Activación de alerta temprana preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos: #ParoNacional01M

Activación de alerta temprana preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos: #ParoNacional01M

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre la situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas manifestantes, estudiantes y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, las cuales hacen presencia en diferentes puntos de concentración y movilización en las ciudades de Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Pasto.

En particular ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS y circunstancias que se han reportado desde diferentes Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, que se han dispuesto para acompañar la jornada de movilización en diferentes puntos de las ciudades mencionadas. Estas reportan intervenciones desproporcionadas por parte del ESMAD a las movilizaciones pacíficas, en estas intervenciones se identifica la presencia de adultas mayores, que se encontraban en el lugar y por tanto, se vieron afectadas por los gases, sumándole a esta situación la falta de salidas de evacuación de los lugares en los cuales se han propiciado estos abusos policiales.

Encontramos que a corte de las 6:00pm, la documentación de agresiones a la protesta nos permite reportar:

  • Personas detenidas: 65 en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.
  • Personas heridas: 18 en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, de las cuales cinco corresponden a lesiones oculares.
  • Personas defensoras de derechos humanos agredidas: 3.
  • Personas víctimas de violencias basadas en género: 1.
  • Denuncias de abuso y violencia policial: 66.

Por ejemplo, en Bogotá D.C. a la altura de la calle 142 con 7, la Fuerza Pública dispersó a la movilización, de cerca de 5.000 personas, la cual avanzaba de manera totalmente pacífica, aparentemente por orden presidencial, esto violando el derecho constitucional a la protesta social. En el marco de dicha intervención dos personas resultaron heridas. En la Av. Americas con 68, ESMAD interviene de manera desproporcionada, lanzando gases entre barrios, ocasionando graves afectaciones a la comunidad además de daños en las casas del lugar. Se evidencia además, que la Fuerza Pública está disparando de manera directa hacia manifestantes violando de esta manera los protocolos de uso de la fuerza e intervención en el marco de las protestas sociales. En Bellavista se advierte del riesgo de una intervención a una manifestación pacífica donde hay niñas, niños, carpas de comunidad y presencia de al menos 500 manifestantes.

En otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Pasto y Cali nos han reportado situaciones de detenciones arbitrarias masivas, así como nuevas intervenciones injustificadas de parte de la fuerza pública, lo cual constituye una clara agresión al derecho a la protesta social pacífica en la jornada de Paro Nacional del 1 de mayo del 2021. Rechazamos la sistematicidad que evidenciamos en la desconexión de los Puestos de Mando Unificado de los comandantes de operativos de la Policía y del ESMAD.

Advertimos que para el momento de publicación de esta alerta, tenemos información de 5 denuncias de lesiones oculares a manifestantes, aparentemente ocasionadas por impactos de la Policía Nacional, tras realizar intervenciones desproporcionadas. Lo cual constituye una grave situación de violaciones a derechos humanos que confirman un patrón de criminalidad estatal que se ha denunciado en pasadas oportunidades, a organismos de derecho internacional de los derechos humanos como la CIDH y la ONU. 

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas. Por lo cual rechazamos vehementemente la permanencia de los patrones de criminalidad de la Policía Nacional, del ESMAD que han abusado de su autoridad y de la fuerza en diferentes ciudades y departamentos del país. De igual forma denunciamos la gravedad de ordenar la militarización de los territorios, toda vez que esto aumenta la posibilidad de que ocurran agresiones en contra de manifestantes y de civiles.

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com y también al número celular por la red social whats app: 313 392 19 16.

Boletín informativo 1: #ParoNacional28A

Boletín informativo 1: #ParoNacional28A

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 11:00 A.M. del día 28 de abril de 2021 se reportan 6 personas detenidas, 3 personas heridas, 3 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, 5 allanamientos y 10 denuncias de intervenciones arbitrarias a manifestaciones pacíficas.

Dentro de las detenciones se registraron procedimientos irregulares que no atienden a las causales que la norma establece para adelantar dicha medida, por lo cual se consideran detenciones arbitrarias. Se destaca la detención de un manifestante por el porte de elementos de pintura y sonido, así como otros procedimientos de requisa e imposición de comparendos. Al respecto, les recordamos a las autoridades de policía (i) que la simple presunción de la comisión de un delito no justifica una detención, (ii) que el adelantamiento de procedimientos por el porte de elementos que no suponen una violación a la norma, profundiza la estigmatización de quien hace uso del derecho a la protesta, (iii) que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.

Por otra parte, en el caso de las personas heridas sus lesiones se dan en el marco de los procedimientos de detención, registrando golpes por parte de uniformados de la MEBOG contra un joven en la localidad de Suba cuando este se encontraba bajo custodia de la fuerza pública, y también dentro de los procedimientos de intervención del ESMAD contra las manifestaciones, evidenciando un uso inadecuado del armamento de menor letalidad, accionado en un ángulo que viola lo dispuesto por la norma y que ocasionó la lesión a una manifestante en la Universidad del Valle, Cali.

Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos de allanamiento en contra de integrantes de organizaciones sociales y sus familiares, toda vez que se advierte la instrumentalización de las vías judiciales para hostigar y perseguir al movimiento social por constituirse de manera generalizada como una medida de judicialización contra quien disiente o piensa diferente al gobierno. Presumimos vicios de legalidad en su desarrollo y exigimos se respeten todas las garantías procesales para las víctimas de dichos procedimientos.

Nos solidarizamos con la compañera María Rivera, activista chilena y rechazamos montajes judiciales en su contra

Nos solidarizamos con la compañera María Rivera, activista chilena y rechazamos montajes judiciales en su contra

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y las organizaciones que en ella se agrupan a nivel de Colombia, rechazamos la generalización en América Latina / Abya Yala de la práctica de abuso de poder de los Estados a través de montajes judiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza. Hemos conocido de la situación que está enfrentando la defensora de derechos humanos y activista chilena María Rivera, quien es opositora a las imposiciones del gobierno de Sebastián Piñera.

María Rivera, es una reconocida mujer luchadora, es sobreviviente de secuestro y tortura durante la dictadura de Pinochet. Actualmente se desempeña como Abogada de la Defensoría Popular buscando la libertad de los miles de presos políticos chilenos, es candidata a la Convención Constituyente Chilena y militante del Movimiento Internacional de los Trabajadores – MIT.

Nos solidarizamos con la lucha y ejercicio de los derechos que ha venido liderando María, quien está siendo enjuiciada y amenazada por haber llamado a las bases de los Carabineros y el Ejército a no disparar a su propio pueblo, en medio de una brutal represión. A causa de estas declaraciones se le imputan los delitos de sedición impropia y Ley de Seguridad del Estado, consideramos una retaliación pues María fue parte del grupo de abogados que interpusieron una querella contra el gobierno por los crímenes cometidos contra manifestantes durante las luchas iniciadas en 2019, igualmente no es casualidad que sea notificada de estas acusaciones pocos días después de conseguir las firmas para inscribirse a la convención constituyente.

Rechazamos las prácticas genocidas que se han impuesto en nuestros territorios, a través de las cuales han propiciado exterminios físicos y simbólicos de diferentes expresiones organizativas que en países como Chile, han levantado las banderas de la justicia social para los pueblos.

Hacemos un llamado a la Dirección General de Carabineros de Chile, al gobierno de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique y al Ministerio Público que detengan la persecución a María Rivera, que se detengan las amenazas a los luchadores que han llenado las calles de Chile y se permita un proceso constituyente sin persecución política.

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS

Rechazamos la persecución y montajes judiciales en contra del Congreso de los Pueblos

Rechazamos la persecución y montajes judiciales en contra del Congreso de los Pueblos

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y las organizaciones que en ella se agrupan, rechazamos rotundamente la continuidad de la práctica de abuso de poder del Estado a través de montajes judiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza. En esta oportunidad, se presenta una persecución a la labor de defensa de los derechos humanos que ha adelantado la compañera Erika Isabel Prieto Jaime, quien hace parte del Congreso de los Pueblos, organización  articulada a la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.

Erika Isabel Prieto Jaime, es una reconocida mujer joven luchadora y lideresa de diferentes procesos organizativos territoriales y por asumir diferentes roles en el marco del ejercicio de acompañamiento de las jornadas de movilización ciudadana y de la protesta social, esto es,  en la defensa de los derechos humanos en los territorios, junto a las comunidades, en los Puestos de Mando Unificado Populares, en las jornadas de trabajo de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y en las dinámicas del movimiento social colombiano. Destacamos sus capacidades como defensora y el valor de su trabajo en relación con las exigencias de justicia social, justicia ambiental y justicia para los pueblos de toda Abya Yala.

Tal como lo señala el Congreso de los Pueblos en su comunicado del 19 de marzo de 2020, hemos denunciado que el gobierno de Iván Duque ha profundizado y perpetrado una política de exterminio a personas y organizaciones opositoras de sus políticas de muerte. Se han identificado el uso de diversas prácticas sociales genocidas, -que como señala el profesor e investigador Daniel Feirstein-, no se tratan únicamente de la eliminación física de determinadas personas, si no también de su anulación a través de diferentes tipos de ataque que reduzcan, limiten o bloqueen toda posibilidad del ejercicio político y defensa de los derechos humanos de liderazgos sociales en el país. En el caso de la organización social y política Congreso de los Pueblos, se ha podido identificar que existe una sistematicidad en los ataques que han recibido en los últimos años y que buscan desarticular y desaparecer el ejercicio que vienen desarrollando desde su nacimiento. En los últimos años estos actos se han focalizado en contra de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle, organizaciones regionales del sur de Bolívar, Centro Oriente y Suroccidente.

Rechazamos las políticas del terrorismo de Estado que se han profundizado en contra de todas las personas y organizaciones que han denunciado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia, y en particular, rechazamos las amenazas de un posible montaje judicial en contra de Erika Isabel Prieto Jaime. Manifestamos nuestra total solidaridad con ella y con su organización, nuestra profunda convicción sobre su inocencia, así como todo nuestro apoyo a las acciones que reivindiquen su derecho al debido proceso, al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la dignidad humana, el respeto a su buen nombre, integridad física, psicológica y moral, así como a la tranquilidad personal, familiar y organizativa.

Exigimos que se brinden todas las garantías necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho a defender los derechos y en vista de la falta del cumplimiento de estos deberes legales y constitucionales por parte del Estado colombiano, nos vemos avocados en seguir poniendo en conocimiento de estas situaciones a organismos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos – SIDH.

Suscriben:

Convocatoria para prácticas, pasantías y/o voluntariados en el Área de Democracia y Protesta

Convocatoria para prácticas, pasantías y/o voluntariados en el Área de Democracia y Protesta

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, es la primera organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos constituida en nuestro país. Cuenta actualmente con más de cuarenta y cinco (45) años de experiencia, los cuales han estado orientados a la acción social en búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos humanos con énfasis en derechos civiles y políticos, así como en el acompañamiento y representación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos -ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y torturas, detenciones arbitrarias, entre otras-, en aras de lograr la materialización de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en diferentes escenarios.

En aras de continuar con el trabajo emprendido y de avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en escenarios de protesta social, el CSPP busca personas practicantes profesionales, pasantes y/o voluntarias de áreas afines a la defensa integral de los derechos humanos, para que se integre al equipo del área de democracia y protesta.

Una de las acciones que ha realizado la Campaña, es la creación del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social – SIAP, el cual pretende ser una fuente de seguimiento y registro de información de violencia institucional presenta en escenarios de movilización social.

El CSPP a través del área de democracia y protesta, apoya la coordinación de la Campaña Defender la libertad: Asunto de Todas – CDLAT, como una red de organizaciones que actúa frente a la criminalización de la protesta social, el abuso de autoridad policial y las detenciones arbitrarias. La Campaña realiza un ejercicio de documentación y visibilización de vulneraciones a los derechos humanos en escenarios de protesta social a través de tres estrategias: i) acción pedagógica popular para el fortalecimiento de capacidades organizativas en derechos humanos; ii) documentación de casos y representación de víctimas de detenciones arbitrarias y/o abuso policial; y iii) acompañamiento a escenarios de protesta social a través de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI.

PERFIL Y HABILIDADES REQUERIDAS:  

< >Estudiantes de Sociología, Derecho, Ciencias Políticas u otra área de las Ciencias Sociales y humanas que cuente con experiencia en investigación y bases de datos. Con conocimiento e interés por los Derechos Humanos (DDHH y DIH) y metodologías de investigación, para lo cual debe acreditar haber cursado dichas asignaturas[1]. Buen manejo de recursos básicos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), así como manejo de bases de datos. Persona comprometida con la realización de sus funciones y con interés en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 

< >Apoyar en la documentación de casos para registrar en el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social. Contribución a la redacción y construcción de acciones públicas en defensa del derecho a la protesta social. Contribución a la implementación de la Escuela Defender la Libertad. Apoyar en la investigación para la consolidación de informes para a autoridades nacionales, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y organismos internacionales.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA: 

➢ Las labores deberán ser ejecutadas en la ciudad de Bogotá D.C.

PROCEDIMIENTO:

Las personas que estén interesadas, pueden enviar sus hojas de vida con una carta de motivación de máximo una página, a más tardar hasta el 05 DE MARZO DEL 2021 al correo: democraciayprotesta@comitedesolidaridad.com.

[1] Se valorará positivamente a aquellas personas que acrediten su pertenencia a semilleros de investigación o grupos de trabajo relacionados con las áreas mencionadas.

Comunicado Público

Comunicado Público

Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona Octubre 7 de 2020

Los Estudiantes y Las organizaciones defensoras de derechos humanos del nororiente colombiano expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de la fiscal 129 DECOC, quién solicitó orden de captura para judicializar a los estudiantes de la Universidad de Pamplona Manuel Barajas, Jesús Eduardo Gelvez y William Farid Contreras Pabón, imputándoles el pasado 2 de octubre los delitos de Concierto para Delinquir con Fines de Terrorismo en concurso con Obstrucción de Vía Pública, y solicitando medida de aseguramiento por ejercer su legítimo derecho fundamental a la libre asociación y a la protesta social.

La Fiscalía General de la Nación ha presentado como hechos jurídicamente relevantes, dentro de su imputación la pertenencia de dichos estudiantes a grupos radicales e izquierdistas lo que denota el sesgo político qué pretende criminalizar legítimos espacios de organización estudiantil y de protesta de los estudiantes de la universidad de Pamplona.

Nos preocupa enormemente como organizaciones defensoras de derechos humanos la concepción que se esconde detrás de este burdo intento por parte de la Fiscalía General de la Nación, de criminalizar el ejercicio de un derecho humano fundamental cómo son los derechos a la libre organización y a la manifestación y que se pretenda asimilar a las organizaciones estudiantiles con bandas criminales y el ejercicio de la protesta social con el terrorismo.

Estas judicializaciones, se dan en el contexto de fuertes expresiones de rechazo por parte de los estudiantes frente a presuntos hechos de corrupción realizados por el rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, los cuales a la fecha no han sido aún investigados ni esclarecidos por parte de las autoridades como la Fiscalía y Procuraduría, desde la fecha de presentación de las denuncias
en el año 2017.

Quienes han protestado en el campus universitario, han sido objeto de la represión por parte de la propia universidad a través de procesos disciplinarios que han violado y desconocido el debido proceso y el derecho de defensa; estigmatización y agresión de grupos de encapuchados armados presuntamente patrocinados por la Universidad de Pamplona quienes los han amenazado en el transcurso de las tomas en defensa de la educación pública a las sedes de la universidad y que pese a las denuncias realizadas nunca han sido investigados ni administrativamente, ni penalmente; y ahora lo que obtienen del proceso de exigencia de los derechos de la comunidad educativa es la instrumentalización del proceso penal a efectos de acallar las voces críticas e incómodas a la administración de esta universidad abusando de la discrecionalidad reglada que debe regir el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía al intentar
subsumir hechos evidentemente nacidos de la protesta social con actos de terrorismo.

Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos de orden nacional e internacional, para que realicen seguimiento a este proceso y los demás que pudieran derivarse, así mismo declaramos que acompañaremos la defensa y reivindicación de estos jóvenes estudiantes universitarios, que han desempeñado un trabajo de denuncia de la corrupción que carcome a la
Universidad de Pamplona y movilizarse y protestar en defensa de ésta y de la universidad pública en general.

Así mismo, rechazamos las afirmaciones estigmatizantes y criminalizantes a la protesta social y al movimiento estudiantil. A su vez, exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho al debido proceso y a la dignidad humana de los compañeros que hasta el día de hoy se encuentran detenidos a esperas de la continuación del proceso en el cual se encuentran.

Fundación Comité de solidaridad con presos políticos.
Campaña Nacional “Defender la Libertad, un asunto de tod@s”
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Corporación Compromiso
CREDHOS
CPDH SANTANDER
CORDESTE
ASODESAMUBA
Andas
Centro de cultura popular, Andas BUCARAMANGA
Corporación CONPÁZES
CORPOCIDC
ANJECO
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Colectivo Tierra de Todos
Red por la Defensa de la Derechos Humanos
ASOJER
UNEES
ACEU