Boletín informativo #9: Paro Nacional

Boletín informativo #9: Paro Nacional

Balance de situación de agresiones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional

Foto: El Nuevo Siglo

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, abuso policial y criminalización de la protesta social en Colombia. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, ha realizado acompañamiento in situ a la movilización social que se ha presentado en el país, documentado casos y sistematizando la información.

A continuación, se presenta un balance general de la situación que hasta el momento se ha evidenciado en el país. Para ello, es preciso tener en cuenta que el Paro Nacional convocado desde el pasado 21 de noviembre de 2019 ha sufrido una antesala de agresiones, estigmatizaciones y señalamientos que ha afectado el goce efectivo del derecho de reunión y asociación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.

Antecedentes del Paro Nacional: Allanamientos y militarización

El 15 de noviembre, seis días antes de que iniciara la jornada de Paro, el Gobierno Nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército Nacional en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Nueve contingentes de la Brigada XIII fueron desplegados en Bogotá. Más de 350 soldados[1] intervinieron en monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en la ciudad. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la participación de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información conocida a través de las autoridades.

Es importante recordar que las Fuerzas Militares no deberían intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo casos excepcionales.

De otra parte, el día 19 de noviembre desde las 6:00am, se llevaron a cabo –de acuerdo a la confirmación de las autoridades- 37 allanamientos[2] a casas y sedes de trabajo de medios de comunicación en todo el país. De estos, hasta la fecha, 21 se han declarado ilegales en el posterior control judicial que se hace de los mismos, debido a que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que legitimara esta acción.

La información suministrada por las autoridades, señalaba que estos allanamientos se hacían contra personas que posiblemente podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes al movimiento social. Algunos de los elementos incautados fueron afiches, pinceles y pinturas.

Decreto y directrices frente al Orden Público

El 19 de noviembre de 2019, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087 de 2019, por medio del cual se orientaron medidas para el mantenimiento del orden público. En el artículo 3 se estableció: “Se hace un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”.

Este llamado propició las condiciones para que por lo menos ocho ciudades (Bogotá, Cali, Facatativá, Chía, Candelaria -Valle del Cauca-, Jamundí, Buenaventura y Popayán) decretaran toques de queda que afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación, a la protesta social entre otros, sin que existieran razones suficientes para que estas restricciones se impusieran al conjunto de la ciudadanía; puesto que, los hechos de alteración al orden público eran focalizados en pocos puntos.

Detenciones y judicializaciones arbitrarias

Durante los primeros diez días de Paro Nacional, se han presentado en el país 914 detenciones, de estas 835 han sido en Bogotá, 26 en Popayán y 25 en Barranquilla. De estas 914 personas, 47 personas (5,6%)[3] han sido judicializados, y las demás (94,3%) han sido trasladas por protección o por procedimiento policivo. En el primer caso, las personas que fueron capturadas en supuesta flagrancia, fueron por los delitos de violencia contra servidor público.  Sin embargo, en un alto porcentaje fue decretado ilegal el procedimiento de captura, tanto por no existir los elementos que la justificaran, como por las agresiones físicas que recibieron durante su desarrollo.

En el segundo caso, las personas fueron conducidas bajo la figura de traslado por protección y traslado por procedimiento policivo (artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016). Ésta establece que la persona solo podrá ser conducida cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, al funcionar como una detención administrativa, se ha hecho un uso abusivo de esta facultad, y se ha utilizado como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, configurándose en la mayoría de los casos, como detención arbitraria.

En algunos de estos casos se han presentado tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en CAIs o estaciones de Policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a partir de dispositivos de control eléctrico y finalmente, a algunas personas se les fractura sus manos producto de golpes dados con la tonfa o con patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 418 personas que fueron trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, el cual se impone por alteración a la convivencia, en muchos casos, argumentando obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que supera los $196.720, se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

 Uso indiscriminado y desproporcional de la fuerza

Otro de los aspectos que han afectado el desarrollo de la protesta social es el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Actualmente, se registran más de 300 heridos, entre ellos algunos jóvenes heridos con arma de fuego por parte de la Policía, como lo es el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala que recibió en su espalda. Adicionalmente, otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del Esmad, y otras 2 personas tienen su pierna en riesgo por el impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

De otra parte, se encuentra el asesinato de Dylan Cruz, un joven que participaba de una movilización pacífica y que fue intervenida por el ESMAD sin justificación alguna el pasado 23 de noviembre. La munición disparada por el ESMAD, si bien se encuentra dentro de las armas permitidas, su uso indebido ocasionó la muerte del joven, dado que, según normas internacionales, este tipo de armas solo pueden lanzarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo a las extremidades inferiores, y no al rostro, como ocurrió, pues su riesgo letal está establecido en normas internacionales. Llama la atención que un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD decirle a otro: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

La intervención del ESMAD se ha dado, en la mayoría de los casos, sin que exista una razón aparente para ello. El 22 de noviembre intervinieron la Plaza de Bolívar con más de 5.000 personas, pese a que era una concentración totalmente pacífica. Es de recordar que la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”.

Estigmatización y daño al buen nombre

Las organizaciones de defensores de derechos humanos denunciamos el uso arbitrario de los llamados “carteles de vándalos” en varias ciudades del país, en los cuales se publica sin ningún tipo de verificación e individualización, fotografías de jóvenes que han participado en la protesta social. El uso de estos carteles vulnera los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, así como a la intimidad y a la integridad. Es de recordar que la nación ya ha sido condenada por el uso de este tipo de carteles en protestas anteriores.

Violación a la intimidad y el abuso de autoridades frente a información personal

Hemos recibido de denuncias sobre el accionar de algunos funcionarios de la Policía, los cuales han retenido a jóvenes y les han exigido tener acceso a su celular, para verificar la información relativa a redes sociales y mensajes personales, en aras de establecer una relación de ellos con la movilización, y así justificar una supuesta vinculación con acciones delictivas. Esto constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad. Recordamos a la ciudadanía que este acceso solo se puede dar si existe una orden judicial que lo ampare.

Agresiones a defensores/as de derechos humanos

Los y las defensoras han sido atacadas de distintas formas durante su accionar legítimo como Comisiones de Verificación, reconocidas en la Resolución 1190. En primer lugar, la policía ha amenazado con imponer comparendo policial por una supuesta obstrucción del procedimiento policial en las labores de verificación de situación de detenidos, lo cual ha constituido un amedrentamiento en aras de disminuir las acciones que las Comisiones realizan.

En segundo lugar, han sido atacados de manera física y verbal por parte de distintos agentes de policía uniformados o particulares. El 23 de noviembre, luego de los hechos acontecidos con Dilan Cruz, el ESMAD llegó a la zona de concentración y lanzó balas de goma. Una de ellas impactó en el labio de un defensor de derechos humanos.

 

 

 

 

 

 

[1] Batallón Colombia, Batallón de Facatativá, Batallón de Fusagasugá, PM 15, PM 13, Batallón de Guardia Presidencial, Batallón Energético Cubará, Batallón de Artillería y Batallón de Alta Montaña No. 1 Sumapaz.

[2] De estas, 27 en Bogotá y Soacha, 6 en Cali y 4 en Medellín.

[3] Estas judicializaciones han sido en Bogotá (19 casos), Medellín (3) y Popayán (25).

En medio de acciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública un menor de edad es asesinado 

En medio de acciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública un menor de edad es asesinado 

Tomado de: www.reddhfic.org

URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“Francisco Isaías Cifuentes”

RED NACIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA.

DENUNCIA PÚBLICA

En desarrollo de acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil, tortura y ejecución extrajudicial de niño de 16 años de edad, campesino defensor de Derechos Humanos, integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Guardia Campesina, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.

Ataque indiscriminado en contra de comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y campesinos integrantes de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, y ataque a misiones médicas y Humanitarias.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE

HECHOS

Departamento del Cauca, Municipio de Caloto.

Jueves 6 de junio de 2019

Resguardo de López Adentro, Vereda Vista Hermosa, cerca de las 11:00 de la mañana, fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil, llegan a una finca que viene siendo ocupada por comunidades indígenas desde hace más de 3 años.

En el lugar los agentes de la fuerza pública proceden a atacar de forma indiscriminada, utilizando armas letales y no letales con efecto letal, mediante el uso de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de los comuneros indígenas y campesinos que se encontraban en el lugar.

Cerca de las 11:30 de la mañana, el campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE, es herido de gravedad por un proyectil disparado por las fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil que se encontraba en el lugar.

Pese a que JEFERSON TROCHEZ ESCUE estaba mal herido y en el piso un grupo de integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD de la Policía Nacional lo arrastraron del lugar en el que cayó mal herido y durante un lapso de aproximadamente 30 minutos lo golpearon en repetidas ocasiones.

Pese a que en repetidas ocasiones defensores de derechos humanos del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“ entre los que se encontraban los defensores de Derechos Humanos IRMA CORPUS JULICUE y GERARDO BARONA AVIRAMA, y la señora LUZ DARY ESCUE TOMBE (madre de JEFERSON TROCHEZ ESCUE) le solicitaron a los agentes de la policía que les permitiera el paso para ir a ver el estado de JEFERSON TROCHEZ ESCUE quien se encontraba herido; Los agentes de la policía se negaron a permitirles el paso y procedieron a lanzar de forma intimidante gases lacrimógenos y perdigones.

Producto de las acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil, resulto herido el comunero indígena ALXADER QUIGUANAS VELASCO de 19 años de edad.

Cerca de la 1:00 de la tarde integrantes del cuerpo de bomberos trataron de llegar al sitio pero la Policía Nacional no les permitió el paso

Posteriormente se informó que el defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE había muerto a causa de las heridas ocasionadas por agentes de la fuerza pública.

Cerca de las 3:07 de la tarde llego al sitio de los hechos una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y realizo el levantamiento del cuerpo sin vida de JEFERSON TROCHEZ ESCUE.

Quienes pudieron ver el cuerpo sin vida de JEFERSON TROCHEZ ESCUE informaron que tenía múltiples heridas presumiblemente causadas por arma blanca y golpes en el cuerpo.

JEFERSON TROCHEZ ESCUE fue trasladado al Hospital Municipal de Santander de Quilichao.

Pese a lo anterior fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil, continuaron su ataque de forma indiscriminada, utilizando armas letales y no letales con efecto letal, mediante el uso de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de los comuneros indígenas y campesinos que se encuentran en el lugar.

Señalando, que:

JEFERSON TROCHEZ ESCUE, niño de 16 años de edad, identificado con Tarjeta de Identidad No. 1.002.947.961, en la actualidad era integrante de La Guardia Campesina de Caloto, de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmelo, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.

GERARDO BARONA AVIRAMA, identificado con C.C. No. 1.061.429.183 de Caloto (Cauca), en la actualidad es beneficiario de Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y es integrante comité de Derechos Humanos de Caloto, hace parte de la mesa de víctimas como coordinador LGTBI, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.

IRMA CORPUS JULICUE, identificada con C.C. No. 25.734. 026 de Toribio (Cauca), en la actualidad una lideresa social y defensora de Derechos Humanos que se desempeña como responsable Municipal del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, y a su vez es integrante de La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.

FRENTE AL FUNDADO TEMOR POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DEL NÚCLEO FAMILIAR DE JEFERSON TROCHEZ ESCUE, AL IGUAL QUE, LOS LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DE LA GUARDIA CAMPESINA, Y DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PRO-CONSTITUCIÓN ZONAS DE RESERVA CAMPESINA DE CALOTO – ASTRAZONACAL, FILIALES FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA –FENSUAGRO CUT, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA – ANZORC, DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES“, DEL PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO – PUPSOC, Y DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA CAUCA Y EN RECHAZO A LAS ACCIONES MILITARES ARBITRARIAS Y DESPROPORCIONADAS DE FUERZAS COMBINADAS DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTI DISTURBIOS ESMAD Y EL ESCUADRÓN MÓVIL DE CARABINEROS EMCAR DE LA POLICÍA NACIONAL.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, a la Gobernación del Departamento de Cauca en Cabeza de OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, al Mayor General WILSON NEYHID CHAWEZ MAHECHA Comandante de la III División del Ejército Nacional y al Coronel SANDRO GRAJALES MARIN Comandante del Comando Operativo APOLO y al Coronel FABIO ALEXANDER ROJAS GARCÍA Comandante del Departamento de Policía Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas regulares policiales y militares del Estado Colombiano, acompañados por hombres de civil.

EXIGIMOS

Que se adelantes las medidas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de la verdad frente a la tortura y ejecución extrajudicial cometido en contra del defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE y responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN.

AL ESTADO COLOMBIANO

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.

· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”

RED NACIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA.

6 DE JUNIO DE 2019

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

IVAN DUQUE MARQUEZ

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

MARTA LUCIA RAMIREZ

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

GUILLERMO BOTERO

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co

NANCY PATRICIA GUTIERREZ

Ministra del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.

e-mail: ministro@minjusticia.gov.co

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

GLORIA MARIA BORRERO

Ministro de Justicia y del Derecho

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

CARLOS ALFONSO NEGRET

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,

defensoria@defensoria.org.co

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció n@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: oacnudh@hchr.org.co

NOTA: FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO redfcifuentes@gmail.comLOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN

Denuncia Pública

Denuncia Pública

El movimiento social, sindical y de derechos humanos del sur occidente colombiano amenazado nuevamente por grupos paramilitares

Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

El comité de solidaridad con los presos políticos denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales de la región. Estas agresiones  se han venido presentando de manera constante y reiterada,  señalando y estigmatizando el trabajo  de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Estas últimas amenazas,  se han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, con la preocupación que las investigaciones de este último hecho terminen sin hallar a los responsables de los mismos, como ha sucedido en otras ocasiones.

Hechos:

El día sábado  6 de abril del año en curso, siendo las 17:46, un funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca recibe una llamada del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el Valle del Cauca, quien le manifiesta si tiene conocimiento de una amenaza que ha llegado contra personas pertenecientes al movimiento social del Valle del Cauca, posteriormente un miembro de derechos humanos de SINTRAUNICOL , hace llegar vía Whatsaap imágenes del panfleto en el cual se amenazan a varios dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.

En el texto enviado por el grupo paramilitar, denominado autodefensas gaitanistas de Colombia AGC, amenazan  a las siguientes personas: Cristian Toconas, coordinador de derechos humanos del resguardo indígena Kwexs Kiwe nasa, José Milciades Sánchez de SINTRAUNICOL, Hernán Arciniegas de Sintra municipio Yumbo, Wilson Sáenz presidente de la CUT Valle,  Walter Agredo Muñoz del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Noel Cruz gobernador del resguardo Kwexs Kiwe Nasa del corregimiento el Cedro en Jamundí, Alexander López Senador de la República, Berenice Celeyta de NOMADESC, Feliciano Valencia Senador de la República, Fabio Cardozo, secretario de paz de la gobernación del valle, Jorge Iván Ospina del partido verde, Rosalba Ospina de las comunidades negras, Carlos González representante legal del consejo comunitario de Robles, Lina Margarita Tabares Duque representante de FUNDERPAZ y a Elizabeth Correa. De igual forma, se amenaza a las siguientes organizaciones: Asociación de institutores del Cauca ASOINCA, al consejo regional indígena del Cauca CRIC y a la Asociación Nacional  de Usuarios Campesinos ANUC.

Esta nueva amenaza, según lo han manifestado, fue dejada en el vehículo en el cual se transportaba el señor Noel Cruz gobernador del resguardo Kwexs Kiwe nasa del corregimiento el Cedro de Jamundí, quien hacia presencia en el sector de la Delfina en la vía al mar entre Cali- buenaventura, el día sábado 6 de abril.

Señalamos que esta nueva amenaza se constituye en el reiterado ataque al movimiento social, sindical y  defensores de derechos humanos de la región que le apuestan a la paz con justicia social, trabajan por el respeto y garantía de los derechos laborales, políticos y de las víctimas de crímenes de Estado en el Valle del Cauca.

En la amenaza señalan que esta nueva acción obedece a  que los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos son los que están provocando la movilización y la protesta social, que por esta razón han sido declarados objetivos militares.

Texto completo:

“ las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC después de un minusioso análisis a todos estos hijueputas guerrilleros, con su actitud terrorista en los campos y ciudades promoviendo el terrorismo en las universidades, convocando y apoyando marchas indígenas para desestabilizar el país, por eso mismo nuestro propósito es arreciar con todos los grupos insurgentes que son ELN, FARC, EPL a todos sus brazos políticos y estructuras urbanas que al igual que nosotros estamos en diferentes partes del país y todos aquellos que de una forma los financian.

Por eso hoy mas que nunca ratificamos nuestra bandera y nuestros ideales

Bajo nuestro fuego los declaramos objetivo militar a partir de este comunicado, hemos dado instrucciones a nuestras estructuras urbanas a nivel nacional de callarlos para siempre, ya están avisados.

CAMPESINOS DE LA ANUC, WILSON SAENZ, ALEXANDER LOPEZ, ASOINCA, CRIC, VERENICE CELERTA, WALTER AGREDO, FELICIANO VALENCIA, HERNAN ARCIENIEGAS, NOEL CRUZ, FABIO CARDOZO, CRISTIAN TOCONAS, JORGE IVÁN OSPINA, ROSALBA CASTILLO, ELIZABETH CORREA, JOSEMILCIADES, CARLOS GONZALES, LINA TABARES”

ESTADO MAYOR BLOQUE CENTRAL DEL VALLE

AGC PRESENTES

 Por una Colombia

Madres patria, para todos

Antecedentes:

  • El día 5 de diciembre del año en curso, siendo las 23:26,  llega al celular de WALTER AGREDO MUÑOZ, funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca, y a otros dirigentes sociales, vía Whatsaap, un mensaje proveniente de un grupo creado que se llama MUERTE COMUNISTAS, administrado desde el número abonado 3185863747 denominado EL INDIO, donde se amenazan a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, igualmente organizaciones sindicales y sociales, esta amenaza remitida por el grupo paramilitar AGUILAS NEGRAS.
  • El día viernes 30 de noviembre del 2018 llega al celular de WALTER AGREDO MUÑOZ, funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca y otros dirigentes sociales,  vía mensaje de texto, una amenaza,  proveniente del número de abonado 321 261 59 72, donde se amenazan a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, igualmente organizaciones sindicales y sociales, esta amenaza remitida por el grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC.
  • El día 15 de enero del 2018  llega a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, seccional Valle del Cauca, un sobre de manila el cual contenía un comunicado del grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC, en donde amenazan a un grupo de sindicalistas y defensores de derechos humanos de la región.
  • El día 17 de Julio   del año 2017, siendo aproximadamente las 2: 15 de la tarde  llega  al celular del coordinador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca,  WALTER AGREDO MUÑOZ, un mensaje de texto en el que lo amenazan junto con otros integrantes del movimiento social, sindical sindicales y derechos humanos de la región, esta amenaza proviene del abonado número 312 381 55 52.

Amenazas que han sido  puestas en conocimiento de la fiscalía general de la nación.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región es preocupante esta situación, más aún cuando la presencia de los grupos paramilitares en la ciudad de Santiago de Cali, se fortalece y hacen de esta una de las ciudades más violentas del país. Es claro para nosotros la presencia de  las estructuras de los paramilitares en la ciudad,  los cuales se vienen  disputando el control del microtráfico de las drogas  en  los barrios, las extorsiones en las  plazas de mercado y otras actividades, que nos llevan a plantear que Santiago de Cali, como muchas otras ciudades del país, es controlada por el paramilitarismo.

Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en el Valle del Cauca en los años 90s advirtieron del avance del paramilitarismo en la región, cuando supuestamente se desmoviliza el bloque Calima y Pacífico de las AUC, estas mismas organizaciones advirtieron que tal desmovilización no era real y que estos aun hacían presencia en varias comunidades, las cuales vivían amedrantadas y temerosas por su presencia.

Exigimos:

Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, IVÁN DUQUE:

  • Que el Estado Colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo en nuestro país, de igual forma, que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al  desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.
  • Que a los Defensores de Derechos Humanos amenazados se les respeten sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia, primordialmente el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la  defensa de los derechos humanos.
  • Que en el marco de los diálogos adelantados por el Estado colombiano con la insurgencia colombiana se establezcan las garantías para el ejercicio real de la participación política, al igual que la defensa de los Derechos Humanos, este ejercicio como garantía de una  paz duradera.
  • Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.

A la comunidad internacional 

Solicitamos mantener un escenario de interlocución con  el Estado  colombiano,  en el cual se le haga  seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país.

De igual forma a que le exijan al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en Colombia como un requisito de la paz duradera.

Concentración de la Minga de la finca Emmanuel, en Morales Cauca, es atacada con armas de fuego de manera indiscriminada por parte de efectivos del Ejército Nacional

Concentración de la Minga de la finca Emmanuel, en Morales Cauca, es atacada con armas de fuego de manera indiscriminada por parte de efectivos del Ejército Nacional

Fuente: Asociación Nomadesc

Foto: El Rebelde Comunicación Libre

S.O.S URGENTE

Se alerta y denuncia incursión violenta del Esmad a campamento ubicado en Morales, Cauca. Quieren destruir cocina, hay dos heridos y hay familias encerradas, empadronadas.

Hacemos un llamado urgente al Gobierno Colombiano en Cabeza del Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, y a los organismos nacionales e internacionales que defienden los Derechos Humanos con el fin de demandar en primera instancia la protección de la vida e integridad de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares que participan de Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

Siendo las 12:30 p.m. del día 03 de Abril de 2019, los indígenas y campesinos que se encontraban concentrados en la finca Emmanuel del corregimiento de Morales – Cauca, fueron atacados violentamente con armas de fuego por efectivos del Ejército Nacional, encontrándose atrapados en el territorio por causa de los disparos. La fuerza pública llegó al lugar, quemando las carpas y pertenencias de la comunidad, en medio de los hechos, se encuentra herido de gravedad el Gobernador del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras Rubén Cuetia y algunos menores de edad, al momento no se cuenta con información adicional del número de heridos y el estado de salud de los mismos.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y a las familias afectadas por este hecho.

#MINGASOCIALSUROCCIDENTE2019

S.O.S Colombia

S.O.S Colombia

Organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, académicos, demócratas, humanistas  y líderes políticos exigen al presidente de Colombia Iván Duque Márquez:

Pasar de las acciones de guerra contra la minga a manifestaciones de respeto,  voluntad política y cumplimiento de acuerdos firmados por el Estado colombiano.

“…En la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal” Corte Interamericana de Derechos Humanos

Colombia, 26 de Marzo de 2019

Las Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y de Paz, nos solidarizamos con la Minga Nacional por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz y hacemos un llamado urgente al gobierno Colombiano en Cabeza del Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, y a los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos con el fin de demandar en primera instancia la protección de la vida e integridad de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares movilizadosdesde el pasado 10 de marzo de 2019.  Es un deber del Estado evitar tragedias de mayor magnitud a las que ya se han presentado y una obligación ética de los organismos internacionales y cuerpos diplomáticos presentes en Colombia solicitarle al gobierno colombiano que frene la guerra y la acción militar en contra de la Minga que ejercen el derecho a la participación, expresión y movilización.

En segunda instancia, hacemos un llamado Presidente Duque para que cumpla las normas, acuerdos y  tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales del pueblo colombiano en particular el derecho a la participación de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares vulnerables, que como es de conocimiento de todos,  son  sujetos de especial protección del Estado. Los atropellos, uso abusivo de la fuerza y atentados directos contra la vida de las comunidades deben ser investigados ejemplarmente, castigados y no se pueden repetir. En este sentido es importante que el Ministerio del Interior, instale prontamente la Mesa de Seguimiento a la Protesta Social que permita evaluar y garantizar este derecho constitucional, a la luz de pactos y convenios internacionales signados por el Estado Colombiano.

Nos preocupa la falta de avances en la Mesa de Negociación y la alta militarización en los terrritorios donde se desarrollan las concentraciones de la Minga. Señor presidente solicitamos que nos explique porque el transporte de tropas del Ejército Nacional, Policía, ESMAD, Sijin y Personal de Civil no identificado en carros sin placas cerca de los puntos de movilización han aumentado. Estos operativos y exhibición de  armamento,  sobrevuelos de helicopteros y drones que cruzan de manera permanente en medio de los ataques con bombas aturdidoras, gases lacrimogenos y disparos con armas de largo alcance en contra los sectores sociales participantes de la Minga envian un mensaje de guerra y no de voluntad política y solución a la grave crisis social, económica y al escalonamiento del conflicto armado que vive el país y que afrontan de manera directa las comunidades que hoy ejercen su derecho a manifestar públicamente la necesidad de una respuesta institucional.

Le llamamos a abstenerse de continuar dando tratamiento militar a las justas exigencias de las comunidades y detener la estigmatización en contra de las comunidades campesinas, indígenas, negras y sectores populares, toda vez que estos señalamientos generan mayor vulnerabilidad, así mismo le solicitamos respeto y acatamiento a las Autoridades Indígenas y a la Jurisdicción Especial Indígena, y rechazamos los señalamientos y pronunciamientos que por medios de comunicación y redes sociales se han hecho por parte de funcionarios del Gobierno y de Estado, en los que sin haberse dado informe oficial por parte de las Autoridades Indígenas que investigan los hechos ocurridos en días pasados en Dagua, han señalado que se trató de un “auto atentado”, queriendo deslegitimar y estigmatizar a quienes hacen parte de la Minga y criminalizando el derecho a la protesta social. A los organismos de control del estado disponer de toda la capacidad investigativa necesaria para determinar los responsables de los hechos que han atentado contra la vida, el derecho a la participación, la integridad y el buen nombre de quienes participan y encabezan la Minga.

Recordamos que las  comunidades hoy movilizadas, son quienes han apostado por la paz de Colombia, las que creyeron en el proceso de paz, lo acompañaron y ayudaron a construir el capítulo étnico dentro del Acuerdo Final y han exigido a las dos partes que los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional continúen. Sin embargo, en el balance de implementación adelantados, los índices de cumplimiento son muy bajos y los diálogos no avanzan. A esto se suma que finalmente el Plan de Desarrollo presentado por el Presidente Iván Duque al Congreso, descartó el capítulo étnico, además de contener políticas que van en contra de las búsquedas ambientales, agrarias y de paz propias de estos Pueblos.

Con esto en cuenta, nos preocupa la falta de avances de la Mesa de Negociación con la Minga del Sur Occidente y la alta militarización en los territorios donde se desarrollan las concentraciones de las comunidades movilizadas en este y otros puntos del país en el Marco de la Minga Nacional. Nos preocupa también que pese a que las comunidades han demostrado su voluntad de avanzar en las negociaciones con el gobierno del Presidente  IVÁN DUQUE, en los cuatro días de negociaciones, la Ministra del Interior NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, manifiesta que “definitivamente el presidente y los ministros compelidos  no vienen al Cauca si persisten las vías de hecho”, las cuales la fuerza pública ha venido utilizando indiscriminadamente contra los manifestantes.

Recordamos que la historia de la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, negros, campesinos y en particular de las actividades de defensa de los pueblos congregados una vez más en la  Minga, ha demostrado que sólo mediante la acción de participación directa en la movilización social es posible visibilizar las condiciones de violencia, pobreza y marginalidad en la que subsisten en los territorios más ricos de colombia.

La vicepresidenta Martha Lucía Ramírez reconoció públicamente que los gobiernos anteriores no cumplieron,  según ella:   Es muy fácil dejar firmado un montón de compromisos cuando no está dejando plata para cumplirlos”. Saludamos que la vicepresidenta tenga claro que el Estado colombiano es uno solo y los acuerdos de Estado no caducan, tienen fuerza de ley y permanencia en el tiempo.  Esperamos que esta claridad la tenga el gobierno de IVÁN DUQUE al que le recordamos que en los dos periodos de Gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, (2002- 2010) los dos periodos de JUAN MANUEL SANTOS, (2010–2018), ambos debieron acudir al llamado de las comunidades tras la acción de visibilización y defensa colectiva de los derechos fundamentales liderado desde las Mingas Regionales y Nacionales. En su momento, los dos expresidentes acudieron al territorio de paz y convivencia de la Maria, Municipio de Piendamó donde se firmaron varios acuerdos, que hasta hoy han sido incumplidos.

Señor presidente usted como jefe maximo de las fuerzas militares y sus Ministros como miembros del ejecutivo deben asumir la responsabilidad frente al tratamiento de guerra que se le ha dado a la Minga. Por ello solicitamos que acuda al llamado  de las comunidades Movilizadas en la Minga Nacional, y se reúna con ellas sin mayor dilación. Recuerde que como rezan los estándares internacionales de Derechos Humanos: “no basta con garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio. La  ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos, demanda un permanente diálogo con sus autoridades electas y una efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos”. [1]

Usted señor Presidente IVÁN DUQUE MARQUEZ, sabe que su presencia en el Cauca y cumplimiento a los acuerdos que demandan los indigenas, campesinos y sectores populares que hacen parte de  la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, evitarán que continúe el derramamiento de sangre del que está siendo testigo el mundo.


[1] Protesta social y derechos humanos estándares Internacionales/ OACNUDH/ América del Sur Oficina Regional y instituto Nacional de derechos humanos. Pag 11.

¡TODOS SOMOS MINGA POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO, LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ!

Conoce las organizaciones firmantes

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle

Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

DENUNCIAMOS.

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias  acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

Minga suroccidente colombiano

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares


Tomado de https://bit.ly/2HzL7CW