La campaña defender la libertad un asunto de todas, Atlántico, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, y CIDH, los siguientes hechos:
ANTECEDENTES.
Desde el 28 de Abril hasta el 31 de mayo de 2021, se han presentado en el departamento, diversas vulneraciones de derechos humanos en el marco de la protesta social arrojando los siguientes datos:304 personas conducidas a UCJ, 29 personas trasladadas a URI, 155 con afecciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos, 47 personas víctimas de contusiones y cortadas, 23 personas trasladadas a centros asistenciales debido a las actuaciones de la fuerza policial en las intervenciones, 7 Traslados por procedimientos Policivos, 5 menores trasladados a Centros de Servicios judiciales para adolescentes, 9 agresiones a defensores por parte del ESMAD y policía Nacional, 6 agresiones a brigada de salud por parte del ESMAD y Policía Nacional, 5 agresiones sexuales, 1 agresión a miembros de la prensa.
HECHOS
- El 6 de junio de 2021 realizan allanamiento en el municipio de Soledad, en casa de jóvenes que participaban en las diversas movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021 por el #ParoNacional; en el procedimiento nunca dejaron acta. ni manifestaron el radicado bajo que se argumenta dicho proceso, dando solo información de pertenecer a la SIJIN, sin presentar identificación alguna.
- El 7 de junio de 2021, siguieron con los allanamientos en los municipios de Malambo y Barranquilla bajo la misma movilidad, pero con el agravante que no dejaron grabar el procedimiento ya que al iniciarlo revisaron los celulares y despojaron de ellos a las personas al interior de las viviendas allanadas.
- Durante el procedimiento la Policía impidió que las personas se comunicaran con un abogado.
- En ninguno de los allanamientos dejaron acta de procedimiento, numero radicado del proceso, así mismo estos allanamientos se realizaron sin acompañamiento de fiscal y en todo momento se intimido a las personas que se encontraban en las viviendas.
- Es preocupante la situación ya que estos allanamientos se presentan de manera intimidatoria debido al llamado de diversas organizaciones activas en el paro en el marco de la realización del juego de eliminatorias donde jugara la selección de Colombia Vs Argentina.
Por los anteriores hechos.
RECHAZAMOS los procedimientos realizados por miembros de la SIJIN y Policía nacional ya que no respetaron el debido proceso de los moradores de las viviendas ni de los imputados, violando así todo procedimiento legal. Este tipo de procedimientos deben estar suficientemente argumentados, bajo órdenes judiciales. Deben realizarse de acuerdo con las garantías de ley.
Como organizaciones de Derechos Humanos responsabilizamos al estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO, la Gobernadora del Atlántico ELSA NOGUERA, al Alcalde de Malambo Rumenigge Monsalve; al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Diego Rosero Giraldo, por lo hechos narrados en esta denuncia pública, ya que violan el debido proceso, atentan contra la dignidad de las persona involucradas en el proceso y se muestra como una criminalización a la protesta social en el departamento.
La realización de estos procedimientos investigativos y judiciales irregulares sólo redundan en el agravamiento de un contexto adverso para la labor de defensa de los derechos humanos, al deslegitimar el ejercicio de la protesta social y colocar a la ciudadanía en contra del ejercicio de derechos por medio de acciones institucionales que mandan un mensaje coercitivo. En efecto, insinuar o considerar públicamente que quienes participan de la movilización son terroristas, pertenecientes a un grupo armado o que han cometido conductas delictivas genera rechazo social e incluso provoca el hostigamiento al desarrollo de sus labores, en detrimento del papel central que la protesta juega en términos de participación democrática.
Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen de manera preferente e imparcial las conductas que evidencian un uso arbitrario del poder por parte de los miembros del ejecutivo y la policía. De igual forma, instamos a las autoridades judiciales a actuar conforme a las garantías procesales dispuestas legalmente.
Finalmente, alertamos a la comunidad nacional e internacional del riesgo al que han sido expuestas las personas que han padecido de allanamientos injustificados y/o arbitrarios.
Barranquilla, 7 de junio de 2021