BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ: #PARONACIONAL

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27 de julio de 2021

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:

  • 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 4 son atribuibles presuntamente al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
  • 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
  • 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
  • 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá (al día 27 de junio, cifra sin actualizar).[1]

Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristobal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.

El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[2], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[3] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[4] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.

Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.

En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicologicamente[5]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.

Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[6].

El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.

Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello,  3 agresiones reportadas sin identificar.

En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.

Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.

EXIGIMOS

  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
  • A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
  • A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
  • Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
  • A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.

[1] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133

[2] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/

[3] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921

[4] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx

[5] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.

[6] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08

BOLETÍN INFORMATIVO NACIONAL 21: #PARONACIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO NACIONAL 21: #PARONACIONAL

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, luego de realizar un acompañamiento a las múltiples jornadas de protestas del 20 de julio de 2021, a través de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil CVI y de equipos de trabajo de sistematizaciones desde nuestro Puesto de Mando Unificado Popular de las organizaciones de derechos humanos documentamos el trato violento y hostil que el gobierno nacional y gobiernos locales, junto con la fuerza pública, le dieron a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta social; pese a  que se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de escenarios, fue agredida por la intervención violenta del Estado. Encontramos las siguientes cifras:

  • 50 personas fueron detenidas en su mayoría de manera arbitraria.
  • Más de 60 personas resultaron heridas, 3 de ellas con lesiones oculares.
  • Se registraron 31 denuncias por abusos de poder y autoridad.
  • Se recepcionaron 17 denuncias por violencias hacia defensoras de derechos humanos, entre las cuales fue reportada una violencia basada en género. 

Las protestas del 20 de julio fueron precedidas por un constante clima de estigmatización y discursos de odio por parte del gobierno nacional, particularmente de Diego Molano Ministro de Defensa y mandatarios locales, quienes en días previos a las protestas se encargaron de difundir mensajes  de infiltración de grupos armados, ofrecimiento de recompensas y señalaron como grupos ilegales o terroristas a las expresiones de organizaciones sociales de protección como las primeras líneas. Se realizaron múltiples capturas e incautaciones de cascos, escudos y máscaras de gas, bajo criterios ilegales y arbitrarios que supuestamente fundamentaban órdenes de capturas y allanamientos, en los cuales pudimos advertir que se violaron las garantías procesales de las ciudadanas, incluso exagerando los tipos penales para lograr la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad.

El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle, tomaron varias acciones para impedir los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, libertad de locomoción y participación de parte del pueblo colombiano en la Asamblea Nacional Popular desarrollada en la ciudad de Cali, con el cierre de fronteras en Valle del Cauca, múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá, Tolima, Santander y Bogotá. El sábado 17 de julio la policía detuvo una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá, dejándolos por más de 7 horas retenidos en las carreteras de Colombia sin justificación alguna. Agentes de la policía manifestaban que no los dejarían continuar porque “sabían a donde se dirigían. Durante la Asamblea, se identificó y entregó a dos policías que hacían labores de inteligencia en medio del evento, esto agrava y corrobora las ideas divulgadas por medios de comunicación donde según informes de inteligencia del Estado estas Asambleas eran parte del plan terrorista del ELN para el 20 de julio.

El clima de estigmatización generó una repercusión negativa en las garantías al derecho a la protesta, lo que se evidenció en las acciones de la fuerza pública, pues las múltiples declaraciones fueron interpretadas por los agentes como órdenes de no permitir la ocupación del espacio público y por lo tanto usar la fuerza. Según la Policía, el ESMAD y autoridades de gobierno “no están permitidos los corte de ruta o bloqueos”, cuestión que claramente va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

De igual manera, resultan preocupantes los constantes ataques de agentes de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos que realizamos cubrimiento de las protestas a través de las CVI. Varias defensoras fueron agredidas físicamente, hostigadas, empadronadas, perfiladas y se evidenciaron múltiples acciones para entorpecer las labores de las CVI bajo el discurso gubernamental que señala a las organizaciones de derechos humanos de maquillar cifras y no ser imparciales, e incluso, de manera falsa y sin sustento,  señalan que son los defensores y defensoras quienes les agredimos; estos casos, son una muestra de la violencia dirigida, intencionada e individualizada, que pone en mayor riesgo a quienes desempeñamos esta labor en medio de la protesta social.

Además, reiteramos nuestra preocupación por el uso del arma de lanzamiento múltiple de gases “Venom” en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país, la cual disparó indiscriminadamente a la ciudadanía, generando múltiples daños inciertos debido a su uso masivo. Advertimos nuestra preocupación sobre la falta de información en los protocolos de uso de esta arma, ya que la fuerza pública la viene utilizado desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza, poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad de las manifestantes y habitantes de sectores aledaños a los puntos de concentración.

Por otro lado, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, se permite informar  las cifras de violaciones de derechos humanos que hemos registrado en el territorio nacional desde el 28 de abril hasta el 21 de julio (16:20 pm).

  • 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 46 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
  • 1.905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 88 casos de lesiones oculares y 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que de las personas heridas: 670 son hombres, 141 son mujeres y de 1084 no se reporta su género; pues muchas personas se niegan a iniciar la denuncia penal o compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
  • 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos 1 caso, lesiones personales con 129 casos, estigmatización con 139 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 19 casos.
  • 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 525 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 141 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
  • 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 68 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 16 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y  desnudez forzada, 26 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 23 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 52 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 44 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1.603 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • En el mes de julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en extrañas circunstancias.

Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:

LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho a la protesta social.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres, diversidades sexuales y en general de la población que participa -aplicando los correspondientes enfoques diferenciales del caso-, se encuentren o no en el marco de la protesta social.
  • Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales que brinden acceso a información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). 
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, para que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
  • A la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas y que aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad, celeridad y garantía de participación de las víctimas.
  • Al Gobierno Nacional que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra. 
  • Finalmente, exigimos al gobierno colombiano adoptar íntegramente las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe sobre Colombia. 
Gobierno Nacional impide el Derecho de Reunión al pueblo Colombiano

Gobierno Nacional impide el Derecho de Reunión al pueblo Colombiano

 

17 de julio 2021, 11:00AM

La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la violación al derecho fundamental al derecho de reunión que tienen todos/as los ciudadanos, por parte del Gobierno Nacional en Cabeza de Iván Duque Márquez la Gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la Policía Nacional a cargo del General Jorge Luis Vargas Valencia.

Desde el viernes 16 de julio varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias han sido objeto de hostigamiento constante por parte de la fuerza pública en las carreteras de Colombia por dirigirse a la Asamblea Nacional Popular, espacio amplio y diverso de encuentro y deliberación política del movimiento social. En este contexto se han recibido múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Tolima.

El sábado 17 de julio la policía ha detenido una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá en la zona de La Herradura, La Tebaida, Quindío y La Paila siendo estos municipios limítrofes con el Valle del Cauca, a los conductores se les ha amenazado con confiscarle los buses e imponerles comparendos. En este momento las delegaciones llevan más de 7 horas detenidos sin poder desplazarse a la Asamblea Nacional Popular, generando un desgaste físico y mental debido la imposibilidad de poder obtener y consumir alimentos. Lo anterior se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público”.

Exigimos a la Policía Nacional que permita y garantice el ingreso seguro sin hostigamientos e intimidaciones a las delegaciones que se concentran en la Universidad del Valle. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que articulen acciones en favor de la garantía de los Derechos civiles y políticos de los ciudadanos que participarán en este encuentro ciudadano y en las movilizaciones convocadas de manera pacifica para los próximos días.

Un Estado que impide el Derecho de Reunión no puede llamarse democrático.

 

Alerta temprana urgente e inminente frente a los riesgos que se derivan de la desaparición del defensor de derechos humanos Dariel Fajardo, integrante de la Red Universitaria de Derechos Humanos

Alerta temprana urgente e inminente frente a los riesgos que se derivan de la desaparición del defensor de derechos humanos Dariel Fajardo, integrante de la Red Universitaria de Derechos Humanos

La CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, la RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS y el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre la situación de la DESAPARICIÓN FÍSICA DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DARIEL FAJARDO y sobre los riesgos inminentes y latentes que de ella se derivan en contra su vida, integridad física, psicológica y libertad civiles y políticas, en su condición de ciudadano y defensor de derechos humanos.

  1. HECHOS
  1. Cerca de las 10:00 a 11:00pm el día lunes 12 de julio de 2021, el defensor de derechos humanos DARIEL FAJARDO se encontraba en el barrio San Marcos de la Localidad de Engativá acompañando a su novia.
  2. Él está vestido con un jean, camisa, chaqueta negra, gorro vinotinto de lana.
  3. A sus familiares les parece extraño que DARIEL FAJARDO haya dejado su celular y algunas pertenencias de uso común en su casa.
  4. Desde que salió de la casa de su novia, no se tienen noticias sobre su paradero, ni por parte de sus familiares, ni amistades.
  1. EXIGENCIAS
  2. La activación del MECANISMO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS de manera urgente, para actuar con prontitud en su búsqueda y ubicación con todos los elementos y tecnologías que tiene disponibles las entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
  3. El respeto y garantías de sus derechos a la vida, la integridad personal, así como libertades de los que goza como persona, ciudadano y defensor de derechos humanos.
  4. El acompañamiento urgente del Ministerio Público, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como de la Personería de Bogotá, ejerciendo sus roles de asistencia a la familia del defensor de derechos humanos.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantías reforzadas de las PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

Denunciamos amenazas y seguimientos ilegales a líder comunitario y comunicador social en Bogotá

Denunciamos amenazas y seguimientos ilegales a líder comunitario y comunicador social en Bogotá

El día 11 de julio del presente año, siendo las 7:24PM el líder comunitario y comunicador social Daniel Guillermo Pedraza Arias integrante activo de la Asamblea Popular de Engativá (APE) recibió junto con su familia una amenaza por medio del teléfono celular de su mamá en el cual se manifestaba lo siguiente:

“Señores Pedraza Arias saquen a su hijo de lo que anda porque ya está pintando él cree que por estar grabando y gritando y fumando con sus amig@s marihuaneros va a arreglar el país. Sabemos que hace, sabemos donde vive y con quien vive que hace el hermano la cuñada y hasta donde trabaja a que horas sale y hasta con quien sale del trabajo lo sabemos todo, donde se la pasa y que a hecho todos estos meses después del trabajo. Por el bien de el y de todos ustedes haga que se retire de las asambleas y de todo eso!!!”

Posteriormente el 12 de julio sobre las 8.00PM, Daniel se dirigió a una tienda cercana a su lugar de vivienda y se percató del seguimiento continuo de una moto con dos sujetos, allí se le manifestó que hombres no identificados o reconocidos en la comunidad habían indagado por él.

Estos hechos se enmarcan en un contexto desbordado de exacerbación de la violencia a nivel nacional y de la continuada persecución a los liderazgos comunitarios que han participado activamente de las diversas actividades de carácter público en el marco del paro nacional del 2021. Así mismo, tal como se ha señalado por la Alerta Temprana No. 010 del 31 de mayo de 2021 en Bogotá se han establecido escenarios de riesgo continuados expandiendo sus dinámicas hacia nuevos territorios, entre ellos diversos barrios de la localidad de Engativá.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie en contra de las amenazas y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, comunitarios que ponen en riesgo la vida e integridad de jóvenes, entre ellos Daniel Pedraza y su núcleo familiar.  A la Fiscalía General de la Nación, le exigimos una investigación eficaz sobre las amenazas en contra del líder y periodista Daniel Guillermo Pedraza Arias. A la Defensoría Regional del Pueblo de Bogotá que ponga en marcha de carácter urgente planes de acción en materia de prevención y atención de posibles vulneraciones a los derechos humanos hacia Daniel Pedraza y su familia.

Suscriben: