El día 28 de junio de 2020, se realizó la labor de monitoreo y verificación de la situación de derechos humanos en los desalojos realizados por la fuerza pública y la Alcaldía de Soacha en el barrio la Ciudadela Sucre.
Los desalojos comenzaron el 25 de junio y desde su inicio la utilización de la fuerza por parte del ESMAD fue desproporcionada, resultando en el asesinato del joven de 15 años Duván Mateo Aldana, a causa de un impacto efectuado por el ESMAD, y de la afectación respiratoria en un bebé de 4 meses, otro de 8 meses y una niña de 1 año, hecho reportado por la comunidad.
Alrededor de 1000 personas residían en los asentamientos informales, y cerca de 800 se establecieron desde el 23 de junio debido a que no tenían vivienda. Aunque está vigente la declarada emergencia sanitaria producto del virus del COVID-19 en Colombia, la Alcaldía de Soacha toma la decisión de desalojar de manera forzosa a las personas que tenían su resguardo en la Ciudadela Sucre por medio del ESMAD y la Fuerza Disponible.
Los procedimientos a través de los cuales se realiza el desalojo se caracterizaron por una utilización de la fuerza desproporcionada y un desconocimiento de las problemáticas de base que responden a la situación actual de las mas de 300 familias, de la siguiente manera:
- Se reconoce que la situación de asentamiento es en gran parte debido a la agudización de la crisis económica y social, frente a la cual no ha habido soluciones eficaces para la garantía de una vivienda, alimentación y en general vida digna.
- Se había concertado con la Alcaldía de Soacha la realización de una mesa de dialogo con la comunidad para escuchar sus exigencias el martes 30 de junio, con el objetivo de dar 2 días para que se adelantara un censo poblacional y una caracterización de las necesidades existentes; sin embargo, el día domingo 28 de junio, el ESMAD comienza los desalojos a las 6:00am, haciendo caso omiso a los acuerdos pactados.
- Durante el ejercicio de acompañamiento, las comisiones de verificación e intervención entablaron conversaciones con la comunidad y realizaron un recorrido por los predios. El ESMAD intervino utilizando aturdidoras y gases lacrimógenos de manera injustificada, desconociendo la presencia de niños, niñas, mujeres en estado de gestación y adultos mayores, quienes se vieron obligados a evacuar la zona, abandonando sus pertenencias en el lugar.
- Se identificó como característica que las intervenciones del ESMAD estaban en su mayoría dirigidas de manera directa a las agrupaciones de personas en los asentamientos, sin tener en cuenta el uso reglamentado del armamento para su accionar, causando lesiones físicas en extremidades y rostro de las personas, y asfixia en los niños y niñas por la utilización de gases lacrimógenos. Ignorando, además, la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos en el lugar.
- Desde el medio día hicieron presencia alrededor de 8 personas de civil, dirigidas por un hombre que portaba una chaqueta con los logos de la Alcaldía de Soacha, quien se negó a decir su nombre. Dichas personas, actuando de manera articulada con el ESMAD, se encargaron de destruir las viviendas que no alcanzaban a desarmar las personas, y de quemar los restos de estas. Adicionalmente, esta persona actuó de manera confrontativa, amenazando a los defensores de derechos humanos que estaban documentando de manera gráfica los procedimientos.
El manejo que las administraciones municipales deben hacer de la crisis social por la que atravesamos no debe ser la utilización de la fuerza policial y militar, por el contrario debe ser la creación de canales de dialogo efectivo entre las comunidades y las alcaldías, de manera que se reconozca la imposibilidad de las personas de tener vivienda digna y medios para obtener su sustento mientras el país atraviesa por la situación de crisis sanitaria.
Como Campaña Defender la Libertad un asunto de todas, exigimos garantía para la integridad y vida digna de las personas en el asentamiento de Ciudadela Sucre en Soacha, quienes han sido constantemente vulneradas por parte de las administraciones y la fuerza pública.