Pedimos que cese el Traslado por Protección en Colombia

Pedimos que cese el Traslado por Protección en Colombia

Foto: El Espectador.

Estamos pasando por un momento de crisis. El COVID – 19 se ha mostrado como un poderoso enemigo que amenaza con causar una crisis humanitaria que no se ha visto en muchos años. Los gobiernos están tomando medidas para evitar que esta amenaza cause cada vez más enfermos y muertos. En Colombia, medidas como el cierre de espacios públicos, suspensión de clases en colegios y universidades, aislamiento de contagiados y personas sospechosas, tienen como fin que la tasa de contagiados no cause colapsos en el sistema de salud, que ya de por si presenta déficit en la atención, prevención y diagnostico de casos.

Tomando en cuenta que el día de hoy los jueces de control de garantías han cerrado los despachos encargados de la legalización de captura y que penitenciarias y centros carcelarios han restringido el acceso de abogados defensores y visitantes haciendo que solo el personal esencial como médicos y guardianes siga dentro de estos centros, las organizaciones de derechos humanos solicitamos de inmediato el cese de las medidas de traslado por protección que puedan ejecutarse a lo largo y ancho del territorio nacional, con  base en los siguientes:

  1. Los Centros de Traslado por Protección son una gran fuente de riesgo biológico para los trasladados y para las autoridades, debido al alto numero de personas que convergen en ellos, además de no contar con las adecuadas medidas sanitarias para evitar los contagios.
  2. Al existir una falta de control por parte de las autoridades competentes al estar desviados sus esfuerzos como parte de las medidas de contención y tratamiento de pacientes, los traslados por protección pueden prestarse para violaciones de derechos humanos.

Por consiguiente, hacemos un llamado a las autoridades y entes de control para que supervisen que tan pertinentes son estas medidas en una época en que la sociedad entera se encuentra en riesgo.

Suscriben

  • Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas
  • Comisión Nacional de DDHH del Congreso de los Pueblos
  • Comité de Solidaridad con los presos Políticos CSPP
  • RCAA. Red Contra el Abuso de Autoridad.
  • Ciudad en Movimiento
  • CORPOCIC HR
  • DH Colombia – Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
  • MODEP Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo
  • FUMPAZ
  • Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos
  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  • CPDH
  • Fundación de Derechos Humanos Pasos
  • Comité de DDHH de Asamblea Popular de Engativá
  • Partido Socialista de los trabajadores
  • Fundación BAKIA Defensores de Derechos Humanos
  • REDHUS Red Popular de Derechos Humanos Bogotá
  • Comité de DDHH de Asamblea Popular de Engativá
  • Humanidad Vigente Corporación jurídica
Boletín Informativo 2: #21F

Boletín Informativo 2: #21F

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS, INFORMAMOS DE MANERA URGENTE, que siendo las 6:00pm de la tarde, en la ciudad de Bogotá se presentan aproximadamente 14 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la movilización del Paro Nacional, entre ellos 5 adolescentes.

1. Siendo aproximadamente las 3:15pm, la Policía interviene una concentración que se estaba llevando a cabo en la carrera 7ma con calle 41. Producto de la intervención, detienen a 5 jóvenes (4 menos de edad), los cuales fueron trasladados a la estación de Policía para proceder con una detención.

2. De las personas detenidas, 9 fueron bajo la figura de “traslado por protección”. Persiste el uso irregular y arbitrario de esta figura, la cual se usa más como un mecanismo de represión a la protesta que como una forma de protección. Adicionalmente, las demoras injustificadas en los traslados continúan, incrementando el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. Seis personas que fueron conducidas a las 8am en Suba, ingresaron al CTP siete horas después de su detención. Es de recordar que el plazo límite para dicho procedimiento es de 12 horas.

3. Se han presentado seis heridos. Entre ellos un joven que fue arrollado por una motocicleta policial, y otro que presentó una lesión ocular.

4. Queremos manifestar que el cuerpo especializado ESMAD ha hecho lanzamiento de armamento no convencional. Particularmente, en los hechos presentados en la sede Vivero de la Universidad Distrital se evidenció el lanzamiento de piedras por parte de los agentes policiales.

5. Finalmente, denunciamos el ingreso del ESMAD al campus de la Universidad Distrital sede 40 a las 3:40pm aproximadamente, sin que éste estuviese autorizado. Lo anterior es no solo es una violación a la autonomía universitaria, sino al mismo protocolo anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

6. Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

 

Pronunciamiento Público

Pronunciamiento Público

Ante las justas reclamaciones del pueblo araucano por vida digna, el Estado colombiano continúa su estrategia de agresión y se ensaña contra el movimiento social.

Una vez más, nuestro movimiento ha sido objeto de la criminalización y persecución estatal, a través del eje de la judicialización. En la madrugada de este lunes, en el municipio de Arauquita fueron capturados los compañeros WBEIMAR ALEXANDER CETINA LOZADA presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca y HORACIO RAMÍREZ dirigente campesino de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA-. Las capturas y allanamientos fueron desarrollados en sendos operativos de la fuerza pública en cabeza de la DIJIN, quienes además irrumpieron en la casa de habitación de la suegra del compañero JUAN DE JESÚS GÓMEZ, presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Arauquita, en su búsqueda.

Los compañeros capturados Wbeimar y Horacio, así como, Juan de Jesús, en cumplimiento de sus labores como líderes comunales y campesinos, acompañaron la justa movilización que trabajadores y comunidades desarrollaron el año anterior, exigiendo a ECOPETROL, CENIT y el Estado colombiano, las garantías laborales, inversión social y compensación ambiental. Así mismo, los tres dirigentes han participado de los diferentes espacios de interlocución que como movimiento sostenemos con el Estado y las empresas petroleras, en el marco del decreto 0285 de 2013.

Estas nuevas capturas ocurren en el contexto de cumplimiento del Estado colombiano a los designios del capital nacional y transnacional, donde el Estado servil a esos intereses de acumulación, persigue y criminaliza a quienes sentamos nuestra voz de protesta en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio. A quienes no asesina haciendo uso de sus fuerzas legales (Ejército, Policía y organismos de inteligencia) e ilegales (estructuras paramilitares), nos amenaza, constriñe y encarcela.

Pese a esta persecución sistemática con la cual el Estado pretende desarticular el tejido social, acallar nuestras voces e impedir que sigamos materializando nuestro Plan de Vida, nosotros reiteramos el compromiso con el pueblo, con el territorio, y con la construcción permanente de ese otro mundo posible.

Exigimos al Estado colombiano respetar y garantizar nuestra labor social y comunitaria, y dejar en libertad de manera inmediata a nuestros compañeros injustamente detenidos.

Al pueblo araucano lo llamamos a no desfallecer en sus demandas por vida digna, y como respuesta, los invitamos a participar de manera activa y protagónica en las próximas movilizaciones que a nivel nacional venimos coordinando como movimiento social contra el paquetazo de Duque, por la garantía de nuestros derechos y, por la vida y libertad de nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

 ¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

 ¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!

Tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta

Tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta

Comunicado conjunto. 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo – CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

Presentamos acción de tutela para que se proteja el derecho a la protesta social y otros derechos fundamentales

Presentamos acción de tutela para que se proteja el derecho a la protesta social y otros derechos fundamentales

Mediante una acción de tutela distintas personas, miembros de organizaciones sociales, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, solicitamos al Tribunal Superior de Bogotá que proteja derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidas a desaparición forzada. Entre las y los accionantes se encuentran víctimas de abuso policial, periodistas y personas que han visto vulnerado o amenazado su derecho a la protesta, acompañadas por varias organizaciones de defensa de derechos humanos y por la campaña Defender la Libertad. Con la acción se busca que se dicten órdenes al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, a la Ministra del Interior, al Alcalde Mayor de Bogotá, al Director General de la Policía Nacional y al Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá para que corrijan la forma de actuar de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD),  y estos garanticen el ejercicio del derecho a la protesta con la adopción de políticas y prácticas afines con un Estado social y democrático de derecho.

La forma como la Fuerza Pública, específicamente la Policía Nacional, acompaña e interviene en protestas y movilizaciones pacíficas en Colombia arrastra un historial preocupante de repertorios de violencia que violan derechos fundamentales. La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización indebida de armas potencialmente letales, el uso innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestaciones y la utilización improcedente de mecanismos policiales para detener a manifestantes generan un ambiente de temor y zozobra que amenaza el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y otros asociados. Si a eso se suman las prácticas de estigmatización y militarización de la movilización, lo que aparece es un sistema de represión que desincentiva la participación ciudadana a través de la protesta, que se entiende desde un enfoque de afectación al orden público y no como el ejercicio de un derecho fundamental.

Algunos de los hechos que demuestran la existencia de prácticas sistemáticas de vulneración al derecho a la protesta y otros asociados son:

  1. La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas sin que medie ningún hecho que perturbe la convivencia, como sucedió en la ciudad de Bogotá los días 22 y 22 de noviembre de 2019.
  2. Las heridas causadas por armas potencialmente letales usadas por el ESMAD contra las y los manifestantes y la fuerza disponible de la Policía Nacional para dispersar multitudes, algunas de las cuales han causado afectaciones graves a la integridad personal o la muerte, como en el caso del joven Dylan Mauricio Cruz Medina.
  3. El uso de gases lacrimógenos o agentes químicos irritantes para impedir que los y las manifestantes concurran masivamente a lugares emblemáticos de la vida política nacional, como la Plaza de Bolívar.
  4. El uso indiscriminado del traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y el traslado para procedimiento policivo (artículo 157 del Código Nacional de Policía) con el fin de intimidar y evitar la movilización, entre otros, dentro de los cuales se han identificado prácticas que pueden dar lugar a desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, y violencias con impactos diferenciados de género sobre poblaciones sujetas a especial protección constitucional.

Para evitar que esto siga ocurriendo se han intentado diversas acciones de interlocución con las autoridades, se han desarrollado ejercicios de veeduría en terreno y se ha solicitado la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por los hechos más graves. Hasta la fecha la respuesta no ha sido otra que mantener el modus operandi y, en algunos casos, escalarlo. Por eso las y los accionantes acuden a la justicia a través de una acción de tutela y solicitan que se tomen medidas para:

  1. Garantizar la no repetición de estos hechos a través de una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del ESMAD y de la Fuerza Pública en general. De esa mesa debería salir un informe sobre las actuaciones de este cuerpo de policía y un conjunto de recomendaciones que deberían ser aplicadas por el Gobierno Nacional; allí deberán tener asiento la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de distintos sectores de la sociedad que hacen uso del derecho a la protesta, las plataformas de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
  2. Reafirmar la prohibición de disolución de protestas pacíficas y el deber de usar la fuerza de forma gradual, proporcional y con respeto al principio de precaución.
  3.  y sólo cuando sea estrictamente necesaria.
  4. Eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención en protestas en donde ocurren hechos violentos. Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona.
  5. Garantizar la correcta identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas.
  6. Paliar los efectos lesivos de las intervenciones de la Fuerza Pública en la integridad personal de quienes se manifiestan a través de atención psicosocial, física y jurídica.

El déficit de protección al derecho a la protesta y la amenaza constante a quienes quieren ejercerlo como resultado de las prácticas sistemáticas de la Fuerza Pública requiere de una intervención inmediata y decisiva de la justicia.

Lee aquí la tutela. 

Boletín informativo #4: Paro Nacional

Boletín informativo #4: Paro Nacional

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2019

Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- INFORMAMOS DE MANERA URGENTE, que siendo las 12:00 de la noche del 21 de noviembre, se reportan aproximadamente  230  casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas y  24 Policías heridos en el marco de la movilización del paro Nacional del día 21 de noviembre de 2019.

Al respecto, denunciamos los siguientes hechos:

  1. En la localidad de Suba de Bogotá, no se ha garantizado el respeto a los derechos de los marchantes ni la seguridad a la ciudadanía. Se han presentado alteraciones al orden público durante más de 14 horas, donde la intervención por parte de la fuerza pública no ha sido efectiva, ni ha sido proporcional, afectando derechos de la ciudadanía.
  2. La localidad de Suba ha sido afectada por intervención militar, lo cual es contrario al derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  3. En el centro de Bogotá, a pesar de que la movilización se desarrolló en total normalidad, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en donde defensores de derechos humanos, fueron rodeados por la Policía Nacional, colocando en riesgo su integridad.
  4. Al cierre de este boletín, se nos informa que hay estudiantes de la Universidad Nacional retenidos dentro de las instalaciones de esta, en razón a la presencia de la fuerza pública que no garantiza los derechos de los estudiantes.
  5. Al momento de la publicación, a pesar del toque de queda en Cali, se presentan alteraciones en la seguridad de la ciudadanía.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.