Las organizaciones de derechos humanos y sociales llevan trabajando en torno a la violencia policial y la protesta social por lo menos una década en el departamento del Valle del Cauca, en el año 2019 conformaron el Comité de DDHH del Valle donde trabajan de manera conjunta hasta la actualidad.
Un escenario relevante conformado posterior al Paro de 2021, fue el Tribunal Popular de Siloé, el cual, ha sido un escenario necesario y central para las víctimas del Estallido, se ha podido tener mayor visibilidad y alcance en la exigibilidad de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Como Campaña se documentaron 35 hechos violentos en 2022 y 2023 que incluyeron: 10 detenciones y 10 judicializaciones, 13 personas resultaron heridas y 10 denuncias por abuso de autoridad. Estos son subregistros de lo que sucede en realidad.
Ha habido un incremento en protestas desarrolladas por gremios y sectores con reivindicaciones locales, aunque la afluencia de personas es menor en comparación con el año 2021, la protesta social resulta una dinámica recurrente en la región.
En 2023 se evidenció la continuidad del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte de la nueva UNDMO pese al carácter pacifico de las manifestaciones en el departamento, y pese a los escenarios regionales coordinados por ONU, que han impulsado la transformación doctrinal de la institución.
Las organizaciones de DDHH del Tolima han identificado un aumento en la persecución y hostigamientos hacia personas LGBT por parte de la Policía, situación sobre la cual se documentó un caso de violencia policial en lo corrido de 2023.
Sobre la reforma policial, el impulso de escenarios de discusión, debate con sociedad civil y apuestas claras de aplicación de la reforma policial en la región aún es una incógnita…
Las agresiones no se han limitado a los momentos donde las personas son detenidas en espacios públicos, en varios casos se han presentado en recintos cerrados.
Entre 2022 y 2023 la Campaña documentó 46 hechos victimizantes contra las protestas: 26 detenciones, 12 judicializaciones, 3 heridos (1 lesión ocular) 1 VBG y 2 agresiones a DDHH.
En 2022 y 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 18 hechos victimizantes que incluyeron intervenciones indiscriminadas de la UNDMO y agresiones de particulares ante la inacción de la Policía.
Es notable que las movilizaciones han disminuido su capacidad de convocatoria debido al temor en torno a los procesos judiciales a los cuales se enfrentan algunas personas que participaron del Paro de 2021.
Se ha observado el aumento de pequeñas manifestaciones dispersas, con menor participación, y con objetivos específicos, por lo cual el acompañamiento en estas convocatorias barriales y en municipios se ha dificultado.
La protesta social ha pasado a ser un ejercicio altamente estigmatizado por el gobierno nacional, la prensa y los sectores de oposición, lo que ha repercutido en un tratamiento menos hostil de la protesta por parte de la Policía, no obstante, son notorias las falencias en las respuestas estatales a las exigencias y peticiones de la población.
En 2022 y lo corrido del 2023, la violencia contra la protesta social no cesó, la Campaña documentó 62 hechos victimizantes, entre los cuales se presentaron 42 detenciones arbitrarias, 7 personas judicializadas, 12 personas heridas (una lesión ocular), y 1 agresión contra DDHH.
La impunidad en los casos de violencia policial en el departamento es alta, lo que permite la reproducción de las violencias ya que las vulneraciones a los derechos humanos no tienen consecuencias reales.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas Atlántico, se permite denunciar ante el Gobierno Nacional y la opinión pública el ataque a estudiantes de la Universidad del Atlántico por parte de personas sin identificar y ajenas a la protesta.
HECHOS
Hoy, 14 de octubre de 2022, estudiantes de la Universidad del Atlántico realizaron un plantón pacifico a las afueras de la institución manifestando su inconformidad frente a las condiciones de infraestructura y otras exigencias generadas en el Alma Mater. Todo transcurría en plena tranquilidad, cuando personas ajenas a la protesta hicieron presencia en el lugar e iniciaron ataques físicos y lanzamiento de objetos contundentes contra los estudiantes que realizaban sus exigencias sobre la Carrera 51B.
Los estudiantes al notar que la Policía Nacional no actuó frente a los sujetos que propiciaban los ataques, respondieron tratando de evitar que estas personas ingresarán a la Universidad del Atlántico como intentaban hacer por la entrada principal y el parqueadero del Bloque H.
En medio de los enfrentamientos al menos once (11) estudiantes resultaron heridos, entre ellos la actual Representante por parte de los estudiantes ante el comité de derechos humanos y paz de la Universidad del Atlántico. Además de miembros del cuerpo de vigilancia, 5 personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros de salud para una segunda revisión.
Cabe anotar que esta situación de violencia auspiciada por agentes externos a la universidad tiene sus antecedentes en al menos tres (3) ocasiones, siendo el último suceso ocurrido en 2018 y ya contado con la omisión de las autoridades para impedir las agresiones y demás situaciones que pretenden dañar la protesta pacífica.
Preocupa que la Policía Nacional no haya ejercido su deber de prevenir y disolver el foco de violencia originado pese a la interlocución ejercida por los estudiantes donde pusieron en conocimiento que dicho plantón ya estaba por terminar.
RECHAZAMOS
De manera categórica este tipo de actos que pretenden dañar el trasegar de una protesta pacífica.
La nula actuación de Policía ante la omisión de prevenir y disuadir este tipo de actos generados por agentes externos y que sucedieron en su presencia, reacción que hubiese sido atendida e intervenida de inmediato si fuera sido provocada por los estudiantes, tal como lo marcan los antecedentes frente a las diferentes jornadas de protestas realizadas en la Universidad del Atlántico.
La ausencia de los funcionarios que integran el Ministerio Público en el lugar de los hechos para acompañar estas jornadas de protestas y hacerle seguimiento a las vulneraciones presentadas.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa Iván Velázquez, y al alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, que evalúen la ocurrencia de estos hechos, y tomen acciones frente a la nula actuación de la Policía frente a hechos que empañan la protesta pacífica.
Al Ministerio Público el acompañamiento y seguimiento de las vulneraciones de derechos humanos de las que hoy fueron víctimas los estudiantes.
A la Policía Nacional que ejerza sus funciones preventivas para impedir las agresiones y vulneraciones que puedan ocasionarse ante el ejercicio de este derecho fundamental.
Al rector Danilo Hernández el impulso de las investigaciones a las que haya lugar por las distintas vulneraciones de DDHH en ejercicio de un derecho legítimo que dejaron más de 11 personas lesionadas.
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en el Valle del Cauca (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/02/CSPP-Informe-ApartadoValle-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
![[INFORME] Expresiones de la violencia policial en Tolima (2021-2023)](https://i0.wp.com/defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2024/02/CSPP-Informe-ApartadoTolima-PortadaWeb.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
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