Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se garantice el derecho a la protesta social de las y los marchantes de la Marcha por la Dignidad, “Ruta Comunera” y “Ruta Liberadora”, que se encuentran en estos momentos en la ciudad de Tunja. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre vulneraciones al derecho a la protesta social.

El lunes 13 de junio, dos nuevas rutas de la Marcha por la Dignidad se sumaron a las movilizaciones sociales que iniciaron el pasado 25 de junio en el suroccidente de país, para exigirle al gobierno nacional, entre otras cosas, la protección de la vida ante el genocidio de líderes y lideresas sociales en el país y garantías para una vida digna. La “Ruta Liberadora” inició en Gibraltar, municipio de Tolero (Norte de Santander) y la llamada “Ruta Comunera”, partió de Barrancabermeja (Santander), para encontrarse en Tunja y continuar su recorrido hasta Bogotá. Sin embargo, denunciamos que nuevamente se presentan hostigamientos por parte de la Fuerza Pública a las y los marchantes, como ya había ocurrido en la ruta que salió desde Popayán y llegó a Bogotá el 10 de julio[1]

Hechos

  1. Desde el 13 de julio, organizaciones sociales[2] denunciaron que la “Ruta Comunera” fue interrumpida al menos en cuatro ocasiones por la Policía Nacional, solicitando reiteradamente permisos y documentos de identidad, y tomando fotografías a las y los manifestantes. Además, la Policía de Tránsito y Transporte inmovilizó el bus en el que se encontraban varios manifestantes, sin permitirles retirar sus pertenencias del vehículo y otros objetos destinados a su bienestar, con el objetivo de impedir que la marcha siguiera su recorrido. Además, se impuso un comparendo al conductor del bus.
  2. Faltando 1 día para que la ruta de la Marcha por la Dignidad llegue a Bogotá, la Policía Nacional sigue impidiendo el ejercicio de la movilización y protesta social. Las y los marchantes que actualmente se encuentran en la vía de Suesca denunciaron que la Alcaldía de Suesca no les ha permitido ingresar a los lugares de descanso previamente definidos, los cuales quedan por fuera del casco urbano. Además, denunciaron que durante su recorrido fueron detenidos durante 5 horas, en al menos 6 retenes distintos por la Policía Nacional, impidiendo el desarrollo normal del cronograma definido para evitar situaciones de riesgo para las y los marchantes, quienes han tenido que marchar en horas de la noche.

Exigimos

  1. Al gobierno nacional, departamental, municipal que asuman sus compromisos constitucionales y sean garantes del respeto la vida, la integridad física, y las libertades civiles y políticas de las y los marchantes. Estos son derechos fundamentales para un Estado social y democrático que, aún con la pandemia de la Covid-19, no pueden suspenderse al tratarse de derechos constitucionales, ni restringirse de manera desproporcionada como lo afirma la CIDH[3]. En este sentido, reiteramos la necesidad de que se implemente y se ajuste el accionar de las autoridades a lo establecido en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior (Protocolo de Protesta Social).
  2. Exigimos que cese el hostigamiento y la obstaculización por parte de la Policía Nacional a la Marcha por la Dignidad.
  3. A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes de los derechos de las y los manifestantes y ejerzan un control efectivo de las actuaciones institucionales en las jornadas contempladas en la Marcha por la Dignidad.
  4. A la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana que, cuando la marcha llegué a Bogotá, se le dé un tratamiento cívico a la protesta social, siguiendo los lineamientos definidos en el Decreto 563 de 2015, por medio del cual se adoptó el Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por el derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica. Este establece, entre otras disposiciones, que el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso o una medida excepcional cuando esté en riesgo la vida, por lo que no se debe utilizar la fuerza para dispersar a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Así mismo, exigimos que cese la imposición de comparendos como una forma de castigar a quienes protestan.

[1] -El 3 de junio, las y los marchantes denunciaron que en la vía Cartago-Pereira venían siendo hostigados por integrantes de la Policía y el Ejército Nacional. Además, la Guardia indígena y la Guardia Cimarrona se percató de la presencia de agentes de la Fuerza Pública vestidos de civil que siguieron permanentemente la marcha y acosaron a las y los marchantes tomándoles fotos y haciéndoles preguntas sobre la ruta de la marcha.

[2] Denuncia Pública. 13 de julio del 2020. Corporación Comité DDHH Jesús María Valle Jaramillo, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Congreso de los Pueblos.

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.