Comunicado Público

Comunicado Público

Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona Octubre 7 de 2020

Los Estudiantes y Las organizaciones defensoras de derechos humanos del nororiente colombiano expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de la fiscal 129 DECOC, quién solicitó orden de captura para judicializar a los estudiantes de la Universidad de Pamplona Manuel Barajas, Jesús Eduardo Gelvez y William Farid Contreras Pabón, imputándoles el pasado 2 de octubre los delitos de Concierto para Delinquir con Fines de Terrorismo en concurso con Obstrucción de Vía Pública, y solicitando medida de aseguramiento por ejercer su legítimo derecho fundamental a la libre asociación y a la protesta social.

La Fiscalía General de la Nación ha presentado como hechos jurídicamente relevantes, dentro de su imputación la pertenencia de dichos estudiantes a grupos radicales e izquierdistas lo que denota el sesgo político qué pretende criminalizar legítimos espacios de organización estudiantil y de protesta de los estudiantes de la universidad de Pamplona.

Nos preocupa enormemente como organizaciones defensoras de derechos humanos la concepción que se esconde detrás de este burdo intento por parte de la Fiscalía General de la Nación, de criminalizar el ejercicio de un derecho humano fundamental cómo son los derechos a la libre organización y a la manifestación y que se pretenda asimilar a las organizaciones estudiantiles con bandas criminales y el ejercicio de la protesta social con el terrorismo.

Estas judicializaciones, se dan en el contexto de fuertes expresiones de rechazo por parte de los estudiantes frente a presuntos hechos de corrupción realizados por el rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, los cuales a la fecha no han sido aún investigados ni esclarecidos por parte de las autoridades como la Fiscalía y Procuraduría, desde la fecha de presentación de las denuncias
en el año 2017.

Quienes han protestado en el campus universitario, han sido objeto de la represión por parte de la propia universidad a través de procesos disciplinarios que han violado y desconocido el debido proceso y el derecho de defensa; estigmatización y agresión de grupos de encapuchados armados presuntamente patrocinados por la Universidad de Pamplona quienes los han amenazado en el transcurso de las tomas en defensa de la educación pública a las sedes de la universidad y que pese a las denuncias realizadas nunca han sido investigados ni administrativamente, ni penalmente; y ahora lo que obtienen del proceso de exigencia de los derechos de la comunidad educativa es la instrumentalización del proceso penal a efectos de acallar las voces críticas e incómodas a la administración de esta universidad abusando de la discrecionalidad reglada que debe regir el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía al intentar
subsumir hechos evidentemente nacidos de la protesta social con actos de terrorismo.

Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos de orden nacional e internacional, para que realicen seguimiento a este proceso y los demás que pudieran derivarse, así mismo declaramos que acompañaremos la defensa y reivindicación de estos jóvenes estudiantes universitarios, que han desempeñado un trabajo de denuncia de la corrupción que carcome a la
Universidad de Pamplona y movilizarse y protestar en defensa de ésta y de la universidad pública en general.

Así mismo, rechazamos las afirmaciones estigmatizantes y criminalizantes a la protesta social y al movimiento estudiantil. A su vez, exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho al debido proceso y a la dignidad humana de los compañeros que hasta el día de hoy se encuentran detenidos a esperas de la continuación del proceso en el cual se encuentran.

Fundación Comité de solidaridad con presos políticos.
Campaña Nacional “Defender la Libertad, un asunto de tod@s”
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Corporación Compromiso
CREDHOS
CPDH SANTANDER
CORDESTE
ASODESAMUBA
Andas
Centro de cultura popular, Andas BUCARAMANGA
Corporación CONPÁZES
CORPOCIDC
ANJECO
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Colectivo Tierra de Todos
Red por la Defensa de la Derechos Humanos
ASOJER
UNEES
ACEU

Cumplirle a la protesta pacífica

Cumplirle a la protesta pacífica

Bogotá, 30 de septiembre de 2020. Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, las organizaciones que representamos a los y las accionantes manifestamos:

  1. Todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte. Con el fin de lograr la protección de los derechos violados, los y las accionantes enviamos solicitudes respetuosas de cumplimiento a todas instituciones involucradas.
  2. Saludamos la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resaltamos que la Defensoría nombró una comisión para el seguimiento conformada por funcionarios de alto nivel y que el Procurador General designó a Carlos Medina Ramírez, Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, como coordinador de las acciones para este mismo fin. Estamos dispuestos a contribuir con todas las instituciones con el propósito de materializar estas órdenes judiciales.
  3. Invitamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que garantiza el derecho a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y demás derechos fundamentales conexos a la expresión ciudadana.
  4. Teniendo en cuenta la diversidad de órdenes y de instituciones involucradas, solicitaremos a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento que garantice la mejor información posible y la máxima participación de los y las accionantes, así como de la sociedad civil en general. Este mecanismo deberá contemplar la apertura del incidente de desacato en caso de incumplimiento de alguna de las instituciones o de los funcionarios encargados.
  5. Expresamos nuestra insatisfacción por las declaraciones del Ministro de Defensa en las que reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia policial en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional de noviembre pasado. Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por lo tanto solicitamos al Tribunal que pida explicaciones al Ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia.

Campaña Defender la Libertad, Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, dhColombia, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Corte Suprema de Justicia Protege el Derecho a la Protesta frente a la violencia Policial

Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones.

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019;

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

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Contactos

Dejusticia

Adriana Abramovits. Comunicadora.

+57 3163565681

aabramovits@dejusticia.org

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Angélica Chaparro. Prensa.

+57 321 3819733

prensa@cajar.org

Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP

Comunicaciones FLIP.

+57 3103419744.

comunicaciones@flip.org.co

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Erik Cano. Encargado de comunicaciones.

+57 310 2307374.

prensa@humanidadvigente.net

Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

Paola Sánchez.  Comunicadora.

paolasanchez@coljuristas.org

+57 318 7170001

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Kamila Cruz. Coordinadora de Comunicaciones

comunicaciones@comitedesolidaridad.com

+57 3057251151

Pronunciamiento frente a la violencia policial en contexto de protesta social y emergencia sanitaria

Pronunciamiento frente a la violencia policial en contexto de protesta social y emergencia sanitaria

Ante los hechos de violencia a manos de la policía registrados en Colombia, la violencia policial registrada por video en Guayaquil (Ecuador), ante el abuso y la impunidad frente a las víctimas del Estado en las protestas durante el segundo semestre de 2019 en Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, entre otros; ante el uso extendido e indiscriminado de la fuerza en América Latina y el mundo, desde la Red Global Contra la Violencia Policial, nos pronunciamos en contra de la violencia policial y en soporte de la resistencia popular ante los estados opresores que utilizan los recursos públicos para arremeter en contra de su población.

Entre el 9 de septiembre y el 11 de septiembre de 2020, 11 personas han sido asesinadas por la policía nacional durante las protestas sociales en Colombia, que se desataron frente a la violenta muerte del ciudadano Javier Ordóñez en manos de siete agentes policiales que lo torturaron con descargas eléctricas en plena calle. Sin embargo, esta también es la respuesta de una sociedad que ha sido víctima del resurgimiento de una guerra histórica y que, en lo que va del año, ha presenciado más de 50 masacres documentadas en las que niños, campesinos, indígenas, afros y civiles han sido asesinados.

La protesta es un derecho que debe ser resguardado y garantizado por los gobiernos, es un medio de canalización de demandas y es la voz de la gente que lucha por su derecho a una vida digna. Cabe recalcar que la protesta es una oportunidad para propiciar el diálogo social con las autoridades gubernamentales, así lo expresan diversos tratados internacionales y la propia Declaración de Derechos Humanos.

Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de los estados violentos que no han sido capaces de dar respuestas efectivas a las necesidades de su población y que, por el contrario, criminalizan, torturan, persiguen y asesinan a quienes levantan su voz.

La pandemia y la consecuente emergencia sanitaria lejos de haber sido una razón para que los gobiernos tomen acciones en beneficio de su población, han sido utilizadas como medio de justificación del abuso del poder. Las limitaciones a la movilidad se han convertido en el mayor cómplice de la impunidad al cerrarse las instancias judiciales, pero nuestra responsabilidad social es levantar la voz y pronunciarnos en contra de toda acción que limite el ejercicio de nuestros derechos y que convierta a la población en víctima de la indiferencia del Estado.

Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos, los asesinatos de civiles en protestas sociales son crímenes políticos, la brutalidad dentro de las unidades policiales es un crimen político, el uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza por parte de la fuerza pública también es un crimen político; crímenes de Estado que son y han sido responsables y parte activa de la violencia y desigualdad, que continúan siendo cómplices de una estructura que legitima la impunidad y la corrupción, y que premia y justifica los abusos policiales. La legislación inadecuada, los conflictos, el racismo y la discriminación no pueden convertirse en excusas para la violencia policial.

Dentro de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, se establece que la obligación máxima del Estado es proteger el derecho a la vida y que la utilización de medios letales siempre debe ser el último recurso, el cual debe ser cumpliendo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza establecidos en los instrumentos internacionales.

En ese sentido, rechazamos hoy y en todo momento la violencia estatal y nos unimos al grito del pueblo en rechazo de los abusos de poder.

Exhortamos a los Estados que se garantice el derecho a justicia a las familias y víctimas de este abuso policial con el fin de que se esclarezcan estos hechos de graves violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. A garantizar una investigación célere, independiente y autónoma del poder Ejecutivo para que se garantice el derecho a verdad y justicia y no se genere un ambiente de impunidad, que condene a la sociedad a que estos hechos se repitan.

Además, hacemos un llamado a la comunidad internacional y las instancias supraestatales a pronunciarse frente al autoritarismo de los estados y exigir el cumplimiento de las normas internacionales que amparan los derechos humanos.

La violencia solo ha generado más violencia, por ello es necesario que las autoridades respondan de manera eficaz a la ciudadanía y los niveles de violencia desciendan. Incitamos a la ciudadanía a seguir documentando en video las agresiones policiales como una forma legítima de denunciar la violencia policial

RED GLOBAL CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

Firman:

  1. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH – Ecuador
  2. Temblores ONG – Colombia
  3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Seccional Cundinamarca – Colombia
  4. Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs – Colombia
  5. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) – México.
  6. Fundación Centro Gumilla – Venezuela
  7. Kilómetro Cero – Puerto Rico
  8. Defender a quien Defiende – España
  9. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – España
  10. ILEX-Acción Jurídica – Colombia
  11. Corporación Humanas – Chile
  12. Observatorio de DDHH y Violencia Policial – Chile
  13. Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina
  14. PROVEA – Venezuela
  15. Compañeros – México
  16. Red de Abogados -Uruguay
  17. CPAT – Colombia
  18. Papo Reto-Brasil
  19. Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas

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Boletín Informativo 1 #13S

Boletín Informativo 1 #13S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 6:58PM del día 13 de septiembre de 2020 se nos remite un reporte de 43 personas detenidas y 2 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Alertamos sobre la gravísima situación de derechos humanos que se ha presentado en el centro de Bogotá, donde el ESMAD ha arremetido contra los manifestantes que se encontraban rechazando los actos violentos de los últimos días, afectando tanto a las personas que se encontraban protestando, como a los transeúntes y a las personas que trabajan en el sector como vendedores ambulantes o en otros oficios.

El ESMAD intervino las manifestaciones sin hacer ningún tipo de advertencia o disuasión previa y haciendo un uso desmedido y arbitrario de la fuerza, con lo cual puso en riesgo la vida e integridad personal de los manifestantes. Adicionalmente, durante estas intervenciones, en varias oportunidades el ESMAD ha encerrado a los manifestantes sin establecer rutas de evacuación claras al momento de intervenir y sin darles la posibilidad de retirarse.

En estas intervenciones se vieron fuertemente afectados niños y niñas que se encontraban en la zona, personas con afecciones respiratorias y una persona epiléptica, que necesito recibir atención médica. Los hechos narrados anteriormente son una agresión contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.

Adicionalmente, agentes del ESMAD impidieron a los defensores de derechos humanos que integran las Comisiones de Verificación de la sociedad civil de la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS acercarse a al lugar de los hechos a verificar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos establecidos para el actuar de la institución. También se presentaron casos en los que los uniformados agredieron a los defensores y los intimidaron, obstaculizando su labor y poniéndolos en riesgo. Estas situaciones resultan preocupantes, puesto que a través de estas labores de verificación se busca la protección de los derechos humanos.

También denunciamos que, a aproximadamente las 5:00PM, el agente identificado como MEBOG-0002 portaba un morral que contiene gasolina, vidrios y otros objetos, el cual buscó atribuir a alguno de los manifestantes detenidos, a pesar de que todos ellos portaban sus respectivos morrales, amenazando con judicializarlos. Con lo cual se advirtió un riesgo de vulneración de su derecho al debido proceso y una forma de criminalización y judicialización de la protesta social.

Por otro lado, informamos que, en el municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca, en una manifestación que se llevaba a cabo en el parque principal, la cantidad de Fuerza Pública que hacía presencia en el sector era desproporcionada en relación con los manifestantes que se encontraban en la concentración. Además, alertamos sobre la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), grupo especializado en delitos de alto impacto, el cual no tiene competencia para cubrir protestas sociales. Su presencia y porte de armas largas intimido a las personas que se encontraban manifestándose.

Reiteramos la necesidad de una reforma al interior de la Fuerza Pública, cómo única prueba de voluntad de cambio y arrepentimiento frente a los últimos casos registrados de abuso policial. Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa para que garantice el respeto por la vida y los derechos humanos de quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta social.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

 

 

 

Boletín Informativo 3 #10S

Boletín Informativo 3 #10S

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 10:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.

Dentro de las personas detenidas se encuentran varios niños, niñas y adolescentes. En la Estación Sexta de Tunjuelito están tres menores de edad, uno de ellos manifiesta haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esa misma estación se encuentran ocho personas detenidas desde las 8:00pm del día de ayer, completando más 26 horas sin que un juez conozca de su situación y sin tener acceso a la comunicación con abogados defensores de derechos humanos. Le recordamos a las autoridades que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.

De otra parte, en la ciudad de Popayán, Cauca organizaciones de derechos humanos denuncian que agentes del ESMAD golpearon a un manifestante y lo dejaron herido en vía pública, mientras que a otra persona la subieron a un carro particular de placas OTV196 y partieron con rumbo desconocido. Resaltamos que los traslados de personas detenidas deben hacerse en vehículos oficiales y plenamente identificados, y que negarse a dar información sobre el paradero de una persona retenida puede constituir en una desaparición forzada.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación por la negativa que hemos tenido por parte de los comandantes de las estaciones de policía de Bogotá de permitir el ingreso de abogados defensores de derechos humanos a las estaciones para verificar la situación de las personas detenidas, lo cual esta contemplado en el Decreto 563 de 2015.

Con preocupación manifestamos que, pese a las declaraciones públicas de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que se rechaza la violencia policial y se exige un cambio estructural de la institución, en la capital del país se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos y establecen límites claros al accionar de la Policía Metropolitana. Lastimosamente la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido desconocer abiertamente el Decreto 563 de 2015 y con eso, ha cerrado todo dialogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos que veníamos desde hace más de cinco años participando en una mesa de trabajo, la cual  múltiples organismos nacionales e internacionales han reconocido por sus importantes logros.