Informe Final Misión SOS Colombia

Informe Final Misión SOS Colombia

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (en adelante la “Misión”), se dio cita entre el 3 y 12 de julio de 2021, con 41 comisionados y comisionadas de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz1. La Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.

La Misión atendió el llamado urgente realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), la Fundación Forjando Futuros (FFF), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijyp), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y las plataformas de derechos humanos: Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), debido al contexto de riesgo y agresiones que se presenta desde el 28 de abril del 2021.

Durante los ocho días de la visita, la Misión:

  1. Sostuvo reuniones con las organizaciones convocantes, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica;
  2. Llevó a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Misión de Verificación;
  3. Visitó once regiones del país: Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca, donde se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, con víctimas de la Fuerza Pública así como con grupos de civiles y paramilitares; y 4) se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional (en algunos territorios).

En su visita a los territorios, la Misión recibió información sobre la situación de Derechos Humanos de más 70 organizaciones locales y regionales (comités de paro, grupos estudiantiles, colectivas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros), y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión, manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes de puntos de resistencia que estaban desaparecidos. La Misión tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de las víctimas, siendo testigos directos de sus procesos de búsqueda.

Preocupa el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal había establecido hacía varios días antes su identidad. Además, mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.

Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales.

Conoce el informe completo aquí.

The Colombian State is responsible for aggressions against Human Rights Defenders during the National Strike 2021

The Colombian State is responsible for aggressions against Human Rights Defenders during the National Strike 2021

The Campaign Defending Freedom: Everyone’s Business – CDLAT, presents the report “The risk of defending freedom in the streets”, which reports on attacks on human rights defenders during the National Strike, which began on April 28th in Colombia.

The work carried out by the Civil Society Verification and Intervention Commissions -CVI, through dialogue with the authorities and the collection of information on police violence and abuse, arbitrary detentions, personal injuries and other aggressions in the context of social protest, has made it possible to register cases, make public complaints, provide legal assistance and strategic litigation and advocacy actions with the aim of demanding the guarantee of the satisfactory exercise of social protest and other human rights in the context of social protest.

In this sense, the CVIs are tools used by civil society for the promotion and protection of human rights in different types of mobilization, involving accompaniment and monitoring of guarantees that the authorities must provide for the exercising of the right to social protest. Both CDLAT and the human rights defenders who are members of the Campaign and/or different CVIs have positioned themselves as a national and territorial reference points for the exercising of the defense of human rights in this framework.

In accordance with the above, and with the objective of observing targeted and intentional violence perpetrated by the security forces against human rights defenders in the context of social protest, the report “The risk of defending freedom in the streets” will initially present a general context of the aggressions suffered by human rights defenders at the national level, followed by a specific analysis of what happens in some regions and areas. The report will share cases of targeted actions by the security forces against certain individuals, highlighting the risks faced by human rights defenders in social protest scenarios.

Second, the main human rights violations against human rights defenders in Colombia in the framework of the National Strike that began on April 28, 2021 will be presented in a preliminary and concise manner. These include:

  • Homicides
  • Personal injuries
  • Gender-based violence (GBV)
  • Stigmatization
  • Judicialization and arbitrary detentions.

Some representative cases of these aggressions in different territories of Colombia are reviewed in this section. These violations have occurred in cities including Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander and Villavicencio – Meta. The responsibility of different actors in the aggressions recorded is indicated. In all of these categories the primary actor perpetrating these acts is the Colombian State.

Finally, we will share some brief conclusions related to the different sections of this report, as well as a series of requests aimed at facilitating the work of international human rights law bodies and urging the Colombian State – once again – to respect the work of human rights defenders. This report has a public and a private version that was sent to the Special Rapporteur for Women Human Rights Defenders of the United Nations, as well as to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); within the confidential information there are two annexes detailing the seriousness of the aggressions that we, women human rights defenders, have suffered during this National Strike 2021.

Read the full report here.

Exigimos que el Gobierno Nacional acate recomendaciones de la CIDH

Exigimos que el Gobierno Nacional acate recomendaciones de la CIDH

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.

Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).

Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.

La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.

Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.

Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego  de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .

Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.

Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.

Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar  que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.

Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.

Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

Conoce aquí el informe completo.

[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/

[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/

El Estado Colombiano es responsable de agresiones a defensoras de derechos humanos durante el paro nacional del 2021

El Estado Colombiano es responsable de agresiones a defensoras de derechos humanos durante el paro nacional del 2021

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT, presenta el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles, el cual da cuenta de agresiones a personas defensoras de derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril en Colombia.

El trabajo realizado mediante las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil –CVI, por medio de la interlocución con las autoridades y recolección de información acerca de la violencia y el abuso policial, detenciones arbitrarias, lesiones personales y otras agresiones en el contexto de la protesta social, han permitido registrar casos, realizar denuncias públicas, atención jurídica y acciones de litigio estratégico e incidencia con el objetivo de exigir la garantía del ejercicio satisfactorio de la protesta social y de los demás derechos humanos en el marco de la protesta social.

En ese sentido, las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, desde una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Debido a esto, tanto la CDLAT, como las personas defensoras de derechos humanos que pertenecen a ella o a diferentes CVI, se han posicionado como un referente a nivel nacional y territorial para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en dicho marco.

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles” expone , en primer lugar, un contexto general de las agresiones que han sufrido las personas defensoras a nivel nacional, en conjunto con un análisis concreto de lo que ocurre en algunas regiones y ámbitos locales, resaltando algunas cifras que evidencian dicha actuación dirigida y que por ende, revelan los riesgos que tienen las personas defensoras en los escenarios de protesta social.

En segundo lugar, se exponen de manera preliminar y sucinta las principales violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició del 28 de abril de 2021, tales como:

  • Homicidios.
  • Lesiones personales.
  • Violencias Basadas en Género (VBG).
  • Estigmatización.
  • Judicializaciones y detenciones arbitrarias.

Para ello se reseñan algunos casos representativos de las agresiones anteriormente enunciadas en distintos territorios de Colombia como Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander y Villavicencio – Meta. Señalando la responsabilidad de distintos actores en las agresiones registradas, la cual en todas las categorías registradas la encabeza el Estado colombiano.

En tercer y último lugar, se realizan unas breves conclusiones relacionadas con los diferentes apartados de este informe, así como una serie de peticiones y exigencias dirigidas a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para que puedan desarrollar su labor e instar al Estado colombiano -una vez más- a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Este informe tiene una versión pública y una privada que fue remitida a la Relatoría Especial para las Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; dentro de la información reservada se encuentran sendos anexos que detallas la gravedad de las agresiones que hemos sufrido las defensoras de derechos humanos en este Paro Nacional 2021.

Conoce aquí el informe completo.

Organizaciones de la sociedad civil entregan informe a la CIDH sobre violencias sexuales y violencias basadas en género en el en el contexto del Paro Nacional

Organizaciones de la sociedad civil entregan informe a la CIDH sobre violencias sexuales y violencias basadas en género en el en el contexto del Paro Nacional

El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.

Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.

En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.

La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.

Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:

  1. Violencia sexual
  2. Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
  3. Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones

Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.

Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:

  1. Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
  2. Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
  • Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
  1. Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
  2. Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.

Descarga aquí el informe completo.

Boletín informativo 13: #ParoNacional

Boletín informativo 13: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de veintiún (21) días de jornadas de protesta social en su mayoría pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo (13:40 pm) en el territorio nacional:

  • 51 homicidios[1] cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica. 8 de esas personas fallecidas están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas. Adicionalmente una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública.
  • 611 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 37 sufrieron lesiones oculares. 64 fueron heridas por arma de fuego.
  • 89 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2].
  • 1502 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 900 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.

Manifestamos nuestra preocupación ante el accionar violento, desproporcionado y arbitrario de la Policía Nacional y el ESMAD en los municipios de Buga y Yumbo, Valle del Cauca durante los últimos días, en los cuales agredieron a la población lanzando gases en zonas residenciales, incluso al interior de las viviendas, golpeando a las personas, incluyendo a las que no estaban en las protestas, usando de armas de fuego contra población civil indefensa. Estas actuaciones van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica, las cuales provocaron el día de ayer, lunes 17 de mayo, el homicidio de tres personas por impacto de arma de fuego y al menos personas  24 heridas en Yumbo.

Consideramos alarmante la situación de vulneraciones a los derechos humanos en Cartago, Valle del Cauca, donde el ESMAD y la fuerza pública han utilizado ácido contra las manifestantes[5] provocándoles graves quemaduras en sus cuerpos, lo cual va en contra de las normas y protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de armas químicas.

Rechazamos las agresiones ejercidas por la fuerza pública en el municipio de Caldas, Antioquia, donde se han registrado tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas, el corte subrepticio del servicio eléctrico y el bloqueo de la señal de internet, mientras intervienen en las protestas sociales pacíficas, así como el disparo de armas de “baja letalidad” directamente a la humanidad de las manifestantes[6].

Las declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque Márquez, en las que ordena el despliegue de las máximas capacidades de la fuerza pública para desbloquear vías, insistiendo en el discurso que promueve la estigmatización de la población protestante, a la que se ha referido como “criminales”[7], son alarmantes, incongruentes con la realidad actual del país, violentas y desconcertantes, puesto que vulneran y amenazan  derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, libertad de reunión y a la protesta pacífica, libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de asuntos públicos. Aclaramos que NO es un delito la obstaculización de vías públicas por medios lícitos, y que dicha práctica hace parte del repertorio de acción en la protesta social.

Rechazamos la violencia contra el movimiento de mujeres y defensoras de derechos humanos que se encontraban manifestándose pacíficamente en la Plaza de Bolívar en Tunja, Boyacá durante el fin de semana, por parte de la Policía y ESMAD. Algunas fueron golpeadas, hostigadas y detenidas injustificadamente, incluyendo a defensoras de derechos humanos debidamente identificadas. También se llevaron a cabo violencias basadas en género con comentarios obscenos y amenazas aludiendo a agresiones sexuales que realizarían en contra de su humanidad.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.

 

[1] Desde el último boletín se suman los asesinatos de tres personas por impacto de bala, presuntamente a manos de la fuerza pública en Yumbo, Valle. Se corrobora que uno de los registros de personas no identificadas del 5 de mayo, corresponde a una agresión del 28 de abril.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 689 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 186 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 71 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 23 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 68 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[5] Ver: https://twitter.com/LatenteCartago/status/1394433885841285120?s=08

[6] Ver: https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1394498474310348801?s=19

[7] Ver: https://twitter.com/IvanDuque/status/1394460727994368000?s=20