El día de ayer, 17 de abril de 2020, la Junta de Acción Comunal del barrió El Recuerdo de la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), informó a los habitantes que se habían gestionado unas ayudas humanitarias consistentes en productos de primera necesidad para poder sobrellevar el hambre que padecen, dadas las restricciones decretadas por el Gobierno en el marco de la estrategia de contención de la propagación del coronavirus.
Siendo aproximadamente las 3 de la tarde llegó un camión con los suministros. Sin embargo, a los pocos minutos llegó otro camión para poder llevarse parte de los mercados hacia otro barrio que se encontraba también con una alta vulnerabilidad. Ante esto, las más de 100 personas que se encontraban allí, reclamaron por la situación presentada y exigieron que alimentación suficiente para sus hogares.
Producto de esta situación, algunas personas de la comunidad empiezan a repartir los mercados. Esto generó una confrontación con la Policía que se encontraba en el lugar (entre 4 y 5 motos). En ese momento, uniformados de la Policía utilizan choques eléctricos en contra de una joven de 22 años que se encuentra en estado de gestación.
Al ver esta situación de agresión, el hermano de la joven decide reclamarle al Policía. Sin embargo, durante la confrontación presentada recibió un impacto de bala disparado por la Policía que le perforó el abdomen, y otro que le afectó la mano. El joven de 24 años cayó herido y ante la situación, los agentes de Policía decidieron retirarse, omitiendo su deber de socorro.
El joven fue traslado al Hospital de Meissen por parte de un habitante de la zona, quien facilitó su moto para llevarlo. Actualmente el paciente se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Al respecto, hacemos un llamado a las autoridades para que se inicie la investigación con independencia y transparencia, dado que ya se han venido presentando algunas irregularidades en el proceso.
De igual forma, instamos a las autoridades públicas, particularmente a la Alcaldía de Mayor y la Policía Metropolitana de la ciudad para que, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 563 de 2015, la Resolución 1190 de 2018 y la legislación internacional, los funcionarios que contengan escenarios de protesta social no porten armas de fuego.