Detenciones arbitrarias en Armenia

Detenciones arbitrarias en Armenia

Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas denunciamos los hechos que se presentan ayer, 24 de julio, en Armenia, tras un plantón de estudiantes convocado para exigir matrícula cero.

HECHOS

  1. El día de ayer, estudiantes se movilizaban en la plaza de Bolívar de Armenia para exigir matrícula cero en la Universidad del Quindío.
  2. La Policía Nacional acorraló a varias personas y arremetió, sin justificación alguna, en contra de indígenas embera que se encontraban en el lugar, deteniendo arbitrariamente a varias personas.
  3. Las y los estudiantes, al percatarse de la situación, intentaron impedir que se dieran las detenciones arbitrarias y mediar la situación desde el diálogo.
  4. La Policía Nacional golpeó a varias personas que se encontraban en el lugar, utilizando la fuerza de manera excesiva.
  5. Hasta el momento, se conoce la detención arbitraria de 2 estudiantes (entre ellos Sebastián Zambrano y Luis Ortíz), algunos de los cuales fueron golpeados por la Policía, y al menos 3 personas de la comunidad embera, entre estas, una mujer embarazada.

Exigimos

  1. La libertad inmediata de las personas detenidas injustamente, algunas de los cuales se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta social que se vio interrumpido de manera injustificada.
  2. Que la actuación institucional y de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior.
Violencia policial en el marco de la pandemia

Violencia policial en el marco de la pandemia

Por: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.

En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.

De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.

Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.

Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.

Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.

[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio

[2] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 6 de julio de 2020. Grave violación a los derechos humanos por agentes de la Policía en Brisas del Volador (Ciudad Bolívar). Véase en: https://defenderlalibertad.com/grave-violacion-a-los-derechos-humanos-por-agentes-de-la-policia-en-brisas-del-volador-ciudad-bolivar/

[3] CANAL 1. 2 de julio de 2020. Procedimiento de tránsito terminó en disparos y con un civil herido en Tocancipá. Véase en: https://noticias.canal1.com.co/nacional/pelea-policia-ciudadanos-termina-con-disparos-tocancipa/

[4] El Espectador. 3 de julio de 2020. Joven murió tras disparo de un policía, en el suroccidente de Bogotá. Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/joven-murio-tras-disparo-de-un-policia-en-medio-de-un-operativo-en-el-sur-de-bogota/

[5] Contagio Radio. 27 de marzo de 2020. Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCT. Véase en: https://www.contagioradio.com/alejando-carvajal-joven-de-20-anos-asesinado-por-el-ejercito-en-catatumbo-ascamcat/

[6] El Espectador. 22 de abril de 2020. Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/

[7] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020. Ejército habría asesinado a Emerito Digno Buendía: Ascamcat. Véase en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/

[8] El Espectador. 30 de junio de 2020. Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo. Véase en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/habitantes-de-catatumbo-insisten-en-responsabilidad-del-ejercito-en-la-muerte-de-salvador-jaime/

[9] Prensa Rural. 4 de julio de 2020. Policía antinarcóticos habría asesinado campesino, asegura comunidad. Véase en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25612

[10] Contagio Radio. 21 de julio de 2020. Asesinan a José Oliver Maya, niño indígena Awá en operativos de erradicación forzada Véase en: https://www.contagioradio.com/asesinan-a-jose-oliver-maya-nino-indigena-awa-en-operativos-de-erradicacion-forzada/

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Boletín informativo #CuarentenaSinAbuso: Agresiones a la protesta social durante la cuarentena nacional del gobierno Iván Duque

Balance general

En el marco de la llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo de 2020 por parte del gobierno, y que se ha extendido hasta el día de hoy, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social y violaciones de derechos humanos. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas[1], por medio Sistema de Agresión a la Protesta Social (SIAP) reporta, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar y amedrentar a manifestantes, haciendo uso indebido e indiscriminado del armamento para el control de multitudes, uso de armas de fuego y/o por medio de detenciones arbitrarias. La intervención de la Fuerza Pública ha dejado al menos 162 personas heridas, 1 persona con una lesión ocular y 32 personas muertas.

Además, se han registrado 189[2] detenciones arbitrarias y masivas en escenarios de protesta social, las cuales se concentraron principalmente en las ciudades de Bogotá (42,8%) y Medellín (29%), tras las jornadas de movilización del pasado 15 de junio de estudiantes y otros sectores para exigir “matricula cero” para el próximo semestre académico y para rechazar, entre otras cosas, la violencia policial, las muertes por discriminación racial, la violencias basadas en género, los desalojos forzados. En la Guajira se registra un importante número de detenciones arbitrarias (10 en Riohacha y 28 en Maicao) en protestas para exigir atención humanitaria.

En términos generales, los sectores sociales que más han protestado en este período son: 1) los pobladores urbanos (42,8%) que han sido afectados por desalojos forzados o por la insuficiente atención humanitaria para vivir una cuarentena sin hambre y en condiciones de dignidad. 2) la población privada de la libertad (19%) que ha adelantado distintas jornadas de protestas, en cerca de 24 cárceles colombianas, por las insuficientes medidas del gobierno para atender la situación humanitaria y evitar el contagio en el marco de las problemáticas estructurales de las cárceles, como el hacinamiento, conocidas como el Estado de Cosas Inconstitucional por sentencias de la Corte Constitucional (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015); 3) Finalmente, las comunidades campesinas han participado en distintas protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (16,6%) que no han cesado durante la cuarentena nacional.

Conoce aquí el Boletín Completo 

[1] Esta base de datos se alimenta de prensa (masiva y alternativa) e información reportada por diferentes organizaciones sociales que hacen acompañamiento in situ a la protesta social desde las Comisiones de Verificación e Intervención. No obstante, es necesario alertar sobre subregistro en los datos del SIAP teniendo en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen menor capacidad de registro en situaciones de confrontación social y menor presencia territorial que las instituciones públicas.

[2] Otros casos de detenciones se registraron en Cartagena, Bolívar (3 casos), Plato, Magdalena (7 casos) y María La Baja, Bolívar (7 casos).

ALERTA TEMPRANA: vulneraciones a derechos humanos y al derecho a la protesta social en Bucaramanga.

ALERTA TEMPRANA: vulneraciones a derechos humanos y al derecho a la protesta social en Bucaramanga.

HECHOS

  1. El día de hoy, 8 de julio, varias colectivas feministas de Bucaramanga se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social por medio de un plantón en contra del abuso policial y las violencias basadas en género.
  2. Hacia las 5:00 de la tarde, organizaciones sociales reportaron hostigamientos por parte de la Fuerza Pública hacia las personas que protestaban al frente de la V Brigada del Ejército Nacional. Un oficial de apellido Parra ordenó por radio traer los cambines para realizar capturas.
  3. Sobre las 5:10 p.m, el ESMAD arremetió contra las y los marchantes que se dirigían a la Avenida Quebradaseca y Megamall., en un momento en que la manifestación ya se estaba dispersando, haciendo un uso desmedido e injustificado de la fuerza. Se utilizaron aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se movilizaban pacíficamente, en contra de los estándares nacionales e internacionales sobre el tratamiento de la protesta social.
  4. Las organizaciones de derechos humanos que hacían presencia le pidieron a Personería que detuviera la agresión; sin embargo, las funcionarias salieron corriendo.
  5. Hasta el momento se reportan detenciones arbitrarias de al menos 10 personas que fueron trasladadas al CAI de las Américas, al parecer para imponerles comparendos. También se han impuesto comparendos a otros manifestantes.

De acuerdo con la información difundida por la Coordinadora 8M de Bucaramanga y Derechos de los Pueblos se tiene conocimiento que entre las personas detenidas se encuentran: Laura Nataly Barragán y Paula Puello, integrantes de organizaciones LGBTIQ; a su vez Angie Barragán, Angie Safala, Sofia Quiñonez, Yesenia Duarte, Alejandra Peña, Diana Zambrano, Sergio Chía y Camilo Torre, y Diana Isabelle Hernandez que fue capturada en inmediaciones del CAI de las Américas.

Exigimos

  1. La libertad de las y los manifestantes detenidos injustamente, quienes se encontraban en el ejercicio del derecho legítimo a la protesta.
  2. Que cesen la práctica de imponer comparendos como una forma de castigo a quienes protestan.
  3. Que la actuación institucional y de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior.
Comunicado frente a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López

Comunicado frente a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López

Luego de los hechos ocurridos en el ejercicio a la protesta del 15 de junio de 2020, en donde 73 personas fueron retenidas bajo la figura de traslado por protección y conducidas a la Estación de Policía de Teusaquillo, entre ellos 13 menores de edad; desde la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, permitimos referirnos a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López frente al desarrollo de las protestas.

Aclaramos que la menor de edad Karen Lizeth se encontraba ejerciendo su derecho legítimo a la Protesta Social, a través de la movilización que fue convocada por diversos sectores a nivel nacional, el pasado 15 de junio, como muestra del descontento frente a las medidas adoptadas para el manejo de la crisis social que se ha profundizado por el COVID-19.

Durante la movilización, fue retenida bajo la figura de traslado por protección de manera arbitraria, pues no se encontraba realizando actos vandálicos, por lo cual nos preocupa que aún no se reconozca que esta figura esta siendo utilizada de manera indiscriminada como una forma de control social y represión al derecho a la protesta, y que no se están brindando las garantías para su correcto procedimiento.

De esta manera, siendo Karen una menor de edad, sin estar dentro de las causales para la realización del traslado por protección (Artículo 155 del Código de Policía), y sin tener razones para cualquier detención, fue conducida sin la presencia de Policía de Infancia y Adolescencia para la restitución de sus derechos, hecho que puede ser constatado por el personal de la Secretaría de Gobierno, Gestores de Convivencia y demás organizaciones de derechos humanos que se encontraban en el lugar de la detención. Karen fue conducida junto con otros menores de edad y los demás retenidos mayores de edad a la Estación de Teusaquillo, en donde se estaban realizando los traslados por protección, a la espera de un familiar. Al no ser posible que un familiar se acercara, fue puesta en disposición de una Comisaría de Familia.

Reprochamos el tono infantilizante al que se refiere la alcaldesa Claudia sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a protestar. Como bien lo estipula la Convención sobre los derechos del niño, ratificada por Colombia, se establece en su artículo 15 que los niñxs poseen los derechos de libertad de asociación y libertad a celebrar reuniones pacíficas, sin que se impongan restricciones al ejercicio de estos derechos en el marco de una sociedad democrática.

En el artículo 32 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor de 18 años.

Adicional a esto, el actual Código Nacional de Policía y Convivencia, establece en su Artículo 36 que sólo excepcionalmente el alcalde podrá restringir su movilidad o permanencia en el espacio público o en lugares abiertos al público, de manera temporal y en forma motivada. En este sentido, no se puede aludir a este artículo para prohibir sin ningún sustento real, más allá de la presunción, el derecho de reunión de los niños, niñas y adolescentes. Es importante dejar claro que el derecho de un niño, niña o adolescente a participar en una protesta social no está sujeto al acompañamiento durante la manifestación de sus padres o tutores y que, por esto, tampoco, pueden imponerse sanciones.

Instamos a la Alcaldesa Claudia López a rectificar sus declaraciones, en tanto que desconocen la agencia que los niños, niñas y adolescentes tienen sobre su derecho a protestar; además de desconocer por completo las irregularidades en el proceso de las detenciones ocurridas el 15 de junio.

Suscriben: 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP

Escuela Jurídica Popular -Espora-

Vamos Por los Derechos

Fundación Ecológica Bacata

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Boletín Informativo: #15DeJunio

Boletín Informativo: #15DeJunio

Desde la Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas, informamos que el día 15 de junio de 2020, se llevó a cabo, a nivel nacional, una jornada de movilización convocada desde diferentes sectores sociales, quienes se manifestaron en contra de las diferentes situaciones que se vienen presentando en Colombia y la falta de garantías para pasar una cuarentena digna.

Sin embargo, la jornada de movilización pacífica se vio afectada por la desmedida e injustificada intervención de la Policía Nacional, situación que dejó como resultado más de 100 personas retenidas a nivel nacional y 3 personas con graves heridas.

  1. En la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, se registran al menos 45 personas retenidas, entre las cuales se encuentra manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Junto con esto, 2 jóvenes fueron golpeados, de manera indiscriminada por parte de la Fuerza Pública; Duván Jaramillo, quien es defensor de derechos humanos y hace parte del partido FARC, fue golpeado brutalmente, lo que le ocasionó una fractura en su brazo. Por otro lado, Nicolás Brito Zapata, quien fue retenido por grabar la movilización, fue golpeado durante el procedimiento, lo cual le causo una fractura en la mandíbula.
  2. En la ciudad de Bogotá, se registran 73 personas retenidas, 8 con fines de judicialización, en un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD.
  3. En la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca, la Policía Nacional y la Policía Militar, hostigaron la jornada de movilización, quienes sancionaron a los manifestantes con comparendos. Ciudadanos y ciudadanas denuncias la presencia de militares con armas de largo alcance en el lugar en donde se adelantaba el plantón.
  4. En la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, 5 personas fueron retenidas en el marco de las movilizaciones.

Desde las Comisiones de Verificación e Intervención, pudimos observar que algunos agentes de la Policía Nacional no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios, en un momento en que la población mundial atraviesa por una pandemia productor del virus Covid – 19. Recordamos que, tanto manifestantes como agentes de la Fuerza Pública, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, más aún en situaciones que pudiesen propiciar algún tipo de aglomeración, como lo fueron las retenciones masivas del día de ayer.

Además, seguimos observando, con gran preocupación, que la figura del Traslado por Protección sigue siendo utilizada de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional, y en algunos casos se utiliza como mecanismo complementario de sanción al comparendo, lo cual contraría la ley y convierte estos casos en detenciones arbitrarias. Recordamos que, según la Corte Constitucional, el traslado por protección tiene como única finalidad permisible la protección de derechos (Sentencia C-281); sin embargo, se han presentado traslados injustificados que no sólo han violado el derecho a la libertad, sino la integridad física de las personas.

Finalmente, Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.

Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com