Tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta

Tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta

Comunicado conjunto. 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo – CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

Presentamos acción de tutela para que se proteja el derecho a la protesta social y otros derechos fundamentales

Presentamos acción de tutela para que se proteja el derecho a la protesta social y otros derechos fundamentales

Mediante una acción de tutela distintas personas, miembros de organizaciones sociales, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, solicitamos al Tribunal Superior de Bogotá que proteja derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidas a desaparición forzada. Entre las y los accionantes se encuentran víctimas de abuso policial, periodistas y personas que han visto vulnerado o amenazado su derecho a la protesta, acompañadas por varias organizaciones de defensa de derechos humanos y por la campaña Defender la Libertad. Con la acción se busca que se dicten órdenes al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, a la Ministra del Interior, al Alcalde Mayor de Bogotá, al Director General de la Policía Nacional y al Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá para que corrijan la forma de actuar de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD),  y estos garanticen el ejercicio del derecho a la protesta con la adopción de políticas y prácticas afines con un Estado social y democrático de derecho.

La forma como la Fuerza Pública, específicamente la Policía Nacional, acompaña e interviene en protestas y movilizaciones pacíficas en Colombia arrastra un historial preocupante de repertorios de violencia que violan derechos fundamentales. La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización indebida de armas potencialmente letales, el uso innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestaciones y la utilización improcedente de mecanismos policiales para detener a manifestantes generan un ambiente de temor y zozobra que amenaza el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y otros asociados. Si a eso se suman las prácticas de estigmatización y militarización de la movilización, lo que aparece es un sistema de represión que desincentiva la participación ciudadana a través de la protesta, que se entiende desde un enfoque de afectación al orden público y no como el ejercicio de un derecho fundamental.

Algunos de los hechos que demuestran la existencia de prácticas sistemáticas de vulneración al derecho a la protesta y otros asociados son:

  1. La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas sin que medie ningún hecho que perturbe la convivencia, como sucedió en la ciudad de Bogotá los días 22 y 22 de noviembre de 2019.
  2. Las heridas causadas por armas potencialmente letales usadas por el ESMAD contra las y los manifestantes y la fuerza disponible de la Policía Nacional para dispersar multitudes, algunas de las cuales han causado afectaciones graves a la integridad personal o la muerte, como en el caso del joven Dylan Mauricio Cruz Medina.
  3. El uso de gases lacrimógenos o agentes químicos irritantes para impedir que los y las manifestantes concurran masivamente a lugares emblemáticos de la vida política nacional, como la Plaza de Bolívar.
  4. El uso indiscriminado del traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y el traslado para procedimiento policivo (artículo 157 del Código Nacional de Policía) con el fin de intimidar y evitar la movilización, entre otros, dentro de los cuales se han identificado prácticas que pueden dar lugar a desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, y violencias con impactos diferenciados de género sobre poblaciones sujetas a especial protección constitucional.

Para evitar que esto siga ocurriendo se han intentado diversas acciones de interlocución con las autoridades, se han desarrollado ejercicios de veeduría en terreno y se ha solicitado la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por los hechos más graves. Hasta la fecha la respuesta no ha sido otra que mantener el modus operandi y, en algunos casos, escalarlo. Por eso las y los accionantes acuden a la justicia a través de una acción de tutela y solicitan que se tomen medidas para:

  1. Garantizar la no repetición de estos hechos a través de una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del ESMAD y de la Fuerza Pública en general. De esa mesa debería salir un informe sobre las actuaciones de este cuerpo de policía y un conjunto de recomendaciones que deberían ser aplicadas por el Gobierno Nacional; allí deberán tener asiento la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de distintos sectores de la sociedad que hacen uso del derecho a la protesta, las plataformas de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
  2. Reafirmar la prohibición de disolución de protestas pacíficas y el deber de usar la fuerza de forma gradual, proporcional y con respeto al principio de precaución.
  3.  y sólo cuando sea estrictamente necesaria.
  4. Eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención en protestas en donde ocurren hechos violentos. Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona.
  5. Garantizar la correcta identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas.
  6. Paliar los efectos lesivos de las intervenciones de la Fuerza Pública en la integridad personal de quienes se manifiestan a través de atención psicosocial, física y jurídica.

El déficit de protección al derecho a la protesta y la amenaza constante a quienes quieren ejercerlo como resultado de las prácticas sistemáticas de la Fuerza Pública requiere de una intervención inmediata y decisiva de la justicia.

Lee aquí la tutela. 

Boletín informativo #4: Paro Nacional

Boletín informativo #4: Paro Nacional

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2019

Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- INFORMAMOS DE MANERA URGENTE, que siendo las 12:00 de la noche del 21 de noviembre, se reportan aproximadamente  230  casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas y  24 Policías heridos en el marco de la movilización del paro Nacional del día 21 de noviembre de 2019.

Al respecto, denunciamos los siguientes hechos:

  1. En la localidad de Suba de Bogotá, no se ha garantizado el respeto a los derechos de los marchantes ni la seguridad a la ciudadanía. Se han presentado alteraciones al orden público durante más de 14 horas, donde la intervención por parte de la fuerza pública no ha sido efectiva, ni ha sido proporcional, afectando derechos de la ciudadanía.
  2. La localidad de Suba ha sido afectada por intervención militar, lo cual es contrario al derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  3. En el centro de Bogotá, a pesar de que la movilización se desarrolló en total normalidad, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en donde defensores de derechos humanos, fueron rodeados por la Policía Nacional, colocando en riesgo su integridad.
  4. Al cierre de este boletín, se nos informa que hay estudiantes de la Universidad Nacional retenidos dentro de las instalaciones de esta, en razón a la presencia de la fuerza pública que no garantiza los derechos de los estudiantes.
  5. Al momento de la publicación, a pesar del toque de queda en Cali, se presentan alteraciones en la seguridad de la ciudadanía.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.

Denuncian al Estado Colombiano por detención arbitraria de 8 líderes ambientales ante la ONU

Denuncian al Estado Colombiano por detención arbitraria de 8 líderes ambientales ante la ONU

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) denunciaron este lunes 16 de septiembre ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el caso de ocho líderes ambientales y comunitarios de San Luis de Palenque (Casanare, Colombia) capturados tras participar en protestas contra la empresa canadiense Frontera Energy, quien días antes de producirse la detención, de la cual es denunciante, firmó dos convenios de cooperación con la Fuerza Pública por más de cuatro mil millones de pesos.

El 27 de noviembre de 2018, siendo aproximadamente las 2:45AM, se realizaron los procesos de allanamiento y captura de Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt, líderes comunitarios y ambientales del municipio de San Luis de Palenque y, además, integrantes de una misma familia.

Con un operativo de más de 200 hombres, entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional,  dos Helicópteros y la Fiscalía 135 de la Estructura de Apoyo (EDA) en Casanare, capturaron a estas personas a quienes se les acusa de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, entre otros delitos.

De inmediato, la comunidad rechazó esta decisión y denunció que se trataba de un montaje judicial promovido por la empresa petrolera Frontera Energy (antigua Pacific Exploration and Production) y la Fiscalía General de la Nación, en contra de los principales voceros de la comunidad, la cual desde el 2016 ha venido denunciando los daños ambientales, sociales y económicos que la explotación del Bloque Cubiro está generando en su territorio.

Los ocho líderes sociales capturados han liderado procesos de denuncia y organización social para exigirle a la empresa que invierta una compensación ambiental por el valor del 1% de su inversión por la captación de agua que se realiza para la actividad petrolera; reparación de las vías veredales que se han deteriorado por el paso constante de vehículos pesados; y el pago de las deudas adquiridas por Frontera Energy durante los últimos años con más de 80 personas de la comunidad que prestaron sus servicios de transporte, alimentación y hospedaje.

Pese a ser líderes sociales reconocidos, la Fiscalía ha argumentado que las ocho personas conformaron en el año 2016 un Grupo Delictivo Organizado (GDO) el cual tiene como “fachada la protesta social”. Además, los acusan de ser los responsables de las lesiones que fueron ocasionadas a un agente del Esmad en una protesta el 26 de febrero de 2018. Sin embargo, a lo largo del proceso la Fiscalía y la Fuerza Pública, han limitado su actuación a señalar la organización y movilización social como una conducta ilícita y no han presentado pruebas que relacionen a estas personas con actividades realmente ilegales.

El CSPP y COSPACC denunciaron y entregaron abundante documentación en Ginebra – Suiza, que da cuenta de cómo Frontera Energy ha incidido en el proceso de investigación contra los líderes sociales que protestaban en su contra, entre otras a través de la firma de millonarios convenios con las fuerzas militares y la policía directamente y presuntamente aprovechándose de los convenios que Ecopetrol tiene con la Fiscalía y que financian directamente a los funcionarios y las unidades que estarían detrás de este caso.

Muestra de ello, es como durante el mes de noviembre de 2018, y pocos días antes de la detención, la empresa Frontera Energy suscribió dos convenios con el Ministerio de Defensa Nacional (18-014 y 18-017), en los cuales el Ejército Nacional se comprometió a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio $4.492.974.695.

Por su parte, el Fiscal 135 EDA, que funge como acusador en el caso de San Luis de Palenque, tiene su oficina en las instalaciones del Cantón Militar de la Brigada 16, estructura que recibió buena parte de la mencionada financiación. A su vez, la estructura de la Fiscalía de la que hace parte (Estructura de Apoyo de Hidrocarburos –EDA-), ha recibido durante los últimos cinco años, más de 82 mil millones de pesos de Ecopetrol para investigar delitos relacionados con “acciones de hecho durante la protesta social”, entre otros, que afecten a la empresa colombiana y sus asociadas.

Según Franklin Castañeda, presidente del CSPP, “son altos los riesgos que entrañan los mencionados convenios, que colocan al servicio de intereses privados las instituciones del Estado colombiano, hecho que se agrava si se tiene en cuenta que una de sus beneficiarias es la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha venido impulsando procesos en contra de defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han denunciado o se han movilizado contra las irregularidades con la que funcionan estas empresas”.

Las organizaciones que presentaron la comunicación denunciaron en la ONU la parcialidad del ente investigador del Estado en favor de la empresa Frontera Energy, así como las violaciones al debido proceso que se han presentado a partir de un uso indebido del derecho penal, la violación de la libertad personal y el presupuesto de peligrosidad de la labor de defensa de los derechos humanos.  Por esto, solicitaron que se declaren estas detenciones como arbitrarias.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,​ en el que un grupo de expertos tienen como función la averiguación de casos en los que existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Conoce el testimonio de Yulivel Leal  lideresa comunitaria y ambiental del municipio de San Luis de Palenque. 

 Micoahumado judicializado y desplazado 

 Micoahumado judicializado y desplazado 

Continúa persecución a pobladores del sur de Bolivar 

El Proceso Ciudadano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado, La Federación Agrominera del sur de Bolívar y la Corporación Sembrar denuncian los siguientes hechos:

1. Hoy 15 de julio de 2019, en el casco urbano del corregimiento de Micoahumado “La Plaza” municipio de Morales, sur de Bolívar siendo las 2 de la mañana se desarrolló un operativo en el que participaron la Policía y el Ejército Nacional, donde detuvieron 9 personas (1 mujer y 8 hombres) pobladores del Corregimiento.

2. Las personas capturadas en dicho operativo son: Kelly Johana Garcia, Fredy Garcia Barragan (discapacitado que requiere acompañamiento permanente) Eliodoro Virgues Angarita, Amin Cure Aguilar, Yohan Reyes, Esneider Trujillo Serna, Jaime David Colorado Roqueme (Hijo de un líder de Asopromic, organización afiliada a Fedeagromisbol), Alirio Garcia Cuevas, y Jainer Quintero.

3. Que en dicho operativo, los uniformados ingresaron de forma violenta, haciendo disparos, rompiendo las puertas y generando daños en las viviendas, sacando las personas a la fuerza, no se les permitió vestirse y ponerse zapatos y no se respetó la presencia de menores de edad.

4. Ante la gravedad de los hechos, la comunidad se dirigió hacia la base militar ubicada en un espacio civil, que la fuerza pública está ocupando desde el mes de enero de 2019 a escasos metros del casco corregimental, violando las normas del DIH; para verificar el estado de las personas detenidas y exigirle a los militares respuestas frente al porqué de los atropellos. La comunidad fue agredida con gases lacrimógenos y maltrato físico, una víctima de este maltrato fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Plaza, que fue golpeada y que se encuentra en Estado de Embarazo.

5. Que ante esta grave y reiterativa situación de agresión contra la población, sumado a lo que ya se ha venido denunciando desde inicios de este año, como lo es: la militarización del territorio con la llegada de 4000 hombres de la Fuerza de Tarea Marte, las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos y la permanente persecución al proceso organizativo y sus liderazgos; los pobladores y pobladoras han decidido desplazarse de su territorio para exigir garantías para sus vidas, su libertad y la permanencia en este.

Las comunidades, que ya se encuentran en el casco urbano de Morales, exigen la presencia del Gobernador de Bolívar, del Ministerio del Interior y organismos de Control, así como la llegada de una Misión de verificación Institucional con presencia de Naciones Unidas, que se está exigiendo desde inicios de año, sin que hasta el momento se haya dado respuesta positiva. Las comunidades plantean que mientras no existan esas garantías para su vida y su libertad se verán obligados a permanecer indefinidamente desplazados forzadamente de su territorio.

6. Alertan también sobre otros operativos de capturas en el Municipio de Norosi.

Por último demandan del Gobierno Nacional el respeto a las garantías y debido proceso de los detenidos y el respeto a su integridad, la Definición inmediata de la Misión de Verificación para el Sur de Bolívar, así como garantías políticas, humanitarias y de protección para las comunidades que se han visto obligados a desplazarse.

Audiencia Pública Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia

Audiencia Pública Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia

Foto: Alexis Steban Ariza Hernández

El pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública “Garantías del derecho a la protesta social en Colombia”, la cual se realizó en el salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República, en donde organizaciones sociales dieron a conocer el contexto de agresión a la protesta social que se ha presentado desde el inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque.

Allí se buscó poner en evidencia las afectaciones y vulneraciones que se han presentado a la protesta social como derecho durante este Gobierno a través de las prácticas de estigmatización, descalificación, judicialización, represión y desconocimiento de normas que protegen dicho ejercicio democrático, como lo es la Resolución 1190 de 2018, la cual plantea instancias y mecanismos que garantizan la coordinación del Estado con la sociedad civil para el desarrollo y respeto a la movilización social.

De esta manera, el Senador Iván Cepeda dio inicio a la Audiencia Pública dando a conocer algunos retrocesos de “libertades y garantías” a los que diferentes sectores sociales se están viendo expuestos. Argumentó, que además del asesinato de líderes y lideresas sociales, las decisiones de carácter administrativo que anulan la elección de importantes representantes en el congreso, las medidas que van recortando la consulta popular en diferentes aspectos, también se encuentra en gran peligro el derecho a la protesta social: “Estamos ante una ofensiva contra todas las expresiones democráticas y de la oposición social y política”. Junto con esto, advirtió que en el Congreso de la Republica, se tiene una discusión sobre lo que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha denominado como regulación o reglamentación de la protesta social, pero que no es otra cosa que la criminalización de las expresiones legitimas de inconformidad ciudadana. Finalmente, presentó el objetivo de la audiencia como la necesidad de actualizar la información en esta materia, y desarrollar a partir de lo que las organizaciones sociales plantearon a través de la jornada, acciones desde el Congreso de la República que permitan poner freno al intento de emplear cualquier clase de limitaciones y acciones arbitrarias a la protesta social.

Seguido de esto, se contó con la presencia del exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien estuvo al frente de los debates que dieron origen a la resolución 1190 de 2018. Él explicó los componentes del protocolo, aclarando que este nace de la legislación vigente y de la jurisprudencia aplicable, y que la resolución define la protesta como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, de manifestación pública y pacífica, de libertad de asociación, de libre circulación, de libre expresión de libertad de conciencia, del derecho a la oposición y el derecho a la participación. Finalizó su intervención exponiendo que esta iniciativa es un buen punto de partida, puesto que es una compilación de toda la normatividad existente y de toda la jurisprudencia aplicable. Por un lado las autoridades tienen a su mano este instrumento para conocer con exactitud cuáles son sus competencias, por otro lado las organizaciones de la sociedad civil pueden tener este instrumento para que se reclamen los límites que le son propios a las autoridades, y también se le reclame a las autoridades sus obligaciones en materia de ofrecer garantías para la protesta social.

Posteriormente, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de abuso policial en el marco de la protesta social, presentaron sus testimonios en donde dieron a conocer contextos regionales de la situación de la protesta en Colombia, y expusieron sus propuestas con respecto a la necesidad de implementar la normatividad que garantice el respeto de la movilización en el país. Además, se expuso la preocupación que genera el comportamiento y la conducta de la Fuerza Pública al momento de intervenir las movilizaciones, especialmente se hizo referencia al modo de operar del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD, quienes reprimen y/o intervienen de manera violenta, constantemente, las movilizaciones ciudadanas, sin que haya una razón legítima para ello.  Por último, se habló de la necesidad de implementar la resolución 1190 de 2018, puesto que es el resultado de un lardo dialogo, que generó mecanismos, que dan garantías y permite ejercer una veeduría a la protesta social en Colombia.

Lee algunas de las intervenciones en https://defenderlalibertad.com/

Finalmente, la Senadora Aída Avella cerró la audiencia pública sobre Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia, agradeciendo a todas las personas y recalcando la participación de mujeres y hombres jóvenes defendedores de derechos humanos durante el desarrollo de la jornada. Por otro lado, resaltó la labor del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, por el compromiso que tiene con su labor, que le permite incluso llegar a los lugares con más difícil acceso del país. También, hablo de las discusiones que se han adelantado en el Congreso de la Republica, en donde se cuestiona por qué las zonas con más alta presencia del ejército, resultan siendo los lugares con más asesinatos a líderes y lideresas sociales del país; señaló que cada vez que se realiza algún tipo de denuncia, la respuesta por parte de las Fuerzas Armadas es que en los territorios no sucede nada. Para terminar, la senadora habló de los compromisos que los parlamentarios tienen con la sociedad civil, y que por lo tanto es su deber escuchar y dar trámite a sus preocupaciones plasmando soluciones en la legislación. Así pues, expuso que la protesta social será defendida como un derecho constitucional, que fortalece la democracia y permite a los ciudadanos expresar su necesidad de cambio.

Se debe decir, que a lo largo de la jornada, se lamentó la no asistencia del Procurador delegado, quien había confirmado su asistencia, ya que en gran medida lo expresado en la audiencia por parte de las organizaciones sociales y de los entes gubernamentales, requiere una labor de seguimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Mira la trasmisión completa de la audiencia en https://www.facebook.com/fundacioncspp/videos/2404098353146183/