La protesta social ha pasado a ser un ejercicio altamente estigmatizado por el gobierno nacional, la prensa y los sectores de oposición, lo que ha repercutido en un tratamiento menos hostil de la protesta por parte de la Policía, no obstante, son notorias las falencias en las respuestas estatales a las exigencias y peticiones de la población.
En 2022 y lo corrido del 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 62 hechos victimizantes, entre los cuales se presentaron 42 detenciones arbitrarias, 7 personas judicializadas, 12 personas heridas (una lesión ocular), y 1 agresión contra DDHH.
La impunidad en los casos de violencia policial en el departamento es alta, lo que permite la reproducción de las violencias ya que las vulneraciones a los derechos humanos no tienen consecuencias reales.
