La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, luego de realizar un acompañamiento a las múltiples jornadas de protestas del 20 de julio de 2021, a través de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil CVI y de equipos de trabajo de sistematizaciones desde nuestro Puesto de Mando Unificado Popular de las organizaciones de derechos humanos documentamos el trato violento y hostil que el gobierno nacional y gobiernos locales, junto con la fuerza pública, le dieron a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta social; pese a  que se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de escenarios, fue agredida por la intervención violenta del Estado. Encontramos las siguientes cifras:

  • 50 personas fueron detenidas en su mayoría de manera arbitraria.
  • Más de 60 personas resultaron heridas, 3 de ellas con lesiones oculares.
  • Se registraron 31 denuncias por abusos de poder y autoridad.
  • Se recepcionaron 17 denuncias por violencias hacia defensoras de derechos humanos, entre las cuales fue reportada una violencia basada en género. 

Las protestas del 20 de julio fueron precedidas por un constante clima de estigmatización y discursos de odio por parte del gobierno nacional, particularmente de Diego Molano Ministro de Defensa y mandatarios locales, quienes en días previos a las protestas se encargaron de difundir mensajes  de infiltración de grupos armados, ofrecimiento de recompensas y señalaron como grupos ilegales o terroristas a las expresiones de organizaciones sociales de protección como las primeras líneas. Se realizaron múltiples capturas e incautaciones de cascos, escudos y máscaras de gas, bajo criterios ilegales y arbitrarios que supuestamente fundamentaban órdenes de capturas y allanamientos, en los cuales pudimos advertir que se violaron las garantías procesales de las ciudadanas, incluso exagerando los tipos penales para lograr la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad.

El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle, tomaron varias acciones para impedir los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, libertad de locomoción y participación de parte del pueblo colombiano en la Asamblea Nacional Popular desarrollada en la ciudad de Cali, con el cierre de fronteras en Valle del Cauca, múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá, Tolima, Santander y Bogotá. El sábado 17 de julio la policía detuvo una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá, dejándolos por más de 7 horas retenidos en las carreteras de Colombia sin justificación alguna. Agentes de la policía manifestaban que no los dejarían continuar porque “sabían a donde se dirigían. Durante la Asamblea, se identificó y entregó a dos policías que hacían labores de inteligencia en medio del evento, esto agrava y corrobora las ideas divulgadas por medios de comunicación donde según informes de inteligencia del Estado estas Asambleas eran parte del plan terrorista del ELN para el 20 de julio.

El clima de estigmatización generó una repercusión negativa en las garantías al derecho a la protesta, lo que se evidenció en las acciones de la fuerza pública, pues las múltiples declaraciones fueron interpretadas por los agentes como órdenes de no permitir la ocupación del espacio público y por lo tanto usar la fuerza. Según la Policía, el ESMAD y autoridades de gobierno “no están permitidos los corte de ruta o bloqueos”, cuestión que claramente va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

De igual manera, resultan preocupantes los constantes ataques de agentes de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos que realizamos cubrimiento de las protestas a través de las CVI. Varias defensoras fueron agredidas físicamente, hostigadas, empadronadas, perfiladas y se evidenciaron múltiples acciones para entorpecer las labores de las CVI bajo el discurso gubernamental que señala a las organizaciones de derechos humanos de maquillar cifras y no ser imparciales, e incluso, de manera falsa y sin sustento,  señalan que son los defensores y defensoras quienes les agredimos; estos casos, son una muestra de la violencia dirigida, intencionada e individualizada, que pone en mayor riesgo a quienes desempeñamos esta labor en medio de la protesta social.

Además, reiteramos nuestra preocupación por el uso del arma de lanzamiento múltiple de gases “Venom” en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país, la cual disparó indiscriminadamente a la ciudadanía, generando múltiples daños inciertos debido a su uso masivo. Advertimos nuestra preocupación sobre la falta de información en los protocolos de uso de esta arma, ya que la fuerza pública la viene utilizado desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza, poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad de las manifestantes y habitantes de sectores aledaños a los puntos de concentración.

Por otro lado, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, se permite informar  las cifras de violaciones de derechos humanos que hemos registrado en el territorio nacional desde el 28 de abril hasta el 21 de julio (16:20 pm).

  • 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 46 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
  • 1.905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 88 casos de lesiones oculares y 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que de las personas heridas: 670 son hombres, 141 son mujeres y de 1084 no se reporta su género; pues muchas personas se niegan a iniciar la denuncia penal o compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
  • 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos 1 caso, lesiones personales con 129 casos, estigmatización con 139 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 19 casos.
  • 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 525 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 141 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
  • 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 68 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 16 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y  desnudez forzada, 26 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 23 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 52 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 44 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1.603 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • En el mes de julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en extrañas circunstancias.

Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:

LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho a la protesta social.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres, diversidades sexuales y en general de la población que participa -aplicando los correspondientes enfoques diferenciales del caso-, se encuentren o no en el marco de la protesta social.
  • Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales que brinden acceso a información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). 
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, para que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
  • A la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas y que aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad, celeridad y garantía de participación de las víctimas.
  • Al Gobierno Nacional que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra. 
  • Finalmente, exigimos al gobierno colombiano adoptar íntegramente las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe sobre Colombia.