por Campaña | Jun 16, 2022 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Noticias
Luego del Paro Nacional de 2021, el contexto de estigmatización, criminalización y judicialización hacia liderazgos sociales aumentó vertiginosamente, en especial durante las últimas semanas en medio de la coyuntura electoral, la cual se ha caracterizado por la intervención indebida del presidente Ivan Duque, el general Eduardo Zapateiro y el uso político de la Fiscalía General de la Nación.
Dentro de la ola más reciente de judicializaciones se presentó la detención de ocho presuntos miembros de primera línea en Neiva, Huila, señalados de cometer actos delictivos durante el paro de 2021[1]; dos días después de las detenciones, las defensas denunciaron hostigamientos e intimidaciones por parte de la fuerza pública para que aceptaran cargos, pero como los detenidos no cedieron, la Fiscalía desistió de la solicitud de detención domiciliaria, y mantuvo sólo la solicitud de la medida carcelaria[2]. El pasado 14 de junio, un juez del Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá modificó la medida de aseguramiento domiciliaria de cinco jóvenes capturados en octubre de 2021, enviandolos a prisión señalados por ser parte de Primeras Líneas[3].
El 15 de junio, bajo supuestas amenazas del inicio de un “estallido social si uno de los candidatos a la presidencia no gana”, las autoridades adelantan operativos en varias ciudades “tratando de blindar las ciudades y desbaratar las redes que pretenden sembrar el terror en varias ciudades como Cali, Bucaramanga y Medellín”[4]. La Policía realizó la captura de 23 personas: 12 en Bucaramanga[5], 9 en Cali y 2 en Yopal. Advirtió de futuros operativos en otros centros urbanos donde se focalizan las investigaciones. El exconcejal de Bucaramanga Jorge Flórez denunció que las detenciones se realizaron de manera arbitraria, con acusaciones falsas, y que en los allanamientos las autoridades no encontraron elementos incriminatorios[6]. Adicionalmente, un líder social de Saravena, Arauca, director del programa radial Informativo Centro Oriente, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, ya que existe una orden de captura vigente por su participación en el Paro de 2021, hasta el momento se ha presumido la existencia de un montaje judicial por su labor como líder social en su territorio[7]. Todos estos hechos se han sumado a las 267 capturas que han sido resultado de 57 operaciones contra las primeras líneas, en las que se incluyen 161 diligencias de registros y allanamientos. Además, el Ministro de Defensa ha indicado que dichas operaciones hacen parte del “Plan Democracia” que busca garantizar el desarrollo de la próxima jornada electoral[8].
Rechazamos la implementación del “Plan Democracia”, el cual estigmatiza el ejercicio del derecho a la protesta social. El riesgo para la democracia colombiana NO son las personas que se movilizan, estén o no de acuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales. Una vez más, las detenciones y judicializaciones se convierten en una manera de estigmatizar, castigar y aleccionar a la población que pone en cuestión un gobierno antidemocrático. Recordamos a las autoridades administrativas, policiales y al Gobierno Nacional, que la protesta social es un derecho fundamental, y esté no está condicionado a estar de acuerdo con los resultados electorales ,quienes consideren manifestarse por estar conformes o no, se les debe respetar y garantizar el ejercicio de dicho derecho.
¡No más persecución a la protesta social!
[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/28/detuvieron-en-neiva-a-ocho-presuntos-miembros-de-la-primera-linea/
[2] https://defenderlalibertad.com/exigimos-se-garantice-el-debido-proceso-y-los-derechos-fundamentales-de-jovenes-capturados-en-neiva-huila/
[3] https://www.eltiempo.com/bogota/miembros-de-la-primera-linea-en-bogota-son-enviados-a-la-carcel-680102
[4] https://www.semana.com/nacion/articulo/megaoperativo-contra-primeras-lineas-deja-mas-de-diez-capturados-en-cali-medellin-y-bucaramanga/202254/
[5] https://www.elcolombiano.com/colombia/capturan-a-integrantes-de-la-primera-linea-en-cali-y-bucaramanga-JF17749275
[6] https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/en-bucaramanga-capturaron-12-estudiantes-como-supuestos-integrantes-de-la-primera-linea/202243/
[7] https://m.facebook.com/101521512461596/photos/a.104023735544707/146172054663208/?type=3&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
[8] https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/en-bucaramanga-capturaron-12-estudiantes-como-supuestos-integrantes-de-la-primera-linea/202243/
por Campaña | Nov 22, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Noticias
Capturan a líderes y lideresas juveniles participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá durante el #ParoNacional2021
Colombia, 22 de noviembre de 2021. En horas de la mañana se realizaron múltiples allanamientos y ejecución de órdenes de captura para varios/as jóvenes líderes/as y participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá, entre ellos/as se encuentran: Sergio Forero, candidato al concejo de juventud de Paipa; Iván Ayala, líder juvenil; Julián Barón, integrante de la Colombia Humana, líder ambientalista y candidato al concejo de juventud de Paipa; y la defensora de Derechos Humanos Juliana Andrea Higuera Quintero, quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI durante el Paro Nacional del año 2021.
Juliana a su vez es integrante del Comité de Derechos Humanos de la UPTC e integrante de la Red de Derechos Humanos de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, quienes trabajan activamente en el acompañamiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Boyacá y Guaviare. Asimismo, participó activamente del primer Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial “Construyendo Memoria y Dignidad” realizado el 19 y 20 de noviembre en Bogotá.
En el marco de su ejercicio de defensa de Derechos Humanos, Juliana Higuera denunció públicamente y ante las instancias judiciales oficiales, hechos de persecución y criminalización social por parte de la policía en el municipio de Paipa, Boyacá, así como, actos de acoso y violencia ejercidos por parte de servidores públicos en su contra.
Los/as líderes/as detenidos/as son señalados/as de pertenecer al “Grupo Radical Organizado los Escuderos”; sin embargo, es la primera mención conocida sobre este grupo, lo que permite alertar sobre argumentaciones irregulares en los allanamientos y detenciones.
SOLICITAMOS
Al Gobierno Nacional cesar la criminalización de quienes participan activamente en escenarios de protesta social y proteja el ejercicio de la oposición política y la garantía para la defensa de los Derechos Humanos.
A la Fiscalía General de la Nación respetar todos los derechos procesales de las personas detenidas, así como la garantía para la asistencia y asesoría jurídica técnica.
Al Ministerio Público verificar las condiciones físicas, emocionales y humanitarias en favor de la intervención por la protección de todos los derechos humanos de las personas detenidas.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que brinden seguimiento y acompañamiento a , las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales detenidas, con especial atención en la defensora de Derechos Humanos Juliana Higuera.
SUSCRIBE
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN – COSPACC.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – CSPP.
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS – CDLAT
RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – REDCAA
COMITÉ CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE CAPÍTULO BOGOTÁ
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP
CORPORACIÓN COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS TIERRA DE TODOS
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH
HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ – CIJYP
COLECTIVO JAIME GARZÓN UNISALLE
FUNDACIÓN BAKIA DE DEFENSORES DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS
REBELDÍA ESTUDIANTIL ORGANIZADA – REO
COLECTIVA RENACIENTES EN LLAMAS-REL
ORQUÍDEAS VERDES – RED FEMINISTA ABORTERA
DERECHOS HUMANOS CENTRAL UNIDA DE TRABAJADORES CUT NACIONAL
PRE ICFES POPULAR LA CASA TOMADA, EL CODITO
OBSERVATORIO DE DDHH KLAUS ZAPATA
CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
CAMPAÑA OBJETIVO LIBERTAD
JUVENTUD REBELDE COLOMBIA
FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – ACEU
CLUB DE LECTURA SOGAMOSO
COLECTIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL SANA
COLECTIVO ESTUDIANTIL JAU GATA
COLECTIVA DE GÉNERO FRANCIA MÁRQUEZ – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA UNAL
COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL ÁNGEL BARBOSA
COMITÉ ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
GRUPO DE ESTUDIOS 2.96 PEREIRA
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES – PST
COLECTIVA FEMINISTA ÁSHIRA
COLECTIVA DESBORDADAS UPN
ASOCIACIÓN RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – dhColombia
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
COLECTIVO FEMINISTA CHINAS BERRIONDAS
COMITÉ DE GÉNERO DE LA UPTC
MONTAÑERAS ENRUANADAS
URDIMBRE VIOLETA
ESQUEMA FEMINISTA DE DHHH – Bogotá
JUVENTUD REBELDE BOLÍVAR
FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ATRÉUS
COLECTIVO JUVENIL SOÑAR NO ES DELITO
COLECTIVO SERARTE
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
COLECTIVO FUTBOLERO FEMENINO ESCARLATA
COLECTIVO SCOUT VAGABUNDAS VIOLETA
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ALFREDO CORREA DE ANDREIS
HIJOS E HIJAS DEL SOL – BOYACÁ
COLECTIVA DISIDENTE FEMINISTA CREDIPULA FORNICATA
COLECTIVO DE RESISTENCIA A25 – CRA25
PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD SAMANIEGO
COLECTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA LA CRECIENTE
CIUDAD EN MOVIMIENTO
RED NACIONAL DEL AGUA DE COLOMBIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTER-ACCIÓN SOCIAL DEL SUR COLOMBIANO – CEIINSO
RED JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA – RJDHH
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL – COMISIONES MODEP
CORRIENTE SINDICAL IGNACIO TORRES GIRALDO
RED GUANEÑAS FEMINISTAS EN RESISTENCIA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES – FECODE – CE MARTHA ROCIO ALFONSO
PROCESO CAMPESINO Y POPULAR DE LA VEGA
ASOCIACIÓN ECOLECTIVA
COLECTIVA AGRARIA ABYA YALA
EQUIPO JURÍDICO DERECHOS HUMANOS DEL MACIZO
SUBCOMITÉ JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS – PASTO, NARIÑO
COORDINACIÓN NACIONAL DEL POLO JOVEN
COLECTIVO ALMA POPULAR
CORPORACIÓN COLECTIVO SOCIOJURÍDICO ORLANDO FALS BORDA-COLECTIVO OFB
COLECTIVO FEMINISTA ROSA VIOLETA
MOVIMIENTO JUVENIL 15 DE AGOSTO
COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MAMBRU
COLECTIVO BARRIO ADENTRO – ATLÁNTICO
JUVENTUD DEMOCRÁTICA POPULAR – JUDEP
COLECTIVO LAZOS DE RESISTENCIA – UNIVERSIDAD DEL VALLE
CAMPAÑA VIDA
LISTA INDEPENDIENTE AHORA SOMOS MÁS BOYACÁ
FUNDACIÓN TEJIDO CUHUBA
PLATAFORMA DE JUVENTUDES DE DUITAMA
CENTRAL. UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT
FUNDACIÓN CASA DE LA MEMORIA SANTA MARTA (Homenaje a Maritza Quiroz)
COORDINADORA POPULAR DE EXPRESIONES SOCIALES DE BARRANQUILLA
EQUIPO ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR LA VERDAD
MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL DE MUJERES DEL ATLÁNTICO (MASM)
REBELHADAS ESCUELA DE ACTIVISMO
COLECTIVO CULTURAL TRONCO E TRUEQUE, BARRANQUILLA.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD – CJL
MOVIMIENTO EN RESISTENCIA CONTRA LAS AGRESIONES OCULARES DEL ESMAD – MOCAO
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA
TIERRA BONITA PROYECTO SOCIAL Y ECOPEDAGOGICO
COMITÉ REGIONAL ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (CREDHUV)
CORPORACIÓN OCHO DE MARZO
RED JURIDICA FEMINISTA
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EXTERNADO
COLECTIVO ESTUDIANTIL EXTERNADISTAS POR LA PAZ
COLECTIVO MALVINAS JOVEN.
por Campaña | Sep 7, 2021 | Abuso Policial, Detenciones, Noticias
Ayer, 6 de septiembre de 2021, a las 2:30 p.m. de manera virtual, se dio inicio a la Audiencia de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso penal que se sigue por los hechos de tortura y violencia sexual de los que fueron víctimas tres personas, entre los que se encuentra un joven LGBT, mientras estuvieron capturados por ejercer su derecho a la protesta social en Barranquilla, el pasado mes de mayo.
Este suceso tuvo lugar en el CAI de Soledad 2000 (Atlántico) a cargo de la policía metropolitana de Barranquilla, mientras los detenidos estaban al cuidado y vigilancia de agentes de la Policía Nacional. Durante su detención, las víctimas sufrieron agresiones físicas y amenazas por parte de los guardias de policía y los reclusos que ahí se encontraban.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación, imputó cargos de violencia sexual a los presuntos autores materiales del hecho, dejando de lado la imputación que debió realizar a los oficiales de policía que propiciaron e incentivaron el abuso sexual al igual que la tortura, al decirles a los reclusos, que había “llegado carne fresca”.
Por lo anterior, la Campaña Defender La Libertad Es Un Asunto de Todas y la Corporación Caribe Afirmativo hacemos un llamado público, a la Fiscalía General de la Nación, para que:
1. Se vincule a la Policía Nacional de manera directa en el proceso penal que está en curso, teniendo en cuenta la posición de garante en la protección y vigilancia de los derechos humanos de los detenidos, los cuales se encontraban en un estado de indefensión por su condición de privación de la libertad.
2. Que se tome en consideración para la imputación, el delito de tortura, dado los tratos crueles e inhumanos ocurridos al interior del CAI durante la detención y privación de la libertad de estos jóvenes.
3. Reiteramos que la violencia sexual y los actos de tortura que se ejercieron en contra de la víctima LGBT se dieron por móviles prejuiciosos en contra de su expresión de género diversa y la orientación sexual de la víctima.
4. Que se tenga en cuenta que el castigo físico y psicológico constitutivo de tortura, en este caso, guarda relación con su participación en las jornadas de movilización social.
¡Exigimos justicia!
por Campaña | Jul 17, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
17 de julio 2021, 11:00AM
La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la violación al derecho fundamental al derecho de reunión que tienen todos/as los ciudadanos, por parte del Gobierno Nacional en Cabeza de Iván Duque Márquez la Gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la Policía Nacional a cargo del General Jorge Luis Vargas Valencia.
Desde el viernes 16 de julio varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias han sido objeto de hostigamiento constante por parte de la fuerza pública en las carreteras de Colombia por dirigirse a la Asamblea Nacional Popular, espacio amplio y diverso de encuentro y deliberación política del movimiento social. En este contexto se han recibido múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Tolima.
El sábado 17 de julio la policía ha detenido una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá en la zona de La Herradura, La Tebaida, Quindío y La Paila siendo estos municipios limítrofes con el Valle del Cauca, a los conductores se les ha amenazado con confiscarle los buses e imponerles comparendos. En este momento las delegaciones llevan más de 7 horas detenidos sin poder desplazarse a la Asamblea Nacional Popular, generando un desgaste físico y mental debido la imposibilidad de poder obtener y consumir alimentos. Lo anterior se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público”.
Exigimos a la Policía Nacional que permita y garantice el ingreso seguro sin hostigamientos e intimidaciones a las delegaciones que se concentran en la Universidad del Valle. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que articulen acciones en favor de la garantía de los Derechos civiles y políticos de los ciudadanos que participarán en este encuentro ciudadano y en las movilizaciones convocadas de manera pacifica para los próximos días.
Un Estado que impide el Derecho de Reunión no puede llamarse democrático.
por Campaña | Jun 22, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
22 de junio de 2021. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cincuenta y cinco (55) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 22 de junio (14:00 pm) en el territorio nacional:
- 83 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 27 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. 16 de estos asesinatos están en proceso de verificación sobre su relación con la protesta social.
- 1.677 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 80 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que dentro del universo de personas heridas: 643 son hombres, 133 son mujeres y de 893 no se reporta su género; pues muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 267 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas en contra de su vida, familias y/o de judicialización arbitraria, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 10 han sido dirigidas a comunicadoras sociales, en especial, prensa alternativa.
- 788 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 507 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 133 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 85 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 59 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 17 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 21 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 18 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.203 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1. 476 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4] .
Vemos con gran preocupación que a pesar de que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional han disminuido, las actividades de movilización social pacífica continúan y así, las vulneraciones a los derechos humanos en el país no cesan. En Valle del Cauca continúa el uso desproporcionado e ilícito de la fuerza contra personas manifestantes, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las manifestantes sin importar si hay presentes niñas, niños y bebés[5] quienes ya se han visto afectadas. También, la fuerza pública y civiles no identificados han atacado a quienes ejercen su derecho a la protesta con armas de fuego, violando protocolos y normatividad nacional e internacional sobre el uso de la fuerza en protesta social. Alertamos sobre la aparición de dos personas asesinadas y desmembradas en zona rural del municipio Aguaclara[6] y en la ciudad de Cali[7], la primera hacía parte presuntamente de la primera línea del municipio[8] -información por confirmar-. Estas terribles y abominables acciones son cometidas con el fin de generar terror y zozobra en la población, para que se desincentiven y terminen las diferentes actividades de protesta social pacífica. Hacemos un contundente y especial llamado a las autoridades a atender, esclarecer y juzgar a las personas responsables de estos graves crímenes.
En Bogotá, es preocupante la situación en Portal Resistencia (antes Portal Américas), la localidad de Usme y Portal Suba. En dichos puntos, las vulneraciones a los derechos humanos se presentan casi a diario, colocando en riesgo la vida e integridad de las manifestantes y de las habitantes en las inmediaciones de dichos sectores, estas últimas se han visto bastante afectadas por los daños materiales y la inhalación de gases lacrimógenos aún estando en sus viviendas. Estas jornadas han dejado decenas de personas heridas, y ayer, 21 de junio, una persona fue asesinada en Usme según versiones preliminares por el impacto de un gas lacrimógeno[9], situación por esclarecer .Además, rechazamos los intentos de desalojo que se han presentado en el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en el Parque El Mundo por parte de la Policía Nacional.
Alertamos sobre la situación de las personas detenidas ayer, 21 de junio, en Usme, sobre las cuales se había informado que se encontraban en URI de Kennedy en Puente Aranda; hoy, 22 de junio, en horas de la mañana las autoridades le manifestaron a las familiares de las detenidas que éstas no se encuentran en ninguno de los lugares de detención, aumentando el riesgo de ocurrencia de violaciones a los derechos fundamentales como lo son el debido procesos, la asistencia jurídica técnica, a no ser incomunicados y aumentan el riesgo de ocurrencia de desaparición forzada. Afortunadamente y gracias a la presión ciudadana en horas de la tarde sus familiares obtuvieron información sobre las personas detenidas.
Rechazamos los hostigamiendos, la discriminación y la vulneración de derechos a tres mujeres indígenas. Uno de estos hechos ocurrió en Bogotá el 12 de junio, dos mujeres indígenas Misak son hostigadas por la Policía en un bus de servicio público, el agente dice que ellas no pueden ir en el bus porque la «gente como ellas» está haciendo disturbios[10]. La segunda vulneración dio lugar en Cundinamarca, donde una mujer indígena Embera fue retenida, recibió trato discriminatorio y no facilitaron un traductor durante el procedimiento[11]. Esto evidencia la fuerte estigmatización por parte de la policía hacia este sector de la población que ha sido marginado históricamente por el Estado. Dicha estigmatización ha venido en aumento luego de las manifestaciones contra las estatuas de personajes de la historia que colonizaron los territorios de Abya Yala -las cuales generan violencias simbólicas en contra de Pueblos Originarios, quienes hacen parte de las jornadas de movilización.- Estas acciones reivindicativas y no violentas, no deben ser atacadas y señaladas por parte del Estado, quien por el contrario debe implementar medidas de protección especial a pueblos que han sido históricamente víctimas del genocidio.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
- Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas.
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
- A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
- Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no-violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 5 personas asesinadas en el marco de la protesta social, 3 en Valle del Cauca, 1 en Cesar y 1 en Bogotá.
[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10144/23-reportes-de-violencia-sexual-ha-conocido-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-marco-de-la-protesta-social-violencia-sexual-protesta-social.htm
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1205 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 379 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 108 en Santander, 5 en Cartagena, 244 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 37 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 27 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
[4] https://www.radionacional.co/actualidad/paro-nacional-personas-desaparecidas-84-fiscalia
[5] https://www.facebook.com/canal2cali/videos/327988735605985/
[6] https://www.elespectador.com/colombia/cali/cabeza-hallada-en-tulua-pertenece-a-joven-identificado-como-santiago-ochoa/
[7] https://twitter.com/Tercer_Canal/status/1407123903449870337?s=19
[8] https://www.contagioradio.com/asesinan-a-santiago-ochoa-miembro-de-la-primera-linea-de-tulua/
[9] https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1407117102499221507
[10] https://twitter.com/alientogratis/status/1403720273866657798
[11] https://twitter.com/AbelDavidJara/status/1403892698285805571?s=19
por Campaña | Jun 12, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cuarenta y cinco (45) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 11 de junio (14:30 pm) en el territorio nacional:
- 78 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 24 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
- 1.522 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y nueve (79) los casos de lesiones oculares y ciento cinco (105) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 635 son hombres, 129 son mujeres y 751 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 178 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 9 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.
- 707 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 489 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 129 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 42 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 14 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 12 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 11 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.086 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1.434 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4] .
Es de gran relevancia la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para el conocimiento y verificación de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población colombiana que ejerce su derecho a la protesta social. Allí, víctimas y organizaciones de derechos humanos pudimos dar a conocer las graves violaciones a derechos humanos en el marco del Paro Nacional, y aportar elementos para las recomendaciones y observaciones que realice la CIDH luego de su visita.
El día 8 de junio reportamos información detallada de 81 casos de homicidios ocurridos directa o indirectamente en el marco de la protesta social, algunos de estos hechos están por confirmar su relación con el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021; 78 casos corresponden a personas civiles asesinadas presuntamente por fuerza pública y/o actores civiles armados, y 3 casos de homicidios contra agentes de la fuerza pública. Del total de asesinatos, dos (2) fueron cometidos contra mujeres, dos (2) contra menores de edad, dos (2) contra adultos mayores que fueron afectados por inhalación de gases lacrimógenos , hemos identificado tres (3) personas asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o aturdidoras, una (1) persona arrollada por una tanqueta, una (1) persona que según las denuncias de sus familiares falleció incinerada, una (1) persona fallecida por torturas y golpizas (en el municipio de Madrid), una (1) persona que denuncian falleció luego de que el ESMAD la obligara a lanzarse al río Cauca, dos (2) agentes estatales víctimas de linchamiento uno de ellos un policía y otro un agente del CTI que no se encontraba en funciones y accionó su arma de fuego contra varias personas dejando tres de ellas muertas, veinticuatro (24) de los homicidios fueron presuntamente atribuidos a la fuerza pública y treinta y dos (32) fueron debido al uso de armas de fuego. Estas muertes se concentran en 14 municipios de Colombia, demostrando la masividad del fenómeno de uso de la fuerza letal para contener movilizaciones.
La cantidad de casos de vulneraciones a los derechos humanos demuestra el uso indebido de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, ya que se han faltado a los criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. Además, se ha utilizado el armamento de manera irregular con el fin de maximizar sus daños. Ejemplo de ello, la realización de disparos de balas de goma, cartuchos de impacto y gases lacrimógenos para generar lesiones oculares de las cuales la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas ha registrado setenta y cuatro (78) casos de lesiones oculares entre los que se encuentra un (1) menor de edad.
Sobre las violencias basadas en género, se tuvo reunión con la Secretaria adjunta para el monitoreo Maria Claudia Pulido y su equipo de trabajo, al cual pudo informarse en conjunto con otras organizaciones, sobre los actos constitutivos de violencia sexual, violencias físicas, psicológicas, patrimoniales y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados del 28 de abril al 02 de junio de 2021[5]. Esto teniendo en cuenta las agresiones que que mujeres y población con identidad de género y orientación sexual diversa, sufren en diferentes espacios de participación y movilización, impidiendo el goce efectivo de sus derechos, el hacer parte de la vida pública, y a vivir una vida libre de violencias. Las principales violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como parte de la represión violenta hacia las manifestantes, son la violencia sexual, las detenciones ilegales y arbitrarias (que son escenarios en los que el riesgo de violencias aumenta) y las agresiones físicas en medio de las manifestaciones.
De igual manera se informó a la CIDH sobre la situación de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, en Colombia, ya que labor implica asumir un alto riesgo para la vida e integridad. La Campaña, ha podido documentar 178 agresiones a defensoras de DDHH, de éstas, 116 fueron en Bogotá, 4 en Cauca, 8 en Valle del Cauca, 1 en Meta, 2 en Tolima, 10 en Atlántico, 4 en Santander, 12 en Cundinamarca, 6 en Nariño, 6 en Boyacá, 1 en Risaralda, 2 en Antioquia, 2 en Caldas, 1 en Putumayo, 1 en Norte de Santander y 2 registros sin ubicación. Estos son casos que incluyen agresiones físicas (golpizas y Tortura) violencias basadas en género, insultos, empadronamiento de los documentos de identificación, impedir la labor de verificación e intervención, grabación de sus rostros sin autorización, seguimiento por medio de drones, hostigamiento, violencia verbal, amenazas de detenciones y detenciones arbitrarias.
Consideramos fundamental la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, toda vez que los entes de control e investigación no son imparciales y se caracterizan por su tardía acción en la salvaguarda de los derechos humanos. Por ello, esperamos que organismos de carácter internacional insten al Estado colombiano a respetar los DDHH y cese el ataque contra el pueblo colombiano. Así mismo esperamos que la CIDH continúe haciendo seguimiento a la grave situación del país.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 2 personas asesinadas en Cali, y se comprobó que una de las personas anteriormente registradas no fue asesinada en el marco de las protestas sociales.
[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1122 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 377 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 107 en Santander, 222 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
[4] https://www.radionacional.co/actualidad/paro-nacional-personas-desaparecidas-84-fiscalia
[5] Ver: https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1403114134636568577?s=19
