Conozca como apelar comparendo policial en el marco de la Pandemia

Conozca como apelar comparendo policial en el marco de la Pandemia

En el marco de las protestas sociales, por medio de movilizaciones, desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, hemos observado, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, el cual se utiliza de manera constante por parte de la Fuerza Pública, para penalizar a los y las manifestantes.

Teniendo en cuenta que las arbitrariedades de Policía no pueden seguir permitiéndose, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas pone a disposición de todas las personas el siguiente FORMATO DE APELACIÓN COMPARENDO para que, atendiendo a los hechos particulares, puedan buscar su apelación, específicamente en tiempos de cuarentena por la pandemia mundial debido al virus COVID – 19.

Tenga en cuenta que el Código De Policía contempla que un ciudadano puede apelar al artículo 222 parágrafo 1 cuando considere que la multa es injusta. «En contra de la orden de policía o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación… y se remitirá al inspector de Policía dentro de 24 horas» La norma establece que la apelación se resolverá en 3 días hábiles y el ciudadano debe ser notificado.

La apelación debe hacerse en los siguientes tres días hábiles. Durante el periodo que este en estudio (suele durar más de 3 días) la multa se suspende, y si el fallo llega a ser desfavorable, los tiempos para hacer el trabajo pedagógico se reanudan.

Boletín Informativo: #15DeJunio

Boletín Informativo: #15DeJunio

Desde la Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas, informamos que el día 15 de junio de 2020, se llevó a cabo, a nivel nacional, una jornada de movilización convocada desde diferentes sectores sociales, quienes se manifestaron en contra de las diferentes situaciones que se vienen presentando en Colombia y la falta de garantías para pasar una cuarentena digna.

Sin embargo, la jornada de movilización pacífica se vio afectada por la desmedida e injustificada intervención de la Policía Nacional, situación que dejó como resultado más de 100 personas retenidas a nivel nacional y 3 personas con graves heridas.

  1. En la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, se registran al menos 45 personas retenidas, entre las cuales se encuentra manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Junto con esto, 2 jóvenes fueron golpeados, de manera indiscriminada por parte de la Fuerza Pública; Duván Jaramillo, quien es defensor de derechos humanos y hace parte del partido FARC, fue golpeado brutalmente, lo que le ocasionó una fractura en su brazo. Por otro lado, Nicolás Brito Zapata, quien fue retenido por grabar la movilización, fue golpeado durante el procedimiento, lo cual le causo una fractura en la mandíbula.
  2. En la ciudad de Bogotá, se registran 73 personas retenidas, 8 con fines de judicialización, en un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD.
  3. En la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca, la Policía Nacional y la Policía Militar, hostigaron la jornada de movilización, quienes sancionaron a los manifestantes con comparendos. Ciudadanos y ciudadanas denuncias la presencia de militares con armas de largo alcance en el lugar en donde se adelantaba el plantón.
  4. En la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, 5 personas fueron retenidas en el marco de las movilizaciones.

Desde las Comisiones de Verificación e Intervención, pudimos observar que algunos agentes de la Policía Nacional no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios, en un momento en que la población mundial atraviesa por una pandemia productor del virus Covid – 19. Recordamos que, tanto manifestantes como agentes de la Fuerza Pública, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, más aún en situaciones que pudiesen propiciar algún tipo de aglomeración, como lo fueron las retenciones masivas del día de ayer.

Además, seguimos observando, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, lo cual contraría la ley y convierte estos casos en detenciones arbitrarias. Recordamos que, según la Corte Constitucional, el traslado por protección tiene como única finalidad permisible la protección de derechos (Sentencia C-281); sin embargo, se han presentado traslados injustificados que no sólo han violado el derecho a la libertad, sino la integridad física de las personas.

Finalmente, Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

Denuncia Pública: #15DeJunio

Denuncia Pública: #15DeJunio

Por: Proceso Social de Garantías Antioquia

El día de hoy en la ciudad de Medellín se realizaba una movilización social convocada nacionalmente, como acción de muestra de la indignación nacional por diversas situaciones que se vienen presentando en nuestro país. La marcha contó con amplía difusión por parte de los sectores sociales e incluso se hizo una twitteraton el pasado 14 de junio. Por ello debió contar con todas las medidas para su respeto y garantía. La jornada se desarrollaba de manera tranquila hasta que se presentaron medidas represivas por parte de la policía, quien desde el primer momento se negó a interlocutar con las personas defensoras de derechos humanos.

Vemos con preocupación y denunciamos la reiteración en el uso arbitrario de la figura del Traslado por Protección por parte de la Policía Nacional, medio policivo que se ha instrumentalizado como herramienta para la represión, estigmatización y sanción de la movilización social y la protesta constitucionalmente protegida. A esta reiterada práctica, se agrega el desconocimiento de la libertad de prensa, toda vez que en medio de las detenciones masivas fueron capturados y capturadas periodistas y fotógrafos, quienes incluso portaban su identificación y advirtieron esta condición a las autoridades.

También se presentaron detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a parte de los manifestantes, incluso se sabe de una persona que sufrió una fractura en una de sus extremidades por el accionar abusivo de la Policía; para un total de al menos 40 personas detenidas y agredidas.

Alertamos que estás acciones ilegales son alentadas y exigidas por la Alcaldía de Medellín, pues se corresponden con las decisiones de restricción a la protesta social, que es contraria a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia, lo cual va acompañado de la vulneración del principio de legalidad que debe cumplir toda actuación estatal, al no llevarse a cabo la publicidad de las medidas arbitrarias, como ocurrió con el “protocolo” a las Universidades Públicas y que se repite con la supuesta “Resolución” que pretende “prohibir la movilización en vía pública”.

Frente a este contexto arbitrario, irregular, ilegal y reiterado exigimos al ministerio público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, adelantar todas las investigaciones que sean precisas y compulsar copia a la Fiscalía en los casos que ello amerite, ya que la impunidad es un mensaje de complicidad con las autoridades y uniformados que desconocen los derechos civiles y políticos, quienes se encuentran en una posición ventajosa en su lugar como funcionarios públicos  y ejercen abusivamente sus funciones.

Alertamos que la arbitrariedad de la privación de la libertad no solo se corresponde con la práctica ilegal de los funcionarios, que actúan sin invocar normas y procedimientos preexistentes en la ley, sino también cuando las normas invocadas son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en ese sentido cuando afirmó que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”[1].

Por último, le recordamos a todas las autoridades que nos encontramos en el contexto de un estado de emergencia, no estamos en un país sin Constitución y sin leyes, por lo cual sigue siendo su deber el respeto de la legalidad y la garantía de los derechos, tal  como explícitamente lo consagra la Carta Política colombiana en su artículo 93, donde explícitamente se dicta la prevalencia de “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción”.

Daniel Quintero y las demás autoridades de policía tienen que entender que su funcionamiento es en favor y para la ciudadanía, aun en las ocasiones en que el ejercicio de sus derechos le resulte incomoda.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday v. Suriname, sentencia del 21 de enero de 1994, serie C, n.º 16, párr. 47.

Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia:  Grave riesgo para los derechos humanos

Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia: Grave riesgo para los derechos humanos

Las organizaciones articuladas en la “Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas” y en las plataformas de víctimas y derechos humanos manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 las autoridades nacionales y locales están implementando medidas restrictivas de los derechos fundamentales de la ciudadanía tales como la creciente militarización del territorio nacional y el uso de aplicaciones digitales para móviles con acceso a datos privados.

A la fecha han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se instauró la medida principal de aislamiento obligatorio de la ciudadanía con el fin de aplanar la curva de contagio por COVID 19. Desde entonces, sin el debido control político, con justificaciones generales de orden público y abusando de las facultades excepcionales se han priorizado medidas restrictivas de libertades básicas como la movilidad y el derecho a la protesta, derechos fundamentales que solo pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, de forma excepcional y con justificaciones específicas. A la par, son insuficientes las medidas para mitigar el impacto desproporcionado en las condiciones de vida digna que sufren las comunidades más vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas privadas de la libertad, población en vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.

La priorización por parte del Estado de medidas restrictivas -en lugar de otras positivas para garantizar condiciones de vida digna como la renta básica- ha impactado negativamente a la gran mayoría de las economías familiares ya afectadas por el desempleo, lo que ha obligado a las personas a arriesgar su propia salud para buscar en la informalidad fórmulas para su supervivencia. A esta precaria situación, se suma que la creciente militarización -y la amenaza de la misma- de los últimos días adoptada por las autoridades para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento en las zonas más afectadas. Esto no solo ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, sino que parece no tener un efecto en la disminución de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

Adicionalmente, el empleo por parte de los gobiernos de aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten captar datos personales de las personas y en algunos casos hasta monitorear sus desplazamientos, es una medida altamente invasiva en la privacidad de las personas y que, por su modo de empleo, también puede asemejarse a medidas de empadronamiento prohibidas constitucionalmente.

Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que las medidas que se continúen adoptando para afrontar la crisis generada por el COVID-19 cuenten con un enfoque de derechos. Al respecto, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la naturaleza jurídica de las limitaciones a los derechos humanos que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados por lo cual es necesario que las medidas adoptadas sean necesarias, idóneas y proporcionales, y cuenten con el debido control en el marco de la división de poderes. La CIDH también hace un llamado para la adopción de medidas positivas de protección adicionales para los grupos más vulnerables.

Cordialmente,

Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:

  1. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
  2. Colombian corporation of criminal investigation and human rigths CORPOCICHR
  3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
  4. Cumbre Popular Urbana
  5. Entre Redes
  6. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
  7. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE
  8. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP
  9. Red Popular de Derechos Humanos -REDHUS

 

Exigimos que cesen hostigamientos

Exigimos que cesen hostigamientos

Desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional,  la grave situación de seguimientos y hostigamientos de las que han sido víctimas familiares del Yeison Franco, en especial Laura Escobar, su compañera sentimental.

Yeison es estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien fue detenido el pasado 21 de enero por agentes de la Policía, luego de que los uniformados realizaran un allanamiento en su residencia, en donde buscaban pruebas contra el joven para poder sindicarlo por el delito de concierto para delinquir.

Este delito se le es imputado por la participación del estudiante en las pasadas movilizaciones ciudadanas y por hacer parte de “ciertos” colectivos. Sin embargo, podríamos estar antes hechos de  estigmatización hacía protesta social, pues las autoridades no cuentan con pruebas de peso que indiquen que Yeison Franco estaba llevando a cabo cualquier tipo de acción ilegal.

Como consecuencia de esto, Laura Escobar, compañera sentimental de Yeison, quien estuvo presente en el momento de la detención, denuncia que está siendo objeto de constantes seguimientos y hostigamientos por parte de la Fuerza Púbica y entes gubernamentales, los cuales no disminuyen, ni siquiera, durante el presente confinamiento por el que atraviesa el país. Laura, como consecuencia de su actividad profesional, debe desplazarse contantemente por la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior, decidió enviar un derecho de petición solicitando que se le indicara si está siendo parte de algún tipo de investigación o indagación preliminar por parte de la Fiscalía Nacional, la respuesta a esta solicitud indica que Escobar  no es objeto de ningún tipo de investigación en calidad de indiciada y/o sindicada.

Expresamos nuestra preocupación por el hostigamiento del que está siendo víctima Laura Escobar y los familiares de Yeison Franco, pues estos, además de ilegales, ponen en riesgo la vida e integridad de estas personas. Instamos a las entidades correspondientes que puedan investigar y aclarar lo sucedido. Además, exigimos que cese, de manera inmediata, cualquier tipo de hostigamientos hacía esta familia.