Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, el COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO,  el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS y la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica, libertades civiles y políticas, el enfoque diferencial étnico de Pueblos Indígenas, la autonomía y autodeterminación de la Minga Indígena, que en la ciudad de Cali, Valle del Cauca se encuentra ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.

  1. HECHOS

El 10 de mayo de 2021 recibimos información sobre una cuenta de Twitter denominada Brigada anticomunista, desde la cual se comparte información que estigmatiza a la Minga Indígena señalandola de tener vínculos con grupos armados ilegales, en donde se encuentran publicaciones como “Minga es FARC” y se hace un llamado a los habitantes de Cali para que envién la ubicación exacta de las manifestantes y a hacer uso de las armas para atacarlas. Incluso alertan a las personas que circulan por el sur de la ciudad para que no salgan de sus casas porque pueden confundirlos con “vándalos”.  En uno de los trinos se les advierte que “ya saben como deben ir vestidos para poderlos identificar”.

Estos hechos, se suman a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las manifestantes de la ciudad de Cali que han participado de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional realizado de manera continuada desde el día 28 de abril del 2021, los cuales comprometen el uso indiscriminado, abusivo y violento de la fuerza por parte de agentes estatales que integran la fuerza pública, así como por parte de particulares. Todas estas han sido denunciadas en diferentes alertas tempranas, denuncias públicas y comunicados emitidos ante organismos de control, entidades públicas, organismos internacionales de derechos humanos y opinión pública en general[1].

  1. EXIGIMOS
  • El rechazo por parte de las diferentes autoridades estatales sobre los discursos de odio que estigmatizan a la Minga Indígena y promueven el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza en su contra.
  • En este sentido, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a quienes se encuentran detrás de la promulgación y difusión de estos discursos que ponen en riesgo la vida, integridad física y psicológica de las integrantes de la Minga Indígena y se observe su relación con los hechos acontecidos el 9 de mayo de 2021 en los que resultaron heridas 10 personas del Pueblo Nasa articulado a la Minga Indígena. Estas investigaciones deberán incorporar un enfoque étnico, esclareciendo la posible participación de agentes estatales en estos hechos.
  • Se adopten medidas para solicitar la suspensión y bloqueo de cuentas de Twitter u otra red social que promuevan discursos de odio que incitan a ejercer actos que constituyen violaciones a los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre ejerciendo sus derechos a la protesta social, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación en el marco del Paro Nacional.
  • El acompañamiento efectivo de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, así como de las correspondientes Secretarías de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca y su presencia en terreno.
  • Garantías para que las misión de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos.
  • Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley . Naciones Unidas. 1990

El Estado Social de Derecho está llamado a amparar el derecho a la protesta social, a la libertad de reunión o asociación y a la libertad de expresión. Por ello, permitir la elaboración y difusión de discursos de odio que estigmatizan a la Minga Indígena y promueven la violencia en su contra, es contrario a los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos los cuales prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio que constituyan incitaciones a la violencia sin distinción de motivos.  Los discursos de odio son en sí mismos una amenaza para la vida e integridad física y psicológica de las personas hacia las que va dirigido, sumado a que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional debido a la discriminación histórica que ha recaído sobre sus colectivades. Por esta razón, hacemos un llamado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos de la Minga Indígena.

 

[1] Ver por ejemplo: Campaña Defender la Libertad. Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal en Colombia.4 de mayo de 2021.