4 de mayo de 2022. El día 27 de abril del 2022 fueron capturadas ocho personas señaladas de pertenecer a la primera línea en Neiva. Estas capturas se dieron por órdenes de la Fiscalía (Seccional 6 de Neiva) en las cuales se imputaron cargos relacionados a eventos sucedidos en el marco del Paro Nacional en Neiva durante mayo y junio del 2021: la fiscalía señaló a la primera línea como un Grupo Delincuencial Organizado, y formuló cargos a los capturados por concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, incendio, obstrucción de vías, entre otros.
El pasado viernes 29 de abril, la Fiscalía inició la presentación de su solicitud de imposición de medida de aseguramiento ante la Juez 03 Penal Municipal de Garantías, la petición principal fue sitio de reclusión y la petición secundaria fue detención domiciliaria.
En la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, la defensa en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, organizaciones integrantes de la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, paz y territorio -OBSURDH-, denunciaron hostigamientos e intimidaciones la noche del viernes 29 de abril a los capturados por parte de presuntos integrantes de la Fiscalía para que aceptaran los cargos en su contra. Luego de que los jóvenes no aceptaron los cargos, el 02 de mayo de 2022 la Fiscalía retiró la petición de detención domiciliaria.
El día de hoy, familiares de los detenidos nos informan que los capturados fueron víctimas de intento de agresión al interior del CAI BOGOTÁ; en el cuál, además, luego de las 5 de la tarde, las luces del lugar de reclusión son apagadas durante la noche y afirman que ingresan personas desconocidas pronunciando amenazas.
Aun cuando la Policía Nacional de Colombia tiene el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas capturadas bajo su custodia, evitando a toda costa agresiones u otras acciones que atenten contra su integridad personal y la vida misma, uniformados en inmediaciones del CAI nos informan que no van a garantizar la seguridad de las personas que se encuentran detenidas por protestar en Neiva.
Solicitamos de manera urgente que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Neiva puedan realizar una visita de verificación de derechos humanos en el CAI BOGOTÁ, sitio donde residen los jóvenes capturados, que permita asegurar su integridad y sus derechos en el marco del debido proceso.
El día 11 de julio del presente año, siendo las 7:24PM el líder comunitario y comunicador social Daniel Guillermo Pedraza Arias integrante activo de la Asamblea Popular de Engativá (APE) recibió junto con su familia una amenaza por medio del teléfono celular de su mamá en el cual se manifestaba lo siguiente:
“Señores Pedraza Arias saquen a su hijo de lo que anda porque ya está pintando él cree que por estar grabando y gritando y fumando con sus amig@s marihuaneros va a arreglar el país. Sabemos que hace, sabemos donde vive y con quien vive que hace el hermano la cuñada y hasta donde trabaja a que horas sale y hasta con quien sale del trabajo lo sabemos todo, donde se la pasa y que a hecho todos estos meses después del trabajo. Por el bien de el y de todos ustedes haga que se retire de las asambleas y de todo eso!!!”
Posteriormente el 12 de julio sobre las 8.00PM, Daniel se dirigió a una tienda cercana a su lugar de vivienda y se percató del seguimiento continuo de una moto con dos sujetos, allí se le manifestó que hombres no identificados o reconocidos en la comunidad habían indagado por él.
Estos hechos se enmarcan en un contexto desbordado de exacerbación de la violencia a nivel nacional y de la continuada persecución a los liderazgos comunitarios que han participado activamente de las diversas actividades de carácter público en el marco del paro nacional del 2021. Así mismo, tal como se ha señalado por la Alerta Temprana No. 010 del 31 de mayo de 2021 en Bogotá se han establecido escenarios de riesgo continuados expandiendo sus dinámicas hacia nuevos territorios, entre ellos diversos barrios de la localidad de Engativá.
Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie en contra de las amenazas y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, comunitarios que ponen en riesgo la vida e integridad de jóvenes, entre ellos Daniel Pedraza y su núcleo familiar. A la Fiscalía General de la Nación, le exigimos una investigación eficaz sobre las amenazas en contra del líder y periodista Daniel Guillermo PedrazaArias. A la Defensoría Regional del Pueblo de Bogotá que ponga en marcha de carácter urgente planes de acción en materia de prevención y atención de posibles vulneraciones a los derechos humanos hacia Daniel Pedraza y su familia.
El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.
Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.
En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.
La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:
Violencia sexual
Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones
Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.
Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:
Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.
La campaña defender la libertad un asunto de todas, Atlántico, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, y CIDH, los siguientes hechos:
ANTECEDENTES.
Desde el 28 de Abril hasta el 31 de mayo de 2021, se han presentado en el departamento, diversas vulneraciones de derechos humanos en el marco de la protesta social arrojando los siguientes datos:304 personas conducidas a UCJ, 29 personas trasladadas a URI, 155 con afecciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos, 47 personas víctimas de contusiones y cortadas, 23 personas trasladadas a centros asistenciales debido a las actuaciones de la fuerza policial en las intervenciones, 7 Traslados por procedimientos Policivos, 5 menores trasladados a Centros de Servicios judiciales para adolescentes, 9 agresiones a defensores por parte del ESMAD y policía Nacional, 6 agresiones a brigada de salud por parte del ESMAD y Policía Nacional, 5 agresiones sexuales, 1 agresión a miembros de la prensa.
HECHOS
El 6 de junio de 2021 realizan allanamiento en el municipio de Soledad, en casa de jóvenes que participaban en las diversas movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021 por el #ParoNacional; en el procedimiento nunca dejaron acta. ni manifestaron el radicado bajo que se argumenta dicho proceso, dando solo información de pertenecer a la SIJIN, sin presentar identificación alguna.
El 7 de junio de 2021, siguieron con los allanamientos en los municipios de Malambo y Barranquilla bajo la misma movilidad, pero con el agravante que no dejaron grabar el procedimiento ya que al iniciarlo revisaron los celulares y despojaron de ellos a las personas al interior de las viviendas allanadas.
Durante el procedimiento la Policía impidió que las personas se comunicaran con un abogado.
En ninguno de los allanamientos dejaron acta de procedimiento, numero radicado del proceso, así mismo estos allanamientos se realizaron sin acompañamiento de fiscal y en todo momento se intimido a las personas que se encontraban en las viviendas.
Es preocupante la situación ya que estos allanamientos se presentan de manera intimidatoria debido al llamado de diversas organizaciones activas en el paro en el marco de la realización del juego de eliminatorias donde jugara la selección de Colombia Vs Argentina.
Por los anteriores hechos.
RECHAZAMOS los procedimientos realizados por miembros de la SIJIN y Policía nacional ya que no respetaron el debido proceso de los moradores de las viviendas ni de los imputados, violando así todo procedimiento legal. Este tipo de procedimientos deben estar suficientemente argumentados, bajo órdenes judiciales. Deben realizarse de acuerdo con las garantías de ley.
Como organizaciones de Derechos Humanos responsabilizamos al estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO, la Gobernadora del Atlántico ELSA NOGUERA, al Alcalde de Malambo Rumenigge Monsalve; al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Diego Rosero Giraldo, por lo hechos narrados en esta denuncia pública, ya que violan el debido proceso, atentan contra la dignidad de las persona involucradas en el proceso y se muestra como una criminalización a la protesta social en el departamento.
La realización de estos procedimientos investigativos y judiciales irregulares sólo redundan en el agravamiento de un contexto adverso para la labor de defensa de los derechos humanos, al deslegitimar el ejercicio de la protesta social y colocar a la ciudadanía en contra del ejercicio de derechos por medio de acciones institucionales que mandan un mensaje coercitivo. En efecto, insinuar o considerar públicamente que quienes participan de la movilización son terroristas, pertenecientes a un grupo armado o que han cometido conductas delictivas genera rechazo social e incluso provoca el hostigamiento al desarrollo de sus labores, en detrimento del papel central que la protesta juega en términos de participación democrática.
Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen de manera preferente e imparcial las conductas que evidencian un uso arbitrario del poder por parte de los miembros del ejecutivo y la policía. De igual forma, instamos a las autoridades judiciales a actuar conforme a las garantías procesales dispuestas legalmente.
Finalmente, alertamos a la comunidad nacional e internacional del riesgo al que han sido expuestas las personas que han padecido de allanamientos injustificados y/o arbitrarios.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta y seís (36) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 02 de junio (11:40 am) en el territorio nacional:
76 homicidios[1], de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y a ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
151 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas.
491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 337 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 41 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2], 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual). Como Campaña tenemos registro de 29 casos de VBG en el marco de la protesta social que incluyen acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas de violación y hostigamientos; y 5 agresiones sexuales adicionales.
2.395 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales[4]. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89[5] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.
Vemos con preocupación que del universo de agresiones que hemos registrado en nuestras bases de datos, la gran mayoría corresponde a agresiones que han sufrido personas jóvenes[6]; quienes han sido asesinadas, heridas, mutiladas, detenidas, allanadas, victimizadas en razón de su género, sufriendo VBG. Además de ello, el gobierno nacional y medios de comunicación tradicionales, han realizado afirmaciones estigmatizantes en las que las manifestantes y las jóvenes son tildadas como “terroristas”[7] y/o “vándalas”, con generalizaciones absurdas y peligrosas, haciendo alusión a su supuesta pertenencia a grupos guerrilleros, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, consolidando con ello, su discurso de odio y su política de caracterizar un enemigo interno que les permita criminalizar a toda persona que ejerza la protesta social en el país, excluyendo y atacando de manera más marcada al mencionado sector poblacional.
Hacemos un llamado urgente y contundente a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el departamento de Valle del Cauca. No se han dado explicaciones satisfactorias sobre: las denuncias de 13 personas asesinadas[8] aparentemente en medio de las protestas, las denuncias sobre torturas en un almacén[9], y el incendio en el cual se denuncia la existencia de personas calcinadas[10]. La situación en esos territorios es crítica, ya que hemos recibido múltiples y constantes registros de personas asesinadas, heridas y torturadas, así como denuncias sobre abuso policial; por lo cual, exigimos que estos hechos sean esclarecidos en su totalidad, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.
Es preocupante la situación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas vividas en la ciudad de Bogotá. Particularmente en el Espacio Humanitario ‘Al calor de la olla’ en el Portal de la Resistencia (antes Américas), se han vivido sistemáticas y múltiples intervenciones que producen agresiones desmedidas e injustificadas en contra de manifestantes, brigadas de salud de primeros auxilios de la sociedad civil, conjuntos residenciales, casas y barrios populares que rodean este punto de la ciudad. Asimismo, se ha evidenciado que la actitud y acción violenta, provocadora y agresora por parte de la Policía se ha presentado en otros puntos de la ciudad, como en las localidades de Usme, Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón, las cuales han dejado decenas de manifestantes heridas, golpeadas y mutiladas. La sistematicidad de estas agresiones es evidente en diferentes puntos de Bogotá, lo cual nos preocupa como organizaciones defensoras de derechos humanos, toda vez que representa una violación constante de derechos fundamentales, protocolos y normas nacionales y del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable y vigente en el país, pero irrespetado por la fuerza pública y el gobierno nacional.
Las agresiones por parte de la fuerza pública, también se han presentado hacia defensoras de DDHH y han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales, que se han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas en el marco de intervenciones injustificadas y desproporcionadas por parte del ESMAD. Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en todo el país por parte de organizaciones de la sociedad civil, exigimos justicia, verdad y reparación integral por el homicidio de una persona defensora de derechos humanos, integrante del Pueblo Indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle[11], así como por todas las defensoras violentadas en el marco del Paro Nacional. Reiteramos que ser defensoras de derechos humanos no es un delito, es una labor urgente y necesaria en el contexto actual de Colombia.
Durante el transcurso del Paro Nacional se ha solicitado la presencia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en las movilizaciones, así como en los lugares de detención transitoria y de judicialización de personas en el marco de jornadas de protesta social, sin embargo, es absolutamente cuestionable su papel en el marco de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, toda vez que no hemos evidenciado un papel activo y que permita acompañar a la ciudadanía. Nos preocupa que las cifras de vulneraciones de derechos de personas en el marco de las protestas sociales, que tienen registradas entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, no son uniformes, no concuerdan y presentan diversos balances que son disímiles y confusos, lo cual es grave para la exigencia de búsqueda de justicia, verdad completa, reparación integral de víctimas en casos tan graves; como los de desaparición forzada, los de violencia sexual, los de homicidios o los de lesiones oculares y mutilaciones.
Compartimos las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cuanto a los homicidios presentados en el marco del Paro Nacional[12], y manifestamos nuestra abierta y total disposición de diálogo con dicho organismo, para informar, visibilizar y analizar el contexto, sistematicidad, documentación y patrones de agresiones que hemos evidenciado en estas jornadas de movilización de Colombia.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1] Desde el último boletín se suman 16 personas asesinadas en Valle del Cauca y 1 en Putumayo.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1028 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 375 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 55 en Tolima, 170 en Atlántico, 107 en Santander, 218 en Cundinamarca, 100 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 45 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, alerta de manera temprana, preventiva y urgente posibles vulneraciones en el marco del Paro Nacional hoy 28 de mayo de 2021 en municipios de Cundinamarca, principalmente Facatativá y Madrid debido a los siguientes:
HECHOS:
PRIMERO: Desde el 27 de mayo de 2021 en horas de la noche el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) hace presencia en Madrid (Cundinamarca), hoy, desde tempranas horas continúa en los espacios de movilización y reunión de las y los manifestantes en el municipio de Madrid (Cundinamarca), incumpliendo la distancia prudencial, y causando con su presencia intimidación a los ciudadanos.
SEGUNDO: Alrededor de las 7:45 am el ESMAD a la altura de la Glorieta (Variante Madrid) interviene de forma violenta y desproporcionada contra los manifestantes que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta, tras la intervención, la movilización fue replegada.
TERCERO: Esta intervención avanzó hacía en el barrio El Sosiego, causando afectaciones generalizadas incluyendo a residentes del sector que no se encontraban en las protestas, se reportan afectaciones por gases lacrimógenos en zonas residenciales donde habitan menores de edad y adultos mayores. Así mismo, agresiones y uso desproporcionado por parte de la Fuerza Pública a las personas que se encuentran reunidas, se reporta una persona herida por disparo a corta distancia al cuerpo, y lesiones causadas por gases tras la intervención de la fuerza pública.
EXIGENCIAS
EXIGIMOS al Estado Colombiano en cabeza de Iván Duque, y las autoridades gubernamentales de Cundinamarca el gobernador Nicolás García Bustos y los alcaldes Jorge Andrés Tovar (Madrid) y Guillermo Aldana (Facatativá), a la Fuerza Pública el respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el respeto por el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que ha ejercido la población de los municipios de Facatativá y Madrid.
SOLICITAMOS al Ministerio Público que realice presencia y pueda verificar en terreno la situación de Derechos Humanos en el barrio El Sosiego – Madrid, y que promueva la garantía del derecho a la reunión, asociación y el respeto por la vida y la integridad física y mental de las y los manifestantes.
A la Defensoría del Pueblo activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la integridad de las y los manifestantes y organizaciones sociales durante el proceso del Paro Nacional.
