Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 11:00 A.M. del día 28 de abril de 2021 se reportan 6 personas detenidas, 3 personas heridas, 3 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, 5 allanamientos y 10 denuncias de intervenciones arbitrarias a manifestaciones pacíficas.
Dentro de las detenciones se registraron procedimientos irregulares que no atienden a las causales que la norma establece para adelantar dicha medida, por lo cual se consideran detenciones arbitrarias. Se destaca la detención de un manifestante por el porte de elementos de pintura y sonido, así como otros procedimientos de requisa e imposición de comparendos. Al respecto, les recordamos a las autoridades de policía (i) que la simple presunción de la comisión de un delito no justifica una detención, (ii) que el adelantamiento de procedimientos por el porte de elementos que no suponen una violación a la norma, profundiza la estigmatización de quien hace uso del derecho a la protesta, (iii) que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.
Por otra parte, en el caso de las personas heridas sus lesiones se dan en el marco de los procedimientos de detención, registrando golpes por parte de uniformados de la MEBOG contra un joven en la localidad de Suba cuando este se encontraba bajo custodia de la fuerza pública, y también dentro de los procedimientos de intervención del ESMAD contra las manifestaciones, evidenciando un uso inadecuado del armamento de menor letalidad, accionado en un ángulo que viola lo dispuesto por la norma y que ocasionó la lesión a una manifestante en la Universidad del Valle, Cali.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos de allanamiento en contra de integrantes de organizaciones sociales y sus familiares, toda vez que se advierte la instrumentalización de las vías judiciales para hostigar y perseguir al movimiento social por constituirse de manera generalizada como una medida de judicialización contra quien disiente o piensa diferente al gobierno. Presumimos vicios de legalidad en su desarrollo y exigimos se respeten todas las garantías procesales para las víctimas de dichos procedimientos.