Queremos iniciar con un fraterno saludo a los y las lideresas sociales, quienes han sido perseguidos y asesinados por soñar con un país diferente.
Somos la Unión nacional de estudiantes de la educación superior, plataforma amplia en la cual se encuentran recogidos miles de estudiantes de diferentes instituciones de educación superior de Colombia, y que ha manejado y mantiene la consiga de la educación superior como derecho fundamental, fuimos quienes en el 2018 salimos a las calles a exigir 10 puntos de un pliego nacional construido en grandes espacios conocidos como –ENEES-. Exigimos en el punto número 10 el respeto y garantía para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, demandamos la inconstitucionalidad de las prohibiciones de movilización en algunas IES del país, y exigimos el no ingreso ni intervención del ESMAD y fuerza pública en general en los campus universitarios.
Pareciera increíble que un país con una carta amplia de derechos consignada en la norma superior que no puede ser puesta en entre dicho por ninguna otra norma de menor jerarquía, ni por actuación u omisión de autoridad competente o particular, nos viéramos en la necesidad de consignar semejante obviedad en nuestro pliego, trayendo a colación las palabras de Jaime Garzón “es algo así como cuando uno llega a una casa de visita y dice “por favor no se suene con el mantel”.
Entendemos que la protesta social es un conjunto de derechos fundamentales caracterizados así por el constituyente de 1991 y desarrollados como tal en los jurisprudencia colombiana por su íntima relación con la dignidad humana y su exigencia directa e inmediata al estado; derechos que posee el ciudadano de manera inherente, que le permiten exteriorizar con garantías y seguridad, lo que cuestiona, apoya y/o propone, sin restricciones dadas por razones de sexo, genero, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica1.
En perjuicio de lo anterior, la práctica de la movilización estudiantil nos ha arrojado el irrespeto por los derechos ya referidos, situaciones encaminados a la limitación y el socavo del derecho a la protesta social tildándola como protesta violenta, en contravía con los estándares internacionales que ya han caracterizado lo que se denomina protesta pacífica y en cuya caracterización se encuentran enmarcadas nuestros escenarios de movilización; colocamos de presente que la sistematización que hemos realizado y que presentamos actualmente en el escenario de Comité Permanente surgido del acuerdo entre los estudiantes y el gobierno nacional en 2018, ha arrojado que mencionadas situaciones vulneradoras de derechos se presenten en su mayoría por parte de la Fuera Pública y grupos armados paramilitares, lo cual es muestra fidedigna que estas estructuras nunca desaparecieron.
Denunciamos a través de este espacio las diversas formas en que se nos han vulnerado el derecho a la protesta social:
(I) Por parte de la fuerza publica
Violación a los protocolos de acción de la policía, seguimiento e inteligencia por parte de miembros no identificados y vestidos de civil, uso desmedido de la fuerza, ataques a la sociedad civil no participante en confrontaciones, grabaciones ilegales en audio y video especialmente a los defensores de derechos humanos, las agresiones y amenazas de agresión directa a los defensores, omisión de las funciones de la fuerza pública en el marco del acompañamiento a las movilizaciones, capturas arbitrarias, empadronamientos, desapariciones, el ingreso al campus universitario por parte de la fuerza pública, entre otros.
(II) Por parte de estructuras paramilitares
Amenazas e intimidaciones a través de panfletos en diversas universidades donde se señalan puntualmente los nombres de compañeros y compañeras activos en el ejercicio de movilización y especialmente quienes han abanderado la defensa de los derechos humanos.
(III) Por parte de las administraciones de las IES
Procesos disciplinarios irregulares, los cuales se inician para limitar el ejercicio de la organización y movilización.
Lo anterior es una dinámica nacional de todas las regiones que se ha visto direccionada a quienes son defensores de derechos, en ese sentido queremos resaltar nuestra labor conjunta en DD.HH a nivel nacional, y reconocer ese ejercicio de amor y lucha de los hombres y mujeres defensoras del movimiento estudiantil.
Dado el enfoque territorial de este espacio, y además el corto tiempo en el que podemos presentar este informe, referiremos algunos casos a resaltar de los territorios del Atlántico, Santander, Antioquia y Cauca, en el marco del actual gobierno, además de la referencia de algunas otras regiones que por la gravedad de sus situaciones no pueden dejarse de lado:
En atlántico, denunciamos el Ingreso de personas externas identificadas como “delincuencia común” quienes agredieron a los campistas de la sede norte de la Universidad del Atlántico después de tener una discusión con el rector Carlos Prasca Muñoz y varios funcionarios. Además los allanamientos realizados en donde especialmente intervinieron en las oficinas estudiantiles y de organizaciones.
En Santander, denunciamos en el marco de la marcha comunera realizada desde Bucaramanga hasta la ciudad de Bogotá se presentaron seguimientos, intimidaciones y amedrentamientos a quienes ejercieron este complejo y admirable ejercicio de movilización. De igual forma el ejercicio irregular de la fuerza policiva en la marcha del 25 de abril, fecha que se caracterizó por las diferentes denuncias realizadas no solo en Santander sino a nivel nacional.
En Antioquia, específicamente en Medellín destacamos los seguimientos, amenazas e incluso violencia física contra estudiantes y voceros activos en el movimiento por la defensa de la educación superior; en ese sentido las amenazas realizadas a estudiantes en la universidad de Antioquia por parte de las Águilas negras. Este hecho no es aislado, pues desde el principio de este año se han presentado amenazas por parte de otros grupos como el denominado “bloque 18” que realizo amenazas tanto en la UDEA como en el politécnico Jaime Isaza Cadavid.
En Cauca, dejamos constancia de la voluntad de un diálogo social y crítico en la búsqueda de concertar garantías, desde UNICAUCA denunciamos la manera brutal, desmedida y con tratamiento militar con la que infiltraron y arremetieron contra la Movilización estudiantil en Defensa de la Educación Pública, en especial al campamento estudiantil del 8 de Noviembre en cabeza del Teniente Coronel John Fredy Falla y la Mayor Paola Uscateri, acciones guerreristas de la fuerza pública que dejo un saldo lamentable de heridos con cicatrices para la vida, no siendo suficiente denunciamos la persecución de la Fiscalía General de la Nación en búsqueda de falsos positivos judiciales .
Igualmente, referimos la grave situación que se vive en la ciudad de pamplona ya denunciada en la mesa técnica pero que no surtió los efectos esperados; en la ciudad de Bogotá con el ataque directo de la fuerza pública a quienes se encuentran identificados como defensores y defensoras (situación que se presenta en otras regiones de manera generalizada), además el panfleto amenazante que se genera el día 22 de mayo firmado por la Águilas Negras, Bloque capital D.C; la situación de la Universidad del Tolima que en este mes de mayo ha sido afectada con seguimientos por partes de civiles tanto al campus universitarios como a personas específicas del movimiento; la situación de la UPTC en la que el 22 de mayo aparecen grafitis de señalización por parte de las AUC; el caso de la universidad del valle ampliamente difundido de manera irresponsable por los medios de comunicación.
Así podemos nombrar múltiples y generalizadas situaciones de casi todas las universidades públicas y algunas privadas a nivel nacional.
Por otra parte, es reprochable el papel que vienen cumpliendo los medios de comunicación, al emitir diferentes notas periodísticas que, sin el menor reparo, criminalizan la protesta social y estigmatizan a las comunidades universitarias.
Solo por nombrar algunos ejemplos, el día 2 de mayo del 2019, a las 11: 01 PM, el periódico EL TIEMPO publica el siguiente titular: “Disidencias y Eln reclutan estudiantes de U. públicas: Fiscalía”, y en su contenido expresa: “De esta red, se dio captura a Lina Isabel Medina y Juan Carlos Cuervo, quienes habrían participado en – directa o indirectamente – en los hechos delictivos registrados durante el paro estudiantil del año 2018 y la Minga Indígena” de lo anterior señalamos que al iniciar con “de esta red” se está aseverando ya su vinculación con la misma, de igual manera se especifica el nombre de quienes el periódico debió llamar, “presuntos responsables” pero en el contenido de la noticia periodística no lo hizo.
Por su parte, El diario LA OPINIÓN titula en su edición del 2 de mayo a las 2 :56pm : “Denuncian ante MinEducación infiltración de grupos armados en universidades públicas” , inicialmente se debe resaltar que el Ministerio de educación no es un entidad pertinente pare realizar denuncia sobre delitos, esa competencia se adjudica por virtud de la Constitución Política a la Fiscalía General de la Nación; del contenido de la noticia resaltan dos elementos fundamentales, el primero referido nuevamente a la identificación con nombres y apellidos de los procesados, y además a las afirmaciones sobre la existencia de material probatorio que los haría responsables, a lo cual se debe reflexionar sobre que los medios de comunicación masiva no se encuentran facultados para decidir sobre la situación jurídica de ninguna persona, y mucho menos realizar valoración probatoria de ningún tipo.
La Revista Semana en sus redes sociales pública un video el 2 de mayo del 2019 donde se adjunta la siguiente descripción: “Algunos líderes estudiantiles aseguran que las acciones de violencia que protagonizaron un grupo de encapuchados en el paro nacional del 25 de abril, no representa al movimiento estudiantil”. En esta noticia se destacan dos inconformidades sobre la forma en que se presenta, el primero que la descripción relaciona la movilización del 25 de abril con acciones violentas adjudicadas únicamente a encapuchados, desconociendo las diferentes alertas tempranas, denuncias e informes a la opinión pública que se presentaron a lo largo y ancho del país de manera previa y durante mencionada jornada.
Las anteriores formas de presentar las noticias se han convertido en un ejercicio sistemático, así pues de manera más alarmante, desde principios del mes de abril periódicos como el Heraldo2 y el Tiempo3, sin crudeza y en un escenario mucho más vulneratorio de derechos, contemplan sin reparo algunos titulares que inducen al lector a dar por hecho situaciones que para la fecha de publicación eran materia de investigación, e incluso lo siguen siendo.
Condenamos las afirmaciones concluyente del Ex FISCAL que desconocen el nuevo sistema penal acusatorio que se implementó en Colombia a partir de la ley 906 del 2004 en donde la figura del juez es quien dicta sentencia, y adema condenamos que los medio de comunicación escrita, por respeto a los derechos de las personas involucradas y a quienes son lectores del mismo debería presentar los elementos técnicos y de contexto que permitan mostrar una noticia completa, clara y sin lugar a equívocos por parte de los espectadores, lo anterior respondiendo al rigor periodístico que debemos exigir por parte de estos.
Las denuncias especificas aquí presentadas como aquellas que por motivos de tiempo no pudieron ser puestas de presentes, entre otras cosas por la complejidad de los casos, podrán ser consultadas en los comunicados a la opinión publica realizados por la UNEES y sus diferentes comités locales, pero además en el ejercicio de sistematización construido y que se ha presentado en el ejercicio del comité permanente de DDD.HH, lo anterior con las debidas reservas de los derechos de las víctimas.
Presentamos finalmente las siguientes consideraciones y exigencias:
PRIMERO: Denunciamos y condenamos los ataques a los derechos humanos por parte de los grupos armados paramilitares que nunca se han ido de Colombia y se encuentran en un escenario de fortalecimiento y escalada en contra de sectores, sociales y populares incluidos los estudiantes y los miembros de las comunidades universitarias.
SEGUNDO: Denunciamos y condenamos las formas de actuación de la fuerza pública especialmente el modus operandi en que se retienen los manifestantes en lugares desconocidos y se les obliga a dar información específica sobre los líderes y defensores, y además información falsa que pueden ser utilizadas en el inicio de otros procesos penales; lo anterior contraviniendo el contenido de la constitución, artículo 12: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y los tratados y convenios internacionales.
TERCERO: Exigimos de los medios de comunicación que se retracten de las noticias que vulneran los derechos y que criminalizan la protesta social.
CUARTO: Exigimos la implantación de la resolución 1190 del 2018, generando espacios reales de seguimiento y verificación no desde espacios alejados a la manifestación, sino en especial desde el terreno. Lo anterior, sin perjuicio de la exhortación al congreso de la construcción de la ley estatutaria que regule la protesta social y que de una vez por todas la reconozca como derecho, sin límites absurdos dados por el paradigma liberal clásico que supedita la expresión, la participación, la reunión y asociación a los intereses privados y del mercado.
QUINTO: Como algo puede repercutir en el marco del ejercicio a la protesta, hemos manifestado como plataformas estudiantil que NO HAREMOS parte de la construcción del denominado plan nacional de acción de derechos humanos, hasta tanto se brinden garantías reales de participación desde todos los territorios del país, de la mano con las organizaciones, los defensores y defensoras de derechos humanos, teniendo como horizonte la creación de una política pública de DD.HH.
Somos la UNEES y seguiremos denunciando y movilizándonos en las calles por los derechos de los y las colombianas y en defensa de la educación superior como derecho.