Compañeros, compañeras asistentes a este escenario de discusión y construcción, les hacemos llegar un saludo de parte de las organizaciones que conformamos la campaña denominada “Defender la libertad: asunto de tod@s”.

La libertad es un asunto de todos y todas, la movilización social y política es un derecho, la pobreza no puede ser criminalizada; sin embargo esta es una realidad que tenemos que transformar y es desde aquí que surge la campaña, para poner freno al creciente fenómeno de la utilización del aparato de justicia contra el movimiento social y la población excluida, las formas de criminalización de la protesta, el perfeccionamiento de una política criminal que adopta la privación de la libertad como regla general y la aplicación de políticas de seguridad basadas en la detención de personas con un marcado carácter discriminatorio y selectivo.

Desde la Campaña consideramos que la privación arbitraria o injusta de la libertad forma parte de una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social. Esto se evidencia con gran dolor en regiones donde existe mayor concentración de recursos naturales, sobre todo minero-energéticos. En estas zonas se usa con frecuencia la detención arbitraria como principal forma de violación del derecho a la libertad. Allí tiene lugar el conflicto armado, se utiliza de manera sistemática y generalizada una política de detención y judicialización, dirigida principalmente contra las personas que lideran procesos organizativos, campesinos, afro-descendientes e indígenas, que vienen siendo falsamente acusadas de pertenecer a grupos insurgentes, aplicando la lógica perversa “del falso positivo” a la privación de la libertad, y en los centros urbanos se aplican medidas restrictivas de la libertad dirigidas a reprimir a jóvenes y sus diferentes expresiones culturales, estudiantiles, políticas, sectores excluidos social y económicamente, población LGBTI, menores de edad, campesinos y afro-descendientes, amparándose en delitos como obstrucción de vías públicas y violencia contra servidor público, y figuras como la retención transitoria, detención administrativa y toques de queda que se aplican en algunas ciudades o localidades. Otro mecanismo que constituye una clara forma de detención arbitraria, son las batidas o jornadas de reclutamiento que, pese a la Sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, el Ejército continúa desarrollando en todo el país.

Las detenciones masivas y arbitrarias tienen consecuencias nefastas a nivel individual, familiar y colectivo que se concretan entre otras en el despojo, desplazamiento forzado, daño al buen nombre, problemas de seguridad, estigmatización, señalamientos, debilitamiento organizativo y afectación del tejido social, en contraste con los preceptos de una sociedad democrática.

Entendiendo que la libertad es un derecho, y su privación injusta un crimen, los y las invitamos a que se unan a la lucha por su defensa.

¡Un abrazo solidario!