La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta y seís (36) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 02 de junio (11:40 am) en el territorio nacional:
76 homicidios[1], de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y a ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
151 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas.
491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 337 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 41 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2], 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual). Como Campaña tenemos registro de 29 casos de VBG en el marco de la protesta social que incluyen acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas de violación y hostigamientos; y 5 agresiones sexuales adicionales.
2.395 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales[4]. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89[5] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.
Vemos con preocupación que del universo de agresiones que hemos registrado en nuestras bases de datos, la gran mayoría corresponde a agresiones que han sufrido personas jóvenes[6]; quienes han sido asesinadas, heridas, mutiladas, detenidas, allanadas, victimizadas en razón de su género, sufriendo VBG. Además de ello, el gobierno nacional y medios de comunicación tradicionales, han realizado afirmaciones estigmatizantes en las que las manifestantes y las jóvenes son tildadas como “terroristas”[7] y/o “vándalas”, con generalizaciones absurdas y peligrosas, haciendo alusión a su supuesta pertenencia a grupos guerrilleros, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, consolidando con ello, su discurso de odio y su política de caracterizar un enemigo interno que les permita criminalizar a toda persona que ejerza la protesta social en el país, excluyendo y atacando de manera más marcada al mencionado sector poblacional.
Hacemos un llamado urgente y contundente a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el departamento de Valle del Cauca. No se han dado explicaciones satisfactorias sobre: las denuncias de 13 personas asesinadas[8] aparentemente en medio de las protestas, las denuncias sobre torturas en un almacén[9], y el incendio en el cual se denuncia la existencia de personas calcinadas[10]. La situación en esos territorios es crítica, ya que hemos recibido múltiples y constantes registros de personas asesinadas, heridas y torturadas, así como denuncias sobre abuso policial; por lo cual, exigimos que estos hechos sean esclarecidos en su totalidad, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.
Es preocupante la situación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas vividas en la ciudad de Bogotá. Particularmente en el Espacio Humanitario ‘Al calor de la olla’ en el Portal de la Resistencia (antes Américas), se han vivido sistemáticas y múltiples intervenciones que producen agresiones desmedidas e injustificadas en contra de manifestantes, brigadas de salud de primeros auxilios de la sociedad civil, conjuntos residenciales, casas y barrios populares que rodean este punto de la ciudad. Asimismo, se ha evidenciado que la actitud y acción violenta, provocadora y agresora por parte de la Policía se ha presentado en otros puntos de la ciudad, como en las localidades de Usme, Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón, las cuales han dejado decenas de manifestantes heridas, golpeadas y mutiladas. La sistematicidad de estas agresiones es evidente en diferentes puntos de Bogotá, lo cual nos preocupa como organizaciones defensoras de derechos humanos, toda vez que representa una violación constante de derechos fundamentales, protocolos y normas nacionales y del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable y vigente en el país, pero irrespetado por la fuerza pública y el gobierno nacional.
Las agresiones por parte de la fuerza pública, también se han presentado hacia defensoras de DDHH y han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales, que se han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas en el marco de intervenciones injustificadas y desproporcionadas por parte del ESMAD. Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en todo el país por parte de organizaciones de la sociedad civil, exigimos justicia, verdad y reparación integral por el homicidio de una persona defensora de derechos humanos, integrante del Pueblo Indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle[11], así como por todas las defensoras violentadas en el marco del Paro Nacional. Reiteramos que ser defensoras de derechos humanos no es un delito, es una labor urgente y necesaria en el contexto actual de Colombia.
Durante el transcurso del Paro Nacional se ha solicitado la presencia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en las movilizaciones, así como en los lugares de detención transitoria y de judicialización de personas en el marco de jornadas de protesta social, sin embargo, es absolutamente cuestionable su papel en el marco de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, toda vez que no hemos evidenciado un papel activo y que permita acompañar a la ciudadanía. Nos preocupa que las cifras de vulneraciones de derechos de personas en el marco de las protestas sociales, que tienen registradas entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, no son uniformes, no concuerdan y presentan diversos balances que son disímiles y confusos, lo cual es grave para la exigencia de búsqueda de justicia, verdad completa, reparación integral de víctimas en casos tan graves; como los de desaparición forzada, los de violencia sexual, los de homicidios o los de lesiones oculares y mutilaciones.
Compartimos las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cuanto a los homicidios presentados en el marco del Paro Nacional[12], y manifestamos nuestra abierta y total disposición de diálogo con dicho organismo, para informar, visibilizar y analizar el contexto, sistematicidad, documentación y patrones de agresiones que hemos evidenciado en estas jornadas de movilización de Colombia.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1] Desde el último boletín se suman 16 personas asesinadas en Valle del Cauca y 1 en Putumayo.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1028 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 375 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 55 en Tolima, 170 en Atlántico, 107 en Santander, 218 en Cundinamarca, 100 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 45 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
Desde el Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Distrital y Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos, denunciamos ante la opinión pública y las entidades competentes, el riesgo de vulneración y la violencias ejercidas en contra de nuestros derechos fundamentales a la vida, integridad física y psicológica, seguridad, así como los posibles hechos de persecución política por nuestra labor como defensores y defensoras de derechos humanos; ejercidos por parte de la Fuerza Pública, específicamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Fuerza Disponible de la Policía, en el marco de la actual coyuntura de Paro Nacional.
Algunos de los hechos registrados son:
Lunes 24 de mayo, el agente del ESMAD identificado como 173985 agrede a defensores y defensoras de derechos humanos que se encontraban solicitando información de una persona detenida; no se les permitió el registro de datos, igualmente agreden a
Miércoles 26 de mayo, el Mayor Rodríguez del ESMAD identificado como 002795, agrede a una defensora de derechos humanos, la amenaza con ser capturada y una posible judicialización por interferir en procedimientos policiales, posterior esto es agredida y arrastrada por el
Viernes 29 de mayo, a las 1:29 am, se presenta un hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos que se encontraban grabando una intervención del ESMAD, en la cual se ve cómo los uniformados disparan de forma horizontal directamente al cuerpo de las
Viernes 29 de mayo, a la 1:40 am, los agentes del ESMAD identificados como 174258, 008647, 174831, 174024, impiden a las a las Comisiones de Verificación e Intervención grabar el procedimiento mediante empujones, gritos, amenazas de detención e imposición de
Viernes 29 de mayo, a la 1:40 am, el agente del ESMAD identificado como 059053 golpea con el escudo a una defensora de derechos humanos.
Viernes 29 de mayo, a la 1:45 am, el agente del ESMAD Identificado como 071718 empadrona a integrantes de la Comisión de Verificación e Intervención y menciona que se requiere una certificación para enunciarse como defensores de Derechos Humanos, desconociendo lo mencionado en el Decreto 003 de enero del 2021
Exigimos que se respete nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos en la protesta social, la cual se respalda en la figura de las Comisiones de Verificación e Intervención referidas en el Decreto 563 de 2015 y la Directiva Presidencial 007 /1999. De la misma forma, que se nos brinden garantías reales para desempeñar dicha labor sin sufrir abusos de autoridad por parte de la Fuerza Pública.
Solicitamos a la Fiscalía, Procuraduría, Personería Distrital y Defensoría del Pueblo, a que se inicien las investigaciones disciplinarias pertinentes por la obstrucción de la labor de los y las defensoras de derechos humanos, específicamente de aquellas conductas irregulares y arbitrarias como: impedir la grabación de los procedimientos de policía; las
acciones de amenaza y hostigamiento para impedir la verificación de personas heridas y detenidas; las agresiones físicas directas contra defensores y el daño a sus pertenencias personales; la captura ilegal de datos personales y documentos de identificación- conocido como empadronamiento-; el riesgo de detenciones arbitrarias; entre otras que se puedan identificar.
Ante cualquier daño o perjuicio que atente contra de nuestra vida e integridad, responsabilizamos al Gobierno colombiano en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, al Ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, al Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, y al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Dirigido al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Comisión de la Verdad, a la oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y a la opinión pública.
Frente a la grave situación de violencia que vive la ciudad, se solicita acompañamiento y veeduría internacional en Bogotá D.C. para garantizar el derecho humano y fundamental a la protesta social pacífica y manifiesta frente a las actuaciones del gobierno distrital y nacional:
Que en este momento no se está garantizando el derecho a la protesta social pacífica por parte del gobierno distrital, ni del gobierno nacional. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá no cumple con los protocolos internacionales, nacionales y distritales; está violando de manera grave y sistemática los derechos humanos, sin dar cabal cumplimiento al Decreto 563 del 2015. Exigimos que se detenga de forma inmediata la violencia, abuso y brutalidad policial.
Las organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias por parte de la ciudadanía, en las que se ha alertado sobre graves hechos presentados en Bogotá D.C. como detenciones ilegales y arbitrarias, utilizando infraestructura pública como el Portal Américas de Transmilenio para torturar jóvenes, evidenciando tratos crueles e inhumanos. Encerramiento por parte del ESMAD a las manifestantes sin rutas de evacuación claras y seguras. Ataques de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos, periodistas y personal de salud que busca socorrer a las personas herida El uso de un colegio para operaciones de la fuerza pública en el marco de la represión de la protesta, resaltando el aterrizaje de un helicóptero Black Hawk con munición de gases para el ESMAD en Bosa. El uso de gases desproporcionado, que provocó afectaciones a la salud afectando viviendas y conjuntos residenciales de barrios populares, en Usme hubo un caso de un gas por el aire entró a una casa. Fuerza pública que roba a las manifestantes, tortura y presuntamente participa en procesos de desaparición forzada. Uso de “armas no letales” con graves consecuencias, como propiciar quemaduras, afectaciones a la integridad personal, lesiones oculares y hasta tentativas de homicidio. También hay casos de homicidios que se encuentran en proceso de esclarecimiento en cuanto a su nexo causal con las jornadas de protesta del Paro Nacional.
Hacemos un llamado a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López a pronunciarse de manera vehemente frente a la violencia policial, a llamar a la Policía Metropolitana de Bogotá a acatar el orden legal y constitucional, así como la cadena de mando de la Alcaldía Mayor, así como aplicar de manera integral el Decreto 563 del 2015, que garantiza el derecho a la protesta social pacífica. La alcaldesa no puede mantener una actitud de ambigüedad frente a los graves hechos de abuso y violencia policial que se han presentado durante el Paro Nacional. Hoy no es claro, cuál es la autoridad civil que está al mando de la policía en la ciudad de Bogotá.
Denunciamos la no aplicación del Decreto 563 de 2015 con referencia a la intervención de organizaciones de derechos humanos. La administración distrital no realizó una planeación y preparación integral para garantizar el derecho a la protesta social con las organizaciones de derechos humanos, barriales, ambientales, feministas, animalistas y sociales, ni con el Comité Distrital de Paro. Tampoco está teniendo ninguna incidencia la participación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado, y sus intervenciones y peticiones no son respondidas de manera efectiva. Especialmente grave es el secretismo y la negación de información con referencia a las razones y al momento en que el ESMAD o la Fuerza Disponible intervienen en los puntos de protesta social, además las actas del Puesto de Mando Unificado están siendo recortadas y la intervención de las organizaciones de derechos humanos no aparecen registradas en las mismas. Sistemáticamente las cámaras de seguridad no funcionan cuando de registrar abuso policial se trata. Todo esto va en contravía de las determinaciones del Decreto 563 del 2015, de la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.
Conminamos a la administración distrital, a la Policía Metropolitana de Bogotá, al gobierno nacional en especial, al Ministerio de Defensa, a renovar los acuerdos de garantías a la protesta social en la ciudad.
Manifestamos que la protesta pacífica en Bogotá no puede ser violentada ni por el abuso de la policía, ni por actos violentos en los sectores empobrecidos y segregados de la ciudad que en algunos casos pueden estar soportados en redes i En ambos casos es deber del gobierno; prevenir con una política de seguridad integral estos actos violentos, y además controlar a la Policía Metropolitana como parte integral del Estado, cuya responsabilidad es garantizar los derechos humanos de las manifestantes.
Pedimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación interinstitucional, que presenten e implementen planes de prevención integrales para garantizar el derecho legítimo a la protesta social pacífica.
Instamos a la Policía Metropolitana de Bogotá a instancias del gobierno distrital a un reconocimiento del abuso policial y el no cumplimiento de protocolos, como un primer paso para desescalar la violencia en la ciudad. Sin reconocimiento por parte del Gobierno Distrital y la Policía Metropolitana de lo que está pasando, no habrá un proceso de reparación integral y por lo tanto, de reconciliación entre las ciudadanías que ejercen el derecho a la protesta social pacífica y las fuerzas de policía en la ciudad. La administración distrital en cabeza de la Alcaldesa, no puede ser inferior a este llamado ético.
Por lo tanto, frente a esta vulneración sistemática de los derechos humanos y la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta social por parte de las ciudadanías, solicitamos al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz:
Generar una Veeduría Internacional sobre el cumplimiento del Decreto 563 del 2015, la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. En particular, relacionado con el papel de la fuerza pública en la protesta social y en la garantía del uso de la fuerza bajo los principios establecidos en los protocolos por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como las garantías de la real y eficaz incidencia de las organizaciones de derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado.»
Acompañar a las organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en la ciudad, para rodearlas de garantías con el fin de que puedan cumplir su labor, sobre todo de sus Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
Acompañar los espacios de diálogo territorial que se están generando con las manifestantes para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación integral desde los territorios afectados por la violencia en escenarios de protesta social, de tal manera que se empiecen a transformar las dinámicas de conflictividad territorial de manera no violenta, generando diálogos improbables.
Facilitar el diálogo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá para este proceso de verdad, justicia y reparación integral.
Acompañar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y los mecanismos territoriales de defensa de derechos humanos que está gestionando la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
Colectivo Jurídico Popular de Engativá
Congreso de los Pueblos
Asociación dhColombia
Red Contra el Abuso de Autoridad Red CAA
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Bogotá
Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Comisión de Garantías de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos
Fundación de Derechos Humanos PASOS
Fundación Defensoras de los Derechos del Pueblo BAKIA
Comisión Colombiana de Juristas CCJ
Corporación Juridica Yira Castro
Asociación Colombiana de de Estudiantes Universitarios – ACEU
Mesa Ambiental Usaquén San Cristóbal Oriental UPZ 11 Territorio La Mariposa de los Cerros Orientales de Usaquén
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Coordinador de Organizaciones Sociales COS Bogotá
Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá-Cundinamarca
Unión Patriótica UP
Juventud Comunista Colombiana JUCO
Unión de Jóvenes Patriotas UJP
Juventud Humana Bogotá
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES
Polo Joven
Red Nacional del Agua de Colombia
FUMPAZ
Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO
Colectivo Agrario Abya Yala
Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC
Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra REDEPAZ
Asociación Distrital de Educadoras ADE
Proceso de Comunidades Negras – PCN Bogotá
Ecolectiva
Kilombo Autónomo Iré Arikú
Fundación Red Hilos de Ananse
Juntanza Techotiva
Asamblea Suba Oriental
Colectiva Antimilitarista La Tulpa
Fundación Ecológica Bacatá
Red de Mujeres de Puente Aranda
Don Jumento Comunicación Alternativa
Fundación Alma
Tejido Pal Barrio
Escuela Popular Ambiental y Cultural de Puente Aranda
Huerta Agroecológica Las Hadas
Colectiva Las Abejas
Movimiento PorLaVida
Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior – UNEES
Colectivo Jaime Garzón Unisalle
Colectivo Vamos Por los Derechos
Somos Uno
The Class Records, medio comunitario alternativo de Engativá
Caicas
Asociación Dedise
Huertas Chapinero
Colectivo Yuliana Samboní
Corporación de Estudios Sociales y Jurídicos Sentipensar
Colectivo Alianza por el Agua
Mesa de Cerros Orientales
Comité Páramo Cruz Verde
Colectiva Huertopía
Observatorio de Paz
Colectivo Interdisciplinario de Derechos Humanos Waman Iware
Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda
Movimiento Magisterial Dignidad Educativa
Casa de Los Colores
Critical Peace & Transformation
Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Van Der Hammen
Voces En Resistencia VER Fontibón
Asociación Minga
Corporación Manaba
Corporación Yurupari
Corporación Colectivo Creacción
Esquema Feminista de Derechos Humanos
Colectivo Ciudadano Sembradores Van Der Hammen
Teusaradio
Red de protección y bienestar animal de Bosa
Organizaciones internacionales:
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, Liga Mexicana por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Chilena de Amistad con la RASD, Fundación Constituyente XXI Chile, Amigos por un Sahara Libre – México
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas rechaza los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre las manifestantes y las protestas sociales que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril del 2021.
Funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno; han realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanas, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.
El primero en promover estos discursos de odio fue el señor Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno, quien publicó el 30 de abril en su red social Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Esta red social dispuso que Álvaro Uribe Vélez debía borrar esta publicación por considerar, de acuerdo con sus políticas, que se trata de una “glorificación de la violencia”.
Posteriormente, el 1 de mayo, el Ministro de Defensa patrulló las estaciones de policía de Cali y le dijo a los uniformados: “merecen el reconocimiento y la admiración de todos los ciudadanos”[1], luego de que se denunciara la muerte de 16 personas en esa ciudad, varias de ellas por posibles impactos de armas de fuego accionadas por agentes de la Policía Nacional, desde que inició el Paro Nacional.
Un día después, el 2 de mayo, el alcalde de Pereira convocó a civiles a hacer un “frente común” con las fuerzas del orden para “recuperar el orden” de la ciudad. Tres días después, vehículos se dirigieron al Viaducto de Pereira y dispararon 8 veces en contra de la vida de Lucas Villa. Otras dos personas resultaron heridas.
Anoche el país tuvo otras dos víctimas mortales a causa de los disparos de particulares. Uno de ellos es Héctor Fabio Morales, de 24 años, quien se encontraba en el Parque Olaya de Pereira, en uno de los puntos de concentración del Paro Nacional y recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en el cráneo. Paralelamente, en la ciudad de Cali, habitantes denunciaron que varias camionetas particulares dispararon en tres ocasiones contra los manifestantes y una brigada médica y de derechos humanos dentro de la que se encontraba la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el sector de La Luna. Tres personas resultaron heridas, una de ellas falleció.
Es innegable que los discursos promovidos por funcionarios públicos del mayor nivel y líderes del partido de Gobierno han incentivado una práctica criminal y violenta por parte de personas que, con la connivencia y/o tolerancia de agentes de la fuerza pública, han emprendido un ataque sicarial en contra de las manifestantes.
Esta preocupación que tenemos como organizaciones de derechos humanos también ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quienes señalaron en un comunicado el 7 de mayo de 2020, “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como «terroristas», «enemigos» o «delincuentes»”[2].
Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que, atendiendo lo dispuesto en la Directiva 002 de 2017, adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes en contra de todos los servidores públicos que hayan realizado conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de la protesta social, entendida esta como un derecho fundamental. De igual manera, le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones penales en contra de todas las personas que, a través de sus discursos, han instigado crímenes en contra de los manifestantes.
Recordamos que los discursos de odio y discriminatorios que inciten a causar daño a otras personas o grupos de personas no están amparados por la garantía constitucional con que cuenta la libertad de expresión. Derecho que está consignado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y en el artículo 20 de la Constitución Política. En estos instrumentos está claramente establecido que la libertad de expresión tiene límites, toda vez que “(…) entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” (art. 19, PIDCP).
Por su parte, el Pacto de San José señala de manera expresa: “(…) Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” (art. 13, CADH). Asimismo, la sentencia C-442 de 2011 de la Corte Constitucional refiere que dentro de los contenidos prohibidos para los discursos se encuentra la apología del odio. Finalmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe de 2015 señala que: “en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos.”
Por ello, exhortamos a los organismos internacionales a estar alertas frente a las situaciones advertidas en esta comunicación.
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS – CSPP
RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – RED CAA
RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS – RUD
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR
COLECTIVO JURÍDICO POPULAR DE ENGATIVÁ
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP
CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE
COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS – CPDH
CIUDAD EN MOVIMIENTO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE
Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance de la jornada de movilización del 1 de mayo de 2021 donde se continuaron presentando agresiones por la fuerza pública en el marco de la jornada contra la reforma tributaria. De acuerdo con el registro, se contabilizaron 374 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
La decisión del gobierno nacional de militarizar las principales ciudades es una estrategia político- militar para evitar que la protesta social siga creciendo en el país y que la gente exija sus derechos, actuaciones propias de la DICTADURAS, en donde se crean los estados de sitio a fin de restringir la democracia.
Tipo de hechos
Cantidad
Contra los manifestantes
Privaciones de la libertad
264
Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
36
Empadronamientos
1
Hurtos
1
Comparendos
2
Amenazas
2
Contra la protesta social
Militarización de la protesta social
4
Hostigamientos
3
Disparos armas de fuego
3
Agresiones indiscriminadas
2
Uso inadecuado de armas de menor letalidad
1
Presencia paramilitar
1
Porte armas de fuego
1
Hurtos
1
Personas presuntamente desaparecidas
Desaparecido
22
Apareció
23
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Obstrucción a la labor
2
Obstrucción a la labor de prensa
2
Amenazas
1
Contra personal médico
Obstrucción labor APH
2
Total agresiones
374
Durante el 1 de mayo el Puesto de Mando Unificado Popular, recibió numerosas denuncias y llamadas. De acuerdo a las cifras, destacamos que:
La fuerza pública, ha hecho no solo uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, sino que ha actuado con toda la intención de causar daño contra la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
Continuidad de la presencia de estructuras paramilitares, quienes siguieron agrediendo a los manifestantes. Se conoció por redes sociales un video grabado en la ciudad de Envigado donde se ve a un hombre en un vehículo portando un arma de fuego y expresando que “tiene la orden del patrón de dar de baja a vándalos- delincuentes”, lo cual pone en grave peligro la integridad de la ciudadanía y en especial a quienes se manifiestan.
Preocupa que nuevamente se haya obstaculizado la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes continuaron siendo víctimas de amenazas, hurtos y represión. Denunciamos que varias defensoras y defensores fueron amenazados con arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
En el caso de los datos de personas reportadas como desaparecidas, se informa que a la fecha no hemos tenido reportes de que haya aparecido. No obstante, la exposición de la cantidad nos permite alertar sobre una eventual política de agresión en contra de la libertad de quienes participan de las protestas sociales.
El 1 de mayo se conoció mediante un video el asesinato de un ciudadano a manos de un policía. Según información allegada la víctima POSIBLEMENTE estaba en las protestas espontáneas que se desarrollaron en el barrio 12 de octubre de Medellín. Exigimos a las autoridades competentes aclarar este hecho.
Durante la manifestación del 1 de mayo se reportaron agresiones contra funcionarios públicos de la Personería de Medellín por parte de policiales.
Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social. Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, como red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar que a corte de las 9:30 pm del día 01 de mayo de 2021 se han registrado:
111 personas detenidas. De las cuales 49 fueron detenidas en Barranquilla, 40 en Bogotá, 6 en Medellín, 6 en Soacha, 3 en Pereira, 3 en Bucaramanga y 4 sin identificar en su mayoría, bajo procedimientos arbitrarios.
56 personas heridas, presuntamente por el accionar de la Policía y ESMAD.
5 personas muertas, presuntamente asociadas a jornada de movilización, pero los móviles están por esclarecerse.
9 defensoras de derechos humanos agredidas por la Policía.6 agresiones de violencias basadas en género.
126 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Estas agresiones cometidas por la fuerza pública, dan cuenta de la forma generalizada y sistemática con que la Policía Nacional ha violado los derechos humanos en las jornadas del Paro Nacional de los días 28 de abril, 29 de abril, 30 de abril y 1 de mayo. Desconociendo abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social.
Sobre las detenciones arbitrarias, advertimos que se puede identificar una serie de patrones de conductas que configuran abuso de poder policial en las jornadas del Paro Nacional. Estos patrones consisten en general, en abusar de la figura conocida como “traslado por protección” o “traslado por procedimiento policivo”, que supuestamente son mecanismos para proteger a las personas, pero que se han utilizado para sancionar, amedrentar y castigar a manifestantes que ejercen el derecho a la protesta social de manera pacífica.
Se pueden resaltar de manera particular, algunas actuaciones de este abuso de poder policial como las siguientes: 1) argumentar la exaltación, para detener por “protección” a personas manifestantes; 2) argumentar la ocurrencia de una riña, para detener por “protección” a personas manifestantes; 3) argumentar la indefensión, para detener por “protección” a personas manifestantes; 4) argumentar que existen comportamientos agresivos, detener por “protección” a personas manifestantes; 5) hacer uso excesivo de la fuerza física para detener personas que protestan pacíficamente; 6) adelantar procedimientos ilegales de capturas y allanamientos a personas de organizaciones sociales; 7) decomisar elementos personales de las detenidas sin hacer el debido registro y posterior devolución, lo que constituye un hurto; 8) realizar montajes de elementos que no pertenecen a las manifestantes para intentar judicializaciones ilegales.
Sobre las personas heridas, alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos que se ha podido identificar el abuso de poder policial expresado en la utilización de la fuerza física de agentes del ESMAD y de la Policía Nacional, así como el uso de armas supuestamente no letales, uso de tanquetas, uso de gases lacrimógenos, disparos de aturdidoras e inclusive disparos de armas de fuego; han provocado cifras alarmantes de manifestantes que resultan agredidas y que encuentran vulnerados sus derechos a la integridad personal, integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, dignidad humana, salud, libertad de expresión, libertad de locomoción y protesta social.
Nos permitimos denunciar que se han buscado los canales para solicitar el servicio de ambulancias de la ciudad, pero en diferentes oportunidades nos han señalado que su capacidad está colapsada, lo que en primer lugar, coloca en grave riesgo a las personas heridas, porque las obliga a trasladarse por su cuenta en carros particulares que no cuentan con las condiciones adecuadas para salvaguardar su salud, vida e integridad personal. En segundo lugar, pone de presente el accionar de brutalidad y violencia policial que ha afectado a las personas manifestantes en la ciudad y cómo por su responsabilidad, se colapsa el sistema del servicio de ambulancias y agravando aún más, los riesgos de las lesiones personales ocasionadas.
Rechazamos categóricamente que se sigan presentando heridas de lesiones oculares, toda vez que en la jornada de este 1 de mayo del 2021 ya se han documentado 4 casos en Bogotá y 1 en Medellín.
Sobre las agresiones a las personas de derechos humanos, hemos documentado que han ocurrido 9 agresiones directas en contra de CVI que realizan su trabajo en terreno en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Este tipo de hechos amenaza directamente el trabajo de las organizaciones que acompañamos el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social y debe generar las medidas de denuncias urgentes a nivel interno e internacional.
Sobre las denuncias de abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial, se ha podido documentar que ciudadanas y CVI han reportado al menos 126 hechos, en los cuales se evidencian las conductas criminales sistemáticas de la fuerza pública en contra de las ciudadanas que juraron cuidar.
Instamos al Gobierno Nacional y todas las autoridades gubernamentales del país, a que den instrucciones claras y precisas a la Policía Nacional a respetar los mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que los obligan a salvaguardar el derecho a la protesta social pacífica de las ciudadanas en Colombia. Reiteramos la gravedad que implica el hecho de que la Presidencia de la República amenace a la ciudadanía con optar por acudir a la ‘asistencia militar’ como método de amedrentamiento y evidente tratamiento militar de la protesta social.
