Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones.

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019;

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

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Pronunciamiento frente a la violencia policial en contexto de protesta social y emergencia sanitaria

Pronunciamiento frente a la violencia policial en contexto de protesta social y emergencia sanitaria

Ante los hechos de violencia a manos de la policía registrados en Colombia, la violencia policial registrada por video en Guayaquil (Ecuador), ante el abuso y la impunidad frente a las víctimas del Estado en las protestas durante el segundo semestre de 2019 en Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, entre otros; ante el uso extendido e indiscriminado de la fuerza en América Latina y el mundo, desde la Red Global Contra la Violencia Policial, nos pronunciamos en contra de la violencia policial y en soporte de la resistencia popular ante los estados opresores que utilizan los recursos públicos para arremeter en contra de su población.

Entre el 9 de septiembre y el 11 de septiembre de 2020, 11 personas han sido asesinadas por la policía nacional durante las protestas sociales en Colombia, que se desataron frente a la violenta muerte del ciudadano Javier Ordóñez en manos de siete agentes policiales que lo torturaron con descargas eléctricas en plena calle. Sin embargo, esta también es la respuesta de una sociedad que ha sido víctima del resurgimiento de una guerra histórica y que, en lo que va del año, ha presenciado más de 50 masacres documentadas en las que niños, campesinos, indígenas, afros y civiles han sido asesinados.

La protesta es un derecho que debe ser resguardado y garantizado por los gobiernos, es un medio de canalización de demandas y es la voz de la gente que lucha por su derecho a una vida digna. Cabe recalcar que la protesta es una oportunidad para propiciar el diálogo social con las autoridades gubernamentales, así lo expresan diversos tratados internacionales y la propia Declaración de Derechos Humanos.

Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de los estados violentos que no han sido capaces de dar respuestas efectivas a las necesidades de su población y que, por el contrario, criminalizan, torturan, persiguen y asesinan a quienes levantan su voz.

La pandemia y la consecuente emergencia sanitaria lejos de haber sido una razón para que los gobiernos tomen acciones en beneficio de su población, han sido utilizadas como medio de justificación del abuso del poder. Las limitaciones a la movilidad se han convertido en el mayor cómplice de la impunidad al cerrarse las instancias judiciales, pero nuestra responsabilidad social es levantar la voz y pronunciarnos en contra de toda acción que limite el ejercicio de nuestros derechos y que convierta a la población en víctima de la indiferencia del Estado.

Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos, los asesinatos de civiles en protestas sociales son crímenes políticos, la brutalidad dentro de las unidades policiales es un crimen político, el uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza por parte de la fuerza pública también es un crimen político; crímenes de Estado que son y han sido responsables y parte activa de la violencia y desigualdad, que continúan siendo cómplices de una estructura que legitima la impunidad y la corrupción, y que premia y justifica los abusos policiales. La legislación inadecuada, los conflictos, el racismo y la discriminación no pueden convertirse en excusas para la violencia policial.

Dentro de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, se establece que la obligación máxima del Estado es proteger el derecho a la vida y que la utilización de medios letales siempre debe ser el último recurso, el cual debe ser cumpliendo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza establecidos en los instrumentos internacionales.

En ese sentido, rechazamos hoy y en todo momento la violencia estatal y nos unimos al grito del pueblo en rechazo de los abusos de poder.

Exhortamos a los Estados que se garantice el derecho a justicia a las familias y víctimas de este abuso policial con el fin de que se esclarezcan estos hechos de graves violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. A garantizar una investigación célere, independiente y autónoma del poder Ejecutivo para que se garantice el derecho a verdad y justicia y no se genere un ambiente de impunidad, que condene a la sociedad a que estos hechos se repitan.

Además, hacemos un llamado a la comunidad internacional y las instancias supraestatales a pronunciarse frente al autoritarismo de los estados y exigir el cumplimiento de las normas internacionales que amparan los derechos humanos.

La violencia solo ha generado más violencia, por ello es necesario que las autoridades respondan de manera eficaz a la ciudadanía y los niveles de violencia desciendan. Incitamos a la ciudadanía a seguir documentando en video las agresiones policiales como una forma legítima de denunciar la violencia policial

RED GLOBAL CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

Firman:

  1. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH – Ecuador
  2. Temblores ONG – Colombia
  3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Seccional Cundinamarca – Colombia
  4. Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs – Colombia
  5. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) – México.
  6. Fundación Centro Gumilla – Venezuela
  7. Kilómetro Cero – Puerto Rico
  8. Defender a quien Defiende – España
  9. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – España
  10. ILEX-Acción Jurídica – Colombia
  11. Corporación Humanas – Chile
  12. Observatorio de DDHH y Violencia Policial – Chile
  13. Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina
  14. PROVEA – Venezuela
  15. Compañeros – México
  16. Red de Abogados -Uruguay
  17. CPAT – Colombia
  18. Papo Reto-Brasil
  19. Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas

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Boletín Informativo 1 #13S

Boletín Informativo 1 #13S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 6:58PM del día 13 de septiembre de 2020 se nos remite un reporte de 43 personas detenidas y 2 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Alertamos sobre la gravísima situación de derechos humanos que se ha presentado en el centro de Bogotá, donde el ESMAD ha arremetido contra los manifestantes que se encontraban rechazando los actos violentos de los últimos días, afectando tanto a las personas que se encontraban protestando, como a los transeúntes y a las personas que trabajan en el sector como vendedores ambulantes o en otros oficios.

El ESMAD intervino las manifestaciones sin hacer ningún tipo de advertencia o disuasión previa y haciendo un uso desmedido y arbitrario de la fuerza, con lo cual puso en riesgo la vida e integridad personal de los manifestantes. Adicionalmente, durante estas intervenciones, en varias oportunidades el ESMAD ha encerrado a los manifestantes sin establecer rutas de evacuación claras al momento de intervenir y sin darles la posibilidad de retirarse.

En estas intervenciones se vieron fuertemente afectados niños y niñas que se encontraban en la zona, personas con afecciones respiratorias y una persona epiléptica, que necesito recibir atención médica. Los hechos narrados anteriormente son una agresión contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.

Adicionalmente, agentes del ESMAD impidieron a los defensores de derechos humanos que integran las Comisiones de Verificación de la sociedad civil de la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS acercarse a al lugar de los hechos a verificar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos establecidos para el actuar de la institución. También se presentaron casos en los que los uniformados agredieron a los defensores y los intimidaron, obstaculizando su labor y poniéndolos en riesgo. Estas situaciones resultan preocupantes, puesto que a través de estas labores de verificación se busca la protección de los derechos humanos.

También denunciamos que, a aproximadamente las 5:00PM, el agente identificado como MEBOG-0002 portaba un morral que contiene gasolina, vidrios y otros objetos, el cual buscó atribuir a alguno de los manifestantes detenidos, a pesar de que todos ellos portaban sus respectivos morrales, amenazando con judicializarlos. Con lo cual se advirtió un riesgo de vulneración de su derecho al debido proceso y una forma de criminalización y judicialización de la protesta social.

Por otro lado, informamos que, en el municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca, en una manifestación que se llevaba a cabo en el parque principal, la cantidad de Fuerza Pública que hacía presencia en el sector era desproporcionada en relación con los manifestantes que se encontraban en la concentración. Además, alertamos sobre la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), grupo especializado en delitos de alto impacto, el cual no tiene competencia para cubrir protestas sociales. Su presencia y porte de armas largas intimido a las personas que se encontraban manifestándose.

Reiteramos la necesidad de una reforma al interior de la Fuerza Pública, cómo única prueba de voluntad de cambio y arrepentimiento frente a los últimos casos registrados de abuso policial. Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa para que garantice el respeto por la vida y los derechos humanos de quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta social.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

 

 

 

Boletín Informativo 3 #10S

Boletín Informativo 3 #10S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 10:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Dentro de las personas detenidas se encuentran varios niños, niñas y adolescentes. En la Estación Sexta de Tunjuelito están tres menores de edad, uno de ellos manifiesta haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esa misma estación se encuentran ocho personas detenidas desde las 8:00pm del día de ayer, completando más 26 horas sin que un juez conozca de su situación y sin tener acceso a la comunicación con abogados defensores de derechos humanos. Le recordamos a las autoridades que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.

De otra parte, en la ciudad de Popayán, Cauca organizaciones de derechos humanos denuncian que agentes del ESMAD golpearon a un manifestante y lo dejaron herido en vía pública, mientras que a otra persona la subieron a un carro particular de placas OTV196 y partieron con rumbo desconocido. Resaltamos que los traslados de personas detenidas deben hacerse en vehículos oficiales y plenamente identificados, y que negarse a dar información sobre el paradero de una persona retenida puede constituir en una desaparición forzada.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación por la negativa que hemos tenido por parte de los comandantes de las estaciones de policía de Bogotá de permitir el ingreso de abogados defensores de derechos humanos a las estaciones para verificar la situación de las personas detenidas, lo cual esta contemplado en el Decreto 563 de 2015.

Con preocupación manifestamos que, pese a las declaraciones públicas de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que se rechaza la violencia policial y se exige un cambio estructural de la institución, en la capital del país se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos y establecen límites claros al accionar de la Policía Metropolitana. Lastimosamente la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido desconocer abiertamente el Decreto 563 de 2015 y con eso, ha cerrado todo dialogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos que veníamos desde hace más de cinco años participando en una mesa de trabajo, la cual  múltiples organismos nacionales e internacionales han reconocido por sus importantes logros.

Comunicado a la opinión pública

Comunicado a la opinión pública

Como organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá, manifestamos nuestro absoluto rechazo frente al asesinato del abogado Javier Ordoñez en la madrugada del 9 de septiembre por parte de agentes de la Policía Nacional en la localidad de Engativá. Nuestra mayor solidaridad con sus familiares y nuestro contundente rechazo ante actos criminales por parte de instituciones del Estado.

La Violencia Policial es un fenómeno que debe eliminarse y para eso, es necesario el compromiso de las instituciones judiciales, la Administración Distrital y de los entes de control. No podemos seguir aceptando dilaciones y pretextos contra la justicia y la verdad, en los reiterados casos sistemáticos de abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional y Metropolitana de Bogotá.

Cada vez más, aumentan los casos de abuso y violencia policial sin respuesta, sin investigaciones y sí, con muchas justificaciones y legitimación pública; dentro de los casos más relevantes se encuentran los malos procedimientos, la agresión física y verbal, allanamientos, discriminación, hasta los lamentables casos de violación y asesinatos. Estas violencias no solamente se presentan contra los ciudadanos y ciudadanas que trabajan en el sector informal, que estudian, población LGBTI, jóvenes, y en general, población común que habita la ciudad, sino en especial, contra los sectores con mayor desigualdad social, a su vez, que es recurrente la persecución, control y nexos territoriales de la Policía contra las organizaciones y líderes sociales.

En medio de esta lamentable situación, queremos exigirle a la administración distrital y entidades de control, a que se comprometan a fondo con adelantar las investigaciones pertinentes y las sanciones ejemplarizantes que deben adquirirse en estos casos criminales por parte de la Fuerza Pública.

Como organizaciones también exigimos, que existan avances reales y precisos para atender las situaciones de protesta y abusos de autoridad sistemáticos, que hemos venido denunciando y exponiendo en la Mesa y Subcomisiones en el marco del Decreto 563. De nada tiene sentido, tener encuentros de diálogo si no se manifiestan en la realidad prácticas, cambios en la forma autoritaria y violenta con la que actúa la Fuerza Pública contra la sociedad civil. A su vez, si realmente existe voluntad de afrontar la situación de tratamiento a la protesta social y abuso policial, debe liderarse a nivel nacional una reforma institucional a la Policía y esto incluye, una reforma al Código de Policía.

Queremos manifestar nuestro compromiso y entusiasmo por hacer de Bogotá una ciudad garante de Derechos, Paz y Justicia, siempre que haya voluntad y cambios reales de acuerdo a las exigencias y necesarias reformas, en el comportamiento antidemocrático y contra la vida de la Fuerza Pública, del Gobierno Nacional y en ocasiones, de la Administración Distrital.

Hacemos un llamado a la ciudadanía de Bogotá, a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, a que aunemos esfuerzos para emprender, sin cesar, una defensa de la vida y contra de la violencia policial.

BOGOTÁ, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

#NoMásViolenciaPolicial

Violencia policial en el marco de la pandemia

Violencia policial en el marco de la pandemia

Por: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.

En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.

De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.

Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.

Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.

Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.

[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio

[2] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 6 de julio de 2020. Grave violación a los derechos humanos por agentes de la Policía en Brisas del Volador (Ciudad Bolívar). Véase en: https://defenderlalibertad.com/grave-violacion-a-los-derechos-humanos-por-agentes-de-la-policia-en-brisas-del-volador-ciudad-bolivar/

[3] CANAL 1. 2 de julio de 2020. Procedimiento de tránsito terminó en disparos y con un civil herido en Tocancipá. Véase en: https://noticias.canal1.com.co/nacional/pelea-policia-ciudadanos-termina-con-disparos-tocancipa/

[4] El Espectador. 3 de julio de 2020. Joven murió tras disparo de un policía, en el suroccidente de Bogotá. Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/joven-murio-tras-disparo-de-un-policia-en-medio-de-un-operativo-en-el-sur-de-bogota/

[5] Contagio Radio. 27 de marzo de 2020. Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCT. Véase en: https://www.contagioradio.com/alejando-carvajal-joven-de-20-anos-asesinado-por-el-ejercito-en-catatumbo-ascamcat/

[6] El Espectador. 22 de abril de 2020. Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/

[7] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020. Ejército habría asesinado a Emerito Digno Buendía: Ascamcat. Véase en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/

[8] El Espectador. 30 de junio de 2020. Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/habitantes-de-catatumbo-insisten-en-responsabilidad-del-ejercito-en-la-muerte-de-salvador-jaime/

[9] Prensa Rural. 4 de julio de 2020. Policía antinarcóticos habría asesinado campesino, asegura comunidad. Véase en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25612

[10] Contagio Radio. 21 de julio de 2020. Asesinan a José Oliver Maya, niño indígena Awá en operativos de erradicación forzada Véase en: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-jose-oliver-maya-nino-indigena-awa-en-operativos-de-erradicacion-forzada/