La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Conoce aquí el informe completo.
[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/
[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/