en la capital del país.

Cordialmente,

Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:
1. Ciudad en Movimiento
2. Colombian Corporation of Criminal Investigation and Human Rights –
CORPOCICHR
3. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
4. Comité DDHH de la Asamblea Popular de Engativá
5. Congreso de los Pueblos
6. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR
7. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
8. Fundación de derechos humanos PASOS
9. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
10. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA
11. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
12. Mujeres por la Paz.
13. Partido Socialista de los Trabajadores
14. Rebelde Comunicación libre
15. Rebeldía Estudiantil Organizada – REO
16. Red Contra el Abuso de Autoridad – RCAA
17. Red Popular de Derechos Humanos – REDHUS

Joven muere tras disparo de la Policía Nacional durante protestas por alimentos en el Cesar

Joven muere tras disparo de la Policía Nacional durante protestas por alimentos en el Cesar

El día 22 de abril, en horas de la mañana, un grupo de aproximadamente 70 personas estaban protestando en la vía Troncal Caribe, a la altura del Corregimiento de Casacará, en el municipio de Codazzi (Cesar), exigiendo la entrega de atención alimentaría.

En esos momentos la Policía, como se observa en los vídeos, realiza disparos de armas de fuego al aire y de forma directa hacia los manifestantes. Sobre las 2:30 de la tarde el joven JAIDER ANTONIO BROCHERO HERNÁNDEZ (al parecer de 17 años) es herido por un tiro en la espalda y muere mientras es trasladado por otros manifestantes al centro de salud del municipio de Becerril.

Al parecer los manifestantes corrían y al joven le disparan, por la espalda –como se aprecia en los vídeos- en un punto en la vía pública a dos cuadras de la subestación hacia el casco urbano de la población.

La Alcaldía de Codazzi ha implantado un toque de queda en el corregimiento y los habitantes no han podido salir de sus casas. Así mismo, la mamá de JAIDER ANTONIO, quien dependía económicamente de los recursos que su hijo podía gestionar, se encuentra incomunicada en su hogar y sin posibilidad de establecer dialogo oportuno y directo con los organismos de control y los abogados defensores de derechos humanos.

Hacemos un llamado a las entidades correspondientes para que inicien las investigaciones pertinentes, las cuales permitan esclarecer los hechos. Así mismo solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo un acompañamiento y seguimiento inmediato del caso en aras de evitar cualquier riesgo de alteración o manipulación de la necropsia y las pruebas que el caso de a lugar.

La cuarenta obligatoria por la que atraviesa Colombia, no puede ser una oportunidad para suspender los principios que rigen el Estado Social de Derecho. Recordamos una vez más que el uso de armas de fuego está prohibido en escenarios de contención de protestas sociales. Además, la Fuerza Pública debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad al momento de realizar cualquier tipo de proceso policivo.

El derecho a la protesta social, es un derecho que a pesar del confinamiento, sigue vigente, más aún cuando gran parte de la población no cuenta con garantías para tener una cuarenta digna.

Policía dispara a un joven y pone choques eléctricos a mujer embarazada

Policía dispara a un joven y pone choques eléctricos a mujer embarazada

El día de ayer, 17 de abril de 2020, la Junta de Acción Comunal del barrió El Recuerdo de la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), informó a los habitantes que se habían gestionado unas ayudas humanitarias consistentes en productos de primera necesidad para poder sobrellevar el hambre que padecen, dadas las restricciones decretadas por el Gobierno en el marco de la estrategia de contención de la propagación del coronavirus.

Siendo aproximadamente las 3 de la tarde llegó un camión con los suministros. Sin embargo, a los pocos minutos llegó otro camión para poder llevarse parte de los mercados hacia otro barrio que se encontraba también con una alta vulnerabilidad. Ante esto, las más de 100 personas que se encontraban allí, reclamaron por la situación presentada y exigieron que alimentación suficiente para sus hogares.

Producto de esta situación, algunas personas de la comunidad empiezan a repartir los mercados. Esto generó una confrontación con la Policía que se encontraba en el lugar (entre 4 y 5 motos). En ese momento, uniformados de la Policía utilizan choques eléctricos en contra de una joven de 22 años que se encuentra en estado de gestación.

Al ver esta situación de agresión, el hermano de la joven decide reclamarle al Policía. Sin embargo, durante la confrontación presentada recibió un impacto de bala disparado por la Policía que le perforó el abdomen, y otro que le afectó la mano. El joven de 24 años cayó herido y ante la situación, los agentes de Policía decidieron retirarse, omitiendo su deber de socorro.

El joven fue traslado al Hospital de Meissen por parte de un habitante de la zona, quien facilitó su moto para llevarlo. Actualmente el paciente se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Al respecto, hacemos un llamado a las autoridades para que se inicie la investigación con independencia y transparencia, dado que ya se han venido presentando algunas irregularidades en el proceso.

De igual forma, instamos a las autoridades públicas, particularmente a la Alcaldía de Mayor y la Policía Metropolitana de la ciudad para que, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 563 de 2015, la Resolución 1190 de 2018 y la legislación internacional, los funcionarios que contengan escenarios de protesta social no porten armas de fuego.