¡Exigimos justicia! Violaron y torturaron a jóvenes en el CAI de Soledad 2000

¡Exigimos justicia! Violaron y torturaron a jóvenes en el CAI de Soledad 2000

Ayer, 6 de septiembre de 2021, a las 2:30 p.m. de manera virtual, se dio inicio a la Audiencia de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso penal que se sigue por los hechos de tortura y violencia sexual de los que fueron víctimas tres personas, entre los que se encuentra un joven LGBT, mientras estuvieron capturados por ejercer su derecho a la protesta social en Barranquilla, el pasado mes de mayo.

Este suceso tuvo lugar en el CAI de Soledad 2000 (Atlántico) a cargo de la policía metropolitana de Barranquilla, mientras los detenidos estaban al cuidado y vigilancia de agentes de la Policía Nacional. Durante su detención, las víctimas sufrieron agresiones físicas y amenazas por parte de los guardias de policía y los reclusos que ahí se encontraban.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación, imputó cargos de violencia sexual a los presuntos autores materiales del hecho, dejando de lado la imputación que debió realizar a los oficiales de policía que propiciaron e incentivaron el abuso sexual al igual que la tortura, al decirles a los reclusos, que había “llegado carne fresca”.
Por lo anterior, la Campaña Defender La Libertad Es Un Asunto de Todas y la Corporación Caribe Afirmativo hacemos un llamado público, a la Fiscalía General de la Nación, para que:

1. Se vincule a la Policía Nacional de manera directa en el proceso penal que está en curso, teniendo en cuenta la posición de garante en la protección y vigilancia de los derechos humanos de los detenidos, los cuales se encontraban en un estado de indefensión por su condición de privación de la libertad.
2. Que se tome en consideración para la imputación, el delito de tortura, dado los tratos crueles e inhumanos ocurridos al interior del CAI durante la detención y privación de la libertad de estos jóvenes.
3. Reiteramos que la violencia sexual y los actos de tortura que se ejercieron en contra de la víctima LGBT se dieron por móviles prejuiciosos en contra de su expresión de género diversa y la orientación sexual de la víctima.
4. Que se tenga en cuenta que el castigo físico y psicológico constitutivo de tortura, en este caso, guarda relación con su participación en las jornadas de movilización social.

¡Exigimos justicia!

POLICIA NACIONAL INCOMUNICA A DETENIDO Y VULNERA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

POLICIA NACIONAL INCOMUNICA A DETENIDO Y VULNERA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

26 de agosto de 2021

La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs denuncia que el día 25 de agosto de 2021 sobre las 3:00PM fue detenido el joven ARTURO BERNAL ROMERO, quien salía de trabajar de un local comercial ubicado en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, lugar donde se adelantaban una serie de protestas que fueron intervenidas de manera violenta por el ESMAD.

El día 26 de agosto sobre las 8:00am según información de las autoridades policiales ARTURO BERNAL, fue trasladado a la URI de Molinos; sin embargo, su familia se acercó al sitio y negaron que estuviera allí, fueron remitidos al Centro de Traslado por Protección donde negaron su paradero y allí señalaron nuevamente las autoridades que se encontraba en la URI de Puente Aranda donde finalmente se manifestó de manera afirmativa que el joven se encontraba en este centro de detención. En ese momento su familia solicitó ingresarle elementos básicos de aseo y ropa sin embargo esta solicitud fue negada por las autoridades de la URI Puente Aranda.

Siendo las 8:15Pm el joven Arturo no ha podido comunicarse con su familia para informar sobre su salud física y emocional, tampoco se le ha permitido la entrevista con un defensor de confianza que le oriente y asista jurídicamente. Su familia teme por su integridad debido a que en el marco de su detención recibió comentarios amenazantes por estar en este lugar donde manifestaban que tomarían represalias en su contra y de su familia.

Alertamos a la opinión pública sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a contar con una defensa técnica de confianza, a no ser incomunicado ni ser sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes.

Exigimos a las autoridades distritales de gobierno, a la Policía Metropolitana y Ministerio Público en Bogotá garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de ARTURO BERNAL ROMERO cesando esta detención arbitraria.

Solicitamos pronta verificación de la situación del detenido, así mismo que le garanticen el debido proceso y los derechos del capturado consagrados en el Art. 303 del CPP como lo son el derecho a la comunicación sobre su aprehensión y la posibilidad de la entrevista con un abogado de confianza.

Alerta por violación de derechos humanos en el Humedal Tibabuyes, Bogotá

Alerta por violación de derechos humanos en el Humedal Tibabuyes, Bogotá

9 DE AGOSTO DE 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República

CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa de Bogotá

DANIEL PALACIOS
Ministro del Interior

CARLOS CAMARGO
Defensor del Pueblo

JULIÁN MORENO
Alcalde de la localidad de Suba.

El COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS y la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA Y URGENTE a las entidades competentes sobre el desalojo violento que se está realizando al campamento instalado en el humedal Tibabuyes y las agresiones que allí se están presentando por parte de la Fuerza Pública.

HECHOS

Desde el 20 de noviembre de 2020, cerca de 50 jóvenes instalaron un Campamento Permanente por la Vida y el Territorio frente al humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, en la localidad de Suba en Bogotá, con el fin de exigir el freno de las obras que buscan la construcción de un ciclopuente, debido a qué tendrían grandes daños ecológicos e implicaciones en el ecosistema del humedal.

Las personas del campamento han sido víctimas de hostigamientos por parte de personas armadas no identificadas. Tal como ocurrió el 5 de julio de 2021 cuando personas no identificadas realizaron dos disparos desde el Humedal hacia la Av. Cali a pocos metros de distancia de donde se ubica el campamento. Ante los disparos, las personas del lugar se lanzaron al suelo. Uno de los disparos impacta el plástico negro que hace las veces de paredes. Al día siguiente fue encontrado el proyectil.

Hoy, 9 de agosto, el ESMAD realiza un desalojo violento del campamento a pesar de que las personas han permanecido de manera pacífica en el humedal. Dentro de las múltiples agresiones a la ciudadanía, una mujer fue golpeada de manera arbitraria por varios agentes y fue detenida sin justificación alguna, la fuerza pública agredió a personas de prensa debidamente identificadas con el fin de entorpecer su labor y evitar que se registraran los abusos cometidos por el ESMAD.

Así mismo, sobre las 4:48 de la tarde se reportan afectaciones a la fauna del humedal, en especial aves y la muerte de un gato doméstico a causa de los gases lacrimógenos lanzados en zonas residenciales. Se han reportado la detención de varios ambientalistas y manifestantes que se encontraban en el humedal, las detenciones se enmarcan en la expedición de una orden de desalojo no conocida o allegada a la comunidad con antelación.

SOLICITUDES

  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá brindar garantías para la protección del derecho a la vida, la protección de la integridad personal de las manifestantes y otras presentes en el lugar que se encuentran en manifestaciones pacíficas para la protección del humedal Tibabuyes.
  • Establecer escenarios de diálogo y consenso con los manifestantes en torno a la garantía de los derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza en la localidad de Suba con relación a la protección del humedal Tibabuyes.
  • Se garanticen los derechos ciudadanos de acceso a la administración de justicia, opinión, información y al debido proceso en el marco de la audiencia pública realizada que emite la orden de desalojo sin contar con la presencia de los representantes del campamento ubicado en el humedal Tibabuyes, desconociendo así, además, el derecho a la protesta social.
  • Reconocer la labor de prensa y la labor de defender los derechos humanos en el marco de la protesta social a fin de que se puedan establecer rutas de acción por parte de la fuerza pública que logren mitigar todo tipo de vulneraciones en materia de derechos civiles y políticos a estos ejercicios y a quienes los realizan.
  • A las autoridades competentes puedan adelantar las investigaciones y sanciones correspondientes a los funcionarios de la fuerza pública que, en el marco de su labor, cometieron múltiples transgresiones a su protocolo de acción y a los derechos humanos de la población civil.

 

Es deber del Estado salvaguardar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en el marco de la protesta social 

 

The Colombian State is responsible for aggressions against Human Rights Defenders during the National Strike 2021

The Colombian State is responsible for aggressions against Human Rights Defenders during the National Strike 2021

The Campaign Defending Freedom: Everyone’s Business – CDLAT, presents the report “The risk of defending freedom in the streets”, which reports on attacks on human rights defenders during the National Strike, which began on April 28th in Colombia.

The work carried out by the Civil Society Verification and Intervention Commissions -CVI, through dialogue with the authorities and the collection of information on police violence and abuse, arbitrary detentions, personal injuries and other aggressions in the context of social protest, has made it possible to register cases, make public complaints, provide legal assistance and strategic litigation and advocacy actions with the aim of demanding the guarantee of the satisfactory exercise of social protest and other human rights in the context of social protest.

In this sense, the CVIs are tools used by civil society for the promotion and protection of human rights in different types of mobilization, involving accompaniment and monitoring of guarantees that the authorities must provide for the exercising of the right to social protest. Both CDLAT and the human rights defenders who are members of the Campaign and/or different CVIs have positioned themselves as a national and territorial reference points for the exercising of the defense of human rights in this framework.

In accordance with the above, and with the objective of observing targeted and intentional violence perpetrated by the security forces against human rights defenders in the context of social protest, the report “The risk of defending freedom in the streets” will initially present a general context of the aggressions suffered by human rights defenders at the national level, followed by a specific analysis of what happens in some regions and areas. The report will share cases of targeted actions by the security forces against certain individuals, highlighting the risks faced by human rights defenders in social protest scenarios.

Second, the main human rights violations against human rights defenders in Colombia in the framework of the National Strike that began on April 28, 2021 will be presented in a preliminary and concise manner. These include:

  • Homicides
  • Personal injuries
  • Gender-based violence (GBV)
  • Stigmatization
  • Judicialization and arbitrary detentions.

Some representative cases of these aggressions in different territories of Colombia are reviewed in this section. These violations have occurred in cities including Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander and Villavicencio – Meta. The responsibility of different actors in the aggressions recorded is indicated. In all of these categories the primary actor perpetrating these acts is the Colombian State.

Finally, we will share some brief conclusions related to the different sections of this report, as well as a series of requests aimed at facilitating the work of international human rights law bodies and urging the Colombian State – once again – to respect the work of human rights defenders. This report has a public and a private version that was sent to the Special Rapporteur for Women Human Rights Defenders of the United Nations, as well as to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); within the confidential information there are two annexes detailing the seriousness of the aggressions that we, women human rights defenders, have suffered during this National Strike 2021.

Read the full report here.

BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ: #PARONACIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ: #PARONACIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ #PARONACIONAL

27 de julio de 2021

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:

  • 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
  • 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
  • 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
  • 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].

Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.

El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.

Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.

En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.

Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].

El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.

Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello,  3 agresiones reportadas sin identificar.

En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.

Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.

EXIGIMOS

  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
  • A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
  • A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
  • Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
  • A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.

 

[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño

[2] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133

[3] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/

[4] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921

[5] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx

[6] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.

[7] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08