AUMENTAN LAS DETENCIONES EN PLENA COYUNTURA ELECTORAL

AUMENTAN LAS DETENCIONES EN PLENA COYUNTURA ELECTORAL

Luego del Paro Nacional de 2021, el contexto de estigmatización, criminalización y judicialización hacia liderazgos sociales aumentó vertiginosamente, en especial durante las últimas semanas en medio de la coyuntura electoral, la cual se ha caracterizado por la intervención indebida del presidente Ivan Duque, el general Eduardo Zapateiro y el uso político de la Fiscalía General de la Nación.

Dentro de la ola más reciente de judicializaciones se presentó la detención de ocho presuntos miembros de primera línea en Neiva, Huila,  señalados de cometer actos delictivos durante el paro de 2021[1]; dos días después de las detenciones, las defensas denunciaron hostigamientos e intimidaciones por parte de la fuerza pública para que aceptaran cargos, pero como los detenidos no cedieron, la Fiscalía desistió de la solicitud de detención domiciliaria, y mantuvo sólo la solicitud de la medida carcelaria[2]. El pasado 14 de junio, un juez del Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá modificó la medida de aseguramiento domiciliaria de cinco jóvenes capturados en octubre de 2021, enviandolos a prisión señalados por ser parte de Primeras Líneas[3].

El 15 de junio, bajo supuestas amenazas del inicio de un “estallido social si uno de los candidatos a la presidencia no gana”, las autoridades adelantan operativos en varias ciudades “tratando de blindar las ciudades y desbaratar las redes que pretenden sembrar el terror en varias ciudades como Cali, Bucaramanga y Medellín”[4]. La Policía realizó la captura de 23 personas: 12 en Bucaramanga[5],  9 en Cali y 2 en Yopal.  Advirtió de futuros operativos en otros centros urbanos donde se focalizan las investigaciones. El exconcejal de Bucaramanga Jorge Flórez denunció que las detenciones se realizaron de manera arbitraria, con acusaciones falsas, y que en los allanamientos las autoridades no encontraron elementos incriminatorios[6]. Adicionalmente, un líder social de Saravena, Arauca, director del programa radial Informativo Centro Oriente, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, ya que existe una orden de captura vigente por su participación en el Paro de 2021, hasta el momento se ha presumido la existencia de un montaje judicial por su labor como líder social en su territorio[7]. Todos estos hechos se han sumado a las 267 capturas que han sido resultado de 57 operaciones contra las primeras líneas, en las que se incluyen 161 diligencias de registros y allanamientos. Además, el Ministro de Defensa ha indicado que dichas operaciones hacen parte del Plan Democracia que busca garantizar el desarrollo de la próxima jornada electoral[8].

Rechazamos la implementación del “Plan Democracia”, el cual estigmatiza el ejercicio del derecho a la protesta social. El riesgo para la democracia colombiana NO son las personas que se movilizan, estén o no de acuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales. Una vez más, las detenciones y judicializaciones se convierten en una manera de estigmatizar, castigar y aleccionar a la población que pone en cuestión un gobierno  antidemocrático. Recordamos a las autoridades administrativas, policiales y al Gobierno Nacional,  que la protesta social es un derecho fundamental, y esté no está condicionado a estar de acuerdo con los resultados electorales ,quienes consideren manifestarse por estar conformes o no, se les debe respetar y  garantizar el ejercicio de dicho derecho.

¡No más persecución a la protesta social!

 

 

[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/28/detuvieron-en-neiva-a-ocho-presuntos-miembros-de-la-primera-linea/

[2] https://defenderlalibertad.com/exigimos-se-garantice-el-debido-proceso-y-los-derechos-fundamentales-de-jovenes-capturados-en-neiva-huila/

[3] https://www.eltiempo.com/bogota/miembros-de-la-primera-linea-en-bogota-son-enviados-a-la-carcel-680102

[4] https://www.semana.com/nacion/articulo/megaoperativo-contra-primeras-lineas-deja-mas-de-diez-capturados-en-cali-medellin-y-bucaramanga/202254/

[5] https://www.elcolombiano.com/colombia/capturan-a-integrantes-de-la-primera-linea-en-cali-y-bucaramanga-JF17749275

[6] https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/en-bucaramanga-capturaron-12-estudiantes-como-supuestos-integrantes-de-la-primera-linea/202243/

[7] https://m.facebook.com/101521512461596/photos/a.104023735544707/146172054663208/?type=3&source=57&refid=52&__tn__=EH-R

[8] https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/en-bucaramanga-capturaron-12-estudiantes-como-supuestos-integrantes-de-la-primera-linea/202243/

Denuncia pública: las lesiones oculares siguen ocurriendo en protestas

Denuncia pública: las lesiones oculares siguen ocurriendo en protestas

El día 1 de junio de 2022, en la sede tecnológica de la Universidad Distrital, los estudiantes realizaron un plantón a la 1:00 pm, con el fin de exponer la situación actual del país, la desfinanciación y los problemas de infraestructura de la universidad. Aproximadamente a las 2:00 pm llegaron cuatro escuadrones del ESMAD agrediendo a los manifestantes de manera desproporcionada. Luego, a las 2:30 pm aprox, se reporta una persona herida con trauma ocular, quien fue trasladada a la Clínica Barraquer, aún se está a la espera del dictamen médico para conocer la gravedad de la lesión.

Siendo las 3:20 pm, una segunda persona fue impactada en su rostro, se desconoce el origen del proyectil que generó una grave lesión ocular; luego de una larga espera la ambulancia llegó solo hasta las 5:00 pm, pero las autoridades dificultaron su ingreso. Cuando lograron entrar, las personas que iban en la ambulancia se mostraron reacias a atender al joven argumentando que él no tenía seguro médico. Luego de unos momentos fue trasladado al Hospital Tunal, allí informaron que sufrió un trauma craneoencefálico severo[1] y la pérdida del órgano. También, se presentó un tercer herido leve, quien también tuvo dificultades para su atención médica debido al impedimento de acceso a las ambulancias.

Adicionalmente la Policía Nacional hizo circular un video en el cual se observa lo que señalan como un “explosivo” que impacta una pared o reja, elemento al cual le atribuyen las heridas de algunos de los estudiantes. Sin embargo en el mismo video se observa la presencia de gases lacrimógenos a los estudiantes y puede resultar confuso o engañoso la atribución de responsabilidad, sin investigaciones serias, imparciales y basadas en evidencia técnica.

Estos hechos se suman a 3 lesiones oculares ocurridas durante 2022: la primera, cometida contra el estudiante de la Universidad Distrital Ariel Ávila, quien fue impactado en uno de sus ojos con una granada aturdidora lanzada por el ESMAD durante la protesta del 20 de mayo en la misma universidad, la cual tenía como fin denunciar la falta de servicios públicos en la institución educativa. Esta lesión le generó a Ariel el estallido total de su ojo y la pérdida de la visión[2]. La segunda, ocurrida el 28 de abril en la ciudad de Medellín, Antioquia, contra un joven menor de edad; y la tercera,  ocurrida el 28 de enero en Bucaramanga, Santander en medio de una marcha pacífica estudiantil[3].

Desde la Campaña DLAT rechazamos contundentemente los actos de violencia ejercidos indiscriminada y desproporcionadamente por agentes del ESMAD. Estas agresiones evidencian que el uso indebido de las armas potencialmente letales, los excesos de la fuerza en escenarios de protesta social, y la existencia de acciones premeditadas con el fin de infringir daño; éstas continúan siendo una de las formas en las que la Policía Nacional y el ESMAD castigan y aleccionan a la población por manifestarse. Además, son de enorme gravedad las fallas constantes en la atención médica integral, ya que termina siendo una manera de revictimización y muestra el poco interés de las instituciones del Estado en prevenir, atender y acompañar a las víctimas del accionar violento de la fuerza pública.

El daño ocasionado a las víctimas, sus familias y la sociedad en aspectos médicos, psicosociales y políticos es incalculable, por lo cual, como CDLAT, solicitamos al Gobierno Nacional, acatar las recomendaciones de la CIDH y así cumplir los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad; así mismo, el cese inmediato de las vulneraciones a los derechos humanos y las garantías para la la vida y la integridad de quienes ejercen su derecho a protestar. Es imprescindible que las víctimas cuenten con garantías en la atención médica y psicosocial, y se dé inicio a las investigaciones penales y disciplinarias sobre las agresiones denunciadas con diligencia y celeridad. Por último, hacemos un llamado a la Universidad Distrital a atender las exigencias de la comunidad académica y garantizar la atención médica oportuna para sus estudiantes.

 

[1] https://www.elespectador.com/bogota/estudiante-presenta-trauma-craneo-encefalico-tras-enfrentamiento-con-el-esmad-en-la-universidad-distrital/

[2] https://www.elespectador.com/bogota/protestas-en-bogota-estudiante-podria-perder-un-ojo-tras-enfrentamientos-con-el-esmad/

[3] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.

ACCIÓN URGENTE: Exigimos se garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de jóvenes capturados en Neiva, Huila

ACCIÓN URGENTE: Exigimos se garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de jóvenes capturados en Neiva, Huila

4 de mayo de 2022. El día 27 de abril del 2022 fueron capturadas ocho personas señaladas de pertenecer a la primera línea en Neiva. Estas capturas se dieron por órdenes de la Fiscalía (Seccional 6 de Neiva) en las cuales se imputaron cargos relacionados a eventos sucedidos en el marco del Paro Nacional en Neiva durante mayo y junio del 2021: la fiscalía señaló a la primera línea como un Grupo Delincuencial Organizado, y formuló cargos a los capturados por concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, incendio, obstrucción de vías, entre otros. 

El pasado viernes 29 de abril, la Fiscalía inició la presentación de su solicitud de imposición de medida de aseguramiento ante la Juez 03 Penal Municipal de Garantías, la petición principal fue sitio de reclusión y la petición secundaria fue detención domiciliaria. 

En la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, la defensa en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, organizaciones integrantes de la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, paz y territorio -OBSURDH-, denunciaron hostigamientos e intimidaciones la noche del viernes 29 de abril a los capturados por parte de presuntos integrantes de la Fiscalía para que aceptaran los cargos en su contra. Luego de que los jóvenes no aceptaron los cargos, el 02 de mayo de 2022 la Fiscalía retiró la petición de detención domiciliaria. 

El día de hoy, familiares de los detenidos nos informan que los capturados fueron víctimas de intento de agresión al interior del CAI BOGOTÁ; en el cuál, además, luego de las 5 de la tarde, las luces del lugar de reclusión son apagadas durante la noche y afirman que ingresan personas desconocidas pronunciando amenazas. 

Aun cuando la Policía Nacional de Colombia tiene el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas capturadas bajo su custodia, evitando a toda costa agresiones u otras acciones que atenten contra su integridad personal y la vida misma, uniformados en inmediaciones del CAI nos informan que no van a garantizar la seguridad de las personas que se encuentran detenidas por protestar en Neiva. 

Solicitamos de manera urgente que la Defensoría del Pueblo,  la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Neiva puedan realizar una visita de verificación de derechos humanos en el CAI BOGOTÁ, sitio donde residen los jóvenes capturados, que permita asegurar su integridad y sus derechos en el marco del debido proceso. 

¿QUÉ HA PASADO CON LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA EN 2022?

¿QUÉ HA PASADO CON LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA EN 2022?

Durante el año 2021, Colombia vivió un periodo de auge movilizatorio y de fuerte exigibilidad de derechos humanos, fundamentales, ambientales y territoriales; en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, los derechos humanos de la población fueron vulnerados, lo que terminó en un balance anual de 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 114 lesiones oculares, 106 violencias basadas en género, 343 agresiones a defensores de DDHH y 3.546 denuncias por abuso y violencia policial[1].

Luego del Paro Nacional continúan la agresiones

Las protestas sociales presentadas en los 4 primeros meses de 2022, respondieron a situaciones de diversa índole, como el aumento del precio en el pasaje de transporte público, la crisis económica de gran parte de la población, la situación humanitaria en varias zonas del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Putumayo, la ocurrencia de violencia sexual en instituciones educativas de Bogotá, entre otras. Esto indica que subsisten las problemáticas que han llevado a la ciudadanía a manifestarse en los últimos años. En lo que va de 2022 la represión a la protesta continúan, la CDLAT  encontró que se han presentado las siguientes agresiones:

  • 1 homicidio cometido presuntamente por la Policía, contra el guardia indígena Luis Tombé en Miranda, Cauca[2].
  • 54 personas heridas, dos (2) de ellas con lesión ocular (en Santander y Medellín). De los 54 registros, 41 se presentaron en Bogotá, 8 en Antioquia, 3 en Bucaramanga y 2 en Cauca. 42 agresiones fueron ejercidas presuntamente por el ESMAD y 3 por agentes de la Policía Nacional.
  • 162 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria. 107 se presentaron en Bogotá, 19 en Medellín, 14 en Cundinamarca, 8 en Neiva, 6 en Risaralda, 4 en Santander, 3 en Cauca, 1 en Putumayo.
  • 16 allanamientos, 8 en Huila y 8 en Antioquia, contra personas que hicieron parte de las movilizaciones del paro nacional de 2021.
  • 4 agresiones contra defensores de DDHH, dos (2) presentadas en Bogotá, una en Bucaramanga y otra en el Cauca. Entre las agresiones se documentó una detención, un empadronamiento y amenaza de detención, un disparo de blas de goma y un homicidio.

Pese a que no fueron cometidas en protestas, se han documentado 3 agresiones sexuales, cometidas presuntamente por agentes de policía, ya que se dieron en el marco de detenciones arbitrarias. La primera, en Manizales, Caldas, donde una mujer fue abusada sexualmente mientras era trasladada a CTP en una patrulla de la Policía[3], la segunda, un hombre fue agredido sexualmente por otros detenidos en la estación de Policía de Soledad, Atlántico[4], y la tercera, en un CAI Villas de Granada de la ciudad de Bogotá, una mujer fue acosada sexualmente, al parecer, por agentes de la Policía, quienes le decían frases como “cuando llegue me la tiene que chupar” amenazano con un furturo  abuso sexual, además los agentes la torturaron física y psicológicamente[5].

Es claro que los 239 hechos de violencia registrados son muestra de la continuidad de la violencia estatal, persecución y castigo a quienes ponen en cuestión al Gobierno Nacional y exigen sus derechos en las calles. A pesar de las denuncias, la visita de la CIDH en junio de 2021 y las recomendaciones elevadas por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, es claro que el accionar policial pone en riesgo la vida y la integridad de personas manifestantes.

Un ambiente de persecución y judicialización.

En lo que va corrido de 2022, han continuado las dinámicas de estigmatización y judicializaciones hacia la población que protesta, algunas marchas han sido señaladas de tener infiltrados chilenos[6] o ser permeadas por la injustamente criminalizada primera línea[7], estos señalamientos son interpretados por los agentes de Policía como avales para intervenir en protestas y capturar arbitrariamente a las personas que participan en ellas. La persecución judicial es preocupante, pues la Fiscalía anunció que adelanta procesos penales en contra de 280 personas de Primera Línea, señaladas de cometer delitos en medio de las protestas[8], pero hasta el momento ninguna persona ha sido condenada[9].

Estos procesos se han caracterizado por su arbitrariedad, pues en algunos casos la Fiscalía infla las imputaciones acusándolas de delitos de mayor gravedad como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro y tentativa de homicidio, con el fin de lograr medidas inmediatas de aseguramiento privativas de la libertad y dar aparentes resultados. Uno de los ejemplos más recientes de dicha situación, fue el montaje judicial contra jóvenes de la primera línea en Pasto, en audiencia del 23 de marzo, la defensa pudo evidenciar la existencia de una operación encubierta sin autorización judicial y afirmaciones falsas sobre un supuesto informe de allanamiento donde se aseguraba la supuesta existencia de artefactos explosivos[10].

Pese a la celeridad de la Fiscalía en la apertura de procesos hacia integrantes de la primera línea, la situación contrasta con las investigaciones contra la fuerza pública por casos de abuso de autoridad y violencia policial que no avanzan. Por los hechos ocurridos durante el Paro Nacional fueron abiertos 231 procesos disciplinarios en 2021, pero apenas 11 han tenido resultados, y 120 ya fueron cerrados al no encontrar responsabilidad en los hechos . Esto demuestra la impunidad que ha protegido a la fuerza pública, ante los 7,649 hechos victimizantes ocurridos en 2021.

A un año del inicio del Paro Nacional, y con miras a los actos de protesta en varias ciudades del país y en conmemoración a las víctimas, las detenciones y allanamientos a personas que han participado en las protestas en 2021 y 2022 han vuelto con más fuerza. El 27 de abril de 2022, 8 personas fueron detenidas en Neiva, Huila que supuestamente habrían participado en hechos vandálicos en junio de 2021, fecha en la cual fue incendiado un camión,  un colectivo de transporte público  y un establecimiento comercial fue saqueado[11]. Durante la noche del 27 y madrugada del 28 de abril, 5 personas fueron allanadas y detenidas en la ciudad de Medellín, las señalan por los delitos de terrorismo, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizada, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas de fuego y explosivos, esto a raíz de la supuesta participación en un incendio a varios establecimientos[12].

Varias de las capturas y allanamientos realizados, han sido fundamentados en las declaraciones de fuentes humanas “no formales”, cuyas declaraciones no tienen sustento, no aportan material probatorio suficiente o el material aportado presentó irregularidades, (como el caso de Pasto, anteriormente referenciado) por las que han declarado ilegales varias capturas,  tal como ocurrió con las 14  personas en la ciudad de Bogotá el pasado mes de enero[13].

Las últimas jornadas de protesta.

El  28 Abril durante  las protestas de conmemoración a un año del estallido social y de  las víctimas de la represión policial, la CDLAT documentó:

  • 15 personas heridas, una de ellas menor de edad con lesión ocular, y otra, una mujer embarazada afectada por inhalación de gas lacrimógeno. 7 registros son de la ciudad de Bogotá, y 8 del departamento de Antioquia.
  • 37 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria, entre las cuales 18 fueron reportadas como menores de edad. 25 detenciones ocurrieron en Bogotá (ninguna fue judicializada), 9 en Cundinamarca, y 3 en Risaralda.
  • 1 agresión a defensores de DDHH, ocurrida en la ciudad de Bogotá, cuando un agente del ESMAD dispara con balas de goma contra los defensores.
  • 24 denuncias por violencia y abuso policial, 16 se presentaron en Bogotá, 6 en Antioquia, 1 en Risaralda y 1 en Cundinamarca.

Durante la jornada del 28A, en la ciudad de Bogotá se convocaron varios puntos de concentración, que incluyeron actividades culturales y artísticas, con amplia participación de jóvenes, niños y niñas, como se evidenció en el número de menores retenidos y trasladados al CESPA o los Centros Revivir. En la localidad de Usme, hubo fuerte presencia del ESMAD y la Policía Nacional, lo cual intimidó a la población que se encontraba en las actividades culturales, a pesar de ello no se presentaron confrontaciones. Contrario a ello, en la Universidad Nacional, punto de llegada de varias movilizaciones (principalmente del sector universitario) se presentó la intervención por parte del ESMAD, en la cual 7 personas fueron heridas, 3 de ellas con heridas producidas por armas potencialmente letales, lo cual evidencia la continuidad de las agresiones y el riesgo que corre la juventud al ejercer su derecho a la protesta social.

También, en la ciudad de Bogotá se desarrolló la Caravana Humanitaria del 27 al 28 de abril, acción de protesta que busca denunciar la violencia en contra de defensores de DDHH y liderazgos sociales, principalmente en los territorios del suroccidente del país y declarar una emergencia humanitaria. La Caravana, liderada por Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y compuesta por alrededor de 1.500 personas, se instaló en la Universidad Pedagógica y se movilizó de forma pacífica el 28A a la sede de Naciones Unidas para entregar las respectivas denuncias y comunicados.

En Medellín, se reportaron concentraciones en el Parque de los Deseos, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, La Alpujarra y la Universidad de Antioquia[14], en este último punto se presentó intervención del ESMAD, dejando 8 personas heridas, 6 de ellas afectadas por proyectiles lanzados por el Escuadrón; además, se presentó una lesión ocular con trauma facial contra un menor de edad, lo cual evidenció una continuidad en la intención de cometer daños graves en la integridad de manifestantes como forma de aleccionamiento y castigo al ejercicio de la protesta. También se registró el uso del arma VENOM, la cual, genera un accionar desproporcionado e indiscriminado en el control de manifestaciones.

La jornada del 1 de Mayo de 2022 en conmemoración a los trabajadores, transcurrió con tranquilidad  y amplia participación de sectores sindicales y juveniles. El principal hecho de gravedad se presentó en Miranda, Cauca; en medio de un proceso de liberación de la madre tierra en una zona agroindustrial de caña de azúcar, la Policía y el ESMAD detuvieron a 3 comuneros, por lo que las comunidades se movilizaron a la Estación de la Policía para exigir la libertad de los detenidos, pero cuando llegó la movilización, la Policía disparó con arma de fuego hacia la población, asesinando presuntamente al guardia indígena Luis Tombé, e hiriendo a dos personas más[15], lo cual es muestra de la continuidad de prácticas ilegales y desproporcionadas por parte de la Policía, como el uso de armas de fuego en protestas sociales y el tratamiento de guerra hacia el ejercicio de este derecho.

Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:

LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916

 

 

[1] CDLAT. (2021). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6710a368-d494-4597-92f9-f5a51177aa54#pageNum=1

[2]https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/un-muerto-y-dos-heridos-dejo-encuentro-entre-esmad-e-indigenas-en-miranda-cauca/

[3] El Tiempo. (2022). Mujer habría sido abusada mientras la trasladaban en patrulla de la Policía. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-mujer-habria-sido-abusada-mientras-la-trasladaban-en-patrulla-643110

[4] El Tiempo. (2022). Denuncian presunto abuso sexual a recluso en Estación de Policía de Soledad. https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/caso-de-abuso-sexual-contra-detenido-en-cai-de-soledad-2-000-649642

[5] https://www.instagram.com/p/CalKnNtLnQK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

[6] Caracol Radio. (2022). MinDefensa: Agitadores chilenos promueven ‘colatón’ y violencia en Bogotá. https://caracol.com.co/radio/2022/01/13/judicial/1642085527_632599.html

[7] Blu Radio. (2022). Primera Línea se infiltró en colegios donde protestan por casos de abuso sexual: Policía de Bogotá. https://www.bluradio.com/nacion/primera-linea-se-infiltro-en-colegios-donde-protestan-por-casos-de-abuso-sexual-policia-de-bogota

[8] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/

[9]  Cuartas, P. (13 de febrero, 2022). 201 personas de Primera Línea investigadas y ninguna condenada. El Espectador. En: https://www.elespectador.com/investigacion/201-personas-de-primera-linea-investigadas-y-ninguna-condenada/

[10] CAJAR. (2022). Defensa devela montaje de la Fiscalía contra jóvenes de Primera Línea en Pasto. https://www.colectivodeabogados.org/defensa-devela-montaje-de-la-fiscalia-contra-jovenes-de-primera-linea-en-pasto/

[11] Blu Radio. (2022). Juez legalizó la captura de los ocho presuntos miembros de la ‘Primera Línea’ en Neiva. https://www.bluradio.com/nacion/juez-legalizo-la-captura-de-los-ocho-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-rg10

[12] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/

[13] El Espectador. (2022). Jueza dejó libres a 14 señalados de terrorismo en marchas del 28 de abril. https://www.elespectador.com/bogota/jueza-dejo-libres-a-14-senalados-de-terrorismo-en-marchas-del-28-de-abril-article/

[14] El Tiempo. (2022). Marchas en Medellín del 28 de abril: así transcurrió la jornada, en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-en-medellin-asi-avanzan-las-marchas-y-protestas-hoy-28-abril-2022-668420

[15] CRIC. (2022). BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS. Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe – ACIN, https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-ddhh-un-muerto-dos-heridos-y-tres-capturados-en-liberacion-de-la-madre-tierra-en-miranda/

Torturar y castigar a quien protesta: el informe que revela las dinámicas de tortura infligidas a manifestantes

Torturar y castigar a quien protesta: el informe que revela las dinámicas de tortura infligidas a manifestantes

Bogotá D.C., 6 de abril de 2022. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, red nacional de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, lanzan en la ciudad de Bogotá el informe “Torturar y castigar a quien protesta”, el cual realiza un análisis acerca de cómo el uso arbitrario de la fuerza y la tortura son practicas generalizadas de represión en el marco de la protesta social con el fin de emitir mensajes y castigos aleccionadores a las personas que se movilizan.

El informe abarca los tres periodos de mayor movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021, los cuales componen el estallido social de la protesta y la indignación.

El documento muestra la necesidad de reconocer, describir y sacar de la oscuridad la ocurrencia de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TCID) ante la opinión pública, en instancias judiciales y disciplinarias, de manera que se pueda abordar integralmente. Esto a partir de un análisis jurídico de la tortura según los instrumentos internacionales de DDHH, el análisis de las armas potencialmente letales que pueden generar tortura y las dinámicas sociales que ha tomado el fenómeno en las protestas.

Al no nombrar la tortura como un crimen sistemático y generalizado que ejecuta la Policía Nacional y otras instituciones de la Fuerza Pública, se permite y se estimula su ocurrencia, muchas veces los casos pasan encubiertos como situaciones de “lesiones personales” o en simples “abusos de autoridad” sin que se resalte la gravedad de la tortura, evitando su investigación y una mayor sanción.

Durante la labor de monitoreo y protección como Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) de la sociedad civil pudimos conocer y evidenciar cómo el Estado colombiano pretende a través de la tortura, anular la personalidad de las personas, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano y desestimulando el ejercicio de la protesta: Muestra de ello son las 133 muertes arbitrarias producto del uso arbitrario de la fuerza (muchas de las víctimas fueron sometidas a tortura por uso excesivo de la fuerza que ocasionaron su muerte); 80 casos de tortura durante detenciones administrativas y/o con fines de judicialización; y 2.607 heridos producto del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, 107 de ellos con trauma ocular; para un total de 2.820 posibles víctimas de tortura y TCID durante 215 días de movilización, es decir 13 víctimas de tortura por cada día de protestas.

A su vez, el informe muestra la impunidad estructural que rodea esta violación de derechos humanos pues no hay una debida diligencia para identificar, juzgar y sancionar por parte de las instituciones del Estado colombianos. La Fiscalía general de la Nación solo ha iniciado 3 investigaciones por este tipo de hechos (ninguna víctima es manifestante), la Justicia Penal Militar reporta 390 investigaciones por delitos cometidos por agentes de la Fuerza Pública en el contexto de la protesta social desde 2019 al 10 de junio de 2021, lo cual contrasta con los miles de casos reportados en el informe. Así mismo las investigaciones adelantadas tanto por la Inspección General de la Policía Nacional como por la Procuraduría General de la Nación, no resultan alentadoras y replican la impunidad estructural.

Con el fin de reconocer el fenómeno de tortura en Colombia este informe consta de 5 apartados claves, en los cuales ocupó un lugar central, la participación de las víctimas:

  • Marco normativo de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  • Uso de armas y municiones que derivan en tortura y TCID.
  • Dinámicas y relatos de la tortura y los TCID durante el estallido social.
  • Impactos psicosociales en víctimas de tortura y TCID durante el estallido social.
  • Estado de las investigaciones: impunidad e injusticia.

Conoce el informe completo aquí y sigue nuestras redes para que no te pierdas de sus conclusiones, hallazgos, impactos y más.

Víctimas y organizaciones de derechos humanos piden a la Corte tumbar la #LeyDeINseguridadCiudadana

Víctimas y organizaciones de derechos humanos piden a la Corte tumbar la #LeyDeINseguridadCiudadana

24 de febrero del 2022

En el Día Nacional contra la Brutalidad Policial, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, la Campaña Defender la Libertad y la Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, llaman la atención sobre la necesidad de reconocer a las víctimas de la violencia policial y expresan nuevamente su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana que legaliza el paramilitarismo urbano al legitimar el uso de la fuerza letal en manos de particulares, criminalizando el ejercicio de defensa de los derechos humanos cuando de verificar la legalidad de procedimientos policiales se trata, y perpetuando la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y el ESMAD.

Como consecuencia de lo anterior, organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra 13 artículos de la Ley 2197 de 2022, evidenciando la forma en la que  se desconocen no solo derechos consagrados en la Constitución sino en tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por Colombia.  La Ley de «seguridad ciudadana» del gobierno nacional va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo y del populismo punitivo, agregando un nuevo riesgo para la seguridad de las personas: el de un Estado autoritario, que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso.

Es inconcebible este concepto de “seguridad ciudadana” que estigmatiza y criminaliza a quienes ejercen su derecho a la protesta social, así como a quienes  han propendido por la defensa de derechos bajo el rol de comisiones de verificación, brigadas de salud y medios alternativos de comunicación, siendo estos señalados y judicializados bajo argumentos endebles que buscan desestabilizar y apaciguar  la  movilización  social. Es inaceptable que no se propongan alternativas para la judicialización de los responsables de graves abusos de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza en un contexto en el que las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado no encuentran precedentes recientes en la historia de Colombia, especialmente las cometidas en el marco del Paro Nacional de 2021.

La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas registró[1] un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social durante el 2021: 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 106 violencias basadas en género, de las cuales 23 corresponden a violencia sexual, 343 agresiones a personas defensoras de DDHH, 3.546 detenciones arbitrarias e ilegales y 1.636 denuncias por abuso de poder y violencia policial.

Para garantizar los derechos de las víctimas de la violencia policial se requieren retomar las bases del Estado Social de Derecho con: a) un poder judicial y disciplinario que investigue y juzgue eficaz y debidamente las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado; y, b) un control constitucional  oportuno de la legislación que vele por la salvaguarda y el respeto de los derechos fundamentales como el de la protesta social y los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y campesinas.

Hoy volvemos a insistir en la urgencia de una reforma profunda de la policía, que nos permita avanzar en una fuerza pública para la paz, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la abolición del servicio militar obligatorio y la sanción de todos los militares y policías comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos como garantías de no repetición.


[1] Para más información vea: Campaña CDLAT, 2021. El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021.