Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012 nos dimos cita, en la ciudad de Bogotá diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, campesinas, barriales, y personas víctimas de detenciones arbitrarias y/o montajes judiciales de todo el país.
Convocados ante el creciente fenómeno de la utilización del aparato de justicia contra el movimiento social y la población excluida, las formas de criminalización de la protesta; el perfeccionamiento de una política criminal que adopta la privación de la libertad como regla general y la aplicación de políticas de seguridad basadas en la detención de personas con un marcado carácter discriminatorio y selectivo.
En el marco de este encuentro se visibilizaron las diferentes experiencias de detenciones arbitrarias, las cuales nos permiten establecer que:
1. Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e intereses de económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria como principal forma de violación del derecho a la libertad.
2. En las zonas en donde se desarrolla el conflicto armado, se utiliza de manera sistemática y generalizada una política de detención y judicialización, dirigida principalmente contra campesinos, población afrodescendiente e indígenas, que vienen siendo falsamente acusados de pertenecer a grupos rebeldes, aplicando la lógica del falso positivo a la privación de la libertad, para justificar el éxito de la política de seguridad.
3. Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta social.
4. En los centros urbanos, se aplican medidas restrictivas de la libertad dirigidas a reprimir a jóvenes y sus diferentes expresiones culturales, estudiantes, sectores sociales excluidos social y económicamente, población LGBTI, menores de edad y afrodescendientes, a partir de figuras como la retención transitoria, detención administrativa y toques de queda que se aplican en algunas ciudades o localidades.
5. Pese a la Sentencia de la Corte constitucional, el Ejército continua desarrollando las llamadas batidas o jornadas de reclutamiento, que constituyen claras formas de detención arbitraria.
6. Las detenciones masivas y arbitrarias tienen consecuencias a nivel individual, familiar y colectiva, que se concretan entre otras en el despojo,
desplazamiento forzado, daño al buen nombre, problemas de seguridad, estigmatización, señalamientos, debilitamiento organizativo y afectación del tejido social; en contraste con los presupuestos de una sociedad democrática.
7. Constatamos que existen elementos comunes en los montajes judiciales contra campesinos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales, etc, tales como el uso de testigos falsos que reciben beneficios económicos, informes de inteligencia u órdenes de batalla.
Por lo anterior entendemos la privación arbitraria o injusta de la libertad como parte de una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social.
Ante esta problemática hemos concertado entre las distintas expresiones organizativas y victimas de detenciones arbitrarias y montajes judiciales asistentes al Encuentro preparatorio de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, la persecución judicial a líderes sociales y defensores de derechos humanos y la criminalización de la protesta social en Colombia, hemos llegado al acuerdo de:
– Impulsar desde el nivel nacional, regional y local la campaña “Defender la libertad: Un Asunto de todos”
– Generar procesos de formación y escuelas que permitan sensibilizar sobre la problemática de las detenciones arbitrarias.
– Fortalecer y profundizar espacios de movilización que existen en el país por el derecho a la libertad como un elemento central de la lucha de los movimientos sociales en Colombia.
– Activar mecanismos de investigación en contra de testigos falsos, funcionarios judiciales y de policía vinculados en detenciones arbitrarios
– El diseño de una estrategia jurídica a nivel nacional e internacional que permita hacer frente a la problemática de criminalización de la protesta social, los montajes judiciales y la privación arbitraria de la libertad.
Los y las asistentes a este encuentro consideramos que al movimiento social colombiano le corresponde defender la libertad como una de las principales garantías ciudadanas y por tanto ratificamos el compromiso de avanzar en la denuncia, la organización de las víctimas de la privación arbitraria e injusta de la libertad y el desarrollo de estrategias que permitan que este fenómeno no continúe ocurriendo en Colombia.
Ante la represión Estatal… Oponemos la libertad como derecho fundamental.
La Libertad es un derecho, su privación injusta un crimen.