En el marco de la conmemoración de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos acompañado algunos de los escenarios de memoria convocados por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares y víctimas. En este ejercicio es fundamental comprender el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas expresiones democráticas para identificar si existen avances judiciales en las investigaciones penales y disciplinarias y si realmente se han generado transformaciones en la Policía Nacional como ente gubernamental.

Para ello, podríamos preguntarnos: ¿Qué ha pasado con los casos de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020? Con esta pregunta nos remontamos a dolorosos hechos de violencia y brutalidad policial[1] que padecieron personas privadas de la libertad y comunidades de barrios populares, quienes salieron a rechazar mediante múltiples protestas sociales el abuso de poder policial y en particular la tortura y homicidio del estudiante de derecho y conductor de taxi Javier Ordoñez[2]. La respuesta policial fue represión, violencia desmedida y desproporcionada que produjo detenciones masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, lesiones físicas y los homicidios de personas humildes y trabajadoras: Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias. Además, en el marco de esas jornadas se conoció el escabroso y tenebroso hecho de la masacre por incineramiento de jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, Cundinamarca.

Podemos afirmar que en todos los casos referidos existe continúa la impunidad institucional y judicial tanto en el ámbito disciplinario interno de la Policía y del control preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación, así como en el ámbito penal de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria colombiana.

Frente a los hechos del 4 de septiembre del 2020 acaecidos en Soacha, Cundinamarca[3], podemos recordar que se generó un encubrimiento de graves circunstancias en las que murieron incinerados 8 jóvenes detenidos por la Policía dentro de un CAI en este municipio. Aunque en los vídeos que se dieron a conocer a través de la Revista Semana se identifican a varios uniformados de la Policía, se informó a la opinión pública que tan solo dos policías[4] serían presuntos responsables del incendio.

Frente a los hechos del 9[5] y 10 de septiembre del 2020 la Veeduría Distrital emitió un informe preliminar[6] en el cual se citan cifras de la Secretaría Distrital de Salud que frente al 9 de septiembre donde señalaron: 7 casos de asesinatos de personas en Bogotá y 3 en Soacha, 305 personas heridas en el marco de las protestas, de las cuales 75 fueron heridas por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 por otro tipo de armas. Asimismo, se identifican como las localidades más afectadas a Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Se señaló que se documentaron 119 denuncias por parte de la Alcaldía de Bogotá por presuntos abusos policiales, la Veeduría Distrital informó que tan solo contaba con 3 expedientes abiertos frente al abuso de autoridad, que la Procuraduría General de la Nación adelanta 73 procesos contra integrantes de la Policía Nacional (19 activos, 38 en etapa probatoria, 8 en indagación, 3 en evaluación de investigación disciplinaria, 3 en fallo de primera de instancia y 2 en proceso de registrar sanción). Citando al Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes se resaltó que 3 de cada 10 ciudadanas considera que la Policía no les protege.

Por nuestra parte, emitimos boletines informativos[7] que dieron cuenta de la gravedad de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de los cuales resaltamos el uso de armas de fuego contra manifestantes, las agresiones a defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, asesinatos de personas manifestantes pacíficas, detenciones arbitrarias masivas incluyendo personas menores de 18 años, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, secuestros y casos de presuntas desapariciones. Todos los registros que hicimos en el Sistema de Agresiones a la Protesta Social SIAP, encuentran que algunos patrones de agresiones que se repiten respecto de lo ocurrido en el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y en los meses del Paro Nacional de 2021.

Un año después de estos hechos de violencia policial, no existe información completa y veraz que dé cuenta de sanciones ejemplarizantes contra los integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de los crímenes cometidos en Bogotá. Tampoco se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas de construcción de paz y transformación estructural de la Policía que permitan la implementación de medidas contra la impunidad y de garantías de no repetición de la violencia policial. Con políticas públicas efectivas, no habríamos asistido a la profundización de esa violencia que sufrimos en el Paro Nacional de este 2021. Pese a que la Alcaldesa de Bogotá Claudia López mantenga un discurso de pedir disculpas por el abuso de la policía[8], sus actuaciones en el año 2021 frente a las jornadas del Paro Nacional y frente a su deber de contribuir con los avances judiciales de investigaciones y tomar las riendas de la Policía Metropolitana de Bogotá, siguen estando en deuda y concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso con el propio Decreto Distrital 563 de 2018.

Lo anterior es parte fundamental de los factores que explican los detonantes que mantienen viva la convulsión social que sienten las familiares de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales, lo que conlleva a que realicen actos conmemorativos y a la vez denuncias nacionales e internacionales sobre la ausencia de justicia, verdad y garantías de no repetición en los hechos de los que fueron víctimas por culpa exclusiva de la Policía Nacional y del Estado colombiano. Por ejemplo, la jornada de conmemoración en el barrio Verbenal en Bogotá D.C. que se llevó a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 da cuenta del dolor que se mantiene vivo en las familiares de las víctimas de este barrio y de la ciudad en general y pese a que la jornada mantuvo viva la esperanza y los anhelos de justicia, se empañó por algunas acciones violentas registradas en otros puntos de la ciudad y por la ausencia de avances investigativos significativos que sean un aliciente para las personas que rodean a las víctimas del 4S, 9S y 10S.

La deuda histórica frente a la reforma policial estructural sigue vigente

La Policía Nacional de Colombia actualmente cuenta como una entidad con un bajo nivel de legitimidad, con un amplio reconocimiento social como institución vulneradora de los derechos humanos en escenarios de manifestantes pacíficas y que gozan de una impunidad garantizada por el fuero penal militar y por la ausencia del trabajo que deben realizar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. A propósito de las nuevas jornadas de movilización social del 9 y 10 de septiembre del 2021 y las discusiones que se proyectan en el senado de la república, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas queremos retomar[9] algunos elementos centrales de la discusión vigente sobre la reforma policial, que en sus aspectos estructurales y de fondo no encuentran ningún avance en lo planteado por el gobierno nacional.

  • Es imprescindible diseñar, construir e implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana y construcción de paz que orienten la reestructuración de la Policía Nacional, haciendo uso de diferentes mecanismos de participación ciudadana que doten de legitimidad democrática y popular estos ejercicios.
  • La insistencia en la reubicación sectorial de la Policía, del sector Defensa al sector del Interior o de Justicia, tiene que ver con el alcance que puede tener el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones y en el propósito de mediano plazo de desmilitarizar la doctrina de la entidad.
  • La desmilitarización de la Policía Nacional pasa por separar los cuerpos policiales contrainsurgentes, que luchan contra el narcotráfico, EMCAR, Comandos Jungla y Comandos Especiales para que definitivamente sean parte de las FFMM.
  • Se necesita una investigación interna rigurosa que permita identificar las faltas disciplinarias y delitos que se enmarcan en violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía en las jornadas de protesta social pacífica. Es urgente el esclarecimiento total de estos casos, pues la impunidad no es tolerable en ninguna medida.
  • Es urgente que los diferentes funcionarios públicos que conforman la Policía Nacional, reciban formación integral en derechos humanos, por parte de entidades independientes del Sector Defensa y del gobierno nacional. Este proceso debe tener un carácter permanente y debe ser impartido por actor imparcial y capacitado. Se requiere profundizar conocimientos en enfoques diferenciales para el tratamiento de asuntos de seguridad ciudadana.
  • Se necesita la reforma del proceso de convocatoria y selección de integrantes de la Policía Nacional, incorporando estándares de derechos humanos.
  • La transformación de la doctrina operacional de la Policía debe ser radical y completa. La Policía Nacional colombiana no puede funcionar bajo doctrinas militares que perpetúan la visión de la búsqueda del enemigo interno.
  • Creación de una cultura de rendición de cuentas transparente, oportuna y masiva, de parte de la Policía Nacional hacia las ciudadanías, en las que se expliquen los detalles de los operativos de acompañamiento a protestas sociales.
  • Dentro de la Policía solo deben existir cuerpos que acompañen los asuntos exclusivos de seguridad ciudadana.
  • Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes.
  • Es necesario clarificar que la Policía Nacional jerárquicamente responde a su superior que son las Alcaldías y no las fuerzas militares. Esto es ratificar el carácter civil que tiene la Policía.
  • Se necesita revisar el régimen de carrera que tiene la Policía. Son demasiados rangos: 15. Las oportunidades de profesionalización de integrantes de la fuerza pública son mínimas.
  • Se necesita limitar el derroche financiero de supuestas reformas, que invierten millonarias cifras en compra de equipamientos, vehículos y uniformes nuevos, que no solucionan los problemas estructurales de la Policía.
  • Se deben generar regulaciones y prohibiciones de tácticas y procedimientos policiales abusivos, violentos y agresivos. Así como generar una restricción y limitación al abuso de la figura de traslado por protección para desincentivar la protesta social.
  • Se propone la creación de la Auditoría Policial, adscrita a la Defensoría del Pueblo, en la cual la ciudadanía haga denuncias oportunas que puedan ser atendidas por mecanismos de participación ciudadana.
  • Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes. Se requieren investigaciones judiciales independientes y eficientes en casos de violaciones DDHH en contra de manifestantes.

La comprensión de las problemáticas estructurales de la sociedad colombiana implica un abordaje integral, incluyendo una revisión particular sobre las difíciles condiciones socio económicas en este contexto ampliamente agudizadas por la pandemia, que brindan elementos para explicar la conflictividad en escenarios de protestas. La policía como institución debe transformarse para garantizar el cumplimiento de su fin misional y trascienda a la comprensión y aplicación efectiva de los Derechos Humanos, es necesario que las instituciones estatales puedan promover una reforma policial, pero que a la par realice acciones efectivas de esclarecimiento de la verdad y garantía de justicia para todas las víctimas de crímenes de Estado.

Sé parte de nuestro próximo evento y ayudanos a completar las 75 000 firmas en: https://bit.ly/38Vw1mA


Notas al final

[1] Colombia: La masacre del 9 y 10 de septiembre: brutalidad policial como ejercicio de gobierno. Somos Abya Yala. 21 de noviembre de 2020. Disponible en: http://somosunaamerica.org/2020/11/21/la-masacre-encolombia/

[2] El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía, afirman sus familiares, Contagio Radio, 9 de septiembre de 2020.  Disponible en: https://www.contagioradio.com/el-abogado-javier-ordonez-fue-asesinado-por-la-policia-afirman-sus-familiares/; Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”, El Espectador, 08 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/medicina-legal-senala-que-la-muerte-de-javier-ordonez-violenta-homicidio/

[3] Alcanzó a decir: ‘mamá, no llore’’. Madre de quemado en incendio”, El Tiempo, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-madre-de-uno-de-los-jovenes-muertos-en-incendio-en-cai-de-policia-noticias-hoy-548378; Los detalles de lo que pasó en estación de Policía de Soacha. El Tiempo, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/incendio-en-soacha-detalles-de-lo-que-paso-el-4-de-septiembre-548670; Atención: estos son los escalofriantes videos del incendio en el CAI de Soacha donde murieron ocho jóvenes. Semana, 2 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-estos-son-los-escalofriantes-videos-del-incendio-en-el-cai-de-soacha-en-el-que-murieron-ocho-jovenes/202100/

[4] Exclusivo: dos policías serían responsables del incendio en el CAI de Soacha donde murieron 8 jóvenes. Semana, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-dos-policias-estarian-involucrados-en-el-incendio-de-la-estacion-de-soacha-donde-murieron-ocho-jovenes/202157/

[5] La noche del 9S: voces de una masacre. Primera entrega. Cuestión Pública, 13 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/la-noche-del-9s-voces-de-una-masacre-primera-entrega/

[6] Veeduría Distrital, Informe “El 09 y el 10 de septiembre en Bogotá. Las cifras y datos detrás de los hechos de vandalismo y abuso policial que afectaron el derecho a la protesta social”, septiembre de 2020. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.pdf

[7] Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. Disponibles en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-1-9s/; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-2-10s/ y; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-3-10s/

[8] Claudia López rindió homenaje a las víctimas del ‘9S’ y pidió reformar a la Policía: “para las familias no ha habido verdad ni justicia”. Infobae, 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/09/claudia-lopez-rindio-homenaje-a-las-victimas-del-9s-y-pidio-reformar-a-la-policia-para-las-familias-no-ha-habido-verdad-ni-justicia/

[9] Se retoman elementos de las propuestas del profesor Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable. Periodico UNAL, 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-policial-urgente-y-estructural-pero-poco-probable/; asimismo se retoman elementos de las propuestas de proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por parte de Congresistas de la Bancada de Oposición.