La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas conoció dos casos de abuso policial en el marco de desalojos a poblaciones vulnerables ocurridos el pasado 20 de mayo de 2020 en Yondó, Antioquia y, más recientemente, el 3 de julio en Barrancabermeja (Santander).

HECHOS EN YONDÓ:

  1. El 19 de mayo la población que vive en el asentamiento de Las Vegas dio a conocer que el Alcalde dio la orden de desalojo de alrededor de 400 familias, conformadas por población víctima del conflicto armado, madres solteras y población migrante de Venezuela, por lo que solicitaron el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos que conforman el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos.
  2. El 20 de mayo, a las 7:00 a.m el ESMAD inicia el desalojo agrediendo a la comunidad y haciendo un uso de la fuerza de manera indiscriminada, por lo que se solicita a la Defensoría que medie para detener el desalojo.
  3. Hacia las 9:00 a.m el ESMAD se repliega y la fuerza disponible de la Policía Nacional interviene agrediendo a varias personas.
  4. A la altura de la vía que conduce al hospital municipal la comunidad bloquea la vía para impedir el avance de la tanqueta del ESMAD.
  5. Luego, hacia el mediodía, agentes de la Policía Nacional utilizan sus armas de dotación y disparan, hiriendo en el abdomen al señor Luis Enrique Tangarife, razón por la cual es trasladado a Barrancabermeja en delicado estado de salud y debe ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital regional del Magdalena Medio.
  6. La comunidad solicita que se haga presente una comisión de derechos humanos en el lugar de los hechos, pero por las condiciones de cierre en la vía de acceso al municipio de Yondó, en razón de la situación por el COVID-19, la delegación conformada por varias organizaciones que hacen parte del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de DDHH solo logra hacer presencia para el 21 de mayo.
  7. Ese mismo día, se desarrolla una asamblea con la comunidad y se instala una mesa de trabajo por la vivienda digna con el Alcalde del municipio.
  8. El 29 de mayo, la comunidad fue citada por la inspección de policía a una audiencia para escuchar los descargos por los daños causados a los barrios aledaños al terreno en la acción de desalojo, razón por la cual las organizaciones de derechos humanos volvieron a hacer presencia para ser garantes de la comunidad en el proceso.

   

HECHOS EN BARRANCABERMEJA:

  1. Con el numeral #no más desalojos en medio de la pandemia, el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de DDHH hizo una denuncia de nuevos hechos en el marco de otro procedimiento de desalojo ocurrido en la Comuna 7 de Barrancabermeja, en donde se encontraban alrededor de 200 familias, la mayoría población víctima del conflicto armado, madres solteras y personas que perdieron su empleo por la situación de la pandemia, por lo que no pueden pagar su arriendo.
  2. Desde las 2:30 p.m., el ESMAD hizo presencia para realizar el desalojo de más de 200 familias que ocuparon un terreno reconocido como el antiguo matadero de Ecopetrol, ante la situación de vulneración de sus derechos a una vivienda digna en medio de la cuarentena nacional.
  3. El ESMAD arremetió contra la población de manera indiscriminada, sin haber mediado un espacio de diálogo y concertación con la comunidad, lo que ocasionó enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la población vulnerable que insistía en permanecer en el terreno con la esperanza de llegar a algún acuerdo para tener una vivienda digna.
  4. En medio de esta situación, el joven Elian David Montoya Pineda, de 19 años, recibe un impacto en el rostro de un artefacto disparado con escopeta lanza gases por parte de un miembro del ESMAD, quien apuntó directamente a la cabeza del joven, a una distancia aproximada de 3 a 4 metros de distancia, violando los protocolos sobre el empleo de la fuerza y el accionar de armas de letalidad reducida.
  5. El joven herido fue trasladado a un centro de salud de primer nivel (el hospitalito del Danubio), sin embargo, el servicio de salud le fue negado porque no tenía EPS. Cabe señalar que Elian David había perdido su trabajo como obrero por la situación generada por la pandemia, al igual que su madre quien se desempeñaba como ayudante de cocina en un restaurante de la ciudad que cerró. Los dos se trasladaron por sus propios medios a otro centro de salud en el barrio 22 de marzo, al otro extremo de la ciudad, razón por la cual el joven llegó en un mal estado. Luego, los médicos de este centro de salud lo remitieron al hospital regional por la gravedad de las heridas, sin embargo, en esta ocasión solamente le suturan la herida y esperan a que reaccione de la anestesia, y le indican que no lo pueden dejar hospitalizado porque se trata de un centro destinado a la atención del Covid-19.

Como Campaña Defender la Libertad un asunto de todas exigimos garantía para la integridad física y la vida digna de las familias ubicadas en el asentamiento de Las Vegas (Yondó) y en el asentamiento en la Comuna 7 (Barrancabermeja). A estas poblaciones se les ha vulnerado su derecho a una vivienda digna y han sido víctimas del uso abusivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. Además, denunciamos la negligencia de los servicios administrativos de salud en los centros de salud a los que acudió Elian David Montoya Pineda, puesto que no asumieron su efectiva atención, a pesar de la gravedad de las heridas.

Exigimos

  1. Que cesen los desalojos en el contexto de la cuarentena nacional. Es de recordar que los desalojos deben ser el último recurso y deben realizarte de conformidad con las normas de derechos humanos y los estándares internacionales, evitando o mitigando cualquier consecuencia negativa y garantizando un reasentamiento con dignidad siguiendo los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo, adoptados por Resolución A/HCR/4/18 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  2. A la Fiscalía General de la Nación y organismos de control, que se inicien las investigaciones correspondientes para identificar, sancionar y establecer el grado de participación de los agentes del ESMAD y los miembros de la fuerza disponible en la comisión de delitos y faltas disciplinarias por estos hechos.
  3. A la Policía Nacional que se ciña a lo establecido en la Resolución 1190 de 2018 y a la legislación internacional, y actúe de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad al momento de realizar cualquier procedimiento policivo. Así mismo, que se contenga de portar y utilizar armas de fuego en escenarios de protesta social, y que accione las armas de letalidad reducida de acuerdo con los protocolos establecidos.

El derecho a la protesta social, es un derecho que, a pesar de la cuarentena, sigue vigente, más aún cuando gran parte de la población no cuenta con garantías para tener una cuarentena digna.