Las organizaciones de derechos humanos y sociales llevan trabajando en torno a la violencia policial y la protesta social por lo menos una década en el departamento del Valle del Cauca, en el año 2019 conformaron el Comité de DDHH del Valle donde trabajan de manera conjunta hasta la actualidad.
Un escenario relevante conformado posterior al Paro de 2021, fue el Tribunal Popular de Siloé, el cual, ha sido un escenario necesario y central para las víctimas del Estallido, se ha podido tener mayor visibilidad y alcance en la exigibilidad de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Como Campaña se documentaron 35 hechos violentos en 2022 y 2023 que incluyeron: 10 detenciones y 10 judicializaciones, 13 personas resultaron heridas y 10 denuncias por abuso de autoridad. Estos son subregistros de lo que sucede en realidad.
Ha habido un incremento en protestas desarrolladas por gremios y sectores con reivindicaciones locales, aunque la afluencia de personas es menor en comparación con el año 2021, la protesta social resulta una dinámica recurrente en la región.
En 2023 se evidenció la continuidad del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte de la nueva UNDMO pese al carácter pacifico de las manifestaciones en el departamento, y pese a los escenarios regionales coordinados por ONU, que han impulsado la transformación doctrinal de la institución.
Las organizaciones de DDHH del Tolima han identificado un aumento en la persecución y hostigamientos hacia personas LGBT por parte de la Policía, situación sobre la cual se documentó un caso de violencia policial en lo corrido de 2023.
Sobre la reforma policial, el impulso de escenarios de discusión, debate con sociedad civil y apuestas claras de aplicación de la reforma policial en la región aún es una incógnita…
Las agresiones no se han limitado a los momentos donde las personas son detenidas en espacios públicos, en varios casos se han presentado en recintos cerrados.
Entre 2022 y 2023 la Campaña documentó 46 hechos victimizantes contra las protestas: 26 detenciones, 12 judicializaciones, 3 heridos (1 lesión ocular) 1 VBG y 2 agresiones a DDHH.
En 2022 y 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 18 hechos victimizantes que incluyeron intervenciones indiscriminadas de la UNDMO y agresiones de particulares ante la inacción de la Policía.
Es notable que las movilizaciones han disminuido su capacidad de convocatoria debido al temor en torno a los procesos judiciales a los cuales se enfrentan algunas personas que participaron del Paro de 2021.
Se ha observado el aumento de pequeñas manifestaciones dispersas, con menor participación, y con objetivos específicos, por lo cual el acompañamiento en estas convocatorias barriales y en municipios se ha dificultado.
La protesta social ha pasado a ser un ejercicio altamente estigmatizado por el gobierno nacional, la prensa y los sectores de oposición, lo que ha repercutido en un tratamiento menos hostil de la protesta por parte de la Policía, no obstante, son notorias las falencias en las respuestas estatales a las exigencias y peticiones de la población.
En 2022 y lo corrido del 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 62 hechos victimizantes, entre los cuales se presentaron 42 detenciones arbitrarias, 7 personas judicializadas, 12 personas heridas (una lesión ocular), y 1 agresión contra DDHH.
La impunidad en los casos de violencia policial en el departamento es alta, lo que permite la reproducción de las violencias ya que las vulneraciones a los derechos humanos no tienen consecuencias reales.