La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta y seis (36) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 04 de mayo (16:00 pm) en el territorio nacional:

★ 77 homicidios , de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Dos (2) eran defensores de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.

★ 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 615 son hombres, 127 son mujeres y 497 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.

★ 158 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 8 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.

★ 667 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales:
466 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 127 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.

★ 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo , entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 27 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 11 casos de agresiones sexuales, que incluyen abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 3 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.

★ 2.808 personas han sido detenidas , muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

★ 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.

★ 1304 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.

★ 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales . Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.

Insistimos en nuestra permanente y ascendente preocupación sobre la particularidad de que las agresiones que hemos registrado en nuestras bases de datos a partir de las experiencias recogidas en las Comisiones de Verificación e Intervención: la gran mayoría de los registros corresponden a personas jóvenes . Además, este sector poblacional ha sido el principal blanco del gobierno nacional, del partido de gobierno y medios de comunicación tradicionales; quienes han realizado afirmaciones estigmatizantes, llamándoles “terroristas” y/o “vándalas”, con generalizaciones absurdas y peligrosas, haciendo alusión a su supuesta pertenencia a grupos guerrilleros. Frente a ello queremos resaltar en cambio, sobre la gran capacidad que tienen como sujetos políticos, actores y actrices que impulsan espacios de intercambios culturales, recreativos, comunitarios, ambientales, feministas, asamblearios y sociales que han nutrido las dinámicas del Paro Nacional, por ejemplo, el escenario de la Asamblea Nacional Popular que se llevará a cabo en Bogotá del 6 al 8 de junio es muestra de las acciones política y reivindicativas que visibilizan a la juventud colombiana como un sujeto colectivo fundamental para la tarea de la construcción de paz en Colombia.

Es de carácter primordial que pueda visibilizarse aún más la situación en el departamento del Valle del Cauca, toda vez que nos encontramos en la espera de esclarecer los 62 registros de asesinatos, dado que 15 de ellos corresponden a personas sin identificar. Es sorprendente el silencio cómplice y la poca atención y visibilidad que se le han brindado a estos hechos por parte de las instituciones y medios de comunicación tradicionales, a pesar de la gravedad de la crisis humanitaria que se vive. Esto se suma al alto número de detenciones (en su mayoría arbitrarias), de personas heridas y de denuncias por abuso de poder estatal y policial. Por ello, hacemos un llamado urgente a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el departamento. Exigimos que estos hechos sean esclarecidos en su totalidad, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.

Es alarmante la situación sobre la sistemática violación de derechos humanos que ha provocado el actuar de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas vividas en la ciudad de Bogotá. Particularmente en el Espacio Humanitario ‘Al calor de la olla’ en el Portal de la Resistencia (antes Américas), se han vivido sistemáticas y múltiples intervenciones casi a diario, que producen agresiones desmedidas e injustificadas en contra de manifestantes, brigadas de salud de primeros auxilios de la sociedad civil, conjuntos residenciales, casas y barrios populares que rodean este punto de la ciudad. De manera paralela, se han presentado múltiples agresiones a las manifestantes en la localidad de Suba, donde se han convocado jornadas culturales de movilización en el Portal Suba y barrios aledaños, que han sido intervenidas con violencia desmedida en dicho punto, incluso con presencia de adultos mayores, mujeres embarazadas, y niños/as; incluso registramos la afectación de un bebé de cuatro meses por inhalación de humo .

Estos hechos evidencian la sistematicidad de las agresiones es evidente en diferentes puntos de Bogotá, lo cual nos preocupa como organizaciones defensoras de derechos humanos, toda vez que representa una violación constante de derechos fundamentales, protocolos y normas nacionales y del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable y vigente en el país, pero irrespetado por la fuerza pública y el gobierno nacional. Rechazamos las amenazas y presencia de dinámicas y actores paramilitares en la ruralidad y urbanidad de diferentes zonas del país, que solo buscan amedrentar, acallar e intentar opacar la voz popular que mantiene vivo el Paro Nacional.

Las agresiones por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados hacia defensoras de DDHH se mantienen de manera constante por medio del hostigamiento, golpes, ataques con aturdidoras y gases lacrimógenos, acoso, seguimiento mediante drones, impedimento del ejercicio de verificación e intervención, entre otras. Estas agresiones ya dejan 2 defensores de derechos humanos asesinados, Sebastián Jacanamejoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle; y un líder social y defensor del corregimiento Villa Baja en el municipio de Leiva, Nariño. Además, en medio de las intervenciones del ESMAD, han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas en el marco de intervenciones injustificadas y desproporcionadas por parte del ESMAD.

Vemos con gran relevancia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para la verificación de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población colombiana. Allí, víctimas y organizaciones podremos evidenciar la situación de crisis de graves violaciones a derechos humanos en el marco del ejercicio a la protesta social vivida en el último mes y una semana del Paro Nacional. Saludamos que se generen estos espacios de interlocución, en los cuales deben primar la escucha activa y empatía con las víctimas de abuso y violencia policial, pues deben ser el centro de la visita, asimismo escuchar la labor que desempeñamos las defensoras de derechos humanos en terreno y en las diferentes acciones que realizamos en pro de dotar de las mayores garantías el ejercicio de la protesta social en Colombia..

EXIGIMOS

★ Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
★ Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
★ Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
★ Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
★ Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
★ Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
★ A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
★ Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
★ Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
★ Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
★ Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.