Alerta Temprana: Riesgo de vulneración de derechos humanos Ciudadela Sucre, Soacha

Alerta Temprana: Riesgo de vulneración de derechos humanos Ciudadela Sucre, Soacha

HECHOS

PRIMERO: Hoy jueves 02 de julio del 2020, los habitantes de la Comuna 4, Ciudadela Sucre, reportan a las 5:20 AM la presencia en el sector de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
SEGUNDO: Siendo las 6:30 AM las personas asentadas en sector de La Margarita y Villa Nueva Alta reportan la intervención del ESMAD con armamento de baja letalidad, sin una previa labor de mediación por parte de la fuerza pública y sin presentarse agresiones por parte de la población. Se reporta además la agresión con arma de perdigones por parte del ESMAD a un joven, a quien le estropean y retienen una moto de su propiedad, las llaves de la misma y sus documentos de identificación.
TERCERO: Hace presencia en el sector de La Margarita y Villa Nueva Alta a las 7:20 PM, cuatro tanquetas antidisturbios y camiones con fuerza pública que incluye Ejercito Nacional que se encuentra armado, según lo manifestado por personas del sector. También se refiere la presencia de población vulnerable como niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
CUARTO: En el lugar hace presencia el Secretario de Gobierno y la Personera Municipal. De acuerdo a las versiones de quienes se encuentran allí, El Secretario de Gobierno manifestó que la administración va a tomar acciones definitivas frente al asentamiento porque no puede estar acercándose al sector cada tercer día.
QUINTO: Los residentes de los barrios aledaños al sector del asentamiento refieren a las 7:40 AM que fue cortado el suministro de agua potable, recurso vital para la subsistencia.

Por lo anterior hacemos un llamado:
1. A la Alcaldía Municipal en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, al Secretario de Gobierno, a que no se dé una salida violenta y trato bélico a la situación y que instalen una mesa de dialogo con las comunidades representadas en el Comité Humanitario por la Vivienda Digna. Evitando realizar intervenciones de la fuerza pública que afecte a la población civil.
2. A las autoridades municipales, Alcalde, Secretario de Gobierno, Comandante de Policía del Distrito de Soacha, a la Personería municipal y a la Defensoría del Pueblo, que sean garantes de los derechos de la ciudadanía tomando medidas para que en tiempos de aislamiento preventivo no se violen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad y al agua como recurso vital.
3. Al Gobierno Departamental, al Gobierno Nacional y a la Comunidad Internacional para que generen escenarios de dialogo con las comunidades y atiendan su necesidad de vivienda.

“Comisión de Verificación Humanitaria Ciudadela Sucre”

El espacio de memoria dedicado a Dilan Cruz ha sido reiteradamente atacado

El espacio de memoria dedicado a Dilan Cruz ha sido reiteradamente atacado

Como Colectivo Dilan Cruz ponemos en conocimiento los hechos que se han presentado en la calle diecinueve con carrera cuarta, conocida como el espacio de memoria en reivindicación de Dilan. De manera reiterada, las pinturas, placas y ornamentos del espacio de memoria han sido atacados y/o destruidos desde el año 2019 y no han cesado incluso en el contexto actual, así como hostigamientos a algunos miembros del Colectivo.  Desconocemos los autores de éstos hechos y no hemos evidenciado actuación distrital alguna para la protección y preservación de éste espacio y de las personas integrantes del Colectivo. En específico, relacionamos los siguientes 4 hechos ocurridos en menos de 8 meses:

Hechos

  1. El 30 de noviembre de 2019 llegaron varios policías aproximadamente a las 6 de la mañana, se llevaron a un integrante del colectivo a la UPJ de Puente Aranda, ante la negativa de este de recoger las flores y pancartas, además, se robaron el libro que iba a ser entregado a la Familia de Dilan y en el que firmaban varios colectivos y organizaciones como la Unión Patriótica, Colectivo Tjer, Guardía Indígena, entre otros. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, los policías intentaron retener a una persona del colectivo.
  2. El 16 de febrero, encontramos una matera rota, estaba regada en partes entre el semáforo y el sitio donde está ubicada la placa. Cabe señalar que ese mismo día en horas de la tarde, es amenazado uno de los integrantes del Colectivo, muy cerca de su residencia, por dos sujetos que se movilizaban en moto.

 

3. El 6 de mayo, llegaron las fotos en las que se observa los graffitis de Dilan que fueron censurados, pintándose las puertas de los establecimientos de color negro. Ponemos en duda que el ataque hubiese sucedido ese día.

4. Del último ataque tuvimos conocimiento el 20 de junio por las fotos que se empezaron a difundir en las redes, sin embargo, las vendedoras de las chazas dicen que el hecho ocurrió el día martes 16 de junio. En este, rompieron una de las materas y retiraron la cerca. Además, intentaron quitar la placa.

De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en sentencias de la Corte Constitucional, se ha establecido que el derecho a la memoria está ligado al derecho fundamental a la verdad en su dimensión colectiva por cuanto involucra preservar para la sociedad en su conjunto la memoria colectiva sobre lo ocurrido y es un elemento que apoya la reparación, reconciliación y las garantías de no repetición. En los contextos de justicia transicional y ante graves violaciones a derechos humanos, los mecanismos y espacios de memoria histórica revindican el papel de las víctimas y materializan el “derecho a saber” como expresión del derecho inalienable de todo pueblo a conocer la verdad de las violencias y que se traduce en la obligación del Estado en generar dichos mecanismos que permitan resguardar la memoria como patrimonio.

Pese a que hemos realizado las denuncias correspondientes a las agresiones, no hemos recibido respuestas acerca de autores o de estrategias para preservación del espacio de memoria.

EXIGIMOS

  1. A la Alcaldía de Bogotá, que impulse investigaciones esclarecedoras de estos ataques sistemáticos y ejerza acciones de protección y preservación del espacio de memoria dedicado a Dilan Cruz.
  1. A la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que inicie investigaciones frente a las agresiones a las personas integrantes del Colectivo Dilan Cruz.

Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia:  Grave riesgo para los derechos humanos

Militarización y empadronamiento en medio de la pandemia: Grave riesgo para los derechos humanos

Las organizaciones articuladas en la “Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas” y en las plataformas de víctimas y derechos humanos manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 las autoridades nacionales y locales están implementando medidas restrictivas de los derechos fundamentales de la ciudadanía tales como la creciente militarización del territorio nacional y el uso de aplicaciones digitales para móviles con acceso a datos privados.

A la fecha han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se instauró la medida principal de aislamiento obligatorio de la ciudadanía con el fin de aplanar la curva de contagio por COVID 19. Desde entonces, sin el debido control político, con justificaciones generales de orden público y abusando de las facultades excepcionales se han priorizado medidas restrictivas de libertades básicas como la movilidad y el derecho a la protesta, derechos fundamentales que solo pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, de forma excepcional y con justificaciones específicas. A la par, son insuficientes las medidas para mitigar el impacto desproporcionado en las condiciones de vida digna que sufren las comunidades más vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas privadas de la libertad, población en vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.

La priorización por parte del Estado de medidas restrictivas -en lugar de otras positivas para garantizar condiciones de vida digna como la renta básica- ha impactado negativamente a la gran mayoría de las economías familiares ya afectadas por el desempleo, lo que ha obligado a las personas a arriesgar su propia salud para buscar en la informalidad fórmulas para su supervivencia. A esta precaria situación, se suma que la creciente militarización -y la amenaza de la misma- de los últimos días adoptada por las autoridades para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento en las zonas más afectadas. Esto no solo ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, sino que parece no tener un efecto en la disminución de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

Adicionalmente, el empleo por parte de los gobiernos de aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten captar datos personales de las personas y en algunos casos hasta monitorear sus desplazamientos, es una medida altamente invasiva en la privacidad de las personas y que, por su modo de empleo, también puede asemejarse a medidas de empadronamiento prohibidas constitucionalmente.

Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que las medidas que se continúen adoptando para afrontar la crisis generada por el COVID-19 cuenten con un enfoque de derechos. Al respecto, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la naturaleza jurídica de las limitaciones a los derechos humanos que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados por lo cual es necesario que las medidas adoptadas sean necesarias, idóneas y proporcionales, y cuenten con el debido control en el marco de la división de poderes. La CIDH también hace un llamado para la adopción de medidas positivas de protección adicionales para los grupos más vulnerables.

Cordialmente,

Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:

  1. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
  2. Colombian corporation of criminal investigation and human rigths CORPOCICHR
  3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
  4. Cumbre Popular Urbana
  5. Entre Redes
  6. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
  7. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE
  8. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP
  9. Red Popular de Derechos Humanos -REDHUS

 

Pedimos que cese el Traslado por Protección en Colombia

Pedimos que cese el Traslado por Protección en Colombia

Foto: El Espectador.

Estamos pasando por un momento de crisis. El COVID – 19 se ha mostrado como un poderoso enemigo que amenaza con causar una crisis humanitaria que no se ha visto en muchos años. Los gobiernos están tomando medidas para evitar que esta amenaza cause cada vez más enfermos y muertos. En Colombia, medidas como el cierre de espacios públicos, suspensión de clases en colegios y universidades, aislamiento de contagiados y personas sospechosas, tienen como fin que la tasa de contagiados no cause colapsos en el sistema de salud, que ya de por si presenta déficit en la atención, prevención y diagnostico de casos.

Tomando en cuenta que el día de hoy los jueces de control de garantías han cerrado los despachos encargados de la legalización de captura y que penitenciarias y centros carcelarios han restringido el acceso de abogados defensores y visitantes haciendo que solo el personal esencial como médicos y guardianes siga dentro de estos centros, las organizaciones de derechos humanos solicitamos de inmediato el cese de las medidas de traslado por protección que puedan ejecutarse a lo largo y ancho del territorio nacional, con  base en los siguientes:

  1. Los Centros de Traslado por Protección son una gran fuente de riesgo biológico para los trasladados y para las autoridades, debido al alto numero de personas que convergen en ellos, además de no contar con las adecuadas medidas sanitarias para evitar los contagios.
  2. Al existir una falta de control por parte de las autoridades competentes al estar desviados sus esfuerzos como parte de las medidas de contención y tratamiento de pacientes, los traslados por protección pueden prestarse para violaciones de derechos humanos.

Por consiguiente, hacemos un llamado a las autoridades y entes de control para que supervisen que tan pertinentes son estas medidas en una época en que la sociedad entera se encuentra en riesgo.

Suscriben

  • Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas
  • Comisión Nacional de DDHH del Congreso de los Pueblos
  • Comité de Solidaridad con los presos Políticos CSPP
  • RCAA. Red Contra el Abuso de Autoridad.
  • Ciudad en Movimiento
  • CORPOCIC HR
  • DH Colombia – Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
  • MODEP Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo
  • FUMPAZ
  • Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos
  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  • CPDH
  • Fundación de Derechos Humanos Pasos
  • Comité de DDHH de Asamblea Popular de Engativá
  • Partido Socialista de los trabajadores
  • Fundación BAKIA Defensores de Derechos Humanos
  • REDHUS Red Popular de Derechos Humanos Bogotá
  • Comité de DDHH de Asamblea Popular de Engativá
  • Humanidad Vigente Corporación jurídica
Boletín Informativo 2: #21F

Boletín Informativo 2: #21F

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS, INFORMAMOS DE MANERA URGENTE, que siendo las 6:00pm de la tarde, en la ciudad de Bogotá se presentan aproximadamente 14 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la movilización del Paro Nacional, entre ellos 5 adolescentes.

1. Siendo aproximadamente las 3:15pm, la Policía interviene una concentración que se estaba llevando a cabo en la carrera 7ma con calle 41. Producto de la intervención, detienen a 5 jóvenes (4 menos de edad), los cuales fueron trasladados a la estación de Policía para proceder con una detención.

2. De las personas detenidas, 9 fueron bajo la figura de “traslado por protección”. Persiste el uso irregular y arbitrario de esta figura, la cual se usa más como un mecanismo de represión a la protesta que como una forma de protección. Adicionalmente, las demoras injustificadas en los traslados continúan, incrementando el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. Seis personas que fueron conducidas a las 8am en Suba, ingresaron al CTP siete horas después de su detención. Es de recordar que el plazo límite para dicho procedimiento es de 12 horas.

3. Se han presentado seis heridos. Entre ellos un joven que fue arrollado por una motocicleta policial, y otro que presentó una lesión ocular.

4. Queremos manifestar que el cuerpo especializado ESMAD ha hecho lanzamiento de armamento no convencional. Particularmente, en los hechos presentados en la sede Vivero de la Universidad Distrital se evidenció el lanzamiento de piedras por parte de los agentes policiales.

5. Finalmente, denunciamos el ingreso del ESMAD al campus de la Universidad Distrital sede 40 a las 3:40pm aproximadamente, sin que éste estuviese autorizado. Lo anterior es no solo es una violación a la autonomía universitaria, sino al mismo protocolo anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

6. Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

 

Pronunciamiento Público

Pronunciamiento Público

Ante las justas reclamaciones del pueblo araucano por vida digna, el Estado colombiano continúa su estrategia de agresión y se ensaña contra el movimiento social.

Una vez más, nuestro movimiento ha sido objeto de la criminalización y persecución estatal, a través del eje de la judicialización. En la madrugada de este lunes, en el municipio de Arauquita fueron capturados los compañeros WBEIMAR ALEXANDER CETINA LOZADA presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca y HORACIO RAMÍREZ dirigente campesino de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA-. Las capturas y allanamientos fueron desarrollados en sendos operativos de la fuerza pública en cabeza de la DIJIN, quienes además irrumpieron en la casa de habitación de la suegra del compañero JUAN DE JESÚS GÓMEZ, presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Arauquita, en su búsqueda.

Los compañeros capturados Wbeimar y Horacio, así como, Juan de Jesús, en cumplimiento de sus labores como líderes comunales y campesinos, acompañaron la justa movilización que trabajadores y comunidades desarrollaron el año anterior, exigiendo a ECOPETROL, CENIT y el Estado colombiano, las garantías laborales, inversión social y compensación ambiental. Así mismo, los tres dirigentes han participado de los diferentes espacios de interlocución que como movimiento sostenemos con el Estado y las empresas petroleras, en el marco del decreto 0285 de 2013.

Estas nuevas capturas ocurren en el contexto de cumplimiento del Estado colombiano a los designios del capital nacional y transnacional, donde el Estado servil a esos intereses de acumulación, persigue y criminaliza a quienes sentamos nuestra voz de protesta en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio. A quienes no asesina haciendo uso de sus fuerzas legales (Ejército, Policía y organismos de inteligencia) e ilegales (estructuras paramilitares), nos amenaza, constriñe y encarcela.

Pese a esta persecución sistemática con la cual el Estado pretende desarticular el tejido social, acallar nuestras voces e impedir que sigamos materializando nuestro Plan de Vida, nosotros reiteramos el compromiso con el pueblo, con el territorio, y con la construcción permanente de ese otro mundo posible.

Exigimos al Estado colombiano respetar y garantizar nuestra labor social y comunitaria, y dejar en libertad de manera inmediata a nuestros compañeros injustamente detenidos.

Al pueblo araucano lo llamamos a no desfallecer en sus demandas por vida digna, y como respuesta, los invitamos a participar de manera activa y protagónica en las próximas movilizaciones que a nivel nacional venimos coordinando como movimiento social contra el paquetazo de Duque, por la garantía de nuestros derechos y, por la vida y libertad de nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

 ¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

 ¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!