Boletín informativo 14: #ParoNacional

Boletín informativo 14: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de veintitrés (23) días de jornadas de protesta social en su mayoría pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 20 de mayo (15:50 pm) en el territorio nacional:

  • 52 homicidios[1], de los que 31 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica. 8 de esas personas fallecidas están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas. Adicionalmente una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública.
  • 715 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. Se incrementaron a 41 las lesiones oculares. 67 fueron heridas por arma de fuego.
  • 95 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones, bajo diversas modalidades como amenazas, golpes, detenciones y señalamientos.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2], 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual), 18 casos de cachetadas, pellizcos y jalada de pelo, 5 casos de tortura física y 4 casos de tortura psicológica.
  • 1645 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indicrimnada y sin justa causa la figura del traslado por porteccion, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 992 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.

El 20 de mayo, en horas de la tarde, la Guardia Indígena del CRIC sufrió un atentado mientras acompañaba un corredor humanitario que busca el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible al suroccidente del país en la vía Panamericana, sector del Río Ovejas. Lugar en el cual siete (7) personas encapuchadas lanzaron un artefacto explosivo en contra de guardias y comuneras. Rechazamos estos ataques que aumentan los niveles de violencia y amenazas que afectan la vida, integridad y derecho a la protesta de los Pueblos Indígenas promotores de la “Minga Hacia Adentro”. Estos actos tienen como propósito amedrentar a las organizaciones sociales étnicas, para que dejen de brindar su acompañamiento a las jornadas de protesta del Paro Nacional en diferentes regiones del país.

Es preocupante la situación que se está presentando en Dosquebradas, Risaralda desde la madrugada con la intervención en barrios residenciales por parte de la Policía, quien realiza procedimientos sin identificación visible en medio de agresiones y detenciones arbitrarias. También, desde horas de la madrugada, en el sector Paso del Comercio y el barrio Brisas, en Cali, se han presentado agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD, que ha realizado disparos a quemarropa de gases y aturdidoras, y han disparado hacia la población civil con armas de fuego[5].

Rechazamos las agresiones y violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas de la noche de ayer, 19 de mayo, en varios puntos de Bogotá, como el Portal de la Resistencia (antes Américas), Portal Suba, San Cristóbal, entre otros, que dejaron decenas de manifestantes heridas, golpeadas y mutiladas. Reiteramos nuestra preocupación sobre el uso indebido del arma de lanzamiento múltiples de gases  “Venom” la cual disparó indiscriminadamente en un radio de acción muy amplio, advirtiendo nuestra preocupación sobre la falta de información de nuevas armas como ésta, que la fuerza pública ha empezado a utilizar, desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza.

Manifestamos nuestra preocupación ante el accionar violento, desproporcionado y arbitrario de la Policía Nacional y el ESMAD en Caucasia, Antioquia, ayer, 19 de mayo, ya que agredieron a la población lanzando gases en zonas residenciales, golpeando a las personas, incluyendo mujeres en estado de embarazo y niñas/os[6]. También continua en el sector Puerto Resistencia, en Cali, donde el uso de la fuerza fue totalmente desproporcionado y dejó varias personas heridas a su paso. Estas actuaciones van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica, las cuales sumaron ayer una mujer[7] a la larga lista de asesinatos cometidos en medio del Paro Nacional.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.

 

[1] Desde el último boletín se suma el asesinato de una mujer en Cali, presuntamente por la policía.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 759 detenciones en Bogotá, 36 en Cauca, 190 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 94 en Santander, 85 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 23 en Boyacá, 22 en Armenia, 42 en Risaralda, 25 en Antioquia, 5 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 75 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[5] Tomado de las denuncias realizadas a las líneas de emergencia de la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas.

[6] Tomado de las denuncias realizadas a las líneas de emergencia de la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas.

[7] Ver: http://luisalfonsomenas.blogspot.com/2021/05/otra-noche-de-terror-del-regimen-de.html

Convocatoria para prácticas, pasantías y/o voluntariados en el Área de Democracia y Protesta

Convocatoria para prácticas, pasantías y/o voluntariados en el Área de Democracia y Protesta

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, es la primera organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos constituida en nuestro país. Cuenta actualmente con más de cuarenta y cinco (45) años de experiencia, los cuales han estado orientados a la acción social en búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos humanos con énfasis en derechos civiles y políticos, así como en el acompañamiento y representación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos -ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y torturas, detenciones arbitrarias, entre otras-, en aras de lograr la materialización de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en diferentes escenarios.

En aras de continuar con el trabajo emprendido y de avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en escenarios de protesta social, el CSPP busca personas practicantes profesionales, pasantes y/o voluntarias de áreas afines a la defensa integral de los derechos humanos, para que se integre al equipo del área de democracia y protesta.

Una de las acciones que ha realizado la Campaña, es la creación del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social – SIAP, el cual pretende ser una fuente de seguimiento y registro de información de violencia institucional presenta en escenarios de movilización social.

El CSPP a través del área de democracia y protesta, apoya la coordinación de la Campaña Defender la libertad: Asunto de Todas – CDLAT, como una red de organizaciones que actúa frente a la criminalización de la protesta social, el abuso de autoridad policial y las detenciones arbitrarias. La Campaña realiza un ejercicio de documentación y visibilización de vulneraciones a los derechos humanos en escenarios de protesta social a través de tres estrategias: i) acción pedagógica popular para el fortalecimiento de capacidades organizativas en derechos humanos; ii) documentación de casos y representación de víctimas de detenciones arbitrarias y/o abuso policial; y iii) acompañamiento a escenarios de protesta social a través de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI.

PERFIL Y HABILIDADES REQUERIDAS:  

< >Estudiantes de Sociología, Derecho, Ciencias Políticas u otra área de las Ciencias Sociales y humanas que cuente con experiencia en investigación y bases de datos. Con conocimiento e interés por los Derechos Humanos (DDHH y DIH) y metodologías de investigación, para lo cual debe acreditar haber cursado dichas asignaturas[1]. Buen manejo de recursos básicos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), así como manejo de bases de datos. Persona comprometida con la realización de sus funciones y con interés en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 

< >Apoyar en la documentación de casos para registrar en el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social. Contribución a la redacción y construcción de acciones públicas en defensa del derecho a la protesta social. Contribución a la implementación de la Escuela Defender la Libertad. Apoyar en la investigación para la consolidación de informes para a autoridades nacionales, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y organismos internacionales.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA: 

➢ Las labores deberán ser ejecutadas en la ciudad de Bogotá D.C.

PROCEDIMIENTO:

Las personas que estén interesadas, pueden enviar sus hojas de vida con una carta de motivación de máximo una página, a más tardar hasta el 05 DE MARZO DEL 2021 al correo: democraciayprotesta@comitedesolidaridad.com.

[1] Se valorará positivamente a aquellas personas que acrediten su pertenencia a semilleros de investigación o grupos de trabajo relacionados con las áreas mencionadas.

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones.

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019;

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

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Adriana Abramovits. Comunicadora.

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aabramovits@dejusticia.org

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Angélica Chaparro. Prensa.

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Comunicaciones FLIP.

+57 3103419744.

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Erik Cano. Encargado de comunicaciones.

+57 310 2307374.

prensa@humanidadvigente.net

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Paola Sánchez.  Comunicadora.

paolasanchez@coljuristas.org

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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Kamila Cruz. Coordinadora de Comunicaciones

comunicaciones@comitedesolidaridad.com

+57 3057251151

Activación de alerta temprana preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos

Activación de alerta temprana preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos

Asunto: Activación de Alerta Temprana Preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos como judicialización, agresiones a integridad física y psicológica de la ciudadanía de Bogotá D.C.

Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las autoridades competentes, sobre situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanxs manifestantes y transeúntes de la ciudad de Bogotá D.C., que se están manifestando públicamente y/o se encuentran en medio de las jornadas de protestas como rechazo del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional, siendo las 3:45 pm del domingo 13 de septiembre, 2020.

En particular ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS y circunstancias que se han reportado desde Comisión de Verificación e Intervención que se dispuso para acompañar la jornada de movilización en el centro de la ciudad, quienes reportan intervención desproporcional por parte del ESMAD a movilización pacífica, en dicha intervención niñxs que se encontraban en el lugar se vieron afectadxs por los gases, además de una persona epiléptica.

Después de dicha intervención, la movilización sigue avanzando hacia la Plaza de Bolívar, en donde preocupa que todas las posibles salidas de emergencia están rodeadas con la presencia de fuerza disponible o ESMAD.  Esto pone en peligro la vida e integridad de manifestantes en caso de una posible intervención por parte de la fuerza pública.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS

@DefenderLiberta

 

Boletín Informativo 3 #10S

Boletín Informativo 3 #10S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 10:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Dentro de las personas detenidas se encuentran varios niños, niñas y adolescentes. En la Estación Sexta de Tunjuelito están tres menores de edad, uno de ellos manifiesta haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esa misma estación se encuentran ocho personas detenidas desde las 8:00pm del día de ayer, completando más 26 horas sin que un juez conozca de su situación y sin tener acceso a la comunicación con abogados defensores de derechos humanos. Le recordamos a las autoridades que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.

De otra parte, en la ciudad de Popayán, Cauca organizaciones de derechos humanos denuncian que agentes del ESMAD golpearon a un manifestante y lo dejaron herido en vía pública, mientras que a otra persona la subieron a un carro particular de placas OTV196 y partieron con rumbo desconocido. Resaltamos que los traslados de personas detenidas deben hacerse en vehículos oficiales y plenamente identificados, y que negarse a dar información sobre el paradero de una persona retenida puede constituir en una desaparición forzada.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación por la negativa que hemos tenido por parte de los comandantes de las estaciones de policía de Bogotá de permitir el ingreso de abogados defensores de derechos humanos a las estaciones para verificar la situación de las personas detenidas, lo cual esta contemplado en el Decreto 563 de 2015.

Con preocupación manifestamos que, pese a las declaraciones públicas de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que se rechaza la violencia policial y se exige un cambio estructural de la institución, en la capital del país se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos y establecen límites claros al accionar de la Policía Metropolitana. Lastimosamente la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido desconocer abiertamente el Decreto 563 de 2015 y con eso, ha cerrado todo dialogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos que veníamos desde hace más de cinco años participando en una mesa de trabajo, la cual  múltiples organismos nacionales e internacionales han reconocido por sus importantes logros.

Boletín Informativo 2 #10S

Boletín Informativo 2 #10S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 9:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 113 personas detenidas y 11 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Los cuatro defensores de derechos humanos de la Campaña Defender la libertad que se encontraban detenidos en la estación de Usaquén, informan que fueron presionados para firmar un comparendo policial a cambio de su libertad, lo que demuestra la arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento. Varias de las personas que se encontraban detenidas en esta Estación denuncian que recibieron fuertes golpizas por parte de la policía. Una joven denuncia que una agente del ESMAD la golpeó y la amenazó con desaparecerla, mientras que otro presenta graves heridas en su tabique.

A las personas detenidas en esta estación y en la de Puente Aranda no se les ha permitido entrevistarse con abogados defensores de derechos humanos. Tenemos información que cinco de ellos iban a ser presentados ante un juez para la legalización de su captura sin tener la oportunidad de hablar con un abogado de confianza, violentando el debido proceso.

Adicionalmente hemos recibido denuncias por violencia basadas en género. En la localidad de Engativá una joven menor de edad denunció que un motorizado se bajo de la moto en la que iba y le tocó sus partes íntimas, posteriormente le golpeó el trasero. Otros dos jóvenes que iban con ella fueron golpeados en el tórax con tablas.

Alertamos a las autoridades nacionales e internacionales, particularmente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se están presentando en Colombia, así como las detenciones masivas y arbitrarias durante las protestas sociales contra la brutalidad policial.