Detenciones arbitrarias en Armenia

Detenciones arbitrarias en Armenia

Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas denunciamos los hechos que se presentan ayer, 24 de julio, en Armenia, tras un plantón de estudiantes convocado para exigir matrícula cero.

HECHOS

  1. El día de ayer, estudiantes se movilizaban en la plaza de Bolívar de Armenia para exigir matrícula cero en la Universidad del Quindío.
  2. La Policía Nacional acorraló a varias personas y arremetió, sin justificación alguna, en contra de indígenas embera que se encontraban en el lugar, deteniendo arbitrariamente a varias personas.
  3. Las y los estudiantes, al percatarse de la situación, intentaron impedir que se dieran las detenciones arbitrarias y mediar la situación desde el diálogo.
  4. La Policía Nacional golpeó a varias personas que se encontraban en el lugar, utilizando la fuerza de manera excesiva.
  5. Hasta el momento, se conoce la detención arbitraria de 2 estudiantes (entre ellos Sebastián Zambrano y Luis Ortíz), algunos de los cuales fueron golpeados por la Policía, y al menos 3 personas de la comunidad embera, entre estas, una mujer embarazada.

Exigimos

  1. La libertad inmediata de las personas detenidas injustamente, algunas de los cuales se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta social que se vio interrumpido de manera injustificada.
  2. Que la actuación institucional y de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior.
Violencia policial en el marco de la pandemia

Violencia policial en el marco de la pandemia

Por: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.

En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.

De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.

Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.

Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.

Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.

[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio

[2] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 6 de julio de 2020. Grave violación a los derechos humanos por agentes de la Policía en Brisas del Volador (Ciudad Bolívar). Véase en: https://defenderlalibertad.com/grave-violacion-a-los-derechos-humanos-por-agentes-de-la-policia-en-brisas-del-volador-ciudad-bolivar/

[3] CANAL 1. 2 de julio de 2020. Procedimiento de tránsito terminó en disparos y con un civil herido en Tocancipá. Véase en: https://noticias.canal1.com.co/nacional/pelea-policia-ciudadanos-termina-con-disparos-tocancipa/

[4] El Espectador. 3 de julio de 2020. Joven murió tras disparo de un policía, en el suroccidente de Bogotá. Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/joven-murio-tras-disparo-de-un-policia-en-medio-de-un-operativo-en-el-sur-de-bogota/

[5] Contagio Radio. 27 de marzo de 2020. Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCT. Véase en: https://www.contagioradio.com/alejando-carvajal-joven-de-20-anos-asesinado-por-el-ejercito-en-catatumbo-ascamcat/

[6] El Espectador. 22 de abril de 2020. Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/

[7] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020. Ejército habría asesinado a Emerito Digno Buendía: Ascamcat. Véase en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/

[8] El Espectador. 30 de junio de 2020. Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/habitantes-de-catatumbo-insisten-en-responsabilidad-del-ejercito-en-la-muerte-de-salvador-jaime/

[9] Prensa Rural. 4 de julio de 2020. Policía antinarcóticos habría asesinado campesino, asegura comunidad. Véase en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25612

[10] Contagio Radio. 21 de julio de 2020. Asesinan a José Oliver Maya, niño indígena Awá en operativos de erradicación forzada Véase en: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-jose-oliver-maya-nino-indigena-awa-en-operativos-de-erradicacion-forzada/

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Balance general

En el marco de la llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo de 2020 por parte del gobierno, y que se ha extendido hasta el día de hoy, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social y violaciones de derechos humanos. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas[1], por medio Sistema de Agresión a la Protesta Social (SIAP) reporta, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar y amedrentar a manifestantes, haciendo uso indebido e indiscriminado del armamento para el control de multitudes, uso de armas de fuego y/o por medio de detenciones arbitrarias. La intervención de la Fuerza Pública ha dejado al menos 162 personas heridas, 1 persona con una lesión ocular y 32 personas muertas.

Además, se han registrado 189[2] detenciones arbitrarias y masivas en escenarios de protesta social, las cuales se concentraron principalmente en las ciudades de Bogotá (42,8%) y Medellín (29%), tras las jornadas de movilización del pasado 15 de junio de estudiantes y otros sectores para exigir “matricula cero” para el próximo semestre académico y para rechazar, entre otras cosas, la violencia policial, las muertes por discriminación racial, la violencias basadas en género, los desalojos forzados. En la Guajira se registra un importante número de detenciones arbitrarias (10 en Riohacha y 28 en Maicao) en protestas para exigir atención humanitaria.

En términos generales, los sectores sociales que más han protestado en este período son: 1) los pobladores urbanos (42,8%) que han sido afectados por desalojos forzados o por la insuficiente atención humanitaria para vivir una cuarentena sin hambre y en condiciones de dignidad. 2) la población privada de la libertad (19%) que ha adelantado distintas jornadas de protestas, en cerca de 24 cárceles colombianas, por las insuficientes medidas del gobierno para atender la situación humanitaria y evitar el contagio en el marco de las problemáticas estructurales de las cárceles, como el hacinamiento, conocidas como el Estado de Cosas Inconstitucional por sentencias de la Corte Constitucional (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015); 3) Finalmente, las comunidades campesinas han participado en distintas protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (16,6%) que no han cesado durante la cuarentena nacional.

Conoce aquí el Boletín Completo 

[1] Esta base de datos se alimenta de prensa (masiva y alternativa) e información reportada por diferentes organizaciones sociales que hacen acompañamiento in situ a la protesta social desde las Comisiones de Verificación e Intervención. No obstante, es necesario alertar sobre subregistro en los datos del SIAP teniendo en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen menor capacidad de registro en situaciones de confrontación social y menor presencia territorial que las instituciones públicas.

[2] Otros casos de detenciones se registraron en Cartagena, Bolívar (3 casos), Plato, Magdalena (7 casos) y María La Baja, Bolívar (7 casos).

Exigimos que se garantice el Derecho a la Protesta Social de la Marcha por la Dignidad

Exigimos que se garantice el Derecho a la Protesta Social de la Marcha por la Dignidad

Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se garantice el derecho a la protesta social de las y los marchantes de la Marcha por la Dignidad, “Ruta Comunera” y “Ruta Liberadora”, que se encuentran en estos momentos en la ciudad de Tunja. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre vulneraciones al derecho a la protesta social.

El lunes 13 de junio, dos nuevas rutas de la Marcha por la Dignidad se sumaron a las movilizaciones sociales que iniciaron el pasado 25 de junio en el suroccidente de país, para exigirle al gobierno nacional, entre otras cosas, la protección de la vida ante el genocidio de líderes y lideresas sociales en el país y garantías para una vida digna. La “Ruta Liberadora” inició en Gibraltar, municipio de Tolero (Norte de Santander) y la llamada “Ruta Comunera”, partió de Barrancabermeja (Santander), para encontrarse en Tunja y continuar su recorrido hasta Bogotá. Sin embargo, denunciamos que nuevamente se presentan hostigamientos por parte de la Fuerza Pública a las y los marchantes, como ya había ocurrido en la ruta que salió desde Popayán y llegó a Bogotá el 10 de julio[1]

Hechos

  1. Desde el 13 de julio, organizaciones sociales[2] denunciaron que la “Ruta Comunera” fue interrumpida al menos en cuatro ocasiones por la Policía Nacional, solicitando reiteradamente permisos y documentos de identidad, y tomando fotografías a las y los manifestantes. Además, la Policía de Tránsito y Transporte inmovilizó el bus en el que se encontraban varios manifestantes, sin permitirles retirar sus pertenencias del vehículo y otros objetos destinados a su bienestar, con el objetivo de impedir que la marcha siguiera su recorrido. Además, se impuso un comparendo al conductor del bus.
  2. Faltando 1 día para que la ruta de la Marcha por la Dignidad llegue a Bogotá, la Policía Nacional sigue impidiendo el ejercicio de la movilización y protesta social. Las y los marchantes que actualmente se encuentran en la vía de Suesca denunciaron que la Alcaldía de Suesca no les ha permitido ingresar a los lugares de descanso previamente definidos, los cuales quedan por fuera del casco urbano. Además, denunciaron que durante su recorrido fueron detenidos durante 5 horas, en al menos 6 retenes distintos por la Policía Nacional, impidiendo el desarrollo normal del cronograma definido para evitar situaciones de riesgo para las y los marchantes, quienes han tenido que marchar en horas de la noche.

Exigimos

  1. Al gobierno nacional, departamental, municipal que asuman sus compromisos constitucionales y sean garantes del respeto la vida, la integridad física, y las libertades civiles y políticas de las y los marchantes. Estos son derechos fundamentales para un Estado social y democrático que, aún con la pandemia de la Covid-19, no pueden suspenderse al tratarse de derechos constitucionales, ni restringirse de manera desproporcionada como lo afirma la CIDH[3]. En este sentido, reiteramos la necesidad de que se implemente y se ajuste el accionar de las autoridades a lo establecido en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior (Protocolo de Protesta Social).
  2. Exigimos que cese el hostigamiento y la obstaculización por parte de la Policía Nacional a la Marcha por la Dignidad.
  3. A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes de los derechos de las y los manifestantes y ejerzan un control efectivo de las actuaciones institucionales en las jornadas contempladas en la Marcha por la Dignidad.
  4. A la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana que, cuando la marcha llegué a Bogotá, se le dé un tratamiento cívico a la protesta social, siguiendo los lineamientos definidos en el Decreto 563 de 2015, por medio del cual se adoptó el Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por el derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica. Este establece, entre otras disposiciones, que el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso o una medida excepcional cuando esté en riesgo la vida, por lo que no se debe utilizar la fuerza para dispersar a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Así mismo, exigimos que cese la imposición de comparendos como una forma de castigar a quienes protestan.

[1] -El 3 de junio, las y los marchantes denunciaron que en la vía Cartago-Pereira venían siendo hostigados por integrantes de la Policía y el Ejército Nacional. Además, la Guardia indígena y la Guardia Cimarrona se percató de la presencia de agentes de la Fuerza Pública vestidos de civil que siguieron permanentemente la marcha y acosaron a las y los marchantes tomándoles fotos y haciéndoles preguntas sobre la ruta de la marcha.

[2] Denuncia Pública. 13 de julio del 2020. Corporación Comité DDHH Jesús María Valle Jaramillo, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Congreso de los Pueblos.

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.

Denuncia Pública y Alerta Temprana

Denuncia Pública y Alerta Temprana

Por: Colectivo por la defensa de los derechos y la dignidad humana Chucho Minga

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las vulneraciones a derechos humanos y al derecho a la protesta social en Piedecuesta Santander en el marco de la Marcha por la Dignidad

CONTEXTO

El día 13 de Julio de 2020 inició la marcha por la dignidad “Ruta Comunera“ desde la ciudad de Barrancabermeja esta Marcha por la Dignidad es una iniciativa de diversas organizaciones y territorios que pretenden darle mayor visibilidad al genocidio en curso contra  las y los líderes sociales, la exigencia al gobierno nacional por una renta básica en medio de la pandemia y para llamar la atención sobre el incremento de los feminicidios. Llaman a su vez a que se puedan retomar los diálogos con el ELN y el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC”, señalaron las organizaciones que componen la Marcha por la Dignidad.

La movilización que nace desde Santander lleva por nombre Ruta Comunera, también hay una segunda marcha que inició igualmente el día 13 de julio de 2020 desde Norte de Santander con nombre de “Ruta Libertadora”, ambas se encontrarán en la ciudad de Tunja y se espera que el 20 de julio lleguen a la capital del país, para sumarse a las organizaciones que ya están en Bogotá provenientes de Popayán.

HECHOS

  1.  El día de hoy, 15 de julio, La marcha por la Dignidad “Ruta Comunera” avanza ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social en contra de la violación sistemática de derechos humanos, el asesinato de líderes sociales y las inexistentes garantías del gobierno nacional
  2.  Alrededor de las 11:00 m. la Marcha por la Dignidad “Ruta Comunera” llega a las afueras de Piedecuesta, Santander a una estación de gasolina Terpel en el sector El Molino donde agentes de la policía nacional les intercepta e impide la continuación de marchantes y de los vehículos que les acompañan.
  3. Las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia tratan de interlocutar con el intendente Raúl Chaparro quien ha impedido el paso hacia San Gil y la continuidad de la marcha reteniendo a marchantes y vehículos acompañantes
  4.  A las 2:45 m. ante la negativa de la policía nacional, marchantes deciden continuar solos sin el apoyo de los vehículos que transportan víveres, agua, medicamentos y demás elementos fundamentales para el bienestar de las y los marchantes.
  5. Hasta el momento la policía nacional sigue impidiendo el libre ejercicio de la movilización y la protesta siendo estos derechos constitucionales pues el intendente Raúl Chaparro manifiesta que no permitirá que los vehículos continúen acompañando la marcha. Es importante resaltar que en los vehículos se transportan los elementos necesarios e indispensables para seguridad e integridad de marchantes.
  6. En algunos puestos de control de la Fuerza Pública han retenido injustificadamente a marchantes, también se han presentado hostigamientos a defensoras y defensores de derechos humanos en aras de impedir la marcha.

EXIGIMOS

  1. El acompañamiento de defensoría del pueblo y su presencia en terreno.
  2. Que cesen el hostigamiento y obstaculización de la Marcha por la Dignidad y se permita de forma inmediata la circulación de los vehículos retenidos.
  3. Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior.