El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021

El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021

16 de diciembre de 2021. La Campaña Defender la Libertad, un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, presenta su balance final sobre las vulneraciones y agresiones al derecho a la protesta social ocurridas en el año 2021 en Colombia, especialmente en el #ParoNacional.

A lo largo del año, Colombia vivió fuertes procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos humanos. Las protestas sociales estuvieron motivadas principalmente por una reforma tributaria regresiva impulsada por el Gobierno Nacional, que tenía como antecedente la ineficiencia del sistema de salud y pensional, múltiples injusticias socioecológicas, homicidios y agresiones sistemáticas a defensoras de DDHH y liderazgos sociales, la falta de oportunidades de educación y trabajo para la población juvenil del país y el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz.

En el marco de estas jornadas de movilización, fundamentalmente en el #ParoNacional, se violaron de manera sistemática derechos humanos de manifestantes y de la ciudadanía en general.  La crisis de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en 2021 no encuentra precedentes recientes. Luego del ejercicio de denuncia y visibilización que realizaron organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, la Oficina de la Delegada Ante Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea, entre otras, emitieron pronunciamientos e informes con observaciones y recomendaciones al Estado colombiano; pese a los compromisos asumidos, aún no se ha logrado constatar la implementación integral de estas por parte del gobierno nacional.

Como Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas pudimos documentar durante todo el año un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social, entre las que se encuentran:

  • Homicidios
  • Personas heridas
  • Violencias Basadas en Género VBG y Violencias Sexuales
  • Agresiones a personas defensoras de derechos humanos
  • Detenciones arbitrarias e ilegales

En ausencia de un seguimiento riguroso por parte del Gobierno Nacional sobre las violencias ejercidas por funcionarios estatales y civiles armados no identificados contra manifestantes, como red de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la democracia y el respeto por los derechos humanos en el marco de la protesta social, presentamos este balance; en él es posible conocer de primera mano la arbitrariedad y sistematicidad con la cual fue gravemente reprimido el derecho a la protesta social. Gracias al trabajo riguroso que realizan día a día cada una de las organizaciones que se articulan en la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, hoy reconocemos la importancia de sancionar y transformar las personas y las instituciones que coartan el ejercicio del derecho a la protesta social.

Consulta aquí el boletín completo. 

DETENCIONES MASIVAS A LIDERAZGOS  SOCIALES Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACÁ

DETENCIONES MASIVAS A LIDERAZGOS SOCIALES Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACÁ

Capturan a líderes y lideresas juveniles participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá durante el #ParoNacional2021

Colombia, 22 de noviembre de 2021. En horas de la mañana se realizaron múltiples allanamientos y ejecución de órdenes de captura para varios/as jóvenes líderes/as y participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá, entre ellos/as se encuentran: Sergio Forero, candidato al concejo de juventud de Paipa; Iván Ayala, líder juvenil; Julián Barón, integrante de la Colombia Humana, líder ambientalista y candidato al concejo de juventud de Paipa; y la defensora de Derechos Humanos Juliana Andrea Higuera Quintero, quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI durante el Paro Nacional del año 2021. 

Juliana a su vez es integrante del Comité de Derechos Humanos de la UPTC e integrante de la Red de Derechos Humanos de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, quienes trabajan activamente en el acompañamiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Boyacá y Guaviare. Asimismo, participó activamente del primer Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial “Construyendo Memoria y Dignidad” realizado el 19 y 20 de noviembre en Bogotá.

En el marco de su ejercicio de defensa de Derechos Humanos, Juliana Higuera denunció públicamente y ante las instancias judiciales oficiales, hechos de persecución y criminalización social por parte de la policía en el municipio de Paipa, Boyacá, así como, actos de acoso y violencia ejercidos por parte de servidores públicos en su contra. 

Los/as líderes/as detenidos/as son señalados/as de pertenecer al “Grupo Radical Organizado los Escuderos”; sin embargo, es la primera mención conocida sobre este grupo, lo que permite alertar sobre argumentaciones irregulares en los allanamientos y detenciones. 

SOLICITAMOS

 

Al Gobierno Nacional cesar la criminalización de quienes participan activamente en escenarios de protesta social y proteja el ejercicio de la oposición política y la garantía para la defensa de los Derechos Humanos. 

A la Fiscalía General de la Nación respetar todos los derechos procesales de las personas detenidas, así como la garantía para la asistencia y asesoría jurídica técnica. 

Al Ministerio Público verificar las condiciones físicas, emocionales y humanitarias en favor de la intervención por la protección de todos los derechos humanos de las personas detenidas. 

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que brinden seguimiento y acompañamiento a , las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales detenidas, con especial atención en la defensora de Derechos Humanos Juliana Higuera. 

SUSCRIBE

 

CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN – COSPACC

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – CSPP. 

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS – CDLAT

RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – REDCAA

COMITÉ CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE CAPÍTULO BOGOTÁ

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP

CORPORACIÓN COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS TIERRA DE TODOS

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH

HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ – CIJYP

COLECTIVO JAIME GARZÓN UNISALLE

FUNDACIÓN BAKIA DE DEFENSORES DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS 

REBELDÍA ESTUDIANTIL ORGANIZADA – REO

COLECTIVA RENACIENTES EN LLAMAS-REL 

ORQUÍDEAS VERDES – RED FEMINISTA ABORTERA

DERECHOS HUMANOS CENTRAL UNIDA DE TRABAJADORES CUT NACIONAL

PRE ICFES POPULAR LA CASA TOMADA, EL CODITO

OBSERVATORIO DE DDHH KLAUS ZAPATA 

CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

CAMPAÑA OBJETIVO LIBERTAD

JUVENTUD REBELDE COLOMBIA

FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – ACEU

CLUB DE LECTURA SOGAMOSO

COLECTIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL SANA

COLECTIVO ESTUDIANTIL JAU GATA

COLECTIVA DE GÉNERO FRANCIA MÁRQUEZ – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA UNAL 

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL ÁNGEL BARBOSA
COMITÉ ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

GRUPO DE ESTUDIOS 2.96 PEREIRA

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES – PST

COLECTIVA FEMINISTA ÁSHIRA

COLECTIVA DESBORDADAS UPN

ASOCIACIÓN RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – dhColombia

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

COLECTIVO FEMINISTA CHINAS BERRIONDAS

COMITÉ DE GÉNERO DE LA UPTC

MONTAÑERAS ENRUANADAS

URDIMBRE VIOLETA

ESQUEMA FEMINISTA DE DHHH – Bogotá 

JUVENTUD REBELDE BOLÍVAR

FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ATRÉUS 

COLECTIVO JUVENIL SOÑAR NO ES DELITO

COLECTIVO SERARTE

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS

COLECTIVO FUTBOLERO FEMENINO ESCARLATA

COLECTIVO SCOUT VAGABUNDAS VIOLETA

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ALFREDO CORREA DE ANDREIS

HIJOS E HIJAS DEL SOL – BOYACÁ

COLECTIVA DISIDENTE FEMINISTA CREDIPULA FORNICATA

COLECTIVO DE RESISTENCIA A25 – CRA25

PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD SAMANIEGO

COLECTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA LA CRECIENTE

CIUDAD EN MOVIMIENTO

RED NACIONAL DEL AGUA DE COLOMBIA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTER-ACCIÓN SOCIAL DEL SUR COLOMBIANO – CEIINSO

RED JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA – RJDHH

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL – COMISIONES MODEP

CORRIENTE SINDICAL IGNACIO TORRES GIRALDO

RED GUANEÑAS FEMINISTAS EN RESISTENCIA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES – FECODE – CE MARTHA ROCIO ALFONSO

PROCESO CAMPESINO Y POPULAR DE LA VEGA

ASOCIACIÓN ECOLECTIVA

COLECTIVA AGRARIA ABYA YALA

EQUIPO JURÍDICO DERECHOS HUMANOS DEL MACIZO

SUBCOMITÉ JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS – PASTO, NARIÑO

COORDINACIÓN NACIONAL DEL POLO JOVEN

COLECTIVO ALMA POPULAR

CORPORACIÓN COLECTIVO SOCIOJURÍDICO ORLANDO FALS BORDA-COLECTIVO OFB

COLECTIVO FEMINISTA ROSA VIOLETA

MOVIMIENTO JUVENIL 15 DE AGOSTO

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MAMBRU

COLECTIVO BARRIO ADENTRO – ATLÁNTICO

JUVENTUD DEMOCRÁTICA POPULAR – JUDEP

COLECTIVO LAZOS DE RESISTENCIA – UNIVERSIDAD DEL VALLE

CAMPAÑA VIDA

LISTA INDEPENDIENTE AHORA SOMOS MÁS BOYACÁ

FUNDACIÓN TEJIDO CUHUBA

PLATAFORMA DE JUVENTUDES DE DUITAMA

CENTRAL. UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT

FUNDACIÓN CASA DE LA MEMORIA SANTA MARTA (Homenaje a Maritza Quiroz)

COORDINADORA POPULAR DE EXPRESIONES SOCIALES DE BARRANQUILLA

EQUIPO ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR LA VERDAD

MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL DE MUJERES DEL ATLÁNTICO (MASM)

REBELHADAS ESCUELA DE ACTIVISMO

COLECTIVO CULTURAL TRONCO E TRUEQUE, BARRANQUILLA. 

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD – CJL

MOVIMIENTO EN RESISTENCIA CONTRA LAS AGRESIONES OCULARES DEL ESMAD – MOCAO

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA 

TIERRA BONITA PROYECTO SOCIAL Y ECOPEDAGOGICO

COMITÉ REGIONAL ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (CREDHUV)

CORPORACIÓN OCHO DE MARZO

RED JURIDICA FEMINISTA 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EXTERNADO

COLECTIVO ESTUDIANTIL EXTERNADISTAS POR LA PAZ 

COLECTIVO MALVINAS JOVEN.

Las Víctimas de la Violencia Policial somos Víctimas de Crímenes de Estado

Las Víctimas de la Violencia Policial somos Víctimas de Crímenes de Estado

Durante dos días, víctimas provenientes de Bogotá, Soacha, Neiva, Cali, Barranquilla, Anorí, Medellín, Cali, Popayán, Caldono, Pasto, San Lorenzo, Pereira, Villavicencio, Manizales, Bucaramanga, Galapa, Santa Marta, Cúcuta, Arauquita, Saravena, Yopal, Paz de Ariporo, Pitalito, Tunja, Paipa, Líbano, Ibagué, Cajamarca, Facatativá, Girardot, Madrid, Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Florencia, Puerto Asís y Mocoa, nos reunimos en la ciudad de Bogotá para trazar rutas de trabajo conjunto por la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición de asesinatos, lesiones oculares, tortura, violencias basadas en género, actos de violencia sexual, discriminación étnica y sexual, cometidas por agentes del Escuadrón Móvil Anidisturbios, ESMAD, la fuerza disponible y agentes de otras unidades de la Policía Nacional. 

Hoy por hoy, la violencia policial es una realidad de la cual ningún ciudadano ni ciudadana está exenta. Se expresa en las protestas, pero también contra jóvenes que hacen uso del espacio público, contra vendedoras y vendedoras ambulantes, contra las personas trabajadoras sexuales, contra comunidades que impulsan procesos de erradicación manual y concertada de cultivos de uso ilícito y en forma de abusos de autoridad contra vecinos y comunidades. La violencia policial que vivimos diariamente requiere de la más fuerte condena social y de reformas profundas a una institución que no protege a la ciudadanía y se convierte en su amenaza. Esta violencia no es producto del azar, no se trata de casos aislados; obedece a una política institucional en la cual  el Escuadrón Antidisturbios ESMAD es uno de sus principales exponentes. El ESMAD ha convertido la protesta social en escenario de represión violenta, persecución y mordaza para el descontento social. 

Además, la violencia policial es una violencia selectiva, en favor y defensa brutal de valores e intereses que solo favorecen a sectores privilegiados de la sociedad y que va en desmedro de quienes son más vulnerables o desventajados. Su relación con el crimen no pasa solo en su control, sino también en el favorecimiento y permisividad con organizaciones ilícitas de mayor calado. La Policía Nacional se ha convertido en un órgano hermético, que se autoreferencia en la autoridad y que escapa a todo control de organismos civiles del Estado, amplitud de poder inadecuada que ha conllevado a la posibilidad de la violencia, la humillación y el crimen sean sus formas predilectas para imponerse sobre la voluntad de los otros.

Somos sus víctimas, procesos organizativos, comunidades y pueblos que hemos alzado la voz contra estas violencias. Que reivindicamos nuestro derecho a usar el espacio público, a trabajar, a protestar y a exigir respeto y protección de las autoridades. Desde la creación del ESMAD, víctimas de la violencia policial y las organizaciones defensoras de derechos humanos emprendimos acciones contra la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la ciudadanía, logrando en el 2005 que los agentes de este cuerpo se identificaran debidamente y dejaran de encubrir sus crímenes con el anonimato y, en  2020, también logramos que la Corte Suprema de Justicia reconociera la sistematicidad de la violencia policial en entornos de protesta. También hemos logrado que muchos casos no sean investigados por la justicia militar, que la fuerza pública no se autoinvestigue y autoabsuelva. Hemos obtenido que órganos internacionales como la CIDH y ONU se mantengan vigilantes y que hayan recomendado la reforma a la institución policial.

En este Encuentro “Construyendo Memoria y Dignidad” acordamos fortalecernos organizativamente, tejer lazos de solidaridad y denuncia conjunta para que la sociedad colombiana comprenda que la violencia policial es un fenómeno sistemático, es decir, que puede obedecer a un plan o una doctrina instalada,  y que es contra un grupo determinado de personas, elegidas por razón de su sexo, raza, orientación política o condición social. La violencia policial debe ser investigada dentro de un contexto donde hay otros casos similares, donde hay políticas, prácticas e ideologías que la fomentan.

Así mismo acordamos que la obtención de la verdad, justicia y reparación  pasa por acciones colectivas que denuncien a nivel nacional e internacional  la impunidad que existe, esto a través de giras, jornadas de incidencia y denuncia con participación de las víctimas para exponer la impunidad estructural en las violaciones de ddhh cometidas por la policía. Esto se debe combinar con la identificación de patrones de violencia en cada tipo de vulneraciones para que desde allí, se construyan macrocasos que permitan logros jurídicos y se traduzcan en reformas a la justicia penal militar, creación de protocolos de medicina legal para atención de víctimas de violencia policial, prohibición de armas de fuego, menos letales y uso de otras conforme a los protocolos, que presionen una   reforma integral a la Policía Nacional.

Así mismo como víctimas y organizaciones de ddhh comprometidas con la transformación de los contextos y realidades que facilitaron la ocurrencia de la arbitrariedad y los abusos policiales, consideramos que se deben impulsar escenarios de encuentro que den continuidad a este encuentro nacional a través de una serie de encuentros regionales en el primer semestre del próximo año y nuevamente encontrarnos a nivel nacional a finales de 2022, con el fin de evaluar los avances y retos que aún quedan por lograr. Estos escenarios de articulación deben tener componentes de autocuidado, asistencia psicosocial y construcción de redes de apoyo que permitan a las  víctimas  crear espacios de superación y resignificación de los hechos violentos.

Queremos avanzar en la exigencia de investigaciones serias, prontas y completas que permitan la identificación de los responsables, civiles y policiales, de hasta el más alto nivel, por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Policía Nacional. Queremos no repetición, exigimos  la transformación profunda de la Policía Nacional para que nadie más tenga que vivir la pérdida de un ser querido, de una parte de su cuerpo, de un proyecto de vida, a manos de quien está en la obligación de proteger sus derechos. ¡Queremos una fuerza pública para la Paz!

A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen  que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

A dos años del 21N, víctimas de violencia policial exigen que Colombia y el mundo sepan quién dio la orden

Bogotá DC, 18 de noviembre de 2021 

Con la intención de promover el debate de una Fuerza Pública para la Paz y construir rutas de exigibilidad integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas de violencia policial, víctimas y diversos procesos organizativos realizan este 19 y 20 de noviembre el Encuentro Nacional contra la Violencia Policial: construyendo memoria y dignidad.

Las plataformas y organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos documentado durante décadas el trato violento y hostil que la Policía Nacional ha dado a las personas en el ejercicio de sus funciones de control y gestión del espacio público,  vigilancia y labores de seguridad, así como la intervención sistemáticamente violenta contra aquellas que ejercen su derecho constitucional a la protesta social pacífica.

La arbitrariedad de la Policía Nacional se ha visto incrementada desde 2016 con la entrada en vigencia del Código de Policía, el cual le entregó amplios poderes para regular, intervenir y sancionar gran parte de las libertades ciudadanas.  Así, sólo entre 2017 y 2019 fueron capturados 1.733 Policías por la comisión de diferentes delitos. Estas dinámicas violentas contra la ciudadanía se incrementaron en la pandemia, ya que el Gobierno nacional y gobiernos locales le entregaron la gestión del espacio público a los funcionarios de policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, lo que trajo graves violaciones de derechos humanos, tal como lo evidenció el caso de Javier Ordoñez. Solo en 2020 durante la pandemia se registraron 86 homicidios atribuidos a la Policía Nacional.  Esta actuación violenta de la policía también se vive en zonas rurales, entre marzo y junio de 2020 fueron asesinados 6 campesinos y heridos otros 13 en operativos de erradicación forzada. 

Este accionar violento ha dejado múltiples víctimas en sectores sociales que han sido históricamente excluidos como lo son las grandes capas de colombianos y colombianas empobrecidos, las y los jóvenes, los pueblos  indígenas en movilización, comunidades campesinas, afrocolombianas, vendedores y vendedoras informales, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, entre muchas otras.  Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021).    

Durante las jornadas de movilización y protesta, ha sido característica la estigmatización de funcionarios y funcionarias públicos, que antecede a la represión policial violenta por cuanto es interpretada como una orden de limitar la movilización social por medio de un uso excesivo  y desproporcionado de la fuerza.  Movimientos sociales y procesos organizativos también han sido víctimas de hostigamientos, allanamientos y detenciones bajo criterios ilegales y arbitrarios, en donde muchas veces se violan las garantías procesales de las y los ciudadanos. 

Solo en el marco del estallido social desde abril hasta julio del 2021 desde la Campaña “Defender la libertad asunto de todas”, se registraron 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron en aumento, 833 mujeres fueron víctimas de violencias policiales y 3.365 personas fueron detenidas, en su mayoría por procedimientos arbitrarios. 

En Colombia cotidianamente la Policía Nacional lleva a cabo una sistemática persecución y abuso en el espacio público contra personas trabajadoras sexuales, vendedoras y vendedores ambulantes, población juvenil principalmente de los barrios empobrecidos, población consumidora de sustancias psicoactivas, personas habitantes de y en calle y población migrante, entre muchas más. Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021); y una permanente agresión contra los venteros informales que están en las principales calles de Colombia, buscando obtener ingresos.

Frente a estas realidades, organizaciones y víctimas convocantes exigimos que se dé cumplimiento a las recomendaciones de órganos internacionales para dotar de garantías a la protesta y se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y judiciales que permitan establecer las responsabilidades hasta el más alto nivel de esta violencia sistemática y generalizada ejercida por los cuerpos policiales y se adopten las sanciones pertinentes. Frente al abuso policial necesitamos saber quién dio la orden. 

Insistiremos en la importancia de una reforma integral a la Policía Nacional como garantía de no repetición. Para ello, buscaremos impulsar de manera conjunta el diseño de políticas públicas y reformas legales sobre seguridad ciudadana y construcción de paz y garantías para los derechos humanos.  

Construyamos memoria y dignidad a favor de las víctimas de violencia policial.

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia.  Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos. 

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteramos la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

¡Ganamos el Premio Nacional de DDHH en Colombia!

¡Ganamos el Premio Nacional de DDHH en Colombia!

Nosotras las organizaciones integrantes de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, agradecemos y celebramos la obtención del  Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, en la categoría de “colectivo u ONG acompañante” organizado por  la  Embajada de Suecia, Diakonia y ACT Alianza,  a quienes expresamos nuestra gratitud por su labor de exaltación y reconocimiento de la labor de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia.  

El premio nacional de derechos humanos es un reconocimiento que nos impulsa a continuar con nuestro trabajo de casi una década en procura de la protección y garantías de respeto a la vida, la libertad e integridad física de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen derechos humanos en contextos de movilización social.

La labor reconocida con este premio es fruto de un trabajo colectivo, en el que han concurrido 63 organizaciones de Derechos Humanos, sociales, comunitarias, feministas, ambientales, juveniles y personas voluntarias que se han dispuesto a integrar comisiones de Verificación de los derechos humanos, visitar centros de detención, sistematizar  hechos de  agresiones a manifestantes, desarrollar el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social – SIAP, defender jurídicamente a personas privadas de la libertad y brindar acompañamiento psicosocial e interlocutor con autoridades y organismos internacionales de derechos humanos.

Este reconocimiento tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de las organizaciones internacionales de cooperación y solidaridad que durante todos estos años nos han brindado su respaldo:  Misereor, la Ciudad de Ginebra,  el Cantón de Ginebra, la ciudad de Meyrin, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo,  Diakonia, El Ayuntamiento de Oviedo, la Fundación Heinrich Böll, la Asociación Turpial, Pueblo y Dignidad,  Civicus, HIP y  Brigadas Internacionales de Paz.

Por último queremos dedicar este premio, a todas las víctimas de crímenes de Estado, de la violencia policial e institucional, a  las lideresas y líderes sociales, a  las personas privadas de la libertad de manera arbitraria e injusta.  Gracias por permitirnos estar allí y depositar su confianza en nosotras. 

Este reconocimiento hace más fuerte nuestro compromiso con la defensa de la vida  y la dignidad, la  lucha contra el abuso de poder y la búsqueda de verdad,  justicia, reparación y garantías no repetición de las agresiones a la movilización social, porque DEFENDER LA LIBERTAD ES UN ASUNTO DE TODAS Y TODOS.