Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS y el el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS denunciamos ante la opinión pública y las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas y ciudadanos manifestantes, que en la provincia de Ubaté, Cundinamarca se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.

HECHOS

  1. Desde el 29 de abril de 2021, defensores y defensoras de derechos humanos en conjunto con manifestantes han ejercido su derecho a la protesta de manera pacífica en la provincia de Ubaté. En este marco, las personas defensoras han realizado acciones de verificación y veeduría al actuar de la Fuerza Pública. Cabe notar al respecto que el Ejército y la Policía Nacional han agredido y empujado a los y las lideresas y defensoras en este marco.
  1. En específico, el día 08 de mayo de 2021, personas vestidas de negro si dirigieron a un grupo de defensores amenazando a algunos de ellos exigiéndoles que “cerraran la boca y no se metieran o los matarían”. De manera particular, les manifestaron que ELÍAS HELO, defensor de derechos humanos del municipio, debía tener cuidado porque lo iban a matar.

EXIGIMOS

  1. El respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que han ejercido las y los ciudadanos en la provincia de Ubaté.
  2. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y su presencia en terreno.
  3. Garantías para que las comisiones de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos
  4. Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social.  Se recuerda que el derecho a la protesta está relacionado con el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación política.

Recordamos igualmente el nivel de riesgo al que se encuentran sometidas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y que nos hace contar hasta el día de hoy 60 líderes y lideresas sociales asesinadas, lo que hace imperativo a las entidades territoriales y nacionales el despliegue de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como parte esencial de la democracia. La respuesta estatal no puede continuar siendo la militarización de los territorios y la estigmatización y criminalización de la defensa de los derechos humanos, sino la adopción de garantías integrales que amplíen la participación de la sociedad civil.